Introducción

La producción azucarera es una de las agroindustrias más importantes de la provincia de Salta. Las empresas San Martín del Tabacal y San Isidro, que concentran la totalidad de la producción provincial de azúcar, tuvieron desde principios del siglo xx un rol relevante tanto desde lo económico como desde lo político. En primer lugar, fueron grandes demandantes de fuerza de trabajo local, razón por la cual, la vida de las localidades en las que ambas compañías estaban radicadas giraba en torno a las mismas. Mientras que, en segundo lugar, sus dueños eran miembros de familias emparentadas entre sí y que durante gran parte del siglo xx ocuparon cargos en la función pública. Es decir que, por un lado, sus roles como articuladores sociales y económicos dotaban a estas empresas de un fuerte poder de negociación con el Estado provincial. Y por otro, la inserción de sus dueños dentro de la estructura administrativa estatal les permitió utilizar al Estado como un instrumento al servicio de sus propios negocios.

El presente artículo se propone analizar una estrategia de negocios que podemos ubicar a fines del siglo pasado, la cual consiste en captar parte del ahorro interno mediante procesos de estatización y reprivatización de grandes empresas pertenecientes a las cadenas productivas articuladoras de las economías provinciales. Nuestro foco de atención estará puesto en los procesos de reestructuraciones que tuvieron lugar en los dos ingenios azucareros de la provincia de Salta durante la década de 1990, período de tiempo en el que ambas empresas atravesaron procesos de quiebras para posteriormente ser vendidas, una de ellas a capitales extranjeros.

Lo interesante de los casos a analizar es que las limitaciones que tenían estas empresas a la hora de expandir sus negocios fueron los argumentos esenciales de los cuales se valieron una y otra vez sus propietarios para obtener todo tipo de ayuda estatal. De esta manera, se planteaba la situación de que en los momentos en que la actividad industrial era poco rentable por cuestiones de mercado, para sus dueños se abría la posibilidad obtener ganancias a partir de negocios con el Estado.

Nuestro planteo es que esta mecánica constituiría entonces una modalidad particular de rentabilidad empresarial en donde el principal eje de negocio no está en el proceso productivo mismo, sino en la relación política entre grupos económicos y Estado. Es así como estas compañías a la vez que explotaban su fuerza de trabajo pudieron sobrevivir principalmente gracias a los artificios estatales que les permitieron absorber recursos de otros sectores.

Entendemos que la combinación de negocios con poder político que observamos en las trayectorias de estas empresas cobró una nueva dimensión a partir de los cambios que tuvieron lugar en el capitalismo argentino en la década de 1970. Es decir que si bien, como daremos cuenta en un primer momento, las relaciones entre los dueños de los ingenios con los gobiernos nacional y provincial fueron una constante, así como los cierres y aperturas de las empresas tampoco eran una novedad, lo que sí fue original en la década de 1990 fue que las maniobras llevadas adelante por sus dueños se insertaron dentro del cuadro más general de la economía argentina post-dictadura militar de 1976.

Hacemos referencia concretamente a un nuevo patrón de acumulación que algunos autores llaman proceso de financiarización o valorización financiera (Basualdo, 2013; Santarcángelo y Fal, 2010) cuya característica es la especulación en instrumentos financieros por sobre la inversiones industriales o productivas. No obstante, a partir de lo que exponen los casos que aquí planteamos, la primacía de la especulación por sobre la producción permeó la totalidad de las actividades económicas del país.

En Argentina este modelo inició con la Dictadura Militar de 1976, y tuvo su segundo momento de auge con los gobiernos democráticos de Carlos Menem en la década de 1990 (Basualdo, 2000). En este sentido, entre las políticas llevadas adelante por el gobierno de Menem podemos destacar los procesos de privatización de empresas públicas, así como el cierre de grandes compañías producto de las políticas desfavorables a la inversión industrial (Azpiazu y otros, 2002).

En el plano discusivo, este nuevo patrón de acumulación apalancó la llamada reducción del Estado. Esto es, reducir al máximo la intervención estatal en la economía, y que sea el mercado el que regule a los agentes económico (Rapoport, 2020). De esta manera, solo los más eficientes y productivos sobrevivirían y dotarían de dinamismo a la economía argentina.

Ahora bien, los préstamos públicos a modo de salvatajes económicos a los ingenios azucareros, así como el posterior rescate de los activos privados por parte del Estado, vuelven a este trabajo más interesante en el sentido que expone justamente dos contradicciones importantes de este discurso. Por un lado, es el grado de influencia política de un sector de los empresarios locales lo que garantiza una parte de sus negocios y su rentabilidad. Esto interpela de manera directa el discurso de minimizar el rol del Estado como regulador de la economía, ya que seguimos en presencia de un Estado que interviene decididamente en las medidas económicas. En todo caso, lo que existe es más bien una redefinición de su papel dentro de la distribución del ingreso.

Por otro lado, deseamos remarcar la paradoja de las privatizaciones de la década 1990, ya que mientras el Estado nacional vendía gran parte de las empresas públicas con el pretexto del gasto que estas implicaban al erario nacional, al mismo tiempo estatizaba empresas privadas como formas de salvataje de determinados grupos empresarios locales.

