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La economía social latinoamericana en encrucijada: asociaciones y agentes entre los gobiernos progresistas y los neoliberales (finales del siglo XX y principios del XXI)

Rocío Soledad Poggetti1

La economía social se presenta como un fenómeno huidizo en los estudios sociales latinoamericanos. La efervescencia relativamente reciente de las asociaciones de trabajo, comerciales y/o productivas que pueden incluirse dentro de este paraguas explica en parte ese tratamiento tangencial. Lo que puede entenderse como una presión sobre la agenda académica para comprender un fenómeno complejo y, hasta cierto punto, contradictorio, ha generado un abanico de estudios conceptuales y/o empíricos que reconstruyen experiencias de asociaciones y/o agentes que pueden ser incluidos dentro de esta categoría a nivel nacional. Más recientes son los estudios comparativos a escala latinoamericana y, en general, estos se han concentrado en las cooperativas (Correa Mautz 2022) y en las asociaciones de la agricultura familiar (Sabourin et al. 2014).

La lectura de estas investigaciones nos permite una primera aproximación a la complejidad intrínseca de la economía social latinoamericana. En general, se reconocen dos contextos en los que se fortalecieron estas asociaciones. La década de 1990 fue el epicentro de los ensayos neoliberales. La retirada del Estado de sus funciones de garante de derechos sociales fundamentales como educación, salud y alimentación, sumado a los crecientes niveles de desigualdad y exclusión social, hicieron que fueran surgiendo diferentes iniciativas desde la sociedad civil para cubrir esos espacios que dejaban vacíos las instituciones y las políticas públicas. La crisis económica, social y de representatividad política que atravesaron muchos países de la región entre finales del siglo XX y principios del XXI fue el caldo de cultivo para el crecimiento exponencial de asociaciones que pueden incluirse dentro de la economía social.

En parte como reacción a las consecuencias del neoliberalismo, varios países de la región (Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, entre otros) transitaron hacia la construcción de lo que ha dado en llamarse gobiernos progresistas (Gaudichaud 2019). Los consensos sostenidos por algunas fracciones del empresariado en torno a la necesidad de recomponer las fuerzas productivas y el cuestionamiento sostenido por los movimientos sociales sobre las políticas sociales del neoliberalismo, articularon un abanico de respaldos para la emergencia de estos gobiernos. Más allá de la diversidad intrínseca, se caracterizaron por la reconstrucción de un conjunto de capacidades estatales para intervenir en áreas que habían quedado libradas a las fueras del mercado2. En ese marco, se fue gestando una institucionalidad pública para fomentar la formación de cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, consorcios, ferias, entre otras formas jurídicas, como una estrategia de inclusión social.

En este contexto, los debates académicos se concentraron en un conjunto de aristas de las cuales nos interesa destacar al menos cuatro. La efervescencia de los movimientos sociales y de asociaciones con distintos grados de formalidad, constituida por agentes heterogéneos y con estrategias disímiles, instaron a los académicos a reinterpretar las concepciones clásicas sobre la economía social. Para dar cuenta de esa complejidad, se le agregaron adjetivaciones como popular o solidaria (Mateo, Reyes y Solverira 2011). En función de ello, es posible reconocer como parte de esta “otra” economía a cooperativas de campesinos en México, cooperativas de trabajo en Argentina y Uruguay, asociaciones de hecho de agricultores familiares en Brasil. Las investigaciones rastrearon en estas experiencias indicios que les permitieran comprender formas económicas, sociales y productivas alternativas a las clásicas relaciones mercantiles. Esas pistas tienen que ver, por lo general, con los valores de solidaridad e igualdad sobre los que se asientan estas asociaciones, las prácticas organizativas horizontales y democráticas, la reciprocidad en las relaciones internas de producción y comercialización, la búsqueda de ganancias equitativas para los asociados. Es decir, se amalgaman como parte de la economía social a un conjunto heterogéneo y desigual de asociaciones y de agentes que, por lo general, se constituyen a partir de los sectores excluidos. La posibilidad de sostener la existencia de una unidad más allá de esa diversidad se presenta, entonces, como un primer dilema para los académicos.

Por lo general, a esos momentos de efervescencia le siguen otros de estancamiento o franca decadencia. El carácter oscilante que se observa en el surgimiento y la desaparición de este tipo de asociaciones está relacionado a la evolución de los indicadores macroeconómicos. Es decir, los momentos álgidos de crisis social, económica y política son aquellos en los que las asociaciones de la economía social emergen con fuerza. No obstante, la experiencia de los gobiernos progresistas de inicios del siglo XXI permite revisar esta interpretación porque la mayor parte de ellos transitaron su gestión en un contexto de crecimiento en la exportación de commodities agropecuarios que se tradujo en el incremento del PBI y de los recursos fiscales.

