Índice
Presentación 11
Dossier
La Crisis de 1930 en Latinoamérica
Coordinado por E. Martín Cuesta, Cecilia T. Lanata-Briones
Introduction: Towards the centenary of the 1930 crisis. Lessons from Latin America
E. Martín Cuesta, Cecilia T. Lanata-Briones 15
Libradas a su suerte. Las compañías ferroviarias de capital británico en la Argentina frente a la desvalorización del peso y el control de cambios.
1930-1939
Mario Justo López 29
De viajes intensos y transformaciones: El sistema de transporte público de pasajeros y la crisis de 1930 en la ciudad de Buenos Aires
Paloma Basyk, E. Martín Cuesta 71
Vialidad, turismo y empresas de transporte en el ciclo conservador-demócrata en Mendoza, Argentina
(1932-1943)
Pablo F. Bianchi Palomares, Natalia M. Luis 97
Tiempo de crisis, tiempo de mujeres.
La participación laboral de las mujeres entre 1908 y 1937 en Uruguay
Silvana Maubrigades 137
Parte abierta
Los dilemas de la élite empresarial en la posconvertibilidad. Un recorrido por la compleja relación entre la Asociación Empresaria Argentina y los gobiernos kirchneristas (2003-2015)
Matías Zublena 169
Reseñas
The Age of Global Economic Crises (1929-2022)
Camila Lucía Scuzzarello 207
Directrices para autores/as 213
Los dilemas de la élite empresarial en la posconvertibilidad. Un recorrido por la compleja relación entre la Asociación Empresaria Argentina y los gobiernos kirchneristas (2003-2015)
matiaszublena@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9294-8517
Resumen
Este artículo analiza la forma en la que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se vinculó con los gobiernos del ciclo kirchnerista (2003-2015), analizando algunos de sus dilemas y estrategias desde su dimensión política e institucional, e intentando un posicionamiento equidistante de las interpretaciones más difundidas. Esta relación atravesó diferentes fases que, con matices, pasaron del apoyo y el acompañamiento a la resistencia y la oposición abierta, condicionadas por las herramientas de política económica que el gobierno implementó y la incidencia de la Asociación en las decisiones políticas. La estrategia organizativa y política de la AEA fue sufriendo transformaciones que se expresaron en los mecanismos y los discursos para ejercer su poder. En paralelo, con ello construyó alianzas multisectoriales, con las fuerzas políticas opositoras y el poder judicial.
Palabras clave:
Élite empresarial, gobierno, poder.
The dilemmas of the business elite in post-convertibility. A path through the complex relationship between the Argentine Business Association and the kirchnerist governments (2003-2015)
Abstract
This article analyzes the way in which the Argentine Business Association (AEA) was linked to the governments of the Kirchnerist cycle (2003-2015), analyzing some of its dilemmas and strategies from its political and institutional dimension, attempting an equidistant position from the most widespread interpretations. This relationship went through different phases that, with nuances, went from support and accompaniment to resistance and open opposition, conditioned by the economic policy tools that the government implemented and the incidence of the Association in political decisions. AEA’s organizational and political strategy underwent transformations that were expressed in the mechanisms and discourses used to exercise its power. At the same time, it built multi-sectorial alliances with opposing political forces and the judiciary.
Key words:
Business elite, government, power.
Introducción
Los estudios acerca de las empresas y el empresariado tienen un recorrido que se profundizó y especializó en el último cuarto del siglo XX. Su importancia, actualmente, anida en que las conclusiones extraídas de los mismos pueden darnos indicios acerca del derrotero económico nacional, sus virtudes y sus limitaciones. A la hora de analizar la relación entre empresariado y Estado, y sus consecuencias, se responsabilizó al empresariado, con diferentes argumentos, por el frágil e inestable desarrollo nacional y su baja competitividad. Hubo quienes argumentaron que ello habría sido originado por su escaso involucramiento con la inversión y la producción. Una mirada contrapuesta, afirmó que las causas habrían residido en las limitaciones impuestas por un Estado incapaz de garantizar el crecimiento estable y sostenible, propiciando a su vez conductas colusivas y vidriosas. Frente a la necesidad de complejizar el rol del empresariado en el país, dando cuenta de su heterogeneidad, este artículo se propone asumir un punto de vista que trascienda estos determinismos.
En efecto, este trabajo se propone analizar la evolución del vínculo entre la élite empresarial3 y el contexto político y económico argentino, dentro del período abierto tras el fin del régimen de Convertibilidad. Complementariamente, se pretende aportar a la construcción de un balance sobre las interpretaciones acerca de esta compleja e irresuelta relación entre empresariado y poder político en la Posconvertibilidad.
Específicamente se pondrá el foco en la trayectoria político-institucional4 de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) observando su vínculo con el gobierno nacional durante el “ciclo kirchnerista” (2003-2015) y las respuestas, dilemas y estrategias que fue forjando para influir políticamente. Para analizar este punto, se analizará el modo y la naturaleza en la que instrumentalizó su poder5.
La AEA fue fundada el 28 de mayo de 2002 por un grupo de empresarios encumbrados. Se transformó con los años en la principal referencia institucional de la élite empresarial. Según su sitio web, su principal objetivo es “promover el desarrollo económico y social de la Argentina desde la perspectiva empresaria privada, con especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para tal fin” en el marco del sistema democrático, con un “Estado eficaz y austero”. Se destaca, además, por el hecho de que los titulares de las empresas más importantes del país la constituyen como parte activa de la misma a “título personal” (Campos 2014)6. Desde sus inicios, coordinó los intereses de grandes empresas que operan en el país, en vinculación con diferentes actores para aportar en la construcción de políticas públicas en articulación con el Estado (Castellani y Gaggero 2017). Internamente, incluye empresas nacionales y extranjeras, aunque la conducción de la asociación siempre se mantuvo en manos locales. Su comisión directiva estuvo históricamente integrada por los presidentes de las firmas más grandes del mercado de local.
Partimos de la hipótesis de que la trayectoria7 político-institucional de la AEA y sus estrategias para terciar en la vida política nacional, transitó formalmente por diversas fases o momentos diferenciados; pasando del apoyo a la ruptura, estas fueron condicionadas por el nivel de intervencionismo estatal y el alejamiento de la Asociación de canales formales de participación en las decisiones políticas del gobierno. Asimismo, los mecanismos para instrumentalizar el poder político de la AEA habrían ido cambiando, enmarcado primero en un dialogo cercano, privilegiado y relativamente institucionalizado, hasta llegar a la oposición abierta y la búsqueda de aliados multisectoriales.
Al analizar esta trayectoria, se propone evitar las interpretaciones que, con matices, predominaron en los estudios sobre empresarios y Estado desde las últimas décadas del siglo XX. Según López (2006) estas comprendieron, por un lado, una mirada “heterodoxa”, basada en el presupuesto de que el principal impedimento para el desarrollo radicó en el perfil intrínseco del empresariado nacional. Su característico estilo de acumulación especulativo y rent seeking y su actitud indisciplinada y poco comprometida con el país, habrían condicionado así el accionar del Estado. Por otro lado, se asistió a una perspectiva “ortodoxa-liberal” que, antagónicamente, entendió que la conformación de la lógica rentística del empresariado radicó en el perfil intervencionista e ineficiente (por ejemplo, en función de políticas públicas incorrectas y sobreideologizadas, funcionarios ineficientes y venales, etc.) del Estado Nacional que inhibió un desarrollo empresario genuino. Ello habría profundizado, consecuentemente, la dependencia empresaria de las dádivas estatales, disminuyendo su competitividad y exponiéndolo a lógicas colusivas8.
El trabajo se estructuró metodológicamente mediante una estrategia basada, por un lado, en la indagación sobre la bibliografía del tema, desde donde se procuró describir los consensos y desacuerdos existentes en la misma. Por otro lado, se complementó con investigación documental, buscando asimismo resaltar la dimensión histórica de los procesos con un enfoque cualitativo (Tuchman 1994): prensa escrita y documentos institucionales fueron así analizados no en su textualidad sino en su contenido (Andreu 2022), y contemplados a su vez como un producto subjetivo, razonable para los actores involucrados y socialmente situado para sus autores y lectores (Macdonald 2001). Se analizaron también una serie de entrevistas obtenidas desde la prensa audiovisual, asumiendo que pueden ser materia prima crucial (Vilches 1992), a pesar de su carácter “secundario” (Almarcha y otros 1969), para aportar profundidad histórica al análisis evitando la reactividad del entrevistado frente a preguntas puntuales (Hodder 1994).
