Introducción
Durante
la última dictadura cívico-militar argentina se produjo una triple alteración
en la intervención económica estatal que afectó las capacidades estatales de
las empresas públicas. Primero, en el nivel macroeconómico, se produjo un
desplazamiento desde un patrón de acumulación basado en la industrialización
sustitutiva a uno centrado en la valorización financiera. Aquí las empresas
públicas cumplieron un papel central a partir de su endeudamiento. Para
viabilizar el ciclo completo de la nueva dinámica especulativa, se utilizaron
las capacidades financieras de las firmas, en primera instancia, para
garantizar las altas tasas de interés a nivel local mediante el endeudamiento
interno y en segunda instancia, para obtener las divisas necesarias para la
fuga de capitales mediante su endeudamiento externo (Azpiazu et al.,
1986; Basualdo, 1987). Segundo,
en el nivel mesoeconómico o sectorial, desde su
asunción, Martínez de Hoz dejó asentado el principio de subsidiariedad del Estado
como eje rector de la política económica, que proponía reducir al mínimo la
injerencia del Estado, al menos en lo discursivo. No obstante, tal como
demostró Schvarzer (1981), lejos de reducirse, la intervención del Estado se amplió
considerablemente de la mano del complejo económico estatal-privado. De todos
los mecanismos de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado
asociados a la ampliación del complejo, la privatización periférica fue el que
afectó directamente a las empresas públicas bajo análisis.[3]
Excede los objetivos de este artículo analizar en profundidad la política de
privatización periférica, pero sí vale la pena mencionar que se basó en la
transferencia de operaciones desde el Estado hacia los privados en una
constante pérdida de capacidades estatales en las firmas involucradas,
transfiriendo los negocios más rentables en los que el Estado había invertido o
explorado previamente (Castellani
y Iramain, 2018; Iramain, 2015). Esto conllevó, además, una política de precios muy
perjudicial para las firmas estatales, que se verá reflejada en el análisis de
los precios y tarifas de las firmas de la muestra. Por último, se produjo un
deterioro muy destacable de la calidad institucional en los marcos regulatorios
y organismos de gestión del sector público, aspecto que contribuyó al menoscabo
de las capacidades económico-financieras de las empresas públicas, ya que no
hubo normativas y/u organismos intermedios que rigieran los cambios antes
descriptos (Castellani,
2004; Sidicaro, 2001).
El propósito de este artículo es
analizar, en el contexto de grandes transformaciones estructurales previamente
aludido, el desempeño económico-financiero de las empresas más importantes bajo
la órbita de la Sindicatura General de Empresas Públicas (sigep), a partir de examinar su performance en cuatro indicadores
fundamentales: ingresos por ventas, precios y tarifas, inversión real fija y
nivel de endeudamiento interno y externo. Las fuentes se basan en los balances
y publicaciones de la sindicatura, privilegiando la homogeneidad y coherencia
interna de la información estadística. También se consultaron diversas revistas
especializadas de la época.
Los trabajos que analizaron el
desempeño económico de las firmas estatales son muy escasos y lo hicieron,
sobre todo, para el período sustitutivo. Algunos de ellos fueron publicados en
la segunda mitad de la década de los setenta, momento en el que surgió un
particular interés académico en la temática, incluyendo parte de la dictadura
en curso, pero sin llegar a cubrir la totalidad del período y con eje en las
continuidades con la industrialización sustitutiva, más que en las
especificidades de la última dictadura (Boneo, 1980; fiel,
1976; Porto, 1992; Ugalde, 1983). Otras investigaciones analizaron en
profundidad algún indicador o dimensión específica del desempeño
económico-financiero, como los precios y tarifas de servicios públicos o su
nivel de endeudamiento, aunque también prevalecen para la etapa sustitutiva (Berlinski et al.; de Pablo, 1977; Guadagni, 1976; Nuñez Miñana y Porto, 1982; Rezk,
1982). En este sentido, el análisis sistemático del desempeño
económico-financiero de las diez empresas públicas más importantes insertas en
los sectores de servicios y energía entre 1976 y 1983, constituye un aporte
pertinente y original.
Con el propósito de clarificar la
lectura de los indicadores que se llevó a cabo, se enumeran a continuación
algunas precisiones. En los indicadores que se considera pertinente según la
bibliografía especializada y la disponibilidad de datos, se establece una
comparación con su evolución durante los diez años previos al golpe de Estado
de 1976. El objetivo no es dar cuenta de las características de la segunda
industrialización sustitutiva (en adelante, isi)
per sé, sino establecer cuándo un fenómeno es
específico de la dictadura y cuándo se trata de un rasgo que proviene del
modelo anterior, es decir, con fines comparativos. Para evaluar los “saldos” de
la última dictadura, la comparación entre puntas se efectúa entre 1974 y 1983. Se
toma 1974 como año base considerando el criterio consensuado por la tradición
intelectual que analizó la economía del autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional (en adelante, prn)
la cual sostiene que 1974 fue el último año de vigencia plena de la isi y que 1975 distorsiona mucho la
comparabilidad por tratarse de un año con inflación de tres dígitos. En las
comparaciones entre la isi
y el prn se tomaron los períodos
1965-1973 y 1974-1983 para contar con categorías mutuamente excluyentes. Esta
decisión metodológica tiende a matizar los resultados de la isi ya que, como se mencionó
previamente, 1974 fue el último año de plena vigencia del modelo sustitutivo en
el que, por ejemplo, se produjeron grandes incrementos en los ingresos por
ventas y los niveles de inversión. Por otro lado, cuando se alude al total de
empresas públicas se toman los datos producidos por la sigep para el conjunto de sus firmas. No obstante, dada la
gran heterogeneidad que caracterizó a las empresas públicas de la sigep, en algunos casos la lectura de
los datos agregados encubre fenómenos sectoriales. Por ejemplo, las empresas
públicas energéticas representaron el 62% del total de las empresas de la
sindicatura, por lo que los cambios en el sector energético tienen mayor
preeminencia en los datos agregados. Berlinski et al.
(1977) describieron los límites que conlleva la utilización de indicadores
agregados para los análisis sobre empresas públicas, considerando la variedad
en los perfiles de inserción, características de los usuarios, estructura de
mercado, etc. En ese sentido, se agrega una lectura del desempeño por empresa,
para identificar las variaciones sectoriales y también por firma.
En lo relativo a la muestra intencional (Tabla 1) si bien en algunos documentos de
divulgación producidos por la sigep se mencionaron alrededor de 20 entidades bajo su órbita,
sólo se produjeron datos estadísticos para los casos más relevantes compuestos
por 14 firmas. A partir de la revisión de las fuentes, se constató que cuatro
de ellas no tienen continuidad en la producción de información estadística, por lo que se optó por tomar los 10 casos para los cuales
la sigep
produjo datos de manera exhaustiva y continua y que representan el 96,4% de
la producción bruta y el 93,6% de los ingresos por venta del total de la
sindicatura (sigep,
1983). [4]
Cuadro 1. Empresas públicas de la sigep que componen la muestra bajo análisis
|
Combustibles |
Energía |
Transporte |
Comunicaciones |
Industria y Servicios |
|
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) |
Gas del Estado (ge) |
Ferrocarriles Argentinos (fa) |
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (entel) |
Obras Sanitarias de la Nación (osn) |
|
Yacimientos Carboníferos Fiscales (ycf) |
Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires (segba) |
Aerolíneas Argentinas (aa) |
Empresa de Correos y Telégrafos (encotel) |
|
|
Agua y Energía Eléctrica (ayee) |
Fuente:
Elaboración propia.