Si bien, como veremos en este trabajo, también en el contexto de los préstamos del Estado a las empresas azucareras salteñas existieron maniobras especulativas con bonos estatales, el punto nodal de nuestro planteo es que la estrategia de negocios que encontraron los propietarios de los ingenios azucareros en un momento de crisis no fue ampliar la inversión o vender directamente las firmas, sino que se optó por trasladar al Estado la responsabilidad de hacerse cargo de las deudas y luego llevar a cabo la venta. En otras palabras, el sector público cargó con el pasivo privado mientras que el ingreso por las ventas quedó en manos del sector empresario.

Entre los principales estudios de referencia sobre nuestro planteo encontramos los trabajos de Schvarzer (1996), Gresores (2003) y Rougier (2003). Schvarzer (1996) analiza las principales trasformaciones que tuvieron lugar en la industria argentina durante la década de 1960, y compara la situación de empresas tradicionales como los ingenios azucareros y los frigoríficos con los cambios productivos que introdujeron las empresas extranjeras en sectores de la industria como el automotriz y el petroquímico. El planteo del autor es que debido a las deficiencias técnicas y productivas que presentaban en general los ingenios azucareros y los frigoríficos, estas empresas solo podían “ser rentables en la medida en que pudieran imponer su voluntad sobre el mercado” (Schvarzer, 1996:231).

Por su parte, Gresores (2003) estudia los casos puntuales de los frigoríficos Swift de Berisso y Santa Elena, y describe cómo los grupos económicos locales que controlaban ambas empresas utilizaron los préstamos estatales para obtener ganancias sin que existiese un correlato en inversiones significativas en las plantas de producción. Mientras que el trabajo de Rougier (2003) también estudia la industria frigorífica a partir del caso de fasa en la década de 1970, e indaga en las razones por las cuales el Estado decidió financiar a una empresa que dentro del contexto de las políticas de promoción industrial de la época no constituía un sector clave.

En lo que refiere a las transformaciones en la economía argentina a partir del golpe de Estado de 1976, en la mayoría de los trabajos existe un consenso sobre la consolidación a partir de dicho momento de un patrón de acumulación de capital en Argentina en el cual la especulación en instrumentos financieros prevaleció por sobre el desarrollo industrial (Basulado, 2013; Forcinito y Tolón Estarelles, 2009). La contraparte de esto fue un fuerte proceso de desindustrialización, el cual algunos autores caracterizan más bien como un proceso selectivo (Belini, 2017; Belini y Rougier, 2008).^{^[2]} Es decir que si bien a partir de la década de 1970 en Argentina se produjo un declive de la actividad industrial en general, empresas de determinados sectores de la industria resultaron fortalecidas a partir de una mayor concentración de la producción (Basualdo, 2003; Kulfas, 2001; Schorr, 2012). En este sentido, existen también diversas investigaciones que dan cuenta de los grupos económicos a los cuales pertenecían dichas compañías, y cómo estos lograron ganar mayor influencia política y económica en Argentina a partir de los años ‘70 (Castellani, 2002, 2006 y 2007; Basualdo, 2004; Ortiz y Schorr, 2006).

Los gobiernos de Carlos Saúl Menem en la década de 1990 no solo no modificaron el proceso de acumulación basado en la especulación financiera, sino que además avanzaron aún más en los procesos de privatizaciones de activos públicos (Basualdo, 2000). Las ventas de las empresas estatales operaron como garantía de la emisión de deuda del Estado argentino, con lo cual su enajenación permitió al gobierno sostener el ciclo de endeudamiento y a los grupos económicos locales y extranjeros continuar con el giro de divisas al exterior (Castellani y Schorr, 2004; Kulfas y Schorr, 2006).

En este trabajo nos proponemos en cambio, estudiar cómo en el sector privado también se procedió al desguace de empresas bajo una dinámica inversa a la de la enajenación de los activos del Estado. Es decir que en el caso de las empresas estatales se las vendía mientras que en el de las empresas privadas se las estatizaba. Entendemos que este es uno de los principales aportes de nuestra investigación, la cual apunta también, por un lado, a llenar un vacío existente en la historiografía salteña, y por otro a brindar elementos para estudiar las trasformaciones socioeconómicas en las economías regionales en la segunda mitad del siglo xx.

De las investigaciones sobre la industria azucarera salteña que analizan los vínculos entre las familias propietarias de los ingenios y la política provincial a principios del siglo xx, podemos mencionar los trabajos de Michel y Savic (2002) y Justiniano (2005). Para la segunda mitad del siglo xx existen trabajos que abordan temáticas más variadas, como por ejemplo la relación de los empresarios azucareros con los sindicatos durante la primera etapa de gobierno de Juan Domingo Perón (Michel y Burgos, 2005), investigaciones sobre las poblaciones campesinas y su trabajado en la zafra (Greco, 2014, Hocsman, 2003), y un estudio sobre la producción de azúcar y la producción de biocombustibles en la provincia (Moreno y Serrano, 2014). Es decir que todavía restan por indagar sobre los cambios que tuvieron lugar en las empresas azucareras salteñas en los últimos años 30 años del siglo pasado.^{^[3]}