Así, el artículo se compone de dos apartados. En el primero se describirá el contexto del período, priorizando las trasformaciones económicas y la incidencia del gobierno en las mismas, intentando marcar los acuerdos y desavenencias en torno a la bibliografía existente. Luego se avanzará sobre diferentes aspectos del vínculo entre la AEA y los gobiernos kirchneristas, y se abordarán en un segundo apartado que buscará elucidar los cambios y características de tal vinculación y sus fases.
El docenio kirchnerista: interpretaciones polarizadas
Como respuesta a la crisis del régimen de Convertibilidad, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003) implementó un enfoque económico no ortodoxo apoyado en la capacidad instalada ociosa de la industria y en la devaluación surgida del fin de la Convertibilidad (Bellini y Korol 2012), revirtiendo la contracción de la actividad económica (Souto Simao 2014). Un mayor control del mercado cambiario y el aumento de las exportaciones9 ayudaron a estabilizar las variables macroeconómicas, recuperando (aun en un marco de extrema vulnerabilidad) el declive del producto y del empleo, con superávits en el frente externo y en el fiscal (Damill y Frenkel 2013). Este escenario fue heredado en 2003 por Néstor Kirchner (2003-2007), que asumió la Presidencia de la Nación con relativa estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico en progresiva consolidación y baja inflación. Como contracara, la pobreza alcanzaba a la mitad de la población (Novaro 2010).
El periodo que abarca su gobierno y los dos subsiguientes de Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015 respectivamente) se desenvolvieron de manera heterogénea y con marcadas inflexiones coyunturales. Sin embargo, son considerados como parte de un mismo ciclo político10. Allende las interpretaciones que se hicieron sobre la naturaleza de los mismos, existe consenso en la bibliografía al respecto, para afirmar que estos se caracterizaron por un mayor involucramiento del Estado en materia económica (aunque no únicamente), que actuó con un enfoque económico diferente al dominante en la década del 90: uno de los aspectos que ejemplifican este punto es el incremento del gasto público11.
Otro acuerdo generalizado radica en que el ciclo económico tuvo momentos bien marcados: entre 2003 y aproximadamente 2008, tuvo un ciclo virtuoso caracterizado por la aceleración del crecimiento económico, expansión del PBI per cápita12, un desempeño macroeconómico notable, con superávits “gemelos y una reestructuración exitosa de la deuda externa en 2005. La renta agraria y petrolera funcionó como fuentes de financiamiento, aprovechando el alza sostenida de los precios internacionales13 y un cambio real multilateral alto y estable.
Si una incipiente inflación comenzó a verse como potencial problema, el gobierno se propuso contenerla en este primer tramo con congelamiento de las tarifas de servicios públicos y negociaciones o controles de precios, condensando la dirección y articulación de esta tarea desde la Secretaria de Comercio del Ministerio de Economía, cuyo funcionario más visible fue Guillermo Moreno: con métodos polémicos14 fue adquiriendo desde 2006 cada vez mayor centralidad en las negociaciones de precios.
Poco tiempo después de la asunción del primer gobierno de Cristina Fernández, el ciclo kirchnerista entró en una nueva fase que, enmarcada en la crisis internacional de 2008 y en el “conflicto agrario”, expresó un menor dinamismo económico. La primera implicó la caída del precio de las comodities y una importante salida de capitales del país con impacto directo sobre la balanza de pagos; el segundo se expresó en un gravitante conflicto de escala nacional entre el gobierno y el sector agropecuario15, que movilizó a múltiples sectores sociales y empujó al gobierno a una fuerte derrota política y a la perdida de financiamiento.
Posteriormente, el gobierno pareció no retroceder en la tendencia que venía llevando: avanzó primero con la estatización de la empresa de transporte aéreo Aerolíneas Argentina en 200916 (perteneciente al grupo español Marsans); luego, promulgó la “Ley de Medios”17, que proponía regular la operación, y sobre todo, la distribución de licencias de medios de comunicación de televisión y radio18. Entre 2009 y 2010 el gobierno logró que la actividad económica crezca estable, aunque más moderadamente. Empero, la inflación se alzó a valores inéditos, junto con la pérdida de los superávit fiscal y comercial, afectando el nivel de reservas. Fernández optó por incrementar el gasto público y la apertura de nuevas fuentes de financiación, como por ejemplo la reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)19. Así, se vieron exaltadas las medidas de intervención del Estado sobre el rumbo económico, con una mayor expansión de las erogaciones públicas, privilegiando cada vez más los resultados en el corto plazo.
Por ejemplo, el Decreto 441 de 2011 amplió las facultades del ANSES para incrementar la participación sobre los directorios de las compañías en las cuales era parte del grupo accionario; el mismo año, la Resolución N° 3210 impuso más regulaciones a las entidades financieras para operar moneda extranjera; la promulgación de la Ley 26.736 de diciembre de 2011, declaró de interés público la industria y comercio del papel utilizado en periódicos (en los cuales medios gráficos opositores como Clarín y La Nación concentraban una parte mayoritaria de la producción y el consumo del mismo); la Resolución general 3252/2012 de enero de 2012, exigió a los empresarios autorizaciones para operaciones en el exterior; la Ley 26.831 de “Mercado de Capitales”, aumentó la regulación sobre éste, bajo el argumento de que lo haría más “transparente, simplificado y confiable”20 evitando futuras crisis; entre varias otras medidas más, en 2014, por ejemplo, modificó la “Ley de abastecimiento”21, que le abrió la posibilidad de delimitar los márgenes de utilidades y precios de las empresas, entre otras cosas.
Por otro lado, aumentó los subsidios energéticos para “anclar” tarifas y morigerar el alza inflacionaria. Si los subsidios energéticos favorecieron el incremento del déficit fiscal, el aumento de las importaciones de combustible impactó análogamente sobre el frente externo, por lo que desde 2011 la “restricción externa” no hizo más que agudizarse: frente a ello, por medio de la Ley 26741, estatizó el 51% del paquete accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Con el PBI estancado en 2012, (iniciando una última etapa diferenciada del docenio kirchnerista), la intervención estatal mantuvo la misma tendencia22; empero, desde 2013 en adelante no se recuperó el crecimiento, con desequilibrios macroeconómicos que se intensificaron ayudados por la creciente demanda de divisas de múltiples sectores.
Ahora bien, cuando se intenta indagar sobre la naturaleza de estos gobiernos, las causas de sus decisiones y sus interrelaciones con otros actores sociales, se evidencian en el campo académico irreconciliables que aquí dividimos en dos grandes grupos (aun cuando dentro de cada uno existan matices).
En efecto, por un lado, hubo quienes entendieron que el gobierno de Kirchner debe caracterizarse como un gobierno “heterodoxo” (Arza y Brau 2021), cuyo fin habría sido procurar una mayor autonomía en materia económica. Con mayor margen de maniobra, materializó así una recuperación de la política (Svampa 2007) (Kulfas 2017).
Subyace a esta mirada, la idea de que la intervención del Estado comenzó a homologarse a determinaciones políticas relativas a un nuevo marco de relaciones de fuerza sectoriales, diferente del expresado durante la Convertibilidad y por ende con distintas estrategias, objetivos y criterios técnicos (Piva 2015). De esta manera, si para este conjunto de trabajos se evidenció una repolitización de la intervención estatal, el margen fiscal operó para coadyuvar un proceso de redistribución, que ubicó a la demanda interna como uno de los ejes del crecimiento y al Estado como “motor del desarrollo” (Castellani y Gaggero 2017, 175), rompiendo con el legado noventista; ello justificaba, así, una buena cantidad de medidas de regulación, control e intervención sobre el comercio, la producción, la exportación y el capital financiero (este último aspecto, además, inhibiría la especulación financiera). En suma, todo ello habría fortalecido la capacidad de viabilizar el desarrollo industrial, científico y tecnológico (Kulfas 2017).