Por otra parte, vale la pena mencionar que
las firmas bajo análisis integraron, entre 1976 y 1983, lugares muy destacados entre
las 200 empresas con mayores volúmenes de ventas entre 1975 y 1983 (Cuadro 2). El
caso más importante fue ypf, que a
lo largo de todo el período ocupó el puesto número uno en la cúpula empresaria argentina, manteniendo el lugar de la empresa
más importante en la economía nacional. Cinco de las empresas de la muestra, ge, segba,
entel, ayee
y aa se ubicaron dentro de las
diez firmas más importantes. Es decir, que seis de las diez empresas públicas
estuvieron entre las primeras diez del ranking. Dos de ellas, ge (pasó de posición ocho a tres) y ayee
(pasó de posición 19 a ocho), mejoraron sus posiciones durante el prn. Una de ellas, segba, se mantuvo en la posición seis
como saldo del período, con algunas oscilaciones año a año. Por otro lado, entel (de posición cinco a 11) y aa (de posición cuatro a 13) cayeron en
el ranking durante el prn. Por
otra parte, fa estuvo siempre
entre las 20 primeras (salvo el último año) y empeoró su posición pasando de 10
a 28. Por último, encotel y osn estuvieron entre las primeras 30,
la primera con mucha inestabilidad en sus posiciones (inicia en posición 48 y
termina en 32, pero con muchas alzas y bajas) y la segunda empeorando
notablemente desde la posición 28 en 1977 a la 103 en 1983. Por último, la más
baja en el ranking fue siempre ycf
que osciló entre 179 en 1975 a 151 en el año 1978 y para la cual no se
obtuvieron datos de allí en más. En suma, las trayectorias ascendentes y
descendentes del período tuvieron un marcado corte sectorial: las energéticas
mejoraron su posición mientras que las de servicios públicos empeoraron (Cuadro 2).
Cuadro 2. Posición de
las empresas públicas de la muestra dentro de la cúpula empresaria
argentina, 1975-1983 (según el ranking de las 200 mayores firmas públicas y
privadas de la economía argentina*)
|
Años |
ypf |
ge |
ycf |
segba |
ayee |
fa |
aa |
entel |
encotel |
osn |
|
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
Ranking |
|
|
1975 |
1 |
8 |
179 |
6 |
19 |
10 |
4 |
5 |
s/d |
s/d |
|
1976 |
1 |
3 |
132 |
6 |
11 |
9 |
5 |
7 |
s/d |
s/d |
|
1977 |
1 |
4 |
165 |
7 |
10 |
11 |
17 |
5 |
48 |
28 |
|
1978 |
1 |
2 |
151 |
4 |
9 |
11 |
15 |
3 |
34 |
29 |
|
1979 |
1 |
5 |
s/d |
8 |
3 |
12 |
14 |
4 |
s/d |
25 |
|
1980 |
1 |
6 |
s/d |
4 |
9 |
14 |
10 |
3 |
25 |
19 |
|
1981 |
1 |
3 |
s/d |
4 |
9 |
18 |
10 |
8 |
27 |
46 |
|
1982 |
1 |
2 |
s/d |
4 |
6 |
19 |
7 |
15 |
63 |
20 |
|
1983* |
1 |
3 |
s/d |
6 |
8 |
28 |
13 |
11 |
32 |
103 |
* Calculado de acuerdo a su monto de
facturación anual: de 1975 a 1982, en millones de pesos a diciembre de cada
año; en 1983, en miles de pesos argentinos a diciembre de 1983.
Fuente:
Elaboración propia en base a información proporcionada por el Observatorio de
las Elites Argentinas (citra-unsam)
en base a datos obtenidos de Prensa Económica, varios números disponibles en cdi-mecon. También se puede consultar
en Castellani (2006:228).
Ingresos
por ventas
Los trabajos que se dedicaron al análisis de los
cambios operados durante el prn dentro de la cúpula empresaria
argentina advirtieron que, en términos del nivel de ventas, las empresas
públicas redujeron su relevancia con respecto a otro tipo de empresas
pertenecientes al sector privado.[5] En ese sentido,
Basualdo (2010) demostró que, en la distribución del porcentaje total de
ventas, la participación de las empresas estatales cayó -11,5% mientras que la
de los grupos económicos locales creció 41% y la de los conglomerados
extranjeros subió 28,1%. Es decir, que las empresas del Estado perdieron
posiciones relativas en su participación sobre el total de ventas con respecto
a los sectores más concentrados del capital privado. Como es de esperar, estos
movimientos tuvieron su correlato cuando se examinan los ingresos por ventas de
las principales entidades con base en sus propios balances contables. Si bien
la evolución de los ingresos por ventas tuvo sus vaivenes, la tendencia general
de los diez años previos al último golpe de Estado fue de crecimiento, proceso
que se revierte durante la última dictadura.
Entre 1965 y 1973 los ingresos por ventas del total
de las empresas de la sigep se incrementaron 40,4%; en contraste, entre 1974 y 1983 se
interrumpió esa tendencia alcista a partir de un estancamiento de 0,4% en el indicador (Gráfico 1).[6] El estancamiento
que se observa para el conjunto agregado tuvo su correlato en el deterioro de
los ingresos por ventas de la totalidad de las empresas bajo análisis, que se
redujeron considerablemente con respecto al período sustitutivo.[7] En efecto, tal
como se observa en el Gráfico 1, nueve de las
diez firmas analizadas vieron sus ingresos constreñidos como saldo del prn con
respecto a la isi.[8] Además, se
evidencia un claro cambio de tendencia entre un modelo y el otro en la medida
que, durante la isi,
casi la totalidad de las firmas culminaron con saldos positivos, con excepción
de fa y
osn
mientras que, durante el prn, esa tendencia se revirtió y la mayor parte de las firmas
tuvo saldos negativos, con excepción de ge,
aa, ypf y segba. Esto
último permite constatar cierta heterogeneidad en el impacto de los cambios al
interior de la muestra. Entre las empresas con peores resultados se destaca ycf
(-62,3%). Luego, se suma fa (-26,9%), encotel (-25,9%), ayee
(-20,8%), entel
(-19,6%) y osn
(-7,4%). Por otro lado, entre las empresas con saldo positivo moderado se
encuentran ypf
(2,8%) y segba (8,5%). Los casos de aa (56,1%) y
Gas del Estado (71,8%) fueron los únicos con saldos superiores al 50% de
crecimiento como resultado del prn. El crecimiento de ge estuvo
motorizado, fundamentalmente, por la construcción del Gasoducto Centro Oeste en
1981, proyecto central en la política de privatización periférica. Tal es así,
que en el año 1982 se observa un pico hacia arriba muy pronunciado en los
ingresos de la firma.[9] No obstante,
más allá de que es posible constatar variedades en el retroceso de los ingresos
en la muestra, en prácticamente todos los casos hay un achicamiento respecto
del período sustitutivo, con la única excepción de osn que, a pesar de tener ingresos
negativos entre 1974 y 1983, redujo la intensidad de la caída comparado con
1965-1973. Quizás uno de los casos más llamativos sea el de aa que aún
con saldo positivo del 56,1%, alejándose claramente de la tendencia general del
período, tuvo un retroceso notable con respecto al período previo en el que
había sido la empresa con mejores resultados, con un incremento de 191,5% entre
1965 y 1973. El resto de los saldos “positivos” de la dictadura también
implicaron serios menoscabos de sus ingresos si se comparan con el período
previo. ypf
tuvo una pérdida de ingresos notable: entre 1965 y 1973 sus ventas crecieron 51,3% mientras que entre 1974 y 1983 crecieron solo 2,8%. Aunque con caídas
más moderadas, segba
pasó de 44,8% de incremento entre 1965 y 1973
a 8,5% entre 1974 y 1983 (Gráfico 1).