En lo que refiere a las fuentes y la metodología del trabajo debemos mencionar que las publicaciones periodísticas e informes de organismos estatales vinculados a la industria azucarera salteña nos permitieron, por un lado construir una cronología de los ingenios para situar las crisis, quiebras y ventas en el contexto de los cambios en la política y la economía nacional y provincial durante la década de 1990, y por otro, suplir en parte el no poder contar con la documentación directa de los balances contables de las empresas. En lo que refiere a los datos cuantitativos, los montos de los préstamos estatales así como las situaciones patrimoniales de los ingenios al momento de producirse las ventas, fueron publicados en periódicos de circulación provincial y nacional. Mientras que los informes de organismos estatales nos aportaron datos sobre los niveles de producción, los cambios en el mercado nacional del azúcar y el estado de situación de la infraestructura de los ingenios hasta la década de 1990. Para analizar las relaciones entre los empresarios azucareros salteños y el Estado se tuvieron en cuenta los vínculos tanto familiares como políticos de los propietarios de los ingenios con los funcionarios del gobierno provincial.

Azúcar y negocios en la provincia de Salta. Una vieja historia

En la provincia de Salta la producción azucarera se concentra en dos empresas: el Ingenio San Isidro y el Ingenio San Martin del Tabacal. Este último es el de mayor preponderancia económica dentro de la provincia, mientras que el primero es el más antiguo del país.

San Isidro tiene sus orígenes en la hacienda del mismo nombre entregada en el siglo xviii mediante mercedes reales al coronel Juan Adrián Fernández Cornejo, que fue quien inició el cultivo de la caña en la provincia de Salta. Fueron sus nietos Gregorio Antonio, Adrián y Juan Nepomuceno, quienes ya en el siglo xix iniciaron el proceso de construcción del Ingenio Azucarero (Michel y Savic, 2002). Durante el siglo xx la composición de las acciones del Ingenio San Isidro se modificó producto de las distintas alianzas matrimoniales y económicas de la familia Cornejo, que mantuvo la mayoría accionaria de la empresa hasta su venta definitiva en la década de 1990.

El Ingenio San Martín del Tabacal se fundó a principios del siglo xx a partir de la sociedad comercial entre Robustiano Patrón Costas, con Pedro Bercetche y Pedro Mosoteguy. La empresa inició sus actividades en 1918, y ese mismo año Patrón Costas logró de parte de su pariente político y gobernador de la provincia de Salta, el Dr. Abraham Cornejo Peralta, miembro a su vez de la familia propietaria del Ingenio San Isidro, la sanción de la ley no. 999 que eximía de impuestos provinciales a los ingenios azucareros salteños. A este beneficio impositivo debemos agregar que merced de las alianzas comerciales e influencia política de Patrón Costas, San Martín del Tabacal también logró recibir créditos en sus primeros años por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Español (Newland, 2020).

Otro ejemplo de los beneficios que estos miembros de la elite provincial lograron en función de su inserción política, fue la venta fraudulenta del Ingenio Tabacal en 1943. La maniobra consistió en realizar un traspaso ficticio que sirvió para liquidar el pasivo y evadir impuestos adeudados, aunque finalmente la titularidad quedó en mano de los mismos dueños (Michel y Burgos, 2005). El funcionario judicial que tuvo a su cargo el proceso de venta fue el Fiscal provincial Dr. Lucio Alfredo Cornejo Linares,^{^[4]} miembro además de la familia propietaria del San Isidro.

En cuanto a los aspectos productivos, ambas empresas iniciaron en los años sesenta un proceso de mecanización de las tareas de la zafra que mejoró sus niveles de producción. Concretamente, en 1960 Ingenio San Isidro producía alrededor de 9000 toneladas de azúcar e Ingenio San Martin del Tabacal cerca de 65000 toneladas, y ya para 1972 la producción de azúcar era aproximadamente 20000 toneladas en el Ingenio San Isidro y 100000 toneladas para el caso del Ingenio San Martín del Tabacal.^{^[5]} El incremento en sus producciones de azúcar les permitió a su vez a estas empresas aumentar su participación en el mercado interno, y aprovechar también el cierre de los ingenios tucumanos que se produjeron durante el gobierno de facto del Gral. Juan Carlos Onganía. La participación de los ingenios azucareros salteños en el mercado interno pasó de alrededor del 7% en 1965 a cerca del 11% en la década de 1970.^{^[6]}

Cuadro 1: Decretos Nacionales de Promoción Industrial para la provincia de Salta, década de 1960

Decreto	Firma	Actividad	usd (miles)	m$n (millones)
4215/64	Ing. San Martin	Ingenio Azucarero	1700,0	-
7831/64	Bioquímica	Extracción bórax	33,0	-
3815/66	Ing. San Martin	Jugos cítricos y aceites	400,00	-
6630/68	Sil.filo. s.a.	Perlita expandida	24,80	142,9
2563/68	Ing. San Martin	Empaque fruta cítrica	-	180,0
			2157,8	322,9

Fuente: Consejo Federal de Inversiones (1970). Revisión y adecuación de la legislación vigente en materia de promoción industrial y comercial de la provincia de Salta.

Durante la década de 1960, la etapa de los gobiernos nacionales que llevaron adelante políticas desarrollistas, el Ingenio San Martín del Tabacal obtuvo tres préstamos estatales con los que construyó una represa hidroeléctrica en tierras del ingenio, y diversificó además su producción con la instalación de una planta para la producción de cítricos.