Empero, este grupo de académicos también realizó críticas a la gestión, vinculadas a la falta de proyección y coordinación estratégicas, a cierto pragmatismo cortoplacista, y a una intervención estatal que, con prácticas a veces vidriosas, ganó en “cantidad” pero no en calidad (la intervención del gobierno al INDEC surge como epitome de este razonamiento). Sin embargo, el incremento de las medidas de intervención pública que se observó desde 2006 fue justificado bajo argumento de que el “disciplinamiento del capital por parte del Estado” es necesario para ver cumplidos los compromisos asumidos y garantizar un “proyecto de desarrollo sostenido”, garantizado a su vez por la conformación de ámbitos de acumulación estratégicos que, “basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados”, promuevan una mayor productividad del capital (Castellani 2009).
En definitiva, si este conjunto de trabajos comparte mucho de los elementos de los enfoques “heterodoxos”, existen también lecturas alejadas de estas posiciones, en una clave interpretativa más cercana a las posturas “ortodoxas-liberales”23, aunque no compartan en su totalidad los fundamentos de este enfoque.
Para este segundo grupo de interpretaciones24, la mayor injerencia estatal que el gobierno desplegó en materia económica fue interpretada como la subordinación de la economía a la política, en donde las decisiones políticas habrían primado sobre la economía, desestimando las reglas de mercado y los criterios técnicos (Novaro 2020). En última instancia, la naturaleza expropiatoria de tales medidas habría confirmado el perfil populista y radicalizado (Novaro 2006 y 2012), de los gobiernos kirchneristas, homologable, sobre todo desde 2010 en adelante, a otras experiencias de “populismo macroeconómico” (Damill, Frenkel y Rapetti 2018), aunque con mayor resiliencia frente a diferentes contingencias (Bonvecchi 2012).
En efecto, si políticamente constataron una búsqueda cada vez más radical del gobierno para concentrar las decisiones políticas25 y constituir un poder autárquico (Novaro 2020), ello habría vertebrado un proceso de “capitalismo selectivo” cuya discrecionalidad y particularismo para repartir beneficios empujó al sector privado, por ejemplo, a lisonjear a determinados funcionarios para garantizarse los derechos sobre sus propiedades (Bonvecchi 2012).
Por último, para esta perspectiva las “virtudes” del modelo impactaron en una elevada inflación. Ese “impuesto inflacionario”, se habría originado en la negativa a modificar el esquema macroeconómico para revertir sus “tendencias problemáticas” (deterioro fiscal, declive de reservas, etc.), generando incertidumbre y desechando “una oportunidad extraordinaria” (Damill y Frenkel 2013). Así, la las acciones regulatorias e intervencionistas habrían sido usadas para maximizar la expansión en el tiempo corto y para corregir los desbalances autogenerados, sin una real estrategia de largo plazo (Katz 2018).
La relación entre la AEA y los gobiernos kirchneristas (2003-2015)
Tras la crisis de la Convertibilidad, los sectores más encumbrados del empresariado consensuaron avanzar en una unidad operativa con el gobierno de Duhalde. No exenta de pragmatismo, su objetivo principal fue crear mercados para reconstruir la actividad productiva. Con la asunción de Néstor Kirchner en el ejecutivo nacional en 2003, la AEA tuvo una postura inicial de aceptación y acompañamiento a su gobierno. Ahora bien, con el paso de los años, tal posicionamiento mudó del apoyo casi halagüeño de la gestión kirchnerista a una ruptura irreconciliable del vínculo. Sin embargo, este cambio no fue abrupto, sino que atravesó diferentes fases, con características específicas.
En lo que sigue se intentan analizar algunos aspectos de la relación entre AEA y los gobiernos kirchneristas. Principalmente, los mecanismos o herramientas de poder mediante los cuales la Asociación se propuso, en función de algunos de sus preceptos fundacionales, involucrarse influyentemente en la política nacional.
De tal modo, se desarrollarán una serie de apartados por cada momento diferenciado de esta trayectoria, con marco en algunas de las interpretaciones que ofrece la bibliografía actual sobre el tema.
Del acompañamiento a la profundización de las tensiones
Kirchner prescindió inicialmente de un vínculo demasiado íntimo y dependiente con la cúpula empresarial. Por ejemplo, en su discurso de asunción presidencial describió, con cierta ambivalencia, temas que el empresariado tomó con buen augurio (renegociación de la deuda, equilibrio fiscal, planificación a largo plazo, etc.). Sin embargo, su retórica crítica de las reformas estructurales de la década de 1990, y el presupuesto de que la recuperación económica vendría de una mayor presencia del Estado como impulsor del crecimiento de los salarios (Kirchner 2020), sembró un manto de escepticismo en un empresariado desdibujado y poco protagónico en ese primer exordio público.
De este modo, el vínculo que la AEA construyó con Duhalde no tuvo continuidad clara en los primeros meses del gobierno de Kirchner. Sin embargo, la AEA se mantuvo en una postura de acompañamiento y apoyo explícito, no simplemente a la gestión, sino también a la figura presidencial. Esta posición se dio como contracara de un poder que se instrumentalizó por medio de canales institucionales privilegiados (por ejemplo el acceso directo al ministro de economía) (Novaro 2020), logrando influencia y ejerciendo presión, principalmente, por medio del cabildeo o lobby26. Esta imagen, no obstante, fue dinámica: desde 2005 entró en tensión en el marco de una serie de medidas y acciones del gobierno, que se conjugaron con síntomas económicos no deseados; así, la AEA sostuvo las mismas herramientas instrumentales, aunque fueron ineficientes incidir en la nueva coyuntura.
Existen elementos estructurales que motivaron a ambas partes a confluir en una colaboración abierta (como la consolidación del crecimiento económico y el crecimiento del mercado interno). Empero, un acuerdo temprano con los tenedores de deuda y con el FMI podía propiciarle al empresariado de la élite mayor holgura para acceder “al crédito necesario para financiar nuevas inversiones (…) y un acceso más pleno a los mercados mundiales”. Por eso, la AEA mostró un “acompañamiento pleno”27 a la negociación y al gobierno. Con esta prenda de unidad, la actitud de la Asociación fue solícita y conciliadora con el presidente Kirchner, aunque desplegando discursivamente las condiciones más generales del apoyo a la gestión: se resaltó la capacidad de liderazgo de Kirchner, animándolo a continuar en el camino de la “solvencia fiscal” y el “control austero de las cuentas públicas”. Además, intentó persuadir al presidente para que motorice reducciones impositivas una vez resuelto el tratamiento de la deuda28.
En otro plano, la continuidad de Roberto Lavagna como ministro de Economía, le dio a la AEA la posibilidad de contar con un interlocutor capaz de garantizar su injerencia en las decisiones económicas con un canal privilegiado y relativamente institucionalizado para amplificar su capacidad de presión por medio del lobby.
El acuerdo con el FMI terminó por ser exitoso en 200529, aunque desde ese momento la estabilidad del vínculo AEA-Gobierno empezó a alterarse (Dulitzky 2019). Primero influyó la inmediatamente posterior salida de Lavagna30 de la cartera económica. Sumado a esto, en 2006 Kirchner nombró a Guillermo Moreno como secretario de comercio. Rápidamente, este adoptó una actitud reactiva y desatada frente a la suba de precios, incrementando los niveles de regulación sobre la formación de precios31. Una de las herramientas usadas para ello fue el intento de aplicar multas a quienes no cumplan con los precios acordados en el marco de la Ley de abastecimiento vigente.
Por ende, frente a las primeras muestras de desajustes macroeconómicos, el gobierno tomó medidas tendientes a concentrar las decisiones económicas en el ejecutivo, limitando, la libertad de acción de las empresas. El gobierno, paralelamente, no reconoció públicamente la inflación como un problema importante (Dulitzky 2019), endilgándole la responsabilidad de la misma al empresariado. Ejemplo de ello fue el boicot abierto contra firmas como Shell, en el que convocó a “no comprar más a Shell, ni una lata de aceite (…) los argentinos no soportamos más este tipo de acciones”32. Asimismo, esbozó diatribas contra empresarios supermercadistas como Alfredo Coto (Coto) y Horst Paullmann (Cencosud); les reclamó que no cartelicen ni atenten “contra los bolsillos de los argentinos” y que “trabajen para el país”33.
