Saberes expertos, domesticidad y participación económica:
apuntes y experiencias sobre la investigación con perspectiva de género
Paula Lucía Aguilar i
Introducción
Asistimos a una transformación del mundo del trabajo de alcance global. La tercerización de la economía se acelera a partir de innovaciones como las plataformas digitales, a las que se suma la ya consolidada fragmentación y deslocalización de las industrias. La aplicación de tecnologías de punta y la creciente financiarización de la economía coexiste con la fabricación a destajo en precarios talleres domésticos descentralizados y el impulso al paradigma del “emprendedorismo” (Scasserra, 2019). En los últimos años la fuerza de trabajo en el sector de los servicios se ha feminizado notablemente, tanto en las ramas del comercio y actividades no reguladas, como en las tareas domésticas y de cuidados (González Marín y Rodríguez López, 2008; cepal, 2013). El aporte de estas trabajadoras es nodal para creación de valor y, en el caso de las migrantes, forma parte de los flujos de capital que circulan bajo la forma de remesas a través de cadenas transnacionales de cuidado (Ferro, 2020).
En los países de América Latina este proceso asume características específicas. La precarización de las condiciones de vida y trabajo se profundizan y el trabajo asalariado registrado escasea aún en los grandes centros urbanos y sus zonas periurbanas. En Argentina, la pandemia de covid-19 ha recrudecido las disputas por el reconocimiento material y simbólico de aquellas tareas consideradas “esenciales” y llevó a revisar críticamente la relación entre domesticidad y trabajo remunerado (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, 2020). Asimismo, actualizó debates de larga data sobre la necesidad de regulación del teletrabajo y las dificultades que conlleva la situación laboral informal de amplios sectores de la población. En estas dramáticas circunstancias, se revitalizan las históricas demandas por un ingreso ciudadano universal y se dinamiza su discusión pública. Las huelgas feministas de los últimos años han venido llamando la atención sobre este panorama y reclamando con urgencia una transformación radical de la relación capital-vida tal como la conocemos (Pérez Orozco, 2014).
La complejidad de la coyuntura actual exige a la investigación histórica ampliar los recursos teóricos y metodológicos disponibles para comprender tanto los procesos que moldearon sus singularidades contemporáneas como sus tendencias a futuro. En este sentido considero imprescindible la incorporación de una perspectiva crítica de género al análisis. Esto es, una posición epistemológica que tenga por premisa de su abordaje historiográfico el análisis de los significados culturales asignados a la diferencia sexual a la hora de examinar las dinámicas históricas de la vida social. Ahora bien, ¿qué puede aportar una perspectiva de género al quehacer de la investigación histórica sobre la industria, los servicios y las empresas? Anima este texto la invitación a delinear posibles respuestas.
Para ello, tomo como punto de partida algunas definiciones clásicas sobre el género como categoría analítica y perspectiva epistemológica. Luego, examino los desafíos que presenta este abordaje a la investigación histórica en general y a la historia industrial, de los servicios y de las empresas en particular. Por último, recupero brevemente dos experiencias concretas de investigación en las que adoptar una perspectiva de género orientó el trabajo con los materiales de archivo. Por un lado, el estudio de la relación entre costo de vida y la configuración de la familia obrera en la producción de la información estatal durante la década de 1930. Por otro lado, la problematización de la participación económica de las mujeres y su integración en los procesos de desarrollo publicados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (celade) y la Comisión Económica de América Latina (cepal) entre 1960-1975.
Investigar con perspectiva de género
Sucintamente, el término género refiere al modo en que se inscribe culturalmente la diferencia sexual, a la que se le atribuyen significados socialmente cambiantes, problematizando su carácter “natural” o dado (Richards, 2008; Scott, 2008). El género en tanto categoría analítica constituye uno de los aportes teóricos de la praxis política feminista a las disciplinas sociales y humanísticas (Scott, 2008, 2012). Es un concepto clave para la investigación histórica, ya que permite caracterizar y explicar nuevas dimensiones de las relaciones sociales, imbuidas además en desigualdades raciales y de clase. Es posible identificar en toda sociedad elementos de un “orden de género” predominante que estructura las relaciones económicas, sociales y políticas. En términos generales, la teoría feminista caracteriza el orden de género de las sociedades capitalistas occidentales bajo el concepto de patriarcado (Connell y Pearse, 2018)
Adoptar una perspectiva crítica de género implica sostener un punto de vista por definición relacional e históricamente situado. Esto no significa poner el foco solo en las mujeres o los varones en términos específicos, sino considerar los procesos de producción de las diversas identidades sexo genéricas y el cambiante juego de relaciones de poder entre ellas (Scott, 2008). Un análisis histórico así entendido invita a considerar como premisa básica la heterogeneidad e inestabilidad de las categorías identitarias con las que trabaja. Esta desestabilización de las definiciones de sujetos históricos a priori, plantea nuevas preguntas para el quehacer de la investigación. Asimismo, permite revalorizar la experiencia subjetiva como posicionamiento epistemológico fundante de la indagación e impulsar la producción de conocimiento situado e interseccional, esto es, aquel que considera en sus explicaciones factores asociados a la interacción entre desigualdades de género, raza y clase (Viveros, 2016; Harding, 1986).