Gráfico 1. Variación
porcentual de ingresos por ventas* entre 1973/1965 (isi)
y 1983/1974 (prn)
*En millones de pesos de 1960, deflactado en base al Índice de
Precios Mayoristas Nacionales No Agropecuarios.
Fuente: Elaboración propia en base a sigep (1984: 3-4).
En
síntesis, a partir del análisis entre puntas puede afirmarse que la pérdida de
capacidades financieras vía deterioro de ingresos por ventas fue generalizada.
Prácticamente todas las empresas bajo análisis vieron caer sus ingresos durante
el prn con respecto a los diez años previos.
Pero el impacto de ese deterioro se dio con cierta heterogeneidad, primero, ge y
aa
arrojaron saldos muy positivos, distanciándose bastante del resto de los
desempeños y, en segundo término, segba e ypf que tuvieron resultados positivos,
aunque mucho más moderados. El resto de los desempeños tuvieron saldos
negativos, destacándose el caso de ycf con un deterioro muy notable de -62,3%
entre 1974 y 1983, habiendo sido la segunda empresa pública con mayores
ingresos durante la segunda isi. El caso de fa y osn se diferencia del resto en la medida en que ya en el modelo sustitutivo
habían tenido malos resultados, aunque en fa se profundiza la caída y en osn se aminora
el descenso durante el prn.
Más allá de la merma en los ingresos que se
evidencia en el análisis entre puntas y en la comparación entre un régimen de
acumulación y el otro, el deterioro en las capacidades financieras de las
empresas públicas también se constata en la evolución interanual, cuyo ritmo
fue muy errático entre 1974 y 1983 (Gráfico 2). Ese derrotero no estuvo
vinculado a los ciclos de la actividad económica, por lo que no puede
atribuirse a un fenómeno macroeconómico o exógeno a la administración de las
empresas públicas. Si bien en los años previos a la última dictadura se
constatan oscilaciones, a partir de 1976 la magnitud de los vaivenes y la
rapidez con que se produjeron las oscilaciones hacia arriba y hacia abajo se
profundiza notablemente. En los diez años previos al golpe, sin que haya
correlación necesaria con la evolución de la actividad económica (que fue
siempre positiva hasta 1975) los ingresos por ventas del conjunto de empresas
públicas tuvieron tres momentos: un ritmo ascendente hasta 1970, año en que se
produce una caída que dura hasta 1972, y en 1973 vuelve a tomar el ritmo
ascendente hasta 1975. Tal como ilustra el Gráfico 2, la evolución errática se
profundiza partir de 1976 y las fluctuaciones se hacen más intensas y en menor
tiempo.
Gráfico 2. Ingresos
por ventas, 1965-1983 (en millones de pesos de 1960, variación interanual e
índice base de 1965=100*)
*Deflactado en base al Índice de Precios Mayoristas Nacionales No
Agropecuarios.
Fuente: Elaboración
propia en base a datos de la sigep (1984: 3-4).
En términos agregados, luego del descenso de 1975,
desde 1976 hasta 1978 se produce un incremento en los ingresos por ventas de
las empresas públicas. Recién en 1979 se registra una primera caída del -14,3%.
Hasta aquí se constata el desacople con el ciclo económico, dado que 1976 y
1978 fueron años de caída en el nivel de actividad, mientras que 1979 fue un
año de gran repunte, el pbi
creció 6,2% (Cuadro 3). Luego, se
vuelve a producir un crecimiento en los ingresos por ventas del 12,3% en 1980 y
de 2,3% en 1981, aunque el primero fue un año de estancamiento del pbi global (0,7%) y 1981 fue un año de
crisis económica (-6,2%). Los dos años subsiguientes muestran una
correspondencia en el signo de la evolución de los ingresos por ventas y la
actividad económica, pero en magnitudes muy dispares, lo que no permite inferir
que estén estrictamente asociados. En 1982 el pbi
global cayó -5,3% mientras que los ingresos por ventas cayeron un -26,1%, y en
1983 la recuperación de la actividad económica fue moderada, del 2,8%, mientras
que los ingresos por ventas lo hicieron en 18,1% (Gráfico 2 y Cuadro 3).
Cuadro 3. Evolución
del pbi global de la
economía argentina, 1974–1983 (en miles de pesos argentinos de 1970 a
precios de mercado, índice base 1974=100 y variación interanual)
|
Años |
pbi |
Índice base 1974=100 |
Var. Interanual % |
|
1974 |
10144, 3 |
100 |
|
|
1975 |
10105,3 |
99,6 |
-0,4% |
|
1976 |
10058,4 |
99,2 |
-0,5% |
|
1977 |
10699,5 |
105,5 |
6,4% |
|
1978 |
10388,8 |
102,4 |
-2,9% |
|
1979 |
11032,2 |
108,8 |
6,2% |
|
1980 |
11114,2 |
109,6 |
0,7% |
|
1981 |
10421,2 |
102,7 |
-6,2% |
|
1982 |
9868,6 |
97,3 |
-5,3% |
|
1983 |
10144,4 |
100 |
2.8% |
Fuente: Elaboración
propia en base a FIDE (1984: 3).
En suma, la evolución
errática con respecto al ritmo de la actividad económica no permite atribuir al
estancamiento de la economía el deterioro en los ingresos, sino que los
vaivenes de las entidades tuvieron un ritmo propio. Parece haber elementos
intrínsecos a la administración de las empresas públicas que explicaron el
deterioro de sus capacidades financieras vía ingresos. En este sentido, la
contracara indispensable para analizar el deterioro en los ingresos de las
empresas públicas consiste en conocer la dinámica asumida por la estructura
tarifaria.