Vemos cómo los dos ingenios azucareros a lo largo del siglo xx resultaron beneficiados no solo con políticas públicas de los distintos gobiernos, sino que también esto les posibilitó tener buenos niveles de actividad económica. Todo lo cual indicaba un camino totalmente distinto del que ambos siguieron en los años posteriores.

La desregulación de la actividad azucarera durante la década de 1990 y sus consecuencias

La industria azucarera argentina fue una actividad que tuvo una fuerte intervención del Estado nacional desde finales del siglo xix (Guy, 2010, Pucci, 1991). Al menos hasta 1990 podemos decir que los ejes centrales de las políticas para el sector se centraron, por un lado, en la protección de la producción interna mediante aranceles a la importación. Y, por otro lado, en la regulación de la producción de los ingenios, debido a que las recurrentes sobreofertas de azúcar provocaban crisis de sobreproducción que afectaban al conjunto del complejo agroindustrial.^{^[7]}

En este sentido, el último antecedente de la desregulación de la actividad de la década de 1990 fue la ley 19597 del año 1972. Este marco regulatorio se estableció como consecuencia de la crisis de sobreproducción de los años anteriores y que desembocó en el Operativo Tucumán durante la presidencia de facto del Gral. Juan Carlos Onganía. La ley establecía como puntos principales la creación del Fondo Nacional Azucarero (entre sus objetivos estaba fomentar la investigación y tecnificación de la actividad en su conjunto), la determinación de cupos a la producción interna de acuerdo a los niveles de consumo (para poner fin a las crisis de sobreoferta), prohibición de instalar nuevos ingenios por diez años, fijación de los precios de la caña (posteriormente se modificó por el régimen de maquila en el año 1985),^{^[8]} arancel del 22% para la importación de azúcar, y flexibilidad para los ingenios azucareros en el acceso al crédito oficial.^{^[9]} Como veremos a continuación, esto cambió drásticamente con las políticas económicas de inicios de 1991.

Al asumir Carlos Menem su primera presidencia en el año 1989, la economía de Argentina atravesaba un proceso de desindustrialización, fuga de capitales, reducción de las fuerzas productivas nacionales, hiperinflación, y un fuerte deterioro en el ingreso de los sectores asalariados (Santarcángelo y Fal, 2010). Sin embargo, el plan económico que encaró el nuevo presidente de la Nación no hizo más que profundizar dicha situación. Entre las primeras medidas que tomó en su gobierno podemos mencionar las reformas estructurales del Estado nacional, las cuales incluyeron la desregulación económica de diversos mercados, entre ellos, el azúcar, liberalización comercial y financiera, privatizaciones de empresas nacionales, y el llamado Plan de Convertibilidad que establecía la paridad del peso con el dólar (Basualdo, 2013).

En el caso específico del mercado azucarero, el Decreto Nacional 2284 de Desregulación Económica derogó el régimen de maquila que se estableció en 1985, disolvió el Fondo Azucarero y la Dirección Nacional del Azúcar, organismo que regulaba la actividad del sector, y liberó la importación de azúcar como también permitió realizar libremente el cultivo, la cosecha e industrialización de la caña en el país.

La justificación que esgrimió el gobierno para esta medida fue la ineficiencia productiva de la cadena azucarera argentina, la cual, señalaba, era aún más gravitante en el sector primario de pequeños productores de caña. Según los técnicos de las distintas áreas del Estado nacional encargadas de la actividad económica, los cañeros argentinos no eran competitivos en relación a sus pares de otros países. A esto se debía agregar que el ingreso del país al mercosur situaba al complejo azucarero argentino en competencia directa con Brasil, uno de los principales productores del rubro a nivel mundial. La consecuencia de la desregulación del mercado del azúcar fue una crisis del sector, entre sus causas estaban principalmente la sobreoferta y las deudas, que, junto con una caída del precio a nivel internacional, hicieron que varios ingenios entraran en proceso de quiebra y muchos pequeños productores tuvieran que dejar la actividad (Moreno y Serrano, 2014).

En este punto es donde se debe centrar la atención para poder comprender lo que sucedió con los ingenios ubicados en la provincia de Salta. En primer lugar, porque debido a la integración vertical que presenta la industria azucarera en la provincia –tengamos en cuenta que los ingenios se abastecen de caña de azúcar producidas en tierras propias– deberían tener, en teoría, ventajas económicas en comparación con la producción tucumana donde la mayoría de las empresas compran la caña a pequeños productores (Campi, Moyano y Teruel, 2017). Es decir que, al reducir parte de los costos de producción de la caña, los ingenios salteños a lo largo de su historia estuvieron en condiciones de obtener buenos márgenes de rentabilidad en relación con algunos ingenios de la provincia de Tucumán. Y en segundo lugar, porque ambas empresas provinciales, y en especial el Ingenio San Martín del Tabacal, contaban con una producción diversificada y con mayores niveles de tecnología en relación a otras empresas del mismo rubro.^{^[10]}

En otras palabras, si la política del gobierno nacional implicaba que las empresas más eficientes de cada sector sobrevivieran, mientras que las que no pudieran hacerlo atravesaran un proceso de reconversión productiva, tanto el Ingenio San Isidro como el Ingenio Tabacal estaban en condiciones de mantenerse en la actividad azucarera. Sin embargo, no fue esto lo que sucedió, y para 1992 ambos se encontraban en proceso de convocatoria de acreedores.