Desde sus inicios, y en sus múltiples vertientes, la teoría feminista problematizó la escisión constitutiva entre lo público y lo privado en la organización de la vida social bajo el capitalismo occidental, examinó los valores asignados a uno y otro ámbito de acción y criticó los efectos de tal escisión para la explicación de los procesos históricos en relación con la diferencia sexual (Kerber, 1988; Pateman, 1996). Así, sostener una perspectiva de género implica también desarmar la evidencia de tales fronteras y cuestionar los límites entre las categorías asociadas a ellas. En esa operación analítica se revelan las porosidades entre las distintas esferas de la vida económica como la producción de bienes y servicios o el consumo en la sostenibilidad cotidiana de la vida, habilitando nuevas lecturas de los procesos de reproducción social.
La llamada economía crítica feminista ha planteado la necesidad de revisar los límites entre producción y reproducción en el estudio de los procesos económicos en sus distintas escalas, que van desde el registro del trabajo de cuidados no remunerado realizado en el hogar y entendido como pre requisito de toda actividad económica, hasta su impacto en la producción de riqueza plasmado en los sistemas de cuentas nacionales y legislación presupuestaria (Benería, 1999; Carrasco, 2003; Pérez Orozco, 2014). En los últimos años, la Economía Feminista se ha articulado en América Latina con los debates de otras perspectivas críticas del funcionamiento capitalista como la Economía Social y Solidaria, la Economía Popular o el Cooperativismo. Su impacto ha sido importante en la politización de la llamada “Economía del Cuidado” y su incorporación al debate público, aunque menor en la agenda macroeconómica (Esquivel, 2016).
La adopción de una perspectiva de género conlleva consecuencias teóricas y prácticas para investigación histórica de las industrias y servicios. De partida, discute la posibilidad de afirmar sin más la universalidad de categorías clásicas como fuerza de trabajo y exige examinar, en la medida de lo posible, distintas fuentes de información sobre su composición y desiguales relaciones. Así, demandará a quien emprenda la tarea un análisis exhaustivo sobre las actividades económicas y organizaciones estudiadas para comprender cómo se configura en ellas la división sexual del trabajo o, dicho en otros términos, la distribución de tareas asignadas diferencialmente a distintos cuerpos, y cómo esta asignación varía (o no) a lo largo del tiempo.
El examen histórico de las relaciones de género en la economía amplía los límites de las definiciones cristalizadas de trabajo más allá de las categorías utilizadas para su captación y medición en términos estadísticos. Esto permite abrir preguntas sobre la producción del valor y los límites históricamente cambiantes entre las actividades consideradas socialmente como trabajo, su remuneración, las jerarquías asignadas a las tareas según el orden de género imperante y el impacto de las trasformaciones tecnológicas en estos procesos. También recupera la discusión sobre los modos en los que se mide la producción de la riqueza y las consecuencias de su desigual distribución territorial, de clase y género.
En lo que refiere a los materiales de archivo, tal abordaje exige la lectura “a contrapelo” de los documentos disponibles y la incorporación de materiales a priori impensados en la construcción de los problemas de estudio y el “montaje” de los corpora a analizar (Glozman, 2019). En países como Argentina, donde la provisión de información pública es cuanto menos deficiente, la adopción de una perspectiva de género dificulta aún más el relevamiento de datos en distintos niveles de agregación. Sin embargo, no solo los informes estadísticos, balances contables, libros de actas o publicaciones especializadas dan cuenta de las dinámicas históricas de distintas actividades económicas. En este sentido, renovar la mirada supone una revisión de los acervos documentales de modo creativo.