Allende las actitudes del empresariado, el gobierno comenzó entonces a imprimir una retórica condenatoria contra el empresariado frente a la inflación. De todos modos, si más adelante no quedarían dudas de que las intervenciones estatales en la economía tenderían a conformar uno de los principales puntos de disonancia, hasta este momento la AEA no se manifestó orgánicamente al respecto: las críticas fueron aisladas y a título individual34.
En la bibliografía al respecto, este posicionamiento de la Asociación ha sido interpretado como consecuencia de la incapacidad organizacional de la Asociación para construir consensos, forzada por la lógica del “capitalismo selectivo” (Bonvecchi 2012) del kirchnerismo que presionó para evitar los acuerdos internos repartiendo castigos y recompensas y multiplicando los espacios y temas de negociación, sobre una lógica particularista y completamente discrecional35, implementando dispositivos vidriosos y venales36. Además, desde el empresariado, más que oportunismo, habría operado cierta ingenuidad o imprevisión para comprender hacia donde tendería la política kirchnerista (Novaro 2020).
Lecturas como la de Castellani y Gaggero (2017) explicaron esta postura adaptativa con un mayor énfasis en las condiciones estructurales de la economía. Según esta mirada, el acompañamiento y apoyo de AEA al gobierno se relacionó a la alta rentabilidad de todas estas grandes empresas. También se reconoce, empero, que el apoyo inicial estuvo en la cercanía que la Asociación tuvo en la definición de políticas públicas.
Independientemente de estas lecturas, si en el apoyo y acompañamiento al gobierno que caracterizó la acción pública de la AEA hasta 2005 subyacieron tensiones y reclamos inorgánicos aislados tras el acuerdo con el FMI, no se observó un cambio demasiado marcado por parte de la Asociación en su dimensión político-institucional, ni en la forma o los mecanismos de instrumentalizar su poder. De hecho, mantuvo la estrategia de no desplegar su influencia política a través de mecanismos de presión explícitos, evitando un discurso público demasiado crítico. Sin tensionar el vínculo con el gobierno, consideró más efectivo continuar insistiendo por medio de mecanismos como el cabildeo o lobby. En el marco de un “dialogo razonable con el gobierno” (Castellani y Gaggero 2017), intentó que este reconsidere sus posicionamientos. Hasta allí, la Asociación diagnosticó que, incluso tras la pérdida de un interlocutor como Lavagna, contaba aun con chances de influir en el rumbo político y económico del gobierno nacional.
De tal forma, aun frente a la renuncia de Lavagna, la AEA presionó por demandas generales (o, eventualmente, acompañando reclamos sectoriales) dentro de la misma estrategia; así por ejemplo, en 2006, la AEA coordinó varios encuentros con la nueva ministra de economía, Felisa Micelli. Inicialmente le esbozaron la necesidad de resolver un conflicto sectorial específico y de reforzar la necesidad de fomentar la economía de mercado y la competencia. También criticaron, sin personalizar, las derivas particularistas y de intervención selectiva que el gobierno empezaba a desplegar con el flamante secretario de comercio Guillermo Moreno. Asimismo, demandaron cambios para morigerar la inflación, respetando “las reglas de juego”37. En el mismo año, Pagani le exigió menor pasividad para intervenir en conflictos gremiales, así como también un fomento más claro a las inversiones38. Del mismo modo, ya en 2007, frente a la demanda del gobierno de que los industriales racionalicen el uso de gas y electricidad, Pagani presentó en nombre de la AEA una propuesta específica frente a la “crisis energética”, sugiriendo que esta debía paliarse en base el ahorro no solo industrial sino también residencial, algo que a priori iba en contra de la política general implementada hasta allí por el ejecutivo nacional39. Por otro lado, el gobierno continuó logrando el apoyo público de la Asociación, con sucesivos acuerdos de precios impuestos casi unilateralmente por el gobierno nacional40.
Mientras que el ejecutivo sostuvo la crítica pública generalizada a los empresarios, responsabilizándolos por la inflación41, la Asociación empezó a confirmar que no necesariamente un aumento de la presión o los intentos de influenciar por medio del lobby obtendría mejores resultados. Es que tal como sugiere Fuchs, “un aumento de las actividades de lobby (…) no se traduce necesariamente en un aumento similar de la influencia” (2005, 783).
Distanciamiento y ruptura: La crisis agraria y la “Ley de medios”, preludio de la oposición abierta
Existe consenso en torno a que el conflicto agrario de 2008 hizo entrar en crisis la predisposición de la AEA al acompañamiento a la política oficial. Para una parte de la bibliografía ello se habría sustentado en la radicalización del gobierno en pos de, primero, reponer (desestimando la inflación) el “margen fiscal maximizando la recaudación” (Bonvecchi 2012) y, luego, promover la autarquía presidencial (Novaro 2020). A su vez, operando -según esta mirada- contra los derechos de propiedad y las libertades económicas, lo que tornó impredecibles las “reglas de juego”. Otras miradas, en cambio, apuntaron a que estos avances atendieron al dilema de cómo obtener mayor financiamiento para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos sin ahogar el crecimiento y minimizando el efecto inflacionario de los precios. Un desacuerdo análogo subyace en los debates sobre las causas y móviles de la estatización de los fondos previsionales (AFJP), que luego fueron nacionalizados “sorpresivamente”42.
Como sea, el aumento de regulaciones sobre la economía tuvo a partir de allí un alcance cualitativamente distinto, lo que comenzó a ser entendido por algunos actores como un afán expropiatorio del gobierno (Novaro 2020). De esta manera, el conflicto “con el campo” le ocasionó al gobierno una fuerte derrota política, que impactó además en la pérdida de apoyo social y político de amplios sectores (Hora 2010 y Fairfield 2011). Para AEA, esta coyuntura abrió un nuevo momento diferenciado de su trayectoria político-institucional, caracterizada por la apertura de una estrategia de incidencia en la política nacional diferente, con un contenido explícitamente refractario a algunos rasgos políticos y económicos de la gestión. Ello vino de la mano del cierre de dialogo del gobierno por medio de canales institucionalizados. El foco de las críticas estuvo preeminentemente en el estilo de gobierno del kirchnerismo y en lo que empezaron a diagnosticar como un cambio de rumbo político, signado por las cada vez más recurrentes medidas de intervención estatal. Aunque inicialmente las diatribas fueron moderadas, avanzaron progresivamente en el tono, el contenido y el alcance, mudando de documentos de circulación limitada, a manifestaciones televisivas de alta masividad. En paralelo el gobierno no solo no retrocedió sino que escaló, tanto en las medidas de intervención (cada vez mayores en cantidad y de más profundo alcance), como en su retórica de culpabilidad del empresariado frente a las contingencias nacionales. Ulteriormente, la “Ley de medios” marcó un parte aguas que volvió irreversible el distanciamiento.
En efecto, la profundización de la injerencia estatal volvió inaceptable para la élite empresarial, algo que se refleja en la transformación de su estrategia43. Se puede considerar, entonces, que interpretaron de ello un avance hacia la radicalización del gobierno (que excedía sus pronósticos). Empero, sin dudas tuvo influencia en este cambio el deslumbramiento de que los mecanismos de poder empleados hasta allí no solo no habían surgido efecto, sino que tampoco lo harían en el futuro. Porque es claro que entre 2005 y 2008 esta mantuvo canales formales de dialogo, pero en los cuales el gobierno pareció haber hecho “oídos sordos”.
La opción de la Asociación fue influir políticamente desde otro terreno. Apoyada en argumentos y valores que, por medio de declaraciones públicas críticas (inicialmente en una postura moderada o, al menos, no irreconciliable) lograse persuadir al gobierno de que aun contaba con margen para realizar los cambios económicos e institucionales necesarios; asimismo, comenzó a evidenciarse la presencia de una narrativa que, inicialmente con baja masividad, apuntó a incidir sobre receptores de sectores más amplios. La modalidad que adoptó para ejercer influencia, se ligó así a la faceta bien discursiva del poder político empresarial, o lo que se denominó “poder discursivo”.