El pico más alto en el registro de asociaciones que pueden incluirse dentro de la economía social se produjo durante estos gobiernos, es decir, en el marco de propuestas políticas que incluían a la economía social como una alternativa para paliar los efectos más nocivos de la crisis a partir de la cual emergieron. La batería de programas y políticas públicas que favorecieron la asociatividad hacia principios del siglo XXI, entendidas por los académicos como compensatorias (Gaudichaud, et al. 2019) y su traducción inmediata, el crecimiento exponencial de estas asociaciones, azuzó el debate sobre el carácter instrumental que asumieron. Un segundo dilema tiene que ver, en consecuencia, con la posibilidad de pensar a la economía social como una respuesta auto gestionada por parte de la sociedad civil o, por el contrario, como una propuesta política que se aplica de manera vertical ante determinados contextos.

Por lo general, las investigaciones destacan que son pocas las asociaciones que, surgidas en esos momentos políticos, pueden consolidarse en formas jurídicas estables que trasciendan los programas sociales a partir de los cuales emergieron. Las dificultades evidenciadas para construir propuestas autónomas articulan un abanico de factores entre los que se mencionan, con mayor frecuencia, el carácter vulnerable de los agentes que la componen, la inestabilidad en los programas sociales y, en particular, la labilidad en la asistencia, la capacitación y el monitoreo de su desarrollo (INTA-CIPAF 2021). En definitiva, el tercer dilema tiene que ver con la compleja relación entre autonomía y dependencia que se articula entre los agentes que las constituyen y los programas estatales o, en otros términos, con el origen “desde abajo” o “desde arriba” de las iniciativas de la economía social.

Lo cierto es que la diversidad de asociaciones económicas, reivindicativas y/o técnicas (para retomar las categorías propuestas por Lattuada 2021) ha presionado sobre la representatividad de las asociaciones históricas, por lo general cooperativas y mutuales que devienen, a partir de este contexto, en “tradicionales”. Los estudios analizan las estrategias que se articularon desde estas asociaciones para insertarse de manera competitiva en un mercado agropecuario que fue adquiriendo grados crecientes de concentración y la desvinculación, en estos contextos, de un grupo numeroso de pequeños productores que no podían afrontar con éxito las condiciones mínimas de su reproducción socio-productiva (Poggetti y Carini 2022). De manera correlativa, estas interpretaciones han renovado el debate acerca de la inclusión, o no, de estas cooperativas dentro de la economía social. En definitiva, lo que se problematiza en esta arista del debate que queremos destacar como último dilema, son las estrategias de esas asociaciones, cómo se vieron tensionadas por las renovadas formas asociativas de la economía social y cómo se articulan (o en qué grado lo hacen) a los intereses de los agentes que se encuentran asociados.

En función de ello, en este dossier nos proponemos aportar un conjunto de interpretaciones que contribuyan a comprender la heterogeneidad y las tensiones que atraviesan a la economía social latinoamericana entre los gobiernos neoliberales y los progresistas. Los objetivos tienen que ver, en consecuencia, con los dilemas a los que hemos referido con anterioridad y que podemos resumir a partir de interrogantes tales como ¿qué se entiende por economía social latinoamericana? ¿cómo se vincula su reconceptualización como economía social, popular y solidaria a la efervescencia de asociaciones integradas por los sectores más vulnerables?, vinculado a esto ¿en qué coyunturas es posible reconocer los momentos álgidos de su formación? ¿tiene que ver ello exclusivamente con momentos críticos a nivel económico y social? ¿o tiene que ver con el fomento de estas asociaciones por parte del Estado? En relación a esto último ¿son fomentadas como una forma de contribuir a la formación de otra economía o forma parte de políticas compensatorias que permiten, al menos potencialmente, mitigar los efectos más nocivos de la exclusión? Es decir ¿cuál es su grado de autonomía y/o dependencia de las asociaciones de la economía social respecto a planes y programas estatales? Por último, ¿cómo tensionan estas nuevas formas asociativas a las estrategias de las cooperativas devenidas tradicionales?