Desde el punto de vista de los propietarios de los ingenios, las crisis de sus empresas se debieron a la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores, entre los que se encontraban principalmente los organismos estatales de crédito.^{^[11]} Lo que sumado a la caída del precio internacional del azúcar, y las modificaciones en los convenios de venta con países como Estados Unidos, provocaron que ambas empresas entraran en cesación de pagos y se procediera a la suspensión del personal de planta.

El primero en declararse en emergencia económica a inicios de 1991 fue el Ingenio San Martín del Tabacal, y posteriormente hizo lo propio el Ingenio San Isidro. Como ambos ingenios debían los sueldos correspondientes a los últimos meses del año 1990 más el aguinaldo de diciembre, los sindicatos de los trabajadores convocaron en el mes de enero a un paro en sus actividades, que incluyó un corte de ruta en la localidad de Orán, departamento donde está ubicado el Ingenio Tabacal.^{^[12]}

Por tratarse de una de las principales actividades industriales de la provincia, más la inminente posibilidad de un conflicto social, el gobierno provincial intervino en la crisis de las dos empresas. No obstante, como analizaremos a continuación, esta participación fue nuevamente a favor de los empresarios.

La ayuda estatal en un contexto de especulación con bonos provinciales

Ante la crisis económica que atravesaban los ingenios azucareros de Salta, el gobernador de la provincia, Hernán Cornejo,^{^[13]} por intermedio del Banco de la Provincia de Salta, solicitó una ayuda económica para ambas empresas. Sin embargo, como esta entidad no contaba con los fondos necesarios, su presidente recurrió al Banco de la Nación para que hiciera efectiva dicha ayuda.

Luego de una serie de negociaciones, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó la operación por el monto de usd 5.000.000 a repartirse entre las dos empresas y, a cambio, la provincia de Salta otorgó como garantía del empréstito sus fondos de coparticipación. El dinero llegó a las arcas provinciales en los primeros días de febrero de 1991 y se lo giró a las empresas azucareras.^{^[14]} Parte del mismo, según exponen las crónicas periodísticas de esos días, se utilizó para el pago a los trabajadores, ya que estos levantaron las medidas de fuerzas que llevaban adelante.^{^[15]}

A pesar de la recepción del dinero para hacer frente a sus deudas, un mes después, la junta directiva de Ingenio San Martín del Tabacal declaró a la empresa en convocatoria de acreedores. Entre los motivos esgrimidos por los directivos de la empresa se mencionan la falta de financiamiento para poder llevar adelante la zafra, la habilitación por parte del gobierno nacional para importar azúcar y el deterioro de los precios internacionales.^{^[16]} En palabras de uno de los miembros de la junta directiva de la empresa, “la falta de oxígeno financiero obligó a los ingenios a buscar fuentes de financiamiento por todos lados. Los medios que tuvimos a nuestro alcance fueron créditos en el mercado local y la financiación de exportaciones”.^{^[17]} En este sentido, según señala el directivo en la nota, hubo tratativas con un cliente del exterior (no menciona el nombre) para la venta de azúcar por el período 1991/93, pero las negociaciones, sin aclarar los motivos, no llegaron a buen puerto.^{^[18]}

Al momento de declararse en convocatoria de acreedores, el Ingenio San Martín del Tabacal tenía un pasivo de usd 90.000.000 y un activo de usd 250.000.000. La mayoría de los acreedores eran organismos estatales, principalmente bancos y empresas del Estado.^{^[19]}

Mismo camino siguió el Ingenio San Isidro, ya que, un año después, en 1992, también entró en convocatoria de acreedores. Esta empresa, a diferencia de Tabacal, fue puesta en alquiler por sus dueños a diversas sociedades para su explotación durante 6 años. El último intento en este sentido fue la conformación de una cooperativa por parte de los trabajadores, los cuales con la finalidad de conservar sus puestos de trabajos solicitaron sin éxito en el año 1995 un nuevo préstamo para renovar la maquinaria de la empresa que estaba en completo estado de obsolescencia.^{^[20]}

A pesar de que ambas empresas recibieron el dinero por parte del Estado, procedieron a resolver su convocatoria de acreedores. Hasta aquí parecería una maniobra más dentro de las otras que tuvieron lugar en su historia y que mencionamos anteriormente. Sin embargo, por un lado, a diferencia de las ocasiones precedentes, en esta oportunidad estas empresas en los siguientes años cambiaron de dueños. Mientras que, por otro lado, nunca quedó del todo claro el destino que efectivamente se dio al dinero público. Antes de analizar el desenlace, detengámonos un momento en el contexto económico que atravesaba la provincia de Salta al momento en que los ingenios recibieron los préstamos estatales.