En efecto, aun con críticas veladas, sin situarse con claridad en el arco opositor la AEA declaró públicamente sobre ideas generales que, allende si estaban en real peligro o no, prefiguraron el contenido y las nociones sobre las que terminaría estructurando su poder discursivo; por ejemplo, manifestó su preocupación sobre cuestiones como la “la libre circulación de bienes y personas” (AEA 2008a) y la disminución de la “presión fiscal sobre las empresas” (AEA 2008b). Posteriormente, frente a la finiquitación de las AFJP, la AEA expresó una marcada “preocupación” (AEA 2008a) por la medida y exigió contemplar “los derechos de propiedad (...) y reglas de transparencia y de asignación de los aportes” (AEA 2008c). Si la Asociación confirmó que tenía que tomar una actitud menos pasiva para garantizar una mayor influencia sobre la política económica, no sacó provecho del alza de las tensiones con el gobierno, probablemente, debido a la falta de consensos internos en el seno de la AEA (Novaro 2020). Sin embargo, más importante es para nuestro análisis que tampoco contaba aún con aliados políticos de peso.
La nueva estrategia de la AEA se cristalizó un mes después de los cambios electorales a través de un documento denominado “Movilizar las energías del sector privado: una visión empresaria. Un aporte al diálogo entre todos los argentinos”. Allí los empresarios señalaron la necesidad de una mayor previsibilidad y respeto por la propiedad privada, con un tono mucho menos contemplativo. Haciendo referencia al conjunto de tensiones acumuladas, especificaba que
“El Estado debe establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes. (...) su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo en la toma de decisiones empresarias, […no] resulta un aporte al desarrollo económico y social” (AEA 2009a).
Luego, la insistencia en la necesidad de que el Estado brinde “garantías a la propiedad privada” (Íbidem) para fomentar las inversiones, apuntaba a que el kirchnerismo era un movimiento reñido con los derechos de propiedad. Criticaron también la liquidación del “sistema de libertad de precios” (Íbidem), y, en clave más coyuntural, la presión tributaria y la creciente inflación. El diagnóstico sobre este tema, diametralmente opuesto al del gobierno, se usó para asignarle al gobierno su responsabilidad, en tanto “síntoma de desequilibrios macroeconómicos” (Íbidem), para la AEA se debía reducir urgentemente el déficit fiscal, logrando el “financiamiento genuino del Estado” (Íbidem).
Este documento ha sido interpretado como el inicio de la estrategia de oposición política de AEA al gobierno (Castellani 2017). Sin embargo, se lo debe también contextualizar en la derrota electoral del kirchnerismo44, que intentó reabrir el diálogo político empleando medidas sectoriales45, aunque sin resultados. La AEA se sintió habilitada para profundizar las críticas y exponerle al gobierno sus condiciones y límites (Dulitzky 2019). Sincrónicamente, conjugó voluntades del campo empresario (Novaro 2020). Por su parte, el gobierno desincentivó la oposición empresarial abierta, con diferentes medidas. Por ejemplo, controló más exhaustivamente la evasión en las actividades exportadoras; al modificar los términos del funcionamiento de las AFJP nacionalizadas, forzó a las empresas a distribuir dividendos, etc. (Bonvecchi 2012).
Cuando meses más tarde el gobierno intervino el negocio de la transmisión de futbol, la AEA publicó un nuevo comunicado crítico llamado “La injerencia estatal indebida en el ámbito de las empresas atenta contra el desarrollo del país”, donde planteaban que
“el ámbito específico propio de las empresas privadas debe ser respetado. La injerencia estatal indebida en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete la vigencia de preceptos constitucionales. (…) Una República democrática se construye sobre la plena vigencia del Estado de Derecho” (AEA 2009b).
De tal modo, quedaron clarificados los elementos políticos que distanciaron a la Asociación del gobierno, y que a su vez motorizaron los cambios de la estrategia política de AEA: primero, la infructuosidad del uso de canales institucionales de dialogo; luego, la culpabilización de los males económicos al empresariado y el descarte de sus diagnósticos al respecto; y, por último, el incremento de las intervenciones estatales sobre el mercado. Muy claros tras la crisis “del campo”, estos elementos estaban parcialmente presentes ya en 2005, tras la renuncia de Lavagna.
Si con estas declaraciones la AEA expresó una postura clara y opuesta a la política kirchnerista, la promulgación de la llamada “Ley de medios” terminó por afinar algunos aspectos de la una nueva estrategia opositora. La ley había suscitado un rechazo del “mundo empresarial”, confirmando en su mirada la tendencia expropiatoria del gobierno. La AEA sostuvo entonces que las intervenciones habían sido discriminatorias e injustificadas, con costos para toda la población (Dulitzky 2019). Desde allí, el poder discursivo de la AEA pretendió agrupar y articular voluntades con otros actores ajenos al campo empresario para fortalecer y amplificar la oposición al kirchnerismo, sobre un piso de nociones y lineamientos generales que, descontaban, este no volvería a respetar (libertad de mercado, respeto a la propiedad privada, división de poderes, entre otras).
En el plano interno-organizativo, la AEA realizó un cambio que debe ser señalado: en lugar de Luis Pagani, incorporó a Jaime Campos46 en la presidencia de la Asociación. Así, dio lugar a una figura que había forjado su recorrido como dirigente de AEA en calidad de vocero y director ejecutivo, cuyo volumen político para construir vinculaciones con otros actores estipularon más eficaz.
En definitiva, desde la última parte de 2009 en adelante, la AEA procuró influir políticamente mediante mecanismos de presión que incluyeron también, en su contenido, el intento de construir sentido (Tirado 2015), apelando en muchos casos al bienestar común (Castellani y Gaggero 2017, 199), o a cuestiones más generales como el respeto a la constitución y a la democracia, la defensa de la división de poderes y la “institucionalidad”, entre otras. Con ello también solidificó el contenido programático de una oposición política al kirchnerismo en ciernes. Su trayectoria político-institucional presentó, además, un cambio cualitativo, dado que la visibilidad de estas exigencias fue muchísimo mayor: Campos circuló, mucho más frecuentemente, respondiendo a entrevistas y reportajes en los mass media.
En efecto, para su flamante presidente, la AEA debía transmitir su visión con convicción y
“movilizar al sector privado, a los empresarios, porque creemos que son ellos los que pueden hacer una construcción muy trascendente. Entonces ese es el objetivo de transmitir esta visión en forma más sistemática de lo que hemos venido haciendo en el pasado. La clave para crecer en forma sistemática, (…) es tener instituciones fuertes. Esto permite que las empresas puedan operar mucho mejor con mucho más claridad para adelante puedan definir inversiones. (…) Los países que funcionan bien son países donde hay reglas de juego muy claras para el sector privado, donde el Estado hace cumplir las reglas pero dentro de ese marco hay la mayor libertad posible para las empresas47”
Sin dejar de señalar algunas cuestiones coyunturales (como la “Ley de medios”, la aceleración de la inflación), o de crítica frente a ciertos rasgos metodológicos del gobierno (como “la confrontación y la discrecionalidad” (AEA 2010c)), surgieron en la retórica ideas como “instituciones fuertes” y “reglas de juego claras”, “seguridad jurídica”, “previsibilidad”, respeto a la actividad privada y “libertad de prensa y la libertad de expresión” (AEA 2010b)48. Todas estas fueron con matices compartidas, tanto en documentos institucionales, como especialmente en los diferentes medios de comunicación en los que Campos asistió más asiduamente.
Si la Asociación conjugó en los cuestionamientos al kirchnerismo su tensión con los valores democráticos, también incluyó en su estrategia nuevas articulaciones político-institucionales: nutrió más amplia y asiduamente sus relaciones con actores del ámbito judicial. En 2010, por ejemplo, la AEA hizo pública una reunión sobre “temas institucionales” con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia (AEA 2010a). Unas semanas después Campos manifestó preocupación, en un documento institucional, por supuestos ataques al sector judicial. Afirmó que la independencia del Poder Judicial era un basamento republicano “garante de los derechos establecidos por nuestra Constitución Nacional” (AEA 2010d).