Cuando
se analizan las capacidades financieras de las empresas estatales, uno de los
elementos más importantes es la recuperación de los costos operativos y de
capital a través de una correcta estructura tarifaria (Porto, 1992). Los
trabajos que se han dedicado a analizar la temática coinciden en señalar que,
en la experiencia argentina, no abundan definiciones institucionales precisas
(Guadagni, 1976). Las decisiones adoptadas en materia
tarifaria dependieron, generalmente, de la manera en que las distintas
administraciones nacionales encararon problemas económicos coyunturales. Boneo (1980) señaló que la posibilidad de que esto
ocurriera se debía a que las empresas estatales más importantes constituían
sólidos monopolios en los que la variación de precios relativos dependía más de
una decisión administrativa que de precios de mercado. Además, en la mayor
parte de los casos enfrentaban demandas relativamente rígidas, por lo que un
eventual incremento en los precios de las empresas públicas redundaba en un
proceso inflacionario. En este sentido, Ugalde (1983) señaló que las tarifas
públicas habían sido utilizadas generalmente como un instrumento de la lucha
contra la inflación, para lo cual se habían establecido deliberadamente
incrementos inferiores a los precios. Sin embargo, existe cierto consenso en
torno a la idea de que una tarifa no puede ser arbitraria y que debe cubrir,
cuanto menos, los costos de la prestación del servicio a riesgo de no generar
consecuencias graves en la provisión del mismo (Ugalde, 1983).
En la década de los setenta se
publicaron una serie de trabajos interesados en diagnosticar los determinantes
detrás de la evolución de los precios y tarifas de las empresas públicas que
estuvieron marcadas, desde sus orígenes, por fuertes fluctuaciones en períodos
de corta duración. Algunos autores destacaron la utilización de la política
tarifaria como instrumento para intervenir en etapas de alta inflación,
mientras que otros jerarquizaron los cambios de regímenes político-ideológicos
como principal dimensión explicativa. Uno de los estudios pioneros fue el de Nuñez Miñana y Porto (1976), el
cual suscitó una serie de intercambios en la revista Desarrollo Económico,
donde diversos autores discutieron, avalaron, refutaron y/o aportaron evidencia
empírica para muchas de las afirmaciones que Nuñez Miñana y Porto efectuaron previamente.[10] A raíz
de esto los autores elaboraron una versión actualizada de su trabajo inicial (Nuñez Miñana y Porto, 1982), con
una extensión del período bajo análisis y la recuperación de los debates
suscitados. Allí, establecieron que la evolución de los precios y las tarifas
de las empresas públicas fue cíclica y correlacionó negativamente con la
inflación. Es decir, que en períodos de alta inflación las tarifas bajaron por
la voluntad política de controlar el nivel de precios. Boneo
(1980) también identificó “ciclos” en la evolución de los precios y las tarifas
vinculados a los cambios de regímenes políticos y estableció una tipología de
dos formas de gobiernos: “democrático-estatistas” y “liberal-privatistas”. En
los primeros, las tarifas se deterioraron con el propósito de controlar la
inflación con fines redistributivos; en los segundos, los precios se
recuperaron a raíz de la vocación “eficientista” con
el propósito de reducir el déficit fiscal. Para el autor, esto constituye la
paradoja de que en gobiernos estatistas las empresas públicas se desfinancian
mientras que en gobiernos liberales ganan capacidades financieras. El análisis
de la última dictadura permite poner en cuestión estas hipótesis y/o exige
analizarlas según su propia especificidad, ya que ninguna de ellas se confirma
cabalmente. Primero, porque los ciclos de alzas y bajas no evolucionaron,
necesariamente, a contramano del ritmo inflacionario. Segundo, porque la
gestión económica de Martínez de Hoz se caracterizó por combinar aspectos
“liberal-privatistas”, en términos de Boneo, con una
intervención estatal de corte keynesiano para concretar, pragmáticamente,
ciertos objetivos políticos y económicos.[11]
La relación entre ingresos por ventas y
precios y tarifas es muy estrecha y el ritmo de evolución de ambas variables
avanzó a la par en todo el período bajo análisis y durante los diez años
previos. Dadas las características de la demanda, relativamente inelástica, una
caída en los precios y tarifas de las empresas públicas tiene como contracara
el menoscabo en sus ingresos de magnitudes similares (Gráfico
3).
Durante la segunda isi, del mismo modo que ocurrió con los ingresos por ventas, los
precios tuvieron sus vaivenes, aunque estas oscilaciones
profundizaron notablemente su magnitud y se ejercieron en períodos de tiempo
mucho más cortos a partir del último golpe de Estado. En este sentido, el
carácter errático de los precios no se trata de una novedad del período, pero sin lugar a dudas la dinámica se profundiza entre 1976 y
1983. Más allá de las oscilaciones, del mismo modo que ocurrió con los ingresos
por ventas, se produce un cambio en la tendencia general entre un período y
otro: mientras que los precios y tarifas tuvieron un saldo positivo de 20,8%
entre 1965 y 1973, el saldo de la última dictadura cívico-militar fue negativo
en -23,3%[12] (sigep, 1984).
Gráfico 3. Ingresos por ventas (índice base 1965=100) y precios y
tarifas (índice base 1960=100) del total de las empresas públicas bajo la
órbita de la sigep, 1965-1983
Fuente:
sigep (1984: 12-13); y sigep, (1982: 188).
Entre 1976 y 1983, los precios y las tarifas de las
empresas del Estado tuvieron cinco etapas de oscilaciones muy profundas, aunque
la tendencia general del período fue de deterioro (Gráfico 3). La primera
etapa fue entre 1976 y 1978, cuando se suceden dos años de recuperación
tarifaria, momento signado, además, por la incapacidad de concretar uno de los
objetivos explícitos más importantes de la gestión: el control de la inflación.
Las interpretaciones sobre cuáles fueron las motivaciones detrás de esta
primera etapa de recuperación tarifaria son variadas. Ugalde (1983) sostuvo que
esto se debió a que la prioridad de la conducción empresaria en las empresas
públicas estuvo asociada a recuperar el equilibrio económico a través de un
aumento sustancial de la productividad, que se logró por la reducción de
personal y caída del salario real y por aumento en términos reales de las tarifas.
De Pablo (1977), afirmó que en el primer año de gestión se buscó reducir la
inflación no tanto a partir de la disminución de la tasa global de inflación
sino eliminando la distorsión de los precios relativos. Schvarzer
(1986), por su parte, atribuye este fenómeno a que el equipo económico
perseguía objetivos implícitos y de largo plazo más importantes que los que
hacía explícitos para el corto alcance: le otorgó máxima prioridad al cambio en
el modus operandi del mercado de capitales. La liberación de precios de la
primera etapa estuvo signada, según el autor, por el propósito de generar las
condiciones políticas para llevar a cabo las reformas estructurales y por eso
renuncia a dar prioridad a la lucha antiinflacionaria. En 1979 se efectúa la
primera caída que se constata en el nivel agregado de las firmas. A partir de
finales 1978 y hasta agosto de 1979 se instaura una política de pautas que
incluye el anuncio anticipado de aumentos declinantes de los precios de las
empresas públicas que, junto con una política similar en
relación a la tasa de cambio, supuestamente proveía de guías al sector
privado en la determinación de sus propios precios. Esta política tuvo escaso
impacto en relación a la tasa de inflación y resultó
en un muy marcado deterioro de los precios de las empresas públicas (Boneo, 1980). El crecimiento en términos reales se retoma
en 1980 y en 1981, año que coincide con el cambio de gestión económica y el
intento por recuperar el nivel tarifario y reducir el déficit fiscal. Sin
embargo, rápidamente se volvió a la práctica de la restricción tarifaria. En
1982 se produce una caída brusca del nivel general, la aceleración
inflacionaria lo llevó a uno de sus niveles históricos más bajos. En 1983 se
efectúa una leve recuperación. En suma, las diferentes estrategias económicas
en materia tarifaria transcurridas entre 1976 y 1983 dieron el mismo resultado:
la caída de los valores reales y una evolución año tras año sumamente errática.