Para ello, es necesario incorporar los aportes de la historia regional y los testimonios de la historia oral, abordar las producciones literarias y/o artísticas relacionadas, promover la triangulación con información confeccionada por organizaciones sindicales o recurrir a las publicaciones producidas en los ámbitos de sociabilidad que rodean a las distintas actividades y ramas de la producción. Asimismo, el análisis de materiales visuales, los archivos fotográficos y los expedientes judiciales constituyen un significativo aporte para reconstruir modos generizados de la conflictividad laboral no registrables por otros medios (Andújar, 2012). Investigaciones recientes han mostrado la productividad de fuentes menos convencionales para el estudio de los avatares empresariales y del mundo del trabajo generizado, como la sistematización y relevamiento de avisos clasificados de oferta y demanda laboral (Queirolo, 2019, Mitidieri, 2020).
Sin embargo, esta tarea no consiste en revisar fuentes en la búsqueda de la presencia o ausencia de ciertas identidades sexo genéricas para reconfirmar nuestras propias presunciones sobre jerarquías patriarcales. Requiere paciencia y sensibilidad para captar sus huellas y detenerse en su caracterización: ¿Cómo se conforma la trama de relaciones en las que tales identidades se inscriben? ¿Qué posiciones y jerarquías ocupan en las organizaciones? ¿Cómo condicionan las atribuciones de género sus trayectorias laborales y de formación? ¿De qué modos inciden en la interpretación de sus comportamientos económicos por parte de los especialistas? Será posible así traer a la luz procesos histórico- sociales, problemas y tópicos no siempre tenidos en cuenta, y también cuestionar algunas interpretaciones y periodizaciones ya consolidadas sobre la conformación y composición de la fuerza de trabajo en las industrias y servicios.
La adopción de una perspectiva crítica de género abre además nuevas dimensiones de análisis comparativo tanto a nivel regional como en el campo de estudios de la llamada “historia global” (Eckert, 2015). En este sentido incorpora nuevos tópicos al estudio de los debates históricos sobre políticas económicas y de desarrollo teniendo sus impactos diferenciales y generizados. Asimismo, permite discutir la transversalización de tal perspectiva en las diversas organizaciones internacionales que participan en la definición de las políticas económicas nacionales en sus distintos niveles de incidencia. A modo de referencia, investigaciones recientes han estudiado la intrincada construcción de figuras como la “mujer trabajadora”, su relación con la regulación laboral y los procesos económicos globales a partir de los archivos de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (oit) o la Unión Panamericana a lo largo del siglo xx. Los feminismos proveen una consolidada tradición política internacionalista que ha establecido diálogos y disputas trasnacionales y participado en la circulación de saberes y propuestas en distintos niveles de la participación política que es preciso tener en cuenta e incorporar al análisis (Marino, 2019; Boris, 2019; Valobra, 2018).
La llamada “historia de las mujeres”, especialmente desde la historia social, ha abierto un camino de problematización de los modos tradicionales en los que se estudian los procesos históricos vinculados a la producción y el trabajo (Barrancos, 2005; Thèbaud, 2007). En nuestro país, la investigación histórica con perspectiva de género y feminista ha indagado sobre la configuración de distintas ramas de la producción (Andújar, 2012, 2017; Scheinkman, 2019), la conflictividad laboral (Andujar y D´Antonio, 2020) así como también sobre aquellas labores no reconocidas por las definiciones clásicas de empleo y actividad económica (Pérez, 2019; Allemandi, 2017). Si bien las industrias centralizaron las primeras indagaciones (Lobato, 2007; Rocchi, 2000), se verifican en los últimos años avances de investigación sobre tipo de tareas como las desempeñadas por trabajadoras en roles administrativos (Queirolo, 2015) y el sistema de salud (Ramacciotti y Valobra, 2017), así como también los procesos de profesionalización en distintas disciplinas. Asimismo, se ha investigado la conformación y caracterización de masculinidades en distintas ocupaciones, sus jerarquías y relaciones (D`Uva, 2020; Scheinkman, 2015; Caruso, 2016).