Como se explicó anteriormente, el menemismo continuó con el modelo de acumulación basado en la valorización financiera que inició la última dictadura militar (Basualdo, 2000), con lo cual la posibilidad de obtener ganancias en el mercado financiero por sobre el desarrollo industrial continuaba siendo una alternativa por parte de amplios sectores de los empresarios nacionales y extranjeros. En este sentido, lo primero que cabría preguntarse es qué función cumplió un préstamo de tan solo usd 5.000.000 para empresas cuyos sus pasivos excedían con creces ese monto. Además, si la decisión de declararse en convocatoria de acreedores parecía ya estar tomada –recordemos que, en el caso de Tabacal, la declaración vino tan solo un mes después de hacerse efectivo el préstamo y con un activo mayor a su pasivo– por qué contraer aún más deuda antes de esto.

Como consecuencia de la crisis económica que vivió el país en los primeros años de la presidencia de Menem, el gobierno de la provincia de Salta no contaba con el dinero necesario para afrontar, entre otras cosas, los pagos a los empleados estatales. Esto llevó a que el banco provincial tuviera que emitir bonos que cumplían la función del dinero que las arcas del Estado no tenían. Sin embargo, la escasa aceptación de este instrumento por parte de la mayoría de los locales comerciales de la provincia, más un contexto de alta inflación, hizo que a los meses de su emisión surgiera un mercado paralelo para la compra-venta de los bonos provinciales. Este mercado, a partir de una alta tasa de interés, permitía el acceso a los australes, en ese entonces moneda oficial nacional, de manera tal que todos aquellos que tenían acceso directo al dinero estaban en condiciones de obtener grandes ganancias comprando y vendiendo bonos en el mercado informal.

Al hablar de mercados paralelos resulta difícil tanto mensurar o captar con exactitud el movimiento total de fondos como determinar sus participantes. El gobierno de la provincia, encabezado entonces por un miembro de la familia propietaria del Ingenio San Isidro, tampoco intentó avanzar en una investigación con el fin de determinar los actores que estaban detrás de los movimientos especulativos, a pesar de que este desfasaje entre ingresos y emisión generó un problema para la conversión del bono en australes que al mismo tiempo era aprovechado por aquellos que tenían acceso directo al dinero. No obstante, a partir de las fuentes disponibles, aunque más no sea de manera parcial, podemos aportar elementos para comprender la magnitud de la especulación financiera. Según se señala en un artículo periodístico de esos años, la economía de la provincia de Salta tenía aproximadamente ingresos anuales por 140 millones de australes y gastos por aproximadamente el doble de ese monto, mientras que los bonos emitidos solo hasta el mes de enero de 1991 alcanzaban 210 millones de australes.^{^[21]} Los bonos provinciales pretendían cubrir parte de los gastos del Estado provincial, pero las dificultades que tenían para funcionar como medio de intercambio debido a su escasa aceptación más su masiva emisión, que duplicaba los ingresos estatales, alentaban tanto a los privados como al mismo gobierno a buscar formas de acceder al dinero oficial.

En este contexto de la economía provincial, el destino final que las empresas azucareras dieron al dinero público nunca quedó del todo claro y a pesar de la ayuda estatal ambos ingenios entraron en un proceso de declive y posteriormente fueron vendidos a nuevos dueños.

Vaciamiento y extranjerización

Jorge Schvarzer señaló que los ingenios azucareros –junto con otras empresas pertenecientes a los sectores de gráfica, textiles, metalmecánica y los frigoríficos (Gresores, 2003, Rougier, 2003)–, fueron ejemplos del llamado vaciamiento de empresas. La misma consistía en que “sus propietarios optaban por extraer el máximo posible de beneficios líquidos, antes de dejar la planta hipotecada a los acreedores o en manos del Estado ´benefactor´ que se hacía cargo para resolver los problemas de empleo” (1996:234).

En el caso concreto de las empresas San Isidro y San Martín del Tabacal, las maniobras de quiebras y ventas ocurridas durante la primera mitad del siglo xx tuvieron como finalidad evadir deudas para volver a abrir con otra razón social y con los mismos dueños. Sin embargo, el desenlace de lo que sucedió en la década de 1990 fue diferente, ya que ambos ingenios entraron en una etapa de desinversión y pasaron a manos de nuevos dueños, uno de ellos una empresa extranjera. El rol del Estado también cambió, debido a que mientras en la década de 1960 se otorgaron préstamos para inversiones productivas, en los años noventa directamente se asumió el pasivo de las empresas, pero para operar como garante de las ventas de los ingenios a nuevos dueños.

Desde el momento en que los ingenios salteños se declararon en convocatoria de acreedores, por el lapso de cinco años, las dos empresas continuaron funcionando pero en un estado de decadencia absoluta producto de la falta de inversión para la renovación de maquinarias. De hecho, como consecuencia de esto, en el caso de Ingenio San Isidro directamente hubo zafras que no se pudieron llevar adelante. De manera tal que cuando el negocio azucarero dejó de ser rentable, ambas compañías, antes de invertir, procedieron a declararse en quiebra.