La mayor parte de los trabajos que
indagaron en las motivaciones detrás de la política de tarifas rezagadas del prn hicieron
extensivas las lógicas de períodos previos y destacaron la voluntad de
controlar la inflación como propósito fundamental. Este es el caso, por
ejemplo, de Quarracino (1986), que destacó el uso de las tarifas públicas para
la estabilización, o el propio Boneo (1980), que
calificó de paradojales los primeros años de Martínez de Hoz porque, a
contramano de su esquema que establecía que los gobiernos liberales-privatistas
promovían un esquema de recuperación tarifaria, había decidido rezagar las
tarifas para controlar la inflación, sobre todo a partir de la “tablita”
cambiaria de diciembre de 1978. Sin embargo, los vaivenes descritos
anteriormente no siempre evolucionaron a contramano del ritmo inflacionario.
Incluso cuando la lucha contra la inflación parecía ser de primer orden se
hallan picos hacia arriba, como los primeros años, cuando el control de la
inflación aparecía, aunque sin éxito, entre los objetivos explícitos o en 1980
y 1981, cuando el nivel de precios internos estaba controlado por las
devaluaciones programadas y aun así las tarifas crecieron en términos reales.
En este sentido, Schvarzer (1986) fue un poco más
allá en la interpretación destacando los objetivos implícitos de la “lógica
política” que caracterizó a la gestión económica de Martínez de Hoz. La
principal hipótesis del autor radica en que el equipo económico prefirió cercar
a las empresas públicas reduciendo sus ingresos e impidiéndole su expansión.
Para Schvarzer, el presupuesto de las empresas
estatales no siguió siempre el mismo camino que el de la administración
central. Por el contrario, ellas fueron sistemáticamente constreñidas a reducir
sus ingresos a través de un rígido control de las tarifas reales. La
restricción obedecía a la lógica de obligarlas a controlar sus gastos y reducir
su tendencia natural a la expansión y ejercer la presión necesaria para aplicar
los planes de privatización que se intentaron llevar a cabo. El deterioro de
los precios y tarifas de las empresas públicas perseguía el propósito de
limitar su crecimiento deliberadamente, con verdaderas acciones de sabotaje.
Otras interpretaciones jerarquizaron la
transferencia de ingresos hacia el sector privado que implicó la política de
tarifas rezagadas. Basualdo (1987), en su análisis sobre los mecanismos de
transferencias de ingresos desde el Estado hacia los grupos económicos locales
y las empresas transnacionales, destaca una forma específica asociada a la
evolución de los precios y tarifas de las empresas públicas. Según Basualdo,
durante la última dictadura se produjeron crecientes transferencias de ingresos
desde el Estado hacia las empresas privadas a partir de un aumento del volumen
físico de la producción que fue acompañado con una caída de los precios relativos.
Contrariamente a lo que sucedió con los grupos económicos y las empresas
transnacionales diversificadas, las empresas del Estado, a pesar de tener una
inserción fundamentalmente oligopólica y haber actuado en una etapa de alta
inflación, fueron perjudicadas por los precios relativos al fijarlos por debajo
del promedio, subsidiando de esta manera al capital privado en general y a los
grupos económicos en particular.
El
sector público creció durante la última dictadura en base a la expansión del
gasto y la inversión pública, a pesar de la aparente disposición contraria de
las autoridades. En efecto, tal como expuso Schvarzer
(1981), la inversión pública durante la última dictadura cívico–militar
creció coyunturalmente y con respecto a los valores históricos. Las
explicaciones oficiales fueron escasas y pueden reducirse a dos puntos
esenciales: la primera fue que la inversión pública en el período anterior
había sido demasiado alta y, por lo tanto, el esfuerzo por reducirla no era
sencillo; la segunda sostuvo que había muchas obras en marcha cuya paralización
implicaba costos demasiado altos. Sin embargo, Schvarzer
demostró que ninguno de los dos argumentos fue cierto: la inversión pública no
había crecido tanto en el período anterior, ni se habían desarrollado obras de
la magnitud cuya continuidad explicara el incremento absoluto de la inversión
del período (Schvarzer, 1981 y 1986).
En marcado contraste con la tendencia expansiva del
gasto y la inversión pública de la administración nacional, la inversión real
fija de las empresas públicas se contrajo notablemente durante la última
dictadura. A partir de 1976 se abre un ciclo de profunda desinversión que
culmina, en 1983, con una caída de la inversión real fija entre puntas de
-28,9%. Este saldo contrasta notablemente con el período de industrialización
sustitutiva, cuando la inversión real fija había crecido 77,9% entre 1965 y
1973 (Gráfico 4). En este
indicador se concentra el mayor contraste entre un modelo de acumulación y el
otro, dado que la inversión de las empresas públicas manifestó una tendencia
muy expansiva durante los años previos, más allá de algunas oscilaciones y de
los cambios en los signos políticos de las distintas administraciones
nacionales.
Gráfico 4. Inversión real
fija por empresa. Variación porcentual 1965/1973 (isi)
y 1976/1983 (prn)
Fuente: Elaboración propia en base a sigep
(1984: 24-25).
Durante los ocho años previos a 1976, la evolución
de la inversión real fija fue positiva no sólo para el total de empresas
públicas de la sigep,
sino también para cada una de las empresas de la muestra, con excepción de GE.
Esta tendencia es revertida notablemente durante el prn también de forma generalizada:
todas las empresas de la muestra, con excepción de entel, culminaron en 1983 con
saldos negativos en inversión real fija en la comparación con 1974. La empresa
que más deterioro sufrió en sus niveles de inversión real fija fue osn con una caída del -80,2%. Luego se
suman las empresas con deterioros que rondaron el 50%: ycf con -59,1%, ayee con -55,2%, encotel con -53,2% y aa
con -46,7%. Un cuarto grupo lo componen segba
con una caída de -30,9%, ge con
-31,6% e ypf con -19%. El
deterioro más moderado fue el de fa con una caída de sólo -1,4%.[13] La única
excepción la compone el caso de entel, cuyo saldo fue positivo en 78%, pero
que tuvo un deterioro notable con respecto a la isi. En suma, puede decirse que el
proceso de desinversión en las empresas públicas fue generalizado, del mismo
modo que se constata en la evolución de los ingresos por ventas ya que, en
todas las firmas con excepción de entel, redujeron la inversión real fija con
respecto al período previo, caracterizado por un crecimiento también
generalizado. Si bien algunas empresas tuvieron caídas más grandes que otras (ypf y osn las más
afectadas), la mayoría manifestó deterioros cercanos al 50% que no permiten
establecer un criterio sectorial o de otra índole que permita elaborar un
esquema de “ganadoras” y “perdedoras”. En la comparación con la isi la más
afectada fue encotel,
que había tenido un crecimiento muy notable (633%) entre 1965 y 1973 (Gráfico 4).