Los artículos que forman parte de este dossier permiten iluminar algunas aristas que se desprenden de estas preguntas. El trabajo escrito en coautoría por Juan Fernando Álvarez (Universidad javeriana, Colombia) y Daniel Menezes (Universidad Mackenzie, Brasil) nos remite al primer y al segundo dilema, es decir, al vínculo entre las asociaciones de la economía social y las políticas públicas durante los gobiernos progresistas. Su preocupación inicial tiene que ver con una evaluación integral de los objetivos de las políticas públicas que se gestionaron en estos gobiernos para atender a las demandas de las asociaciones de la economía social y solidaria. Para ello, recuperan las principales aristas de un debate conceptual que tiene una doble vía de acceso.

En primera instancia, introducen la historicidad de los gobiernos progresistas. Entre finales del siglo XX y principios del XXI emergieron en varios países latinoamericanos fuerzas políticas que se posicionaban de manera crítica frente al neoliberalismo y las consecuencias que este había tenido en los sectores más vulnerables. En parte vinculado a ello y, también, al apoyo que recibieron de diferentes movimientos sociales, algunos de los cuales pueden ser incluidos dentro de la economía social, las políticas públicas gestionadas en ese contexto contribuyeron a instalar en la agenda pública las demandas de los agentes y las asociaciones propias de ese “tercer sector”. No obstante, la integración del bloque de gobierno a partir de las fuerzas hegemónicas del capital supuso una serie de limitantes en el proceso de institucionalización de la economía social. En segundo lugar, entonces, abordan los supuestos conceptuales, jurídicos y doctrinarios que permiten entender la racionalidad propia de las asociaciones incluidas dentro del amplio paraguas que es la economía social. Un aspecto clave en este sentido lo constituye la advertencia que realizan los autores en torno a la necesidad de recuperar la dimensión territorial para comprender cómo se materializan esos principios generales de solidaridad y reciprocidad. Más allá de los supuestos que comparten, las asociaciones de la economía social que emergen a partir de las comunidades campesinas en Bolivia son muy distintas de aquellas que responden a las necesidades de los trabajadores urbanos en Argentina.

Del abanico de asociaciones que pueden incluirse dentro de la economía social, profundizan en las cooperativas, en parte porque consideran que estas tienen mayor arraigo (histórico, económico e institucional) en los países latinoamericanos. Se concentran en sus especificidades, es decir, en aquellos componentes que hacen de estas una forma diferente de generar y gestionar relaciones económicas. La solidaridad y la identidad, como principios rectores, se plasman en diferentes prácticas organizativas e institucionales tales como la democracia en la toma de decisiones, la distribución colectiva de los beneficios, la reciprocidad en la gestión de los vínculos entre los asociados, la corrección de los precios de bienes y servicios en el mercado, entre otras. El acto cooperativo, figura jurídica que permite diferenciar las implicancias de los vínculos en las asociaciones de la economía social respecto a los que se gestan en las sociedades de capital, tiene un conjunto de efectos tributarios, contables y jurídicos que, en la mayor parte de los países latinoamericanos, son desconocidos por los gestores de las políticas públicas.

Estos análisis conceptuales les sirven de soporte a los autores para entender lo que denominan como “políticas públicas instrumentales”. La institucionalización de la economía social durante los gobiernos progresistas no se sostuvo sobre un reconocimiento de la especificad de las asociaciones que la constituyen. En líneas generales, formaron parte de una estrategia política que procuraba integrar a los agentes más vulnerables en los circuitos económicos y financieros formales a partir del fomento de asociaciones colectivas. Esto les permite concluir que el carácter instrumental de las políticas públicas para la economía social presionó sobre las asociaciones del sector para inducir procesos de mercantilización en propuestas asociativas que, inicialmente, fueron pensabas por los actores que las constituyen como una alternativa a las relaciones económicas dominantes.

Con un objetivo similar, el trabajo de Daniel Menezes analiza las características de la institucionalidad y las políticas públicas para la economía social que se gestionaron entre finales del siglo XX y principios del XXI en Brasil. Para ello, parte de un conjunto de supuestos conceptuales que nos parece importante recuperar. El Estado (en sus diferentes instancias político-administrativas) es un espacio de negociaciones y conflictos entre las clases que se disputan la definición del contenido de las políticas públicas. Desde la década de 1980, estas materializan un conjunto de orientaciones económicas e ideológicas que, con mayor o menor grado de intensidad, han abonado a la construcción del neoliberalismo.