Aunque existió un lacónico paréntesis tras la muerte de Néstor Kirchner (AEA 2010e), la invectiva antikirchnerista tendió a ser más reiterada y profusa en su carga política e ideológica. En todo caso, reclamos evocativos del bienestar común (como el característico pedido de “seguridad jurídica” o de “reglas de juego claras”) se fueron constituyendo como pilares de los consensos del campo empresarial y del arco político opositor. En definitiva, el gobierno, con sus acciones y discursos, fue cerrando la posibilidad de dialogo hasta volverlo casi irreconciliable. Sin embargo, la inclusión paulatina, pero cada vez más evidente, de una pléyade de actores opositores al gobierno, junto con los dardos de su retórica, configuraron una estrategia que también obturó la restauración del “dialogo razonable”. Entre otras cosas, porque desde su interpretación de la coyuntura, ya no era plausible acordar con el gobierno ni siquiera sobre principios fundamentales. El resultado fue que la relación con el gobierno pasó del distanciamiento y la crítica, a una zona sin retorno ni posibilidad de confluencia. De allí que las demandas públicas por la defensa de la propiedad privada -entre otras- se afianzaron progresivamente como contenido protagónico del poder discursivo de AEA. Ello sin dudas condicionó su impulso para construir un arco opositor amplio que logre quitar al kirchnerismo del ejecutivo.
En consecuencia, el gobierno profundizó las medidas regulatorias y su invectiva antiempresaria, a quienes continuó adjudicándole la responsabilidad de los problemas económicos49. Así, tras asumir su segundo mandato, Cristina Fernández50 impulsó una mayor expansión de las atribuciones estatales: reforma en la operatoria del ANSES del decreto 441 de 2011, Ley de mercados de Capitales de 2012; asimismo, expropiación de YPF-Repsol en 2012, modificación de la Ley de abastecimiento en 2014. A eso debe sumársele que ya entre 2009 y 2011, el gobierno había centralizado la toma de decisiones políticas en funcionarios poco receptivos a las demandas empresariales (Dulitzky 2019). En resumen, estas medidas actuaron sobre algunos puntos neurálgicos en las expectativas y la visión del empresariado más encumbrado, que vio bajo amenaza los derechos de propiedad, las “reglas del juego”, y la “previsibilidad”.
En efecto, en diciembre de 2011, la Asociación reaccionó denunciando que el decreto 441/2011 implicaba una “injerencia estatal indebida” (AEA 2011a) que atentaba contra la propiedad privada. Demandó que se resguarde la dirección empresarial de todas las empresas (AEA 2011b). Campos destacó en un medio televisivo la “preocupación” que esto supuso para el empresariado, que no solo afectaba la coordinación y la “armonía” interna de las grandes empresas, sino que era contraproducente para la economía nacional51. Posteriormente, la Ley de Mercados capitales de diciembre de 2012, fue interpretada como una potestad inconstitucional y contraria a la “propiedad privada” (AEA 2013).
La extensión pública de la articulación y coordinación con actores del ámbito judicial complementó ese poder discursivo, ampliando el poder instrumental de la Asociación, que continuó exponiéndose como defensora de ciertos valores “fundamentales”. Así,
“un Poder Judicial independiente, como garante de las instituciones de la República y de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución (...) es condición necesaria para establecer la previsibilidad que requerimos los empresarios para realizar inversiones” (AEA 2012c).
En septiembre de 2013, la presidenta Fernández presentó en el congreso un proyecto de ley para implementar una reforma judicial inédita52.
Independientemente de sus objetivos, la cúpula empresarial leyó esta acción como una reacción o contraataque contra su estrategia judicial. Consecuentemente, no se evidenciaron intentos de la AEA por recomponer la relación: se abocó de lleno a consolidar una coalición opositora que pueda vencer al kirchnerismo en el plano electoral y a denunciar y desgastar al kirchnerismo. Por lo tanto, el presidente de AEA continuó disputando con el gobierno desde la faceta discursiva del poder de la AEA, en entrevistas televisivas de alta audiencia.
En síntesis, como se sugirió, la estrategia kirchnerista para contener las demandas, criticas o resistencias del empresariado apuntaron desde un primer momento a propuestas puntuales, selectivas y con cierta capacidad discrecional, para incrementar conflictivamente la cantidad de áreas de negociación e interacción con los diferentes actores empresarios, con lo que había ido logrando debilitar la respuesta colectiva empresarial (ejemplos de ello fueron las negociaciones sectoriales, los acuerdos de precios, las DJAI, etc.). Sin embargo, con esta nueva postura, compuesta por canales institucionales de dialogo prácticamente inexistentes y con un nivel de intervencionismo que muchos consideraron expropiatorio, el kirchnerismo terminó, de alguna manera, homogeneizando las afectaciones de sus medidas y por ende promoviendo, en vez de obturando, la unidad de acción de una muy buena parte de la élite empresaria (Bonvecchi 2012). Colaboraba con esta unidad del campo opositor, el hecho de que muchas de las medidas del kirchnerismo operaron sobre elementos vertebrales de los “principios” y la “visión” de la AEA. Como contracara, la estrategia a todas luces opositora y refractaria al kirchnerismo, sus alianzas con sectores judiciales y las denuncias públicas al “estilo” de gobierno, también ayudaron a polarizar la relación entre ambos actores y, sobre todo, a tornarla irrecuperable.
De esta manera, allende sus propósitos, el sentido en el que avanzó el gobierno resultó ineficaz sobre la estrategia de la AEA. Esta, en cambio, sacó más provecho al potenciar su perfil opositor y construyendo una opción política antagónica al kirchnerismo que terminaría siendo viable electoralmente, y más compatible con sus objetivos de largo y mediano plazo.
Coordinación de la oposición abierta del campo empresario: el Foro de Convergencia Empresarial (FCE)
La derrota en las elecciones legislativas del oficialismo en la provincia bonaerense en 2013 fue leída como una victoria para la AEA: con un menor apoyo popular del gobierno y una opinión pública polarizada, la unidad de acción entre la AEA y la oposición política tuvo el camino allanado. Desde ese momento, consolidó el camino abierto en 2008 y articuló voluntades del campo empresarial y político, en pos lograr la derrota final del kirchnerismo. Para ello creó un nuevo espacio institucionalizado, cuyos objetivos, tono y contenidos fueran interoperables con amplios sectores políticos y empresarios.
Este rol articulador de AEA se cristalizó con la puesta en marcha del FCE. Creado unos meses después de las elecciones de 2013, se propuso canalizar la representación empresarial, con el objetivo de perfeccionar una serie de lineamientos para crecer con estabilidad (FCE 2014). Así, articuló a buena parte de la élite empresarial agrupada en cámaras y asociaciones, publicando un primer documento oficial, (con participación de casi 40 entidades empresariales). Allí, demandaron con contenidos nuevamente evocativos del bien común, aspectos concernientes a la vida política y legal de Argentina, como la libertad de prensa, el respeto a la propiedad privada, el respeto de la división de poderes, etc. También expuso demandas coyunturales: menor inflación, previsibilidad, estabilidad y reducción de la presión tributaria, entre otros.
El FCE operó desde 2013 como extensión de la estrategia de influencia política de la AEA, pero con mayor poder de fuego y gravitación sobre la vida política nacional. A partir de ese momento, la oposición abierta de la cúpula empresarial contra el gobierno, le granjeó mayores posibilidades de éxito y crecimiento para, paralelamente, articular y construir puentes multisectoriales. A ello colaboró también la fuerte caída de la imagen positiva del gobierno y el estancamiento económico.
Campos continuó en paralelo, criticando al gobierno. Por ejemplo, frente a la nueva Ley de Abastecimiento de 2014, sugirió que su efecto era el “miedo” y la paralización de la inversión: “no va a generar expectativas positivas” (Campos 2014).
El respiro para AEA llegó con la derrota electoral del candidato oficial y el cierre de ese primer ciclo kirchnerista, abierto en 2003. A partir de allí la AEA supuso que la asunción de Mauricio Macri en la presidencia tendería a reconfigurar su rol, con mayor protagonismo, en la política nacional: abriendo así una “esperanza renovada” (AEA 2015) para la Asociación.
Conclusiones
Los gobiernos kirchneristas cristalizaron un modelo de gestión que se caracterizó por un mayor involucramiento del Estado en la arena económica, con un tramo económicamente “virtuoso” y una última parte signada por los desequilibrios y el estancamiento. La naturaleza y motivaciones de ese nuevo rol y sus medidas regulatorias configuraron a grandes rasgos, y plagadas de matices, dos tipos de interpretaciones: una que asumimos “heterodoxa” y otra más cercana a la “liberal”.