En cuanto a la evolución interanual, el ritmo de la
inversión real fija de las empresas públicas en términos agregados tuvo
oscilaciones muy pronunciadas, desacopladas del ritmo en el que desarrolló la
actividad económica y la inversión pública nacional. Durante la gestión
económica de Martínez de Hoz, la inversión real fija de las firmas de la sigep tuvo
muchos vaivenes, pero a partir de 1981 se inicia una caída ininterrumpida (Gráfico 5).
Gráfico 5. Inversión
real fija (en millones de pesos de 1960, índice base 1965=100 y variación
interanual –i.a%–)*
*Deflactado en base al
Índice de Precios Mayoristas Nacionales No Agropecuarios.
Fuente: Elaboración
propia en base a sigep (1984:
24-25).
En 1976 se produce un estancamiento en el nivel de
inversión del total de las empresas públicas, con un incremento interanual de
0,5%, frenando el dinamismo característico de los años previos (Gráfico 5). Si
bien 1976 fue un año de caída del pbi
global, la inversión física del Tesoro Nacional creció 35,5% con respecto al
año anterior. El primer deterioro importante de la inversión real fija en las
empresas públicas se produce en 1977 cuando cae -6,9% con respecto al año
anterior, mientras el pbi global
de la economía argentina crecía 6,4% y la inversión física del Tesoro Nacional
aumentaba 36,1%. En 1978 la inversión real fija de las empresas públicas vuelve
a tener un repunte del 3,6% en un año de caída del pbi de -2,9% y descenso de la inversión física del Tesoro en
-8%. En 1979 la inversión vuelve a caer -11,9% en las empresas del Estado a
pesar del repunte en la economía de 6,2%. En 1980 la inversión real fija de las
empresas públicas crece nuevamente 14,9% en un año de estancamiento del pbi, con sólo 0,7% de aumento y la
inversión física del Tesoro Nacional cayendo -5,2%. Con posterioridad a 1981,
coincidiendo con la crisis económica (caída de -6,2% del pbi), las tendencias se acoplan y caen
la inversión real fija de las empresas públicas y la inversión física del
Tesoro Nacional (Cuadro 4).[14] En suma, el deterioro de la inversión real
fija en las empresas públicas durante la última dictadura contrasta con el
incremento generalizado y gran dinamismo –a pesar de los vaivenes- de la misma
variable durante la industrialización sustitutiva, abriendo un ciclo de desinversión
en las entidades a cargo del Estado. El proceso de crecimiento de la inversión
durante la segunda isi fue
generalizado, con la ya mencionada excepción de ge. En marcado contraste, el proceso de desinversión en las
empresas públicas durante la última dictadura también fue generalizado, con
excepción de entel. Resulta
particularmente destacable el caso de ypf,
la empresa más importante de la economía argentina, que evidenció la
desinversión más destacable con una caída de -89,7%. Por otro lado, el ritmo
errático que adoptó la evolución del indicador bajo análisis, dado su desacople
respecto del ritmo de crecimiento de la actividad económica y la evolución de
la inversión física del sector público nacional, constituye un componente más
del deterioro en las capacidades financieras de las firmas. La magnitud y la
rapidez con que se producen los vaivenes se radicalizan en la comparación con
los diez años previos, además de estar desacoplados del ciclo económico y de
haber gran disparidad en el ritmo asumido por las distintas empresas y
subsectores de actividad.
Cuadro 4. pbi e inversión física (finanzas públicas) *, 1974-1983 (en miles de pesos de
1970 y variación interanual)
|
Años |
pbi* |
Var. i..a. (%) |
Inversion Física (finanzas
públicas) |
Var. i.a
(%) |
|
1974 |
10144, 3 |
|
51.3 |
|
|
1975 |
10105,3 |
-0,4 |
51,4 |
0,3 |
|
1976 |
10058,4 |
-0,5 |
69,7 |
35,5 |
|
1977 |
10699,5 |
6,4 |
94,9 |
36,1 |
|
1978 |
10388,8 |
-2,9 |
87,3 |
-8,0 |
|
1979 |
11032,2 |
6,2 |
81,8 |
-6,3 |
|
1980 |
11114,2 |
0,7 |
77,5 |
-5,2 |
|
1981 |
10421,2 |
-6,2 |
110,2 |
42,1 |
|
1982 |
9868,6 |
-5,3 |
50,9 |
-53,8 |
|
1983 |
10144,4 |
2,8 |
30,8 |
-39,5 |
Fuente:
elaboración propia en base a fide
(1984: 3).
* La inversión física se obtuvo del apartado correspondiente
al déficit y financiamiento de la Tesorería, como componente de los egresos de
capital. Está expresado en el original de
fide (1984) en miles de pesos corrientes, pero se convirtió a pesos de
1970 deflactándolo por el Índice de Precios Mayoristas Nacionales No
Agropecuarios.
Endeudamiento
interno y externo
El
incremento de los flujos financieros a nivel mundial durante la década de 1970
confluyó con la impronta refundacional de la última dictadura, posibilitando la
conformación de un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización
financiera (Schvarzer, 1983 y 1998). Inicialmente, el
ingreso de capitales internacionales asumió la forma de préstamos al sector
privado, en el marco de una economía que redujo drásticamente sus controles
para la entrada y salida de capitales (Kulfas y Schorr, 2003). El endeudamiento externo del sector privado
fue el pivote sobre el que se erigió el régimen de acumulación. No obstante, el
endeudamiento público cumplió un rol fundamental como garante de este proceso-[15] Primero,
a través del endeudamiento interno que posibilitó las altas tasas de interés en
el mercado financiero local. Segundo, a través del endeudamiento externo que
proveyó las divisas necesarias para la abultada fuga de capitales del sector
privado, especialmente a partir de 1980. Tercero, mediante la estatización de
la deuda externa privada hacia finales del prn
(Basualdo, 2013). Las empresas públicas de la sigep constituyeron un instrumento clave para la puesta en
práctica del primer y segundo mecanismo. El voluminoso endeudamiento de las
firmas públicas formó parte de esta lógica de subordinación del endeudamiento
estatal, como instrumento para la puesta en práctica de la financiarización
de la economía, disociado de las propias necesidades operativas de dichas
firmas.