Per se, esta forma de gobierno supone un vaciamiento del Estado como garante de los derechos de los trabajadores y, en general, de la población marginada. En contextos en los que el neoliberalismo se torna más cruento, emergen con fuerza asociaciones que procuran, a través de redes solidarias, proveerse de los bienes y los servicios de los que los excluye el mercado. La economía social, entendida por el autor como un conjunto heterogéneo de experiencias de auto gestión democrática y solidaria, urbanas y rurales, le permite conjugar esa diversidad de formas asociativas y agentes socio-productivos y, al mismo tiempo, diferenciarlos del movimiento cooperativo, caracterizado en Brasil por su carácter elitista y empresarial. El incentivo y el acompañamiento de las políticas públicas es evaluado como un componente fundamental que garantiza (o no) la continuidad de esas experiencias. Ya sea porque los planes y programas estatales no contribuyen al desarrollo de capacidades económicas, técnicas, productivas y educativas que permitan a estas asociaciones adquirir autonomía o porque se caracterizan por una gran fragilidad organizativa e institucional y un alto grado de vulnerabilidad de los agentes que las constituyen, lo cierto es que las asociaciones de la economía social pierden fuerza ante los movimientos económicos y políticos pendulares.

Este abordaje conceptual le permite interpretar diferentes hitos en las políticas públicas de la economía social para marcar las marchas y contramarchas que supusieron en este sentido los gobiernos de Collor (1990 – 1992), Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), Lula (2003 – 2010), Dilma Rousseff (2011 – 2016), Michel Temer (2016 – 2018) y Jair Bolsonaro (2019-2023). Los avances que se llevaron a cabo en torno a la institucionalización de estos colectivos de trabajadores urbanos y rurales durante el gobierno de Lula (partidas presupuestarias, creación de agencias estatales, sanción de leyes y decretos) produjeron según Menezes, “efectos poderosos” en las asociaciones de la economía social porque legitimaron reclamos sostenidos desde, al menos, 1980. No obstante, la llegada de Bolsonaro al gobierno retomó con fuerza una concepción asistencialista y focalizada en la gestión de las políticas públicas para la economía social. Si bien esto supuso una ruptura, en realidad acentuaban algunas dinámicas que se habían evidenciado hacia finales del gobierno de Lula y durante la gestión de Rousseff, vinculadas a las presiones de los grupos de poder que integraban las fracciones dominantes del capital.

En conclusión, el autor interpreta que no existe en Brasil una institucionalidad pública específica para las asociaciones que componen la economía social. La subsunción de estas a las dinámicas del crecimiento económico y, en general, al equilibrio de poder que sostiene los acuerdos de clase de cada gobierno hace que pendulen entre una mayor laxitud, en el marco de gobiernos que refuerzan las tendencias del mercado, y una red más densa de agencias y políticas cuando el gobierno tiende a intervenir con más fuerza en la regulación de las relaciones económicas y sociales. En general y más allá de estas particularidades, la gestión pública de la economía social asume un carácter compensatorio que tienden a morigerar los efectos más nocivos del capitalismo.

Juan Pablo Martí (Universidad de la República, Uruguay) nos acerca al tercero de los dilemas. En su artículo propone una interpretación del vínculo entre las políticas públicas de generación de empleo que se gestaron durante los gobiernos progresistas y la formación de cooperativas sociales. En la transición entre el siglo XX y el XXI, América Latina fue escenario de la crisis del neoliberalismo. Las consecuencias de este modelo en Uruguay, tales como el incremento notable de la pobreza y la indigencia y la reducción de los índices económicos, se tradujeron en el cuestionamiento a las instituciones públicas y los partidos políticos. En ese marco, los gobiernos progresistas articularon un conjunto de propuestas que permitieran resolver la crisis de representatividad. A partir de propuestas que oscilaban entre la recuperación de las capacidades estatales y la mitigación de los efectos de la crisis sobre los sectores más vulnerables, fueron accediendo al poder fuerzas políticas con características disímiles. En este marco, el Frente Amplio llevó por primera vez a la izquierda al gobierno nacional.

La atención a las demandas de los sectores que habían respaldado su ascenso al poder contemplaron diferentes propuestas políticas. Una de las que ocupó un espacio político relevante fue la creación de cooperativas sociales (en un contexto mundial y latinoamericano que favorecía la construcción de asociaciones para generar empleo) como una alternativa para incluir a los sectores más golpeados por la crisis. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) junto a la Confederación Uruguaya de Cooperativas de Producción (CUDECOOP) impulsaron una propuesta legislativa que culminó con la sanción de la Ley 17.978 de Cooperativas Sociales (anterior incluso, a una ley general de Cooperativas). Los debates parlamentarios que se suscitaron en el proceso de elaboración y sanción de esta Ley reflejan, en parte, las limitaciones organizativas e institucionales que debieron enfrentar las cooperativas creadas a su amparo.

