Introducción
En el presente artículo analizaremos el proceso de industrialización del noreste (ne) de Chubut a fines de la década de 1960 atentos a dos dimensiones que la circundan. Por un lado –desde un enfoque macro y cuantitativo– la creación de ese polo de desarrollo y la descentralización de capitales y de mano de obra que promovió, será interpretada como parte de una misma estrategia económica y política (de dominación) concebida en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (dns). El análisis de los indicadores económicos a partir de estadísticas y censos permitirá no sólo advertir el ritmo, el perfil y los diferentes momentos de dicha industrialización, sino también observar la agencia del Estado, tanto a nivel provincial como nacional.
La otra dimensión de análisis
–más micro y cualitativa– sitúa la mirada en el ámbito local para poner de
relieve la articulación de “fuerzas vivas” de la región:[2]
quiénes integran esa “alianza” desarrollista, qué sectores la dirigían, qué
estrategias desplegaban y con qué discursos las sostenían. Para ello,
analizaremos algunas situaciones de conflicto entre 1969 y 1972, que hemos
relevado del Diario Jornada: único
medio de prensa, cuyo director también dirigía las Comisiones Promotoras que
triangulaban con un sector del sindicalismo y del Estado provincial, en favor
de los programas de promoción industrial.[3] En
ese sentido, observaremos el alineamiento de fuerzas al interior de esa
“alianza” donde la burguesía regional (empresarios, funcionarios, técnicos e
intelectuales) tiene la iniciativa. Detrás de sus intereses se encolumnaba la
acción del sindicalismo participacionista y de la dictadura provincial, que
tuvo como figura clave a su interventor, el contralmirante Guillermo Pérez
Pittón.[4]
En función de todo ello, el
artículo ha sido organizado en tres secciones: una primera de carácter más
contextual en la que se describe y caracteriza la industrialización regional,
donde se privilegia un enfoque de tipo más económico, sin perder de vista la
centralidad que asume el Estado (tanto provincial como nacional). En la
segunda sección, ya desde una óptica más política y discursiva, se analiza la
constitución de ese polo industrial en el ne
de Chubut (1969), como parte de una estrategia de la dictadura de Onganía que
combinaba Seguridad y Desarrollo, al promover el poblamiento del Sur y la
descentralización de las grandes capitales a partir de la apertura de un nuevo espacio
económico que ofrecía ventajas sensibles para la producción y la acumulación de
capital. En la última sección se analiza la convergencia de las “fuerzas vivas”
dominantes, al observar la articulación de un sector del movimiento obrero
organizado (sindicato textil), del empresariado (Comisiones Promotoras) y del
Estado provincial (funcionarios políticos y mandos militares). Para ello
analizaremos dos situaciones históricas que nos permiten observar el
funcionamiento de esa “triple alianza”. Finalmente, en las conclusiones,
reflexionaremos sobre esa triangulación de fuerzas, en especial sobre quién
dirige y qué interés de clase es el hegemónico.
Del
ensayo de industrialización (1956-1968) al Polo de Desarrollo (1969-1987)
La “modernización” de las fuerzas productivas que encararon los capitales
extranjeros en condiciones monopólicas durante la década del sesenta (Azpiazu et al., 2004; Basualdo, 2010; Braun,
1970; O’Donnel, 1977), aceleró el tránsito hacia una fase de desarrollo capitalista
en la que el capital financiero comienza a imponer su dominio sobre el capital
industrial. El Programa de Investigación Sobre el Movimiento de la Sociedad
Argentina (pimsa) ha planteado
que, en Argentina, el pasaje del desarrollo extensivo al desarrollo en profundidad
fue un proceso conflictivo que abarca desde Krieger Vasena
(ministro de Economía de Onganía) y el “Consenso de Washington”, hasta la
crisis de 2001 (Cavalleri et
al., 2005).[5]
No obstante, mientras que el capitalismo en las zonas metropolitanas
avanza desde fines de los sesenta hacia un desarrollo en profundidad (pasando a predominar el capital financiero), en
Chubut comienza a hacerlo extensivamente
(prevaleciendo el capital industrial); lo que da la apariencia de ir a contrapelo
de la tendencia general del capitalismo argentino. Sin embargo, se trata de un
desarrollo desigual, combinado y complementario entre distintas estructuras
económicos-sociales concretas de Argentina (Pérez Álvarez 2010, 2013).