Los trabajos que se han dedicado a analizar las
características del endeudamiento argentino durante la última dictadura
identificaron que durante los primeros años y hasta fines de 1978, el aumento
que se registró en el endeudamiento externo no fue significativo tanto por el
monto que alcanzó como por las causas que lo generaron. Durante los primeros
dos años, el incremento de la deuda externa estuvo vinculado a la necesidad de
superar la crisis del sector externo. Comienza a crecer a un ritmo moderado en
1978 y se dispara recién en 1980, cuando se inicia la masiva fuga de capitales
por parte del sector privado. La forma de endeudamiento público que prevalece
hasta 1980 es el endeudamiento interno, cuya función en la valorización
financiera fue posibilitar las altas tasas de interés en el mercado financiero
local (Basualdo, 1987; Kulfas y Schorr,
2003; Manzanelli et al.,
2015; Schvarzer, 1983). En el Gráfico 6 se observa
cómo la dinámica adquirida por el endeudamiento interno y externo de las
empresas públicas coincide con las tendencias generales antes descriptas y
contribuye a confirmar que los pasivos de las empresas públicas fueron funcionales a la puesta en práctica de la dinámica
especulativa.
El endeudamiento interno de las empresas públicas
estuvo presente desde los primeros años de la dictadura, colaborando con el
sostenimiento de una tasa de interés real positiva en el mercado financiero
local. Fue preeminente con respecto al endeudamiento externo hasta 1981 cuando
se produce la primera caída, pero al año siguiente recupera un nivel particularmente
alto. A partir de 1980, cuando se inicia la masiva fuga de capitales por parte
del sector privado, el endeudamiento interno en las empresas del Estado mengua
y gana protagonismo el endeudamiento externo que continúa su tendencia
ascendente hasta 1983 cuando atenúa el ritmo de crecimiento (Gráfico 6).
Gráfico 6. Evolución
del endeudamiento interno (en millones de pesos de 1960) y externo (en millones
de dólares) del total de las empresas públicas sigep. Índice base
=1978
Fuente:
Elaboración propia en base a sigep (1984: 31 y 32).
En cuanto a su deuda interna, el total de empresas
públicas de la sigep
la incrementó 243% como saldo de la última dictadura. En el análisis por
empresa, la mayor parte de las empresas públicas se vieron afectadas por la
deuda interna, con excepción de Aerolíneas Argentinas que fue la única entidad
que no contrajo. El resto de las empresas sí lo hizo, aunque con magnitudes y
desempeños muy disímiles (Gráfico 7).
Primero, se analiza el grupo de empresas que más
deuda interna contrajo a 1982 y mayor dinamismo en el crecimiento mostró a lo
largo del período. Muy por encima del desempeño del resto de las entidades se
destaca segba,
con un incremento exponencial de 1247%. Más allá de que el ritmo de crecimiento
fue el más dinámico, también fue la empresa que más deuda interna en términos
absolutos tenía en 1982. En cuanto al ritmo de crecimiento de la deuda, el
segundo lugar fue para fa con un aumento de 329% entre puntas, pero con un monto que la
ubica como la tercera empresa más endeudada en términos absolutos. La segunda
empresa más endeudada en valores absolutos fue ayee, con un
porcentaje de incremento entre puntas de 324%. entel tuvo un porcentaje de
crecimiento de su deuda de 191% entre 1978 y 1982, pero un monto menor al que
van a manifestar las empresas de combustible (salvo yfc). ycf e ypf fueron las entidades cuyo endeudamiento interno creció con
menor dinamismo entre puntas 41% y 29,4% respectivamente,
pero el valor absoluto de la deuda de ypf superaba a ycf y a entel (Gráfico 7).
Hubo también otros casos que, si bien estuvieron
involucradas en la deuda interna, lo hicieron en menor intensidad. Por un lado,
ge no
contrajo deuda interna hasta 1982 en un monto relativamente moderado.[16] Por otro lado,
encotel
comenzó contrayendo deuda interna con un pico en el año 1980, pero luego la
tendencia fue decreciente hasta llegar a cero en 1982. Como se mencionó en el
apartado anterior, aa no contrajo deuda en todo el período y, por último, el caso
de osn
es particular porque sólo se cuenta con datos hasta 1979, por lo que no puede
establecerse una lectura entre puntas (Gráfico 7).[17]
Gráfico 7.
Endeudamiento interno de las empresas públicas de la sigep, 1978-1982, en
miles de pesos de 1960** y variación porcentual entre 1978 y 1982
*
Saldos de deuda con instituciones financieras (excluida línea especial del
Banco Nacional de Desarrollo), a fin de 1982, en el mercado interno, de acuerdo
con la Resolución del Ministerio de Economía Nº
170/80.
**
En base al Índice de Precios Mayoristas Nacionales No Agropecuarios.
Fuente:
Elaboración propia en base a sigep (1984:
31).
En términos de subsectores de
actividad, el más afectado resulta ser el subsector eléctrico, dado el
crecimiento excepcional de segba y el volumen de deuda interna contraído por ayee,
que fue el segundo más importante en todo el período. En cuanto al subsector
transporte, el impacto es heterogéneo dado que fa tuvo un incremento importante,
mientras que aa
no contrajo deuda interna. Con telecomunicaciones ocurre algo similar, ya que
tuvo desempeños muy dispares con entel muy endeudada y encotel que
se endeudó los primeros años, pero luego tendió a reducirse hasta cero.
Telecomunicaciones es uno de los subsectores menos afectados, ya que más allá
del dinamismo en el porcentaje de crecimiento de la deuda interna, la magnitud
absoluta de entel
sólo supera la de ycf. Por último, el subsector de combustibles tuvo un ritmo de
crecimiento de su deuda interna considerablemente menor al resto de las
empresas y al nivel agregado. No obstante, si bien ypf fue la empresa con menor
dinamismo en el crecimiento de su deuda –exceptuando a encotel por su evolución negativa-
su punto de partida en 1978 fue mucho más alto que el de los demás casos, por
eso en términos absolutos fue la cuarta empresa más endeudada
Gráfico 8. Evolución
del endeudamiento interno de las empresas de mayor protagonismo entre 1978 y
1982. Índice base=1978
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de la sigep
(1984: 31).
En términos de endeudamiento externo, el total de
empresas públicas de la sigep manifestó un incremento de 172% entre 1978 y 1983. Con
excepción de osn
y encotel
para las cuales la sigep no publicó datos, todos los casos bajo análisis
manifestaron un alto grado de endeudamiento en moneda extranjera durante la
última dictadura.[18] El ritmo en el
crecimiento de la deuda externa durante el prn fue muy alto para todas las empresas.
Con excepción de segba, todas tuvieron porcentajes de tres dígitos de incremento
entre 1978 y 1983. A continuación, se ordenan desde la que más incrementó porcentualmente
su deuda externa hasta la que menos lo hizo en 1983 en comparación con los
niveles de 1978: Gas del Estado 450%, entel 360,8%, ycf 291,3%, Ferrocarriles 268,9 % ypf 236,7%, aa 191,8%, ayee
163,5% y segba
76,8% (Gráfico 9).
Gráfico 9. Evolución
del endeudamiento externo de las empresas públicas bajo sigep, 1978 -1983
(en millones de dólares estadounidenses de 1978 y 1983* y variación porcentual)
* Saldo de endeudamiento en modera extranjera al 31 de diciembre 1983.
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de la sigep
(1984:
13).