Para analizar las estrategas de promoción de estas cooperativas, el autor propone un recorrido que contempla las etapas de gestión de las políticas públicas. Se concentra, en particular, en la segunda y la tercera, es decir, la discusión de la propuesta legislativa y la implementación, respectivamente. Las cooperativas sociales estaban destinadas a personas excluidas del mercado laboral formal y fueron pensadas como una forma asociativa transitoria para resolver la emergencia social que debían, con el tiempo, transformarse en cooperativas de trabajo asociado. En general, los programas de contratación por parte del Estado, la asistencia y la capacitación fortalecieron la institucionalidad pública y las sinergias público privadas al tiempo que permitieron un crecimiento significativo en el número de cooperativas.

Más allá de esto, la trayectoria de estas cooperativas se caracterizó por su inestabilidad y fragilidad. Esto estaba vinculado a la escasa instrucción de los asociados, a la dependencia de la contratación en la administración pública y a las dificultades de articulación en espacios asociativos de representación gremial. Pero, sobre todo, Martí destaca el condicionante que supuso la concepción que subyacía en las políticas y programas de promoción. El objetivo que implícito en la creación de estas cooperativas sociales, cuya organización era más laxa y flexible que las de las cooperativas “tradicionales”, estaba vinculada a la generación de empleo protegido. La escasa presencia de un debate doctrinario en torno a la posibilidad de construir formas alternativas de economía a partir de estas experiencias las condicionó a formas asociativas instrumentales y, por lo tanto, transitorias.

En el último artículo, Lisandro Rodríguez (Universidad Nacional de Misiones – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina) analiza históricamente los efectos que produjo el régimen de acumulación neoliberal y su traducción productiva, el agronegocio, en las asociaciones rurales vinculadas a la actividad yerbatera de Misiones. Destaca en particular dos dinámicas. La eliminación de agencias estatales como la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) dejaron al Estado sin capacidades institucionales para intervenir y regular en la producción y la comercialización yerbatera. La acentuación de la concentración vertical en todas las etapas de la cadena contribuyó a la consolidación y/o el surgimiento de actores oligopsonicos, tales como los molinos o los supermercados, de manera respectiva. En consecuencial, las brechas presentes en el agro regional se hicieron más profundas. La contracara de estos actores son los pequeños y medianos productores, es decir, colonos y/o productores familiares que detentan, en general, menos de 25 hectáreas y desarrollan actividades complementarias (algunas extraprediales) para garantizar su supervivencia. En estas condiciones, las posibilidades de reproducción de estos actores se fueron tornando cada vez más compleja.

Esta crítica situación tuvo efectos paradójicos en las asociaciones agrarias. Las cooperativas “tradicionales”, entendidas por el autor como aquellas con raigambre histórica en el territorio misionero, organizadas sobre los principios doctrinarios rochdalianos, disminuyeron cuantitativamente debido a quiebras y/o fusiones, al tiempo que evidenciaron una notoria crisis de representatividad. Esta es entendida por el autor como producto de las dificultades de la dirigencia para dar respuestas a las demandas de un conjunto heterogéneo de asociados. Sobre todo, porque se priorizaron las condiciones de supervivencia de la cooperativa por sobre el diseño de estrategias para sostener la trayectoria de los productores más vulnerables. La necesidad de construir escala para competir con éxito en un mercado agropecuario concentrado, entendidas en la literatura académica como empresarialización, acentuó la diferenciación interna entre los asociados. Las tensiones y las disputas que se gestaron en torno al contenido de las estrategias provocaron que un importante número de asociados se alejaran de las cooperativas, ya sea porque se desvinculaban de la actividad productiva o porque se buscaban formas alternativas de acción colectiva.

En el marco de la crisis de 2001 y el desarrollo de lo que, según el autor, se entiende como un nuevo régimen de acumulación, emergió una renovada forma de estatidad que procuró, al menos discursivamente, recuperar capacidades para intervenir en la dinámica productiva. Las protestas y las movilizaciones que encabezaron los productores yerbateros más vulnerables dieron como resultados el surgimiento de asociaciones agrarias cuyas formas organizativas y sus estrategias de comercialización diferían de las tradicionales cooperativas. Una de ellas fue la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM), entidad que nucleaba a Cooperativas sin llegar a ser una federación de segundo grado y cumplía funciones mixtas entre asociación económica y reivindicativa. Al mismo tiempo, se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y diversos programas rurales compensatorios que procuraban mitigar los efectos más nocivos del agronegocio.