La estructura económico-social de Chubut, desde fines del siglo xix, puede ser caracterizada como
propia de un capitalismo de estado en
enclave (Iñigo Carrera et al., 1999). Esta definición pone de relieve dos
aspectos centrales: por un lado, la fuerte impronta del Estado que asume el
rol principal de agente capitalista para regular a través de políticas económicas
el desarrollo de las actividades productivas; por el otro, el predominio de
empresas con posición monopólica cuya actividad guardó escasa articulación con
otras ramas productivas. Esto implicó la exportación de productos con un bajo
valor agregado y limitó el efecto multiplicador sobre otras actividades
económicas de la región (Pérez Álvarez, 2010, p. 21-22).
La industrialización patagónica en el ne
de Chubut (1956-1987), tampoco escapó –a pesar de su impronta modernizante– a
esa lógica de enclave que desde fines del siglo xix predominaba en la región. El desarrollo y el crecimiento
económico estuvieron atados a la intervención del Estado, que se encargó de
instrumentar las condiciones favorables al capital para dinamizar el proceso
industrial (al redistribuir activos en forma de promociones, créditos,
subvenciones, obras públicas, decretos, etc.). En suma, se trata de un largo proceso de industrialización asistida (Ibarra y
Hernández, 2017) o subsidiada (Pérez
Álvarez, 2015, 2016a, 2016b) entre 1956 y fines de los ochenta, momento en el
que se interrumpe el otorgamiento de nuevos subsidios, lo que precipitó la
crisis de esa estructura económica social. En ese largo proceso de industrialización asistida y subsidiada pueden
identificarse dos etapas: un primer momento (1956-1968) donde el crecimiento
industrial se basa en las exenciones impositivas y franquicias de importación;
y una segunda etapa (1969-1987) cuya planificación contó con un programa de
promoción industrial más elaborado y ambicioso, que aspiraba a la
configuración de un polo de Desarrollo
en Patagonia, pero igualmente dependiente de la tutela estatal.
Fue en 1956 cuando la dictadura que encabezaba Aramburu dictó el Decreto
10.991 en el que se reconocía “la necesidad de propender al desarrollo
económico, social y cultural de la Patagonia, contribuyendo al mejoramiento de
las condiciones de vida de sus pobladores” (“uip:
diez años”, 1969).
Se retomaba la libre introducción de artículos para el consumo como
medida de fomento –que ya había aplicado el gobierno de Edelmiro Farrel en
1945– e instrumentaba también estímulos fiscales para alentar la radicación de
industrias en la región (Pérez Álvarez, 2021). Esa entrada de bienes libres de
derechos de aduana, cuya importación estaba prohibida en el resto del país,
incentivó un tipo de consumo suntuario, al que accedieron los sectores más
acomodados de la sociedad local. El caso de los vehículos fue paradigmático,
no tanto por la renovación del parque automotor regional, sino por el
contrabando al norte del país que acabó por alentar (Ibarra y Hernández, 2017).
Al año siguiente se dictó el Decreto 9924/57 que promovía con mayor
precisión la instalación de industrias textiles y la producción a partir de
hilo sintético importado para su posterior comercialización al norte del
paralelo 42. Esos incipientes estímulos que implementó el Estado Nacional para
promocionar la industria textil en Chubut, permitieron la instalación de las
primeras tejedurías que confeccionaban prendas de vestir con materia prima
importada. Así, entre 1956 y 1960 se instalaron 34 pequeñas plantas textiles
que emplearon aproximadamente unas 2200 personas, y
se estima que para el año 1969 unas 29 empresas seguían en producción (Altimir,
1970; Irusta y Rodríguez, 1993; Schvarzer, 1987). En Puerto Madryn, las
empresas Del Golfo s. a. (1956)
Cualicrón, (1959) y Tycora (1961), fueron algunas de las fábricas textiles que
-en parte- ayudaron a absorber el desempleo que generaron la caída de la
actividad portuaria, el cierre del ferrocarril y el cambio en la traza de la
Ruta Nacional 3, en 1961.