Ahora
bien, en cuanto a magnitud de la deuda en términos absolutos, el caso de ypf es
paradigmático dado que el monto de su deuda asciende a 4.451 millones de
dólares como saldo del período, constituyendo por lejos la empresa más
endeudada en moneda extranjera. Luego, se destacan los casos de ayee,
cuya deuda ascendía a 2.221 millones de dólares en 1983, y ge, cuya deuda
alcanzó los 1.221 millones de dólares en 1983. A pesar del bajo dinamismo en el
crecimiento con respecto a las demás, el monto de deuda de segba fue de
822 millones de dólares en 1983. Esto la coloca en el cuarto lugar según
volumen de deuda. En suma, las empresas de energía fueron las empresas que más
se endeudaron en moneda extranjera durante el prn. Tal es así, que las cinco firmas que
componen el sector energético (teniendo en cuenta a ycf, aunque el monto de su deuda fue mucho más bajo en
comparación con el resto de las energéticas, de 180 millones de dólares)
explicaron el 76% de la deuda externa del total de la sigep. El monto del resto de las empresas tampoco fue
despreciable: fa
y aa
culminaron en 1983 con una suma de deuda externa de 712 millones de dólares y entel de 576
millones de dólares. En conclusión, el fenómeno de endeudamiento externo de las
empresas públicas fue generalizado y el ritmo de crecimiento para todas las
entidades fue muy destacable. Ahora bien, en términos del volumen de deuda, las
empresas más afectadas fueron las empresas de energía. El caso de ypf resulta
especialmente destacable porque ella misma representaba casi el 38% de la deuda
de las empresas de la sigep.
Tal como se mencionó anteriormente, la deuda
externa en las empresas públicas creció durante todo el período salvo en 1983,
cuando manifestó una caída de -3,4% para el total de la sindicatura (sigep, 1984). No obstante, la
intensidad del crecimiento fue relativamente moderado hasta 1980, cuando se
constata un crecimiento del 41,6% interanual. En 1981 continúa con un
crecimiento interanual de 37% y reduce la intensidad en 1982 a un crecimiento
de 12,9% Este particular dinamismo a partir de 1980, que coincide con la masiva
fuga de capitales del sector privado al exterior (Basualdo y Kulfas, 2000), también se constata en el análisis de
empresa por empresa. Todas ellas manifiestan un crecimiento de su deuda externa
moderado hasta 1980 y a partir de allí un despegue exponencial. El caso de entel es destacable ya que en 1980 su
deuda crece 174,6% en términos interanuales (Gráfico 10).
Gráfico 10. Evolución
del endeudamiento externo de las empresas públicas de sigep, 1978 -1983
(en millones de dólares estadounidenses de 1978 y 1983 y variación porcentual)
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de la sigep
(1984: 13).
Reflexiones
finales
El
análisis de los desempeños económico-financieros de las firmas de la sigep arroja como primera conclusión
general la presencia de dos desacoples en la evolución de los cuatro
indicadores examinados que tendieron a erosionar las capacidades financieras de
las firmas notablemente. Primero, entre tarifas rezagadas e ingresos por ventas
decrecientes; segundo, entre el endeudamiento exponencial de las firmas
estatales y la profunda desinversión. La política tarifaria en las empresas
estatales fue uno de los aspectos más debatidos por la literatura
especializada, dado que en las décadas previas a 1976 su evolución también fue
muy errática. La mayor parte de los análisis identificó en la voluntad política
de controlar la inflación una de las principales motivaciones detrás del rezago
tarifario, a costa de los ingresos de las firmas. En efecto, cuando se observa
la evolución de precios y tarifas en los diez años previos a 1976, la
trayectoria del indicador es zigzagueante. No obstante, entre 1965 y 1973 los
precios y tarifas tuvieron un saldo positivo de 20,8% mientras que entre 1974 y
1983 el saldo fue -23,2%. Esto se debió a que la dinámica oscilante se
profundizó notablemente durante el período dictatorial, con fluctuaciones hacia
arriba y hacia abajo mucho más profundas y en períodos de tiempo más cortos.
Además, a diferencia del período sustitutivo, los ciclos de alza y baja en las
tarifas no siempre evolucionaron a contrapelo del ritmo inflacionario. Tampoco
hubo tarifas rezagadas en los momentos donde la lucha contra la inflación
aparecía entre los principales objetivos explícitos de gestión. En este
sentido, Schvarzer (1986) señaló la paradoja de las
tarifas sistemáticamente constreñidas a pesar de las múltiples declaraciones
públicas a favor de “liberarlas” para que accedan a los niveles de mercado, con
el propósito deliberado de restringirlas financieramente y como un ejemplo más
del rasgo fuertemente “intervencionista” que caracterizó, sobre todo, a la
gestión de Martínez de Hoz. Si bien el deterioro en los precios y las tarifas
se constató en la mayor parte de las firmas, el sector comunicaciones fue el
más afectado. Esta política de rezago en las tarifas de empresas públicas tuvo
su correlato en los ingresos por ventas que evolucionó muy negativamente para la
mayor parte de las firmas, en un claro cambio de tendencia respecto del período
sustitutivo en el que, aún con un sistema tarifario errático, prácticamente
todas las firmas bajo análisis culminaron con saldos positivos (con excepción
de fa y osn). Mientras que los
ingresos por ventas del total de la sigep
se incrementaron 40,4% entre 1965 y 1973, entre 1974 y 1983 se interrumpió la
tendencia alcista con un estancamiento del 0,4% en el indicador.
En cuanto a lo ocurrido en materia de
deuda e inversión, lo primero que puede señalarse es la funcionalidad entre los
flujos de deuda y los distintos mecanismos que viabilizaron la valorización
financiera, ya que el incremento de la deuda interna y externa coincide con los
momentos de altas tasas de interés y necesidad de divisas para la fuga de
capitales, respectivamente. Con respecto a la deuda interna, la mayor parte de
las empresas la incrementaron notablemente como saldo de la última dictadura
con algunas excepciones. En particular, el subsector eléctrico fue el más
afectado por la deuda interna, destacándose segba,
con un incremento muy por encima del resto y luego le sigue ayee
en orden de importancia. Por su parte, el endeudamiento externo se destacó por
ser el rasgo de mayor generalidad de todos los indicadores examinados, ya que
afectó a la totalidad de las firmas bajo análisis, en magnitudes
extraordinariamente altas. La contracara del proceso de endeudamiento fue la
desinversión que protagonizaron casi todas las firmas, con la única excepción
de entel y más de la mitad
manifestó deterioros superiores al -50%. Esto también implicó un cambio de
tendencia notable respecto del período sustitutivo, ya que entre 1965-1973 la
inversión real fija del conjunto de las empresas públicas de la sigep creció 77,9%, involucrando una
tendencia positiva en todas las firmas de la muestra (con la única excepción de
ge). En contraste, el mismo
indicador entre 1974 y 1983 manifestó una caída de -28,9%.
Referencias bibliográficas
Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse,
Miguel. El nuevo poder económico e la Argentina de los años 80. Buenos
Aires: Siglo xxi, 1986.
Basualdo, Eduardo. Deuda externa y poder económico.
Buenos Aires: Nueva América, 1987.
--- “El legado dictatorial.
El nuevo patrón de acumulación de capital, la desindustrialización y el ocaso
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