La incorporación de una perspectiva crítica de género al análisis histórico conlleva la apertura de nuevos interrogantes y desafíos en la delimitación de los objetos de investigación y la construcción del acervo documental, la ampliación de la escala y ámbitos de indagación, la delimitación de las periodizaciones y la desestabilización de las identidades en juego. En suma, ilumina los modos en que las relaciones entre capital y trabajo configuran y reproducen desigualdades sociales que son a la vez económicas, generizadas y racializadas, al tiempo que transforma los modos establecidos de narrar su historia.
Apuntes de investigación
Las reflexiones que anteceden se nutren de un conjunto de lecturas teóricas producidas desde los feminismos, así como también de trabajos de investigación histórica con perspectiva de género que afrontaron los desafíos allí descriptos. A continuación, me interesa recuperar algunos de sus trazos a partir de mi recorrido de indagación, centrado en el estudio de la relación entre cuestión social y domesticidad, con especial interés en la producción y circulación de saberes expertos en la formulación de diagnósticos sobre las condiciones de vida y trabajo de la población.
Para ello, presento aquí brevemente dos trabajos de investigación que hilvanan esta inquietud de largo aliento en coyunturas históricas diferentes en las que se problematiza la “modernización” de la vida social y económica. En primer lugar, analizo las categorías puestas en juego en la medición del llamado “costo de vida la familia obrera” en Buenos Aires durante la década de 1930. En segundo lugar, recupero los diagnósticos sobre la participación económica de las mujeres y su integración a los procesos de desarrollo publicados por celade y cepal entre 1960 y 1975.
Familias en déficit
El primer recorrido de investigación propuesto se centró en el estudio de la configuración del “hogar” a través de las intervenciones sociales del Estado en las primeras décadas del siglo xx. Esto conllevó el estudio de los diagnósticos expertos sobre condiciones de vida y trabajo que orientaron las propuestas de intervención por parte de un conjunto de instituciones estatales, que a la vez configuraban sus propios alcances en la disputa entre capital y trabajo (Aguilar, 2014; 2015)
La producción de conocimiento estatal constituye un importante insumo para el desarrollo de políticas públicas. La objetivación del “hogar” como unidad de relevamiento de la información sobre la población es resultado de un proceso histórico con distintas posiciones en disputa sobre la unidad a relevar (¿la familia o el individuo?) y la construcción de la información más adecuada para captar sus circunstancias económicas y sociales (González Bollo, 2014). A través de distintas técnicas de recolección de datos y categorías estadísticas se fue conformando una grilla de inteligibilidad de aquello que sucedía al interior de las unidades domésticas, cruzando la frontera de lo privado y forjando su inscripción en la trama de la economía nacional.
La necesidad de captación y registro de los recursos monetarios de las unidades domésticas asalariadas y el análisis de la distribución de sus gastos constituyó uno de los debates más importantes en este sentido (Aguilar y Grondona, 2013). Así, los reportes publicados sobre los relevamientos del costo de vida confeccionados durante la década de 1930 fueron recuperados desde la historia económica (Marshall, 1981) para analizar los ingresos obreros, mientras que, desde la historia de la producción de los saberes estatales, se han estudiado sus fundamentos técnicos como clave para comprender la relación entre ciencias sociales y política pública (Otero, 2011; González Bollo, 2014). Asimismo, se han recuperado sus componentes básicos para desandar la construcción de la información y reconstituirla con renovada rigurosidad (Lanata Briones, 2020).
En 1935 el Departamento Nacional del Trabajo publicó el reporte titulado “Costo de la vida. Presupuestos Familiares” para el que relevo los datos de trabajadores divididos en dos grupos: “obreros” y “empleados”. Estos debían estar casados, sin hijos o con hijos menores de 14 años (límite legal para el trabajo) y saber escribir. Se distribuyeron entre ellos libretas donde debían registrar sus ingresos y consumos (Departamento Nacional de Trabajo, 1935). La sistematización de esta información permitió confeccionar un presupuesto base cuyos precios se actualizarían periódicamente. Los datos obtenidos se publicaron en sucesivos reportes en los que se analizaban las “Condiciones de vida de la familia obrera” (Departamento Nacional de Trabajo, 1937) y se determinaba la “capacidad de consumo” de cada composición familiar. La oscilación del poder de compra en función de la evolución de los precios del conjunto de artículos definidos en el “presupuesto de la familia obrera” (algo similar a lo que hoy entendemos por canasta de consumos familiares) concitaba especial interés político en la disputa por la determinación del salario.