Estos posicionamientos condicionaron las interpretaciones sobre el derrotero de la AEA entre 2003 y 2015: mientras que su transformación desde el acompañamiento a la oposición abierta fue interpretada desde el enfoque “liberal” en los términos de una defensa empresaria frente a la imprevisible radicalización política kirchnerista, la otra mirada resaltó la dificultad que el gobierno tuvo para modificar los rasgos estructurales de la economía, frente al poder monolítico de la cúpula empresarial.
A lo largo del artículo se propuso analizar la trayectoria de la AEA desde su dimensión política, evitando la polarización de estos posicionamientos. Así, se analizó cómo su estrategia y sus mecanismos de poder pasaron del uso instrumental del lobby al intento de oponerse, o al menos resistir orgánicamente, a algunas de las medidas del gobierno. Ese cambio se cristalizó desplegando alianzas en el poder judicial y con un ejercicio de la presión pública al gobierno, empleando un poder discursivo desde donde expresó desacuerdos y críticas. Asimismo, buscó tanto debilitarlo políticamente como construir alianzas multisectoriales, con una retórica configurada por argumentos evocativos al bien común, en clave constitucional, como la defensa de la institucionalidad, el republicanismo y la propiedad privada.
Los cambios en esta trayectoria estuvieron condicionados con la pérdida paulatina de efectividad de los canales institucionales para ejercer influencia política. Además, el rumbo político que adoptó el kirchnerismo desde 2007 pareció alejarse cada vez más del ideal de la Asociación. Por su parte, el alejamiento que empezó a observarse entre AEA y gobierno desde 2009 en adelante se retroalimentó también sobre una invectiva mutua. Allí deben incluirse los discursos, pero también la construcción de alianzas (tanto en el poder judicial como con otros actores políticos opositores), lo que abonó a la imposibilidad de modificar sus posturas y restaurar el dialogo.
En definitiva, si la responsabilidad principal de este derrotero pudo haber estado en el gobierno, no debería desestimarse el poder estructural del empresariado, a pesar de las dificultades para construir consensos internos, para marcar agenda. Es cierto, también, que sin espacios institucionales en donde canalizar los intercambios, las diferencias políticas se desdibujaron tempranamente favoreciendo el personalismo, la discrecionalidad y las prácticas colusivas.
Por otro lado, si exigirle a actores empresariales colaborar con el “desarrollo nacional” por ejemplo con mayor audacia inversora, incluso resignando rentabilidad, parece ir en contra de la misma naturaleza empresarial, es cierto también que los años posteriores a 2015 decenas de empresarios “nacionales” encumbrados abandonaron el país (evitando así cargas impositivas)53, lo que podría interpretarse como un exceso de desapego por los intereses nacionales. Además, tras la derrota kirchnerista, se puso evidencia sobre parte de la venalidad que existió en el ciclo y que incluyó activamente a actores de esa élite, poniendo tensión en el declarado compromiso de la élite en la “institucionalidad” o el “respeto a la constitución”.
En definitiva, lograr análisis eficaces y objetivos del ciclo demanda, probablemente, ubicarse críticamente al margen de lecturas extremas, condicionadas por las disputas políticas de la coyuntura.
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Fecha de recepción del artículo: 07/12/2023
Fecha de aceptación del artículo: 24/01/2024
1 Universidad Nacional de Luján. | Universidad de Buenos Aires, Ciclo Básico Común.
2 Agradezco los inestimables aportes de Aníbal Jáuregui y Andrés Regalsky y las sugerencias de quienes evaluaron versiones preliminares de este trabajo.
3 A diferencia del concepto de elite económica, que específicamente remite a los propietarios y altos dirigentes de empresas, el término elite empresarial (business elite) hace referencia a los dirigentes de entidades de representación política empresarial (Neves Costa 2014).
4 Esta noción se toma de Dossi (2010), en referencia a una de las esferas de análisis de la acción colectiva empresarial, basada en sus relaciones políticas, ideológicas e institucionales en el contexto político y social en el cual está inserta. Permite elucidar las relaciones que la organización empresarial posee, en tanto actor social, con otros protagonistas del sistema político, principalmente el gobierno.
5 El poder instrumental captura la influencia de las acciones colectivas empresariales en la vida política (Fuchs 2005) y su “comportamiento político” para favorecer sus intereses generales (Dossi y Panero 2022). Ejercido a través del cabildeo, la financiación de campañas o el convencimiento (Tirado 2015) supone la existencia de la causalidad instrumental y de un conjunto de recursos financieros, organizativos y humanos, así como también el acceso a los “tomadores de decisiones”. Sin embargo, el concepto no incluye la influencia de las fuentes estructurales del poder empresario (inversiones, capacidad de maximizar beneficios, etc.). Para este esquema, Fuchs (2005) incorporó el concepto de “poder discursivo” de los actores empresariales, para poder así comprender aspectos del poder que subyacen a las decisiones políticas y que se expresan usualmente en ideas reflejadas en el discurso, las prácticas comunicativas, etc., y que condicionan las medidas políticas desplegando normas e ideas, “vinculando estratégicamente temas y actores a ideas establecidas”, proveyendo justificativos, información o pruebas (más allá de la veracidad de los mismos), por ejemplo desde los medios masivos.
6 En “Empresarios Jaime Campos y Etchevehere en contra de la ley de Abastecimiento”, Video en línea, acceso el 17/3/2023, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=adLX2V0EsFE&ab_channel=FranciscoJos%C3%A9Bessone
7 Tomada del campo de la historia de empresas, la noción abre la posibilidad de delimitar el ámbito en el que se configuran las relaciones que generan vinculaciones o articulaciones específicas con y a través de diferentes actores. Componen y expresan, en términos diacrónicos, las diferentes fases o momentos diferenciados por las que transitan los derroteros de las instituciones (Versino 2014).
8 Aunque no de una manera monolítica y lineal, en relación a nuestro objeto pueden señalarse trabajos como el de Castellani (2009), Castellani y Gaggero (2017), Schorr y Wainer (2006), Rapoport (2017) o Bossia (2023), que responden a dicha lógica “heterodoxa”; más cerca de la mirada “liberal”, son rastreables las producciones de Novaro (2020) o Bonvecchi (2012). Producciones como las de Dossi (2010), Dossi y Panero (2012) o Dulitzky (2019), sortearon esa polarización.
9 Como repercusión del nuevo dinamismo que adquirieron las comodities, preeminentemente la exportación de soja, que entre 1999 y 2004 duplicó su producción.
10 Para Damill y Frenkel (2013), entre otros, el gobierno de Duhalde debe ser también considerado como parte de la “década larga” que caracterizó al ciclo político.
11 Uno de los ámbitos donde mayor trascendencia adquirieron estos fondos, fue en subsidios para transporte y energía y combustible. Para este último caso, las erogaciones pasaron de un 0,19% del PBI en 2003 a casi un 2,8% en 2015 (Castellani y Gaggero 2017).
12 Para Albrieu y Fanelli (2008), por ejemplo, esta dinámica duplicó el promedio histórico siendo comparable solamente con la acaecida en la década de 1880.
13 Ello lo llevó, por ejemplo, a aumentar las alícuotas de las retenciones de algunos productos agrarios exportables (tales como la soja) en 2006.
14 El hecho más emblemático de su gestión, y también el más criticado, fue la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
15 Grosso modo, el gobierno proponía un mecanismo de aumentos dinámicos en las alícuotas sobre las exportaciones de algunos productos del agro como la soja. Sobre el tema puede verse en Hora (2010) y Fairfield (2011).
16 No era la primera estatización. En 2003 y 2006, Kirchner había estatizado, con diferentes argumentos y metodologías, la empresa Correo argentino (grupo SOCMA) y AySA (de la francesa Suez).
17 Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
18 La nueva ley generó fuertes tensiones con las empresas de medios más importantes, como Clarín, que terminaron dirimiéndose en la arena judicial. “Ley de Medios: confirman fallo que suspende el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín”, CIJ, 20 de febrero de 2015, acceso el 1/3/2023, Disponible en https://www.cij.gov.ar/nota-14887-Ley-de-Medios--confirman-fallo-que-suspende-el-proceso-de-adecuaci-n-de-oficio-del-Grupo-Clar-n.html “La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Medios”, Pagina/12, 29 de octubre de 2013, Acceso el 8/3/2023, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-232398-2013-10-29.html
19 Con su creación en 1993, las AFJP cambiaron el sistema de reparto jubilatorio estatal por un sistema de capitalización mixto. Una explicación sobre su creación puede verse en Chisari y Bo (1996).