El primero fue el Ingenio San Martín del Tabacal en el año 1996, y en su caso la estrategia que siguieron sus dueños consistió en transferir el 68% de sus acciones a los Estados provincial y nacional, dos de sus principales acreedores, para que estos luego llamasen a una licitación pública que permitiese el ingreso de capitales privados.^{^[22]} En palabras del gerente general de la empresa, Alejandro Patrón Costas, esta capitalización de deuda que hacía el ingenio con la garantía estatal, permitiría el ingreso de capitales extranjeros con los cuales ellos ya habían mantenido conversaciones, y que mostraron interés en invertir en la planta.^{^[23]}

En otras palabras, el ingenio se estatizó para luego nuevamente pasar a manos privadas, solo que esta vez quien compró la mayoría del paquete accionario de la empresa fue la multinacional norteamericana Seabord Corporation. Al momento de hacerse cargo del ingenio azucarero, la compañía procedió a un ajuste en el personal de obreros de planta.

Entre los factores que hicieron del Ingenio San Martín del Tabacal una empresa atractiva para el capital norteamericano, podemos mencionar sus aproximadamente 200.000 hectáreas de tierras, gran parte contando con agua para riego. Esto se debe a que el ingenio realizó, previo a las transformaciones de la década de 1990, una de las mayores obras para riego de toda Latinoamérica, y que representa el mayor caudal de agua dulce manejado por una empresa privada en el país. Finalmente, a todo esto debemos agregar que, al momento de su venta, la empresa era beneficiaria de una participación de 12.000 toneladas por año en la cuota de exportación a los Estados Unidos, cuyo valor era de usd 800 la tonelada, el doble de lo que pagaba el mercado de compra venta libre en ese entonces.^{^[24]}

En cuanto al Ingenio San Isidro, en al año 1998 se realizaron dos subastas públicas. Pese a que en la primera no hubo oferentes, en la segunda el grupo Emprendimientos Agroindustriales Sociedad Anónima (emaisa) de capitales nacionales y uno de los acreedores de la empresa adquirió San Isidro por usd 4.500.000. La compra incluyó, además de la planta, los terrenos donde está ubicada y más de 9.000 hectáreas de fincas en la localidad salteña de Campo Santo. Los nuevos dueños asumieron también las deudas que ascendían, en aquel entonces, a usd 22 millones.^{^[25]}

En el año 2013, emaisa se desprendió de la mayoría del paquete accionario de la empresa azucarera salteña, que pasó a manos del Grupo Gloria de Perú. La adquisición de San Isidro fue la segunda mayor adquisición que este grupo peruano realizó en Argentina después de quedarse con la Compañía Regional de Lácteos Argentina s.a. en 2010. Cabe destacar, además, que el Grupo Gloria, a través de su holding Corporación Azucarera del Perú, participa en aproximadamente el 50% del azúcar que se comercializa en el mercado peruano.

En el año 2018, el Grupo Gloria anunció su retiro de la provincia de Salta y el ingenio San Isidro estuvo a punto de cerrar definitivamente sus actividades. Nuevamente, como sucedió en la década de 1990, el gobierno provincial se negó al pedido de los trabajadores de estatizar u otorgarles un préstamo a los efectos de que estos volvieran a poner en funcionamiento la planta. Finalmente, el grupo tucumano Los Balcanes compró la empresa en 2018.

Conclusión

En este trabajo se analizaron los procesos de restructuraciones económicas que atravesaron los ingenios azucareros ubicados en la provincia de Salta durante la década de 1990. Dichos procesos, que concluyeron con la extranjerización de la cadena agroindustrial azucarera salteña, nos expusieron una estrategia de negocios que consistió en utilizar al Estado como garante de la ganancia empresaria.

El auxilio estatal representó una constante en la historia de ambas empresas, así, parte de las inversiones que los dos ingenios hicieron en las décadas previas a la de 1990 fueron financiadas generalmente con créditos oficiales o dentro de planes de promoción que comprometían aportes del Estado. Esta ayuda pública se canalizó a inversiones que ampliaron las capacidades productivas de las empresas, como fueron por ejemplo las mecanizaciones de las cosechas de la década de 1960 o la creación de una planta procesadora de cítricos en el caso de Ingenio San Martín del Tabacal.

No obstante, la particularidad de lo que aconteció durante la década de 1990 fue que este mismo proceso de créditos públicos no tuvo un correlato directo en inversiones productivas. Tanto Ingenio San Martín del Tabacal como Ingenio San Isidro recibieron préstamos estatales para afrontar sus deudas, sin embargo, ambas empresas al poco tiempo entraron en convocatoria de acreedores, una parte de sus instalaciones sufrieron un importante desgaste y finalmente declararon sus quiebras.

Una de las variables que nos ayudan a comprender estos cambios es el funcionamiento de la economía argentina durante la década de 1990. Como mencionamos en el artículo, durante las presidencias de Carlos Saúl Menem se mantuvo vigente el esquema de acumulación basado en la especulación financiera por sobre la inversión productiva. En el caso de los ingenios azucareros salteños, para nosotros la principal forma de especulación por parte de los dueños de los ingenios fue el empleo de estas empresas como instrumentos para captación de una parte del ahorro interno.

En otras palabras, la estrategia de negocios se basó en que por medio de sus firmas accedieron a determinados beneficios por parte del Estado, en nuestros casos, préstamos respaldados por la provincia, que no tuvieron un correlato en programas de inversión. A pesar de los créditos estatales, las fábricas entraron en una etapa de decadencia, pero aun así sus propietarios lograron extraer un rédito económico con sus quiebras. Esto se debió a que sus pasivos fueron absorbidos por el Estado mientras que el dinero de las ventas quedaba para sus dueños. En otras palabras, este esquema de negocios les permitió a los empresarios contar con excelentes condiciones para generar operaciones redituables sin necesariamente arriesgar grandes sumas de capital en la actividad productiva.