Una mirada con perspectiva de género sobre la construcción de la información ilumina los modos concretos en los que, para la estadística estatal, se delimitaban las relaciones entre los trabajadores y sus familias. Así, la composición de la unidad relevada iba de un matrimonio sin hijos a la “familia tipo” compuesta por padre, madre y al menos tres hijos. Aquellas familias que obtenían ingresos menores a los necesarios para solventar un presupuesto promedio eran consideradas en “déficit”, o sea con dificultades para adquirir el conjunto de productos relevado. Sin embargo, a los efectos de tal determinación, la estadística oficial solo consideraba los ingresos provenientes de los trabajadores varones (bajo la figura del “marido”). La justificación de tal decisión metodológica se basaba en la necesidad de sostener la comparabilidad con estudios semejantes y en otorgar la prioridad al agrupamiento “familia” para construir la unidad de relevamiento. Es posible así interpretar que aquellas unidades domésticas consideradas “en déficit”, no registraban los aportes de las mujeres y los niños al sostenimiento cotidiano.
El análisis de estos materiales de archivo revela la composición de los hogares, la existencia de relaciones jerárquicas entre sus integrantes y la distribución de sus gastos en rubros específicos. Asimismo, abre interrogantes sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, su aporte a la economía familiar, su consideración como responsables administradoras de los ingresos y gastos, así como también sobre el lugar del trabajo de los niños en la obtención de recursos. A la vez, ilumina la estabilidad a lo largo del tiempo de la concepción de familia nuclear en la estadística pública y la variabilidad de la composición histórica y cultural de los consumos considerados a la hora de definir la relación entre salario y necesidades bajo la forma de presupuestos familiares.
Esta objetivación de los hogares circunscribe y organiza una superficie de intervención estatal sobre la fuerza de trabajo, al tiempo que traza las fronteras entre trabajo y no trabajo. La construcción de los datos estadísticos permite observar la configuración del rol del “varón proveedor” y de los ingresos de las trabajadoras como complementarios y/o estacionales. De este modo, definir el objeto de indagación desde una perspectiva de género me permitió considerar en los informes estadísticos del Departamento Nacional de Trabajo no solo las cifras relevadas sobre salarios y gastos, sino también los iniciales modos en que los diagnósticos y acciones del Estado registraban los hogares a través de las herramientas con las que éste disponía (y dispone) para hacer inteligible y orientar pautas de acción sobre lo doméstico.
Dilemas del desarrollo
El objetivo de la segunda experiencia de investigación que aquí presento fue rastrear, desde una perspectiva de género, los modos en los que se conceptualizó la relación entre el ámbito de la producción y lo doméstico o reproductivo en la circulación de saberes expertos acerca del desarrollo. El período 1960-1975 fue especialmente prolífico en los estudios y debates, que, desde las ciencias sociales, especialmente la economía y la sociología, tenían por objetivo estudiar las condiciones de posibilidad del desarrollo en la región. A grandes rasgos se asimilaba tal proceso con el crecimiento económico producto de la industrialización con el consiguiente crecimiento de la urbanización y las migraciones de la población desde los ámbitos rurales hacia las ciudades cuya asimilación suponía una “modernización” cultural (Peet y Hartwick, 1999, Aguilar, 2020).
Para ello, examiné una serie de documentos publicados por celade y cepal, instituciones que condensan la circulación de discusiones sobre desarrollo en América Latina. Este trabajo me permitió observar cómo lo doméstico aparece asociado a la problematización de la “cuestión de la mujer en el desarrollo” y se modifica a lo largo del período estudiado. Si en los iniciales informes técnicos el eje analítico era su “participación económica” -entendida como inserción en el trabajo remunerado extradoméstico- y la planificación demográfica, hacia mediados de la década de 1970 la discusión adquiere una perspectiva de corte histórico estructuralista que presentaba la desigual posición de las mujeres en la sociedad de clases en América Latina, su heterogeneidad constitutiva como grupo social y los desafíos político-culturales que enfrentaba su efectiva integración en el marco del estilo de desarrollo predominante definido por su carácter capitalista y dependiente (Aguilar, 2020).