El paraguas que le permite a Rodríguez comprender estas dinámicas asociativas que emergieron desde abajo, es decir, por la iniciativa de los productores, y desde arriba, al calor de los planes y programas estatales, es la economía social. Sin desconocer las complejidades teóricas y metodológicas que supone esta categoría, la introduce como un componente conceptual que permite iluminar la diversidad y la complejidad presente en el agro misionero. Habilita a partir de este análisis un debate que permanece abierto aún en los estudios latinoamericanos sobre los vínculos entre economía social y agricultura familiar: la disyuntiva entre autonomía-dependencia de las asociaciones que emergen al calor de programas estatales, la viabilidad de aquellas que lo hacen a partir de las iniciativas de los productores y que se articulan con esos planes y/o programas y, en general, el condicionamiento que ejercen esas diversas formas asociativas sobre la continuidad de la trayectoria productiva de sus asociados.

En definitiva, la apuesta de este dossier para comprender las implicancias conceptuales y empíricas de la economía social latinoamericana no es hacer de esta un tópico menos huidizo para los estudios sociales. A partir de un conjunto de trabajos que anclan sus reflexiones en diferentes realidades nacionales de la región procuramos acercar algunas interpretaciones para contribuir a un debate que tiene que ver, en última instancia, con la complejidad de los tejidos asociativos, cómo se estos se rearticulan de acuerdo a la dinámica macroeconómica, las características que asumen y cómo se vincula su evolución y su dinámica a la institucionalidad y las políticas públicas.

Referencias Bibliográficas:

Correa Mautz, F. (2022). Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina. CEPAL: Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Gaudichaud, F. et al. (2019). Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica. México: UNAM.

INTA – CIPAF. (2021). La organización de la agricultura familiar en procesos de desarrollo territorial. Disponible en https://bit.ly/3Ba9C24?fbclid=IwAR2c2QaLHduvjfgwaShcBiS5ztXeT-EPkhUPPv2ZlBjXMQv7oDHfTOcOSrA

Lattuada, M. (2021). La política agraria en tiempos de la grieta. Argentina (2003-2019). CABA: Teseo-Universidad Abierta Interamericana.

Mateo, G., Mendez Reyes, J. y Solverira, B. (2011). «Economía social, cooperativismo agrario e intervención estatal. Estudios de caso en Argentina y México». Mundo Agrario, vol. 11, n° 22.

Nun, J. (2012). «Régimen social de acumulación». En Di Tella, T. et al. (comps.) Diccionario de las Ciencias Sociales. (1 ed). Buenos Aires: Emecé. Pp. 598-600.

Poggetti, R. y Carini, F. (2021). «Racionalización, eficacia y competitividad empresarial: la Asociación de Cooperativas Argentinas y su “programa de reconversión cooperativa” frente al agronegocio (1991-2005)». H-Industri@, Revista de Historia de la Industria, los Servicios y las Empresas de América Latina, n° 30, pp. 27-45.

Sabourin, E. et al. (2014). Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el caribe: balances, desafíos y perspectivas. CEPAL: Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Fecha de recepción del artículo: 03/05/2023

Fecha de aceptación del artículo: 08/05/2023

1 Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas/ Universidad Nacional de Río Cuarto - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

ORCID: 0000-0003-2489-7249

Correo: rpoggetti@hum.unrc.edu.ar

2 Con esto no estamos adhiriendo a los argumentos que asocian el neoliberalismo a la “retirada” del Estado. Los estudios recientes sobre el Estado han argumentado que, lejos de esa interpretación tradicional, el Estado sostuvo una fuerte intervención durante ese contexto como orientador de las directrices del modelo de desarrollo (Nun 2012). La recuperación de capacidades estatales a las que aludimos tiene que ver con el cambio en la posibilidad de resolver las situaciones más críticas derivadas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, sostener los consensos políticos que llevaron a los gobiernos progresistas al poder. Más allá del impacto real que tuvieron estos gobiernos en la reconstrucción de la institucionalidad pública, lo cierto es que esta nueva orientación se materializó en el surgimiento de agencias y de una batería de políticas públicas que atendían las demandas de los sectores más golpeados por la crisis.