20 “Crear confianza con mayor regulación estatal”, Pagina/12, Acceso el 3/3/2023, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-206178-2012-10-23.html
21 Ley N° 26.991.
22 En total, hasta diciembre de 2015, las medidas de regulación del uso de moneda extranjera, sumaban un total de 37 “Cepo cambiario: cronología de estos cuatro años de restricciones”. La Nación. 16 de diciembre de 2015. Acceso el 7/7/2021.
http://www.lanacion.com.ar/economia/cepo-cambiario-cronología-de-estos-cuatro-anos-de-restricciones-nid1854739/.
23 Ver López (2006).
24 Algunas de las diferencias internas de este grupo giran en torno a la naturaleza del populismo expresado por lo Kirchner, cuyo debate está muy bien expresado en Bonvecchi y Novaro (2021).
25 Para Bonvecchi y Giraudy (2007), los intentos de concentración fueron claros desde 2003.
26 Entendido como un modo generalmente no público de “convencer, influir y presionar para que una decisión se asuma, se deseche o se corrija” (Tirado 2015).
27 “Entre mimos empresarios, Kirchner no da repechaje”, Pagina/12, 3 de junio de 2004, acceso el 8/12/2022, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-36200-2004-06-03.html
“Respaldo empresario a la propuesta para salir del default”, Clarín, 3 de junio de 2004, acceso el 9/3/2023, Disponible en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/respaldo-empresario-propuesta-salir-default_0_BkBMpnkAKg.html
28 “Discurso del titular de AEA, Luis Pagani, ante el presidente Néstor Kirchner”. Cronista. 3 de junio de 2004. Acceso el 9 de enero de 2021. https://www.cronista.com/impresa-general/Discurso-del-titular-de-AEA-Luis-Pagani-ante-el-presidente-Nestor-Kirchner-20040603-0106.html
29 Además, en 2005 se cumplimentó un canje importantísimo: casi el 80% de la deuda total privada había sido reestructurada (Kern y Nemiña 2017).
30 Recientemente Lavagna manifestó haber sido presionado para renunciar. “Ante la Justicia, Lavagna volvió a hablar de cartelización en la obra pública en la gestión de Kirchner”. La Nación. 30 de noviembre de 2021. Acceso el 30 de noviembre de 2021. https://www.lanacion.com.ar/politica/ante-la-justicia-roberto-lavagna-volvio-a-hablar-de-cartelizacion-en-la-obra-publica-en-la-gestion-nid30112021/
31 Tal vez el aspecto más extremo al respecto fue la intervención del INDEC.
32 “Kirchner llamó a un boicot contra Shell y los aumentos de precios”, El Cronista, 11 de Marzo de 2005, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://www.cronista.com/impresa-general/Kirchner-llamo-a-un-boicot-contra-Shell-y-los-aumentos-de-precios-20050311-0059.html
33 “Kirchner atacó a los supermercadistas”, La Nación, 25 de noviembre de 2005, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://www.lanacion.com.ar/politica/kirchner-ataco-a-los-supermercadistas-nid759268/
34 “Más repercusiones de empresarios por las duras críticas de Kirchner”, Clarín, 25 de noviembre de 2005, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/repercusiones-empresarios-duras-criticas-kirchner_0_rJaMqhU1Ctg.html
35 Parte de la oposición política caracterizó estos mecanismos del gobierno como parte del “estilo K”. “El estilo K, un sello propio que no promete suavizar sus formas”, El Cronista, 24 de Mayo de 2005, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://www.cronista.com/impresa-general/El-estilo-K-un-sello-propio-que-no-promete-suavizar-sus-formas-20050524-0028.html
36 La corrupción de los funcionarios kirchneristas fue un tema muy gravitante en las críticas de la oposición, que terminó cristalizándose en varias denuncias (Cabot 2018).
37 La carne apareció como reclamo en el almuerzo de Micelli con AEA”, Pagina/12, 5 de mayo de 2006, acceso el 3/6/2022, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-66484-2006-05-05.html
38 Sergio Dattilo. 2006. “Micelli recibió a Luis Pagani de AEA”, Ámbito, 13 de abril de 2006. Acceso el 5 de enero de 2021, Disponible en: https://www.ambito.com/economia/miceli-recibio-luis-pagani-aea-n3372953.
39 La medida fue criticada y resistida por el gobierno, con Moreno, como el “interlocutor oficial más duro”. “El establishment va con receta propia para superar la emergencia”, Pagina/12, 6 de julio de 2007, acceso el 3/6/2022, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-87673-2007-07-06.html
40 “Pagani y Paullman en clave K: acuerdos de precios no frenan inversiones”, El Cronista, 26 de Septiembre de 2006, acceso el 3/6/2022, Disponible en https://www.cronista.com/impresa-general/Pagani-y-Paullman-en-clave-K-acuerdos-de-precios-no-frenan-inversiones-20060926-0089.html “Sin remarcación hasta 2007”, Pagina/12, 10 de octubre de 2006, acceso el 3/6/2022, Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-74261-2006-10-10.html
41 “Cristina cruzó a Pagani por inflación”, Lapoliticaonline, 15 de octubre de 2007, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-29464/
42 “El Gobierno argentino nacionaliza por sorpresa el sistema privado de pensiones”, El país, acceso el 7/3/2023, Disponible en https://elpais.com/diario/2008/10/22/economia/1224626410_850215.html de octubre de 2008
43 En este punto, por ejemplo, coinciden tanto Novaro (2020) y Bonvecchi (2012), como Castellani y Gaggero (2017).
44 Se trataron de elecciones legislativas, en las cuales el oficialismo perdió (por vez primera desde 2003) en un bastión electoral determinante: la Provincia de Buenos Aires.
45 Por ejemplo, la presidenta Fernández propuso reducciones impositivas para el sector agropecuario https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-128537-2009-07-20.html
46 Pagani deja AEA y eligen a un no-empresario como sucesor”. Fortuna. 4 de diciembre de 2009. Acceso el 15 de noviembre de 2021. https://fortuna.perfil.com/2009-12-04-13898-pagani-deja-aea-y-eligen-a-un-no-empresario-como-sucesor/
47 Campos: La clave para crecer en forma sistemática es tener instituciones fuertes”, (2010) La Nación, Video en línea, Acceso el 20/3/2023. https://www.youtube.com/watch?v=3KtEdkzoyZM&ab_channel=LANACION
48 Desde los medios informativos afines al kirchnerismo, estas demandas generales eran usualmente interpretadas como argumentos infundados para defender la rentabilidad empresaria. Por ejemplo, “Jaime Campos asumió en AEA”. Página/12. 18 de diciembre de 2009. Acceso el 8 de noviembre de 2020. https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-137196-2009-12-18.html
49 Por ejemplo: “La presidente del Banco Central desestimó críticas que hablaron de falta de seguridad jurídica”. Infobae. 6 de agosto de 2010. Acceso el 3 de marzo de 2020. https://www.infobae.com/2010/08/06/530132-la-presidente-del-banco-central-desestimo-criticas-que-hablaron-falta-seguridad-juridica/
50 Algunos meses después de asumir su nuevo mandato, en un acto en Rosario (Provincia de Santa Fe), Cristina Fernández de Kirchner fue filmada arengando a su militancia con la frase “vamos por todo”, lo que generó muchísimas suspicacias y de alguna manera, era la profecía autocumplida de una parte de la oposición, que justificó en ese hecho la vocación autocrática de la presidenta.
51 “Esta noche Jaime Campos”, (2012) C5N, Video en línea, acceso 3/3/2023, www.youtube.com/watch?v=4NCvrfrHByg&ab_channel=C5N
52 Difundida con el nombre de “democratización de la justicia”.
53 Rebosio, Alejandro. 2021. “La larga lista de los millonarios argentinos que dejaron de tributar en el país”. El diarioar. 9 de mayo de 2021. Acceso el 20/3/2023. https://www.eldiarioar.com/economia/larga-lista-millonarios-argentinos-dejaron-tributar-pais_1_7913062.html
Anuario CEEED - N° 21 - Junio/Noviembre 2024
pp 169 -206 -Año 16 - e-ISSN 2545-8299
https://doi.org/10.56503/ANUARIO/Nro.21(16)pp.169-206