Desde el celade, con un marcado interés demográfico, la pregunta por el rol de las mujeres en los procesos de desarrollo acompañaba la inquietud por la previsión de sus conductas reproductivas y migratorias asociadas a la necesidad de planificar la disponibilidad de fuerza de trabajo. O, expresado, en otros términos, la pregunta por cuáles eran las dinámicas poblacionales que unían o que permitían enlazar la fecundidad con el mercado de trabajo, especialmente el trabajo urbano (Miró, 2009). Esta discusión circulaba además en el marco del diagnóstico de un crecimiento poblacional desmesurado cuya interpretación estaba en disputa (Felitti, 2012).
Así, los reportes producidos sobre la composición de la población económicamente activa (pea) en América Latina se interrogaban por las causas que promovían o desalentaban el trabajo femenino extra doméstico al tiempo que esbozaban algunas hipótesis sobre su dinámica a futuro. La supuesta “estabilidad” de los factores que afectaban el comportamiento de la oferta mano de obra masculina era comparada con la multiplicidad de situaciones asociadas al concepto de “ciclo vital” a las que estaba sujeta la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo urbano, y por ende, en el desarrollo económico y social. Las explicaciones entrelazaban factores sociales y culturales relacionados con el carácter “tradicional” de las sociedades latinoamericanas en términos de organización familiar y roles de género y falta de educación para la inserción laboral en las áreas urbanas, industriales y “modernas” (Van den Boomen, 1963; Elizaga, 1964, 1977; Rothmann, 1972).
La opacidad de lo doméstico para el análisis económico se presentaba como una dificultad metodológica. La información censal sobre la población a estudiar era limitada. Esto se expresaba en la dificultad de captación del trabajo relevado como de “ayuda familiar” y la lábil definición de las mujeres como “activas” o “inactivas” a la hora de cuantificar la pea desde la perspectiva del mercado de trabajo remunerado. Esto generaba un subregistro de aquellas tareas informales como la venta callejera o la producción artesanal doméstica a tiempo parcial, que además eran consideradas “tradicionales” por los estudios y, por ende, reforzaban la lectura de la baja participación de las mujeres en la economía urbana, moderna o de servicios asociados a la industria (Rechinni de Lattes y Wainerman, 1979, 1981; Queirolo, 2019). Cabe destacar que la organización doméstica y el estado civil eran considerados como una clave explicativa de la baja participación económica, debido a la asociación entre la presencia de hijos a cargo y las posibilidades que las trabajadoras tenían (o no) de garantizar su cuidado, dificultad que se agravaba en las migrantes recientes.
Hacia 1975 un conjunto de especialistas convocados por cepal redactó los informes preparatorios para un seminario1 sobre lo que dieron en llamar la “integración de la mujer al desarrollo” que, de acuerdo con su conceptualización, iba más allá de la mera participación en el mercado de trabajo (Wolfe, 1975). En el contexto de un debate internacional en expansión sobre la condición de las mujeres y la definición de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas como el inicio de la Década Internacional de la Mujer, el desafío de la cepal era la traducción teórica y política de esta agenda internacional a las condiciones históricas específicas de la realidad latinoamericana. El análisis de la información disponible desde una mirada histórico estructural complejizó las discusiones respecto de la asociación entre la llamada “participación económica”, género y desigualdad social, y el carácter histórico y heterogéneo de “La Mujer” (tal era la expresión utilizada, en singular) para pensar en sus condiciones de subalternidad (Aguilar, 2020).
En este contexto, el reconocimiento del lugar estructural de la diferencia sexual para comprender la desigualdad social se presentaba como un elemento novedoso respecto de las formulaciones de corte demográfico que predominaban en el análisis pocos años antes (Graciarena, 1975). El desafío de la “integración de la mujer al desarrollo” involucraba así una mirada compleja sobre los procesos de producción y reproducción de la vida social. Desde posiciones marcadas por el debate de los “estilos de desarrollo” se afirmaba que el reclamo formulado en términos de “participación económica” ocultaba el hecho de que las mujeres efectivamente formaban parte de ella con su trabajo no remunerado de modos no captables por las estadísticas ni contemplados en los análisis demográficos (Wolfe, 1975). En este sentido, la efectiva transformación de su condición subalterna en la participación económica suponía revisar profundamente el estilo de desarrollo en curso, es decir, la totalidad de las relaciones de producción distribución y consumo. Por lo tanto, a nivel de las políticas públicas, sería preciso entonces contar con información clara sobre la participación visible e invisible de las mujeres en la fuerza de trabajo y sus dinámicas, además de estudiar los factores ideológicos que legitimaban su posición operando como mecanismos extraeconómicos de explotación (De Barbieri, 1975).