Parte de las preguntas que quedan por responder para futuros trabajos son, por un lado, los alcances de las modificaciones como inversiones, producción, mercado de trabajo, etc., que tuvieron lugar en los ingenios azucareros a partir de sus ventas, ya que Ingenio San Martín del Tabacal continuó en manos de los mismos capitales extranjeros que lo adquirieron en la década de los noventa, pero San Isidro fue vendido nuevamente en 2013 y 2018. Mientras que, por otro lado, en función de que este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre políticas públicas y agroindustrias en la provincia de Salta en el último cuarto del siglo xx, se procederá a comparar las transformaciones en la agroindustria azucarera durante la década de 1990 con la situación de otras agroindustrias de la provincia.

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[i] Unidad ejecutora Instituto en Ciencias Sociales y Humanidades - conicet/Universidad Nacional de Salta. Esta investigación se desarrolló dentro del proyecto institucional idea “Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta” perteneciente a la ue icsoh-conicet/unsa. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las x Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales.

[2] Uno de los aspectos que destacan estos autores es que, en los primeros dos años del gobierno de facto de 1976, el Estado nacional se desprendió de una parte significativa de las empresas industriales en las cuales tenía algún tipo de participación, aunque en comparación con lo que sucedió con las llamadas privatizaciones periféricas fue un fenómeno más acotado. Schvarzer (1986) caracterizó como privatización periférica a los procesos en los cuales el Estado nacional otorgó la concesión de importantes empresas públicas de suministro de bienes y de servicios a los grupos económicos locales que se convirtieron en los grandes proveedores del Estado.

[3] En lo que respecta a las otras dos provincias azucareras del norte argentino, las investigaciones son más variadas y numerosas, destacando sobre todo la provincia de Tucumán (Campi y Juarez-Dappe, 2006; Bravo y Gutierrez, 2014; León, 1999; Nassif, 2016; Pucci, 2014). Para Jujuy podemos mencionar entre otros Bernasconi (2018 y 2019); Rutledge (1987), Teruel, Lagos y Peirotti (2006). Una síntesis general de la historia de la industria azucarera en el norte argentino se encuentra en Campi (1991) y Campi, Moyano y Teruel (2017).

[4] Hermano de Julio Cornejo Linares -administrador y uno de los dueños del Ingenio San Isidro-. Con la llegada del peronismo al poder en 1945, Lucio Alfredo dejó su cargo como Fiscal y fue electo Gobernador de la Provincia de Salta por el peronismo.

[5] Gobierno de la Provincia de Salta – Secretaría de Estado de Planeamiento Diagnóstico de la Provincia (1981). Tomo ii. Sectores Económicos.

[7] Archivo General de la Nación-Archivo Intermedio. Fondo Centro Azucarero Argentino. La industria azucarera en Salta y Jujuy – Centro Azucarero Regional del Norte Argentino. Septiembre de 1968.

[8] Esta modalidad consistía en la contratación del servicio de molienda del ingenio por parte del cañero a cambio de un porcentaje del rendimiento de azúcar en caña que se fijaba por decreto.

[9] Consejo Federal de Inversiones. Programa: determinación de espacios diferenciados. Actividades productivas: caña de azúcar. 1986.

[10] Consejo Federal de Inversiones, Perspectivas agroindustriales del trópico. El subsistema azucarero. Informe de julio de 1996.

[11] Archivo Histórico de Salta (de ahora en más ahs) Hemeroteca, Diario El Tribuno, viernes 1 de marzo de 1991.

[12] “Nueva reunión por el crédito a los ingenios”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 30 Ene.1991.Impreso.

[13] Miembro de la familia propietaria del Ingenio San Isidro y pariente de la familia Patrón Costas del Ingenio San Martín del Tabacal

[14] “Conflicto solucionado”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 4 Feb. 1991. Impreso.

[15] “Ruta Nacional 50 nuevamente habilitada”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 4 Feb. 1991. Impreso.

[16] El Tabacal en convocatoria de acreedores”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 1 Marz. 1991. Impreso.

[17] Cobos, Polo. “Alberto Fantini, ejecutivo del Ingenio El Tabacal: “Nuestra intención es seguir a pleno con la producción”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 2 Marz. 1991. Impreso.

[20] “Formaron una UTE para reactivar el San Isidro”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 17 Feb. 1995. Impreso.

[22] Consejo Federal de Inversiones, Perspectivas agroindustriales del trópico. El subsistema azucarero. Informe de julio de 1996.

[23] “El Tabacal podrá capitalizar su deuda”. El Tribuno. [Salta, Argentina]. 25 Feb. 1996. Impreso.

[24] Consejo Federal de Inversiones, Perspectivas agroindustriales del trópico. El subsistema azucarero. Informe de julio de 1996: 9.

[25] “Se vendió el ingenio azucarero San Isidro”. La Nación. [Buenos Aires, Argentina]. 15 Jul. 1998. Impreso.