La revisión con perspectiva de género de la producción de celade y cepal permite incorporar otros tópicos al análisis de los debates sobre el desarrollo económico y social, que problematizan el comportamiento y composición de la fuerza de trabajo y tienen especial relevancia para el estudio de las relaciones entre producción y reproducción en América Latina. Así, es posible acceder a sus reportes, no sólo como una fuente de datos respecto de la dinámica productiva o poblacional, sino para incorporar sus conceptualizaciones a la escritura de una historia del presente. Sus discusiones aún resuenan en los debates contemporáneos sobre el reconocimiento del trabajo no remunerado, la organización de las tareas reproductivas, la participación de las mujeres en la vida económica o el subregistro de la economía informal urbana.
A modo de cierre
A partir de la convocatoria de H-Industri@, me propuse en este escrito explorar los aportes posibles de la perspectiva de género al campo de estudios históricos sobre la industria y los servicios, al tiempo que sistematizar las consecuencias prácticas que conlleva dicha perspectiva para el proceso de investigación. Asimismo, revisé aspectos de dos experiencias de indagación recientes en las que sostener tal perspectiva tuvo consecuencias tanto para la construcción de los objetos a estudiar como para la conformación del corpus documental y su análisis.
En primer lugar, la formulación de los límites del hogar en el registro de la actividad económica a partir de interrogantes sobre la relación entre recursos y gastos, los modos en que se configura el ámbito doméstico para la representación estadística, sus relaciones y jerarquías. Un análisis que me permitió cruzar la frontera entre lo público y lo privado, para repensar la producción de la información estatal con perspectiva de género. En segundo lugar, revisé las conceptualizaciones sobre la relación entre mujeres y desarrollo en los debates expertos producidos en el marco de la celade/cepal entre 1960-1975 para recuperar los iniciales diagnósticos expertos sobre las características de su participación económica e integración a los procesos de transformación socioeconómica en curso.
Si bien remiten al estudio del pasado, los interrogantes que incitan ambos estudios resuenan en discusiones de creciente actualidad. ¿Cómo se registra la actividad económica de la vida cotidiana? ¿Cuál es su aporte a la producción de riqueza? ¿De qué modos estas definiciones se traducen en políticas públicas e intervenciones sociales del Estado? ¿Cuál es la relación entre el ámbito de la producción y la reproducción social en distintos estilos de desarrollo? ¿Cuáles son las herramientas metodológicas que permiten captar su complejidad? ¿De qué modos condiciona la participación de las distintas identidades sexo genéricas en la vida económica? ¿Cómo se ha transformado a lo largo del tiempo?
En términos académicos y, por tanto, políticos, la adopción de una perspectiva crítica de género amplía las potencialidades de la investigación, y con ello, la búsqueda de nuevas estrategias para la circulación de los conocimientos que garanticen un diálogo interdisciplinario. La organización de paneles específicos en jornadas y congresos donde el análisis histórico generizado no es lo habitual constituye un importante primer paso. Sin embargo, es preciso promover el intercambio constructivo entre distintas historiografías como objetivo fundamental para la incorporación transversal de una perspectiva de género y feminista al quehacer de la investigación histórica en sus distintas áreas temáticas. Abordar esta complejidad requiere sin duda un trabajo colectivo.
Por último, considero que un desafío creciente y poco abordado es aquel que nos impone romper con la heteronormatividad en los análisis del mundo del trabajo relacionado con la producción industrial, empresas y servicios. Es fundamental ampliar la perspectiva, estudiar la composición de la fuerza de trabajo por fuera de los cánones binarios de varones y mujeres, tanto para conocer sus dinámicas actuales como para producir conocimiento que impulse políticas específicas. Iniciativas recientes como la discriminación positiva en los directorios de empresas o la aprobación creciente del cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero requieren nuevas formas del conocimiento crítico y situado. Historias aun no contadas de tareas y actividades económicas nos esperan. La producción histórica sobre la industria y los servicios con una perspectiva crítica de género podrá ser, así, un insumo fundamental para la implementación de políticas públicas en este sentido y una contribución clave para comprender los debates acerca del futuro de la producción y el trabajo.
Fuentes
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1 El “Seminario Regional para América Latina sobre la integración de la Mujer en el Desarrollo, con especial referencia a los factores demográficos” fue realizado en la Ciudad de Caracas, Venezuela en 1975.