Ibarra y Hernández (2017) han dado en llamar esta etapa como ensayo de industrialización, dado que
no estuvo planificada ni tuvo la entidad suficiente para modificar en profundidad
la economía local-regional. Aunque sí logró instalar en la sociedad “ciertos
aprendizajes y componentes mentales inherentes a la industria, y que
anteriormente no existían, amén de la presencia de trabajadores fabriles
modernos” (Ibarra y Hernández 2017, p. 104). Y si bien la explotación de la
ganadería ovina fue la principal actividad económica de la región hasta
mediados de la década del sesenta (tal como puede apreciarse en el Cuadro 1),
las modificaciones en los decretos de promoción comenzaron a definir un perfil
industrial que habría de tener como principal protagonista a la rama textil.
Cuadro 1: Evolución del Producto Bruto Geográfico (pbg) por sector, 1960-1968 (a precios
de mercado en millones de pesos)
Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos estadísticos del pbg
de Chubut 1960-1968 (Asesoría de Desarrollo, 1970).
Ese inicial despliegue de la
industria manufacturera en Chubut durante la primera etapa que llamamos ensayo de industrialización (1956-1968),
recibió un fuerte impulso a mediados de 1969 –luego del Cordobazo–, cuando la
dictadura de Onganía firmó los
decretos 3.729
y 18.447.[6]
A partir de entonces y hasta 1985, el sector secundario de la economía se
consolidaría como el eje central del desarrollo regional.
De esas alternativas para el crecimiento industrial, el aluminio se
presentaba como la principal medida de desarrollo regional, ya que permitiría
sacar de la profunda depresión a la economía madrynense. La dictadura de la
“Revolución Argentina” afirmaba que la planta de aluminio lograría “transformar
económica y socialmente la Patagonia fomentando el poblamiento del sur” (“Pónese
en marcha”, 1969). El Decreto
3.729, firmado por el gobierno nacional el 10 de julio de 1969, establecía en
sus fundamentos que, “el programa de
referencia implicará la creación de un polo regional de desarrollo patagónico,
que traerá aparejado la radicación estable de habitantes en la provincia del
Chubut, con todas las repercusiones que ello representa para la economía de la
zona” (Programa del aluminio”,1969).
Se puso en marcha así el “Complejo del Aluminio” proyectado por Comisión
Permanente de Planeamiento del Desarrollo de los Metales Livianos (copedesmel). La
copedesmel, fue el organismo
dependiente de la Fuerza Aérea que tuvo a su cargo el proyecto de la planta de
aluminio. El mismo se fundaba en la explotación del puerto de aguas profundas
en Madryn y en la construcción de una usina hidroeléctrica en Futaleufú, a unos
550 km (mapa 1). Esto último, para producir energía a un bajo costo y aumentar
la competitividad de la producción de aluminio en Puerto Madryn (Binder, 2012a;
Caprano, 2008; Pérez Álvarez 2011; Rougier, 2011; Solari Yrigoyen, 1976).[7]
Mapa 1: Tendido
eléctrico al Polo de Desarrollo
Fuente: Elaboración propia en
base a Google Maps (2022) y Radio 3 Cadena Patagonia (2021).
El espaldarazo a los ánimos desarrollistas que había significado la
aprobación del proyecto de la Fuerza Aérea (presentado en 1967), se potenció
cuando el 17 de noviembre de 1969 Onganía firmó el Régimen de Promoción
Patagónica (decreto 18.447) que eximió a las industrias del impuesto a las
ventas por 10 años.[8] Al mes siguiente el interventor de la provincia (el Contralmirante Pérez Pittón[9]) colocó la piedra
fundamental de lo que sería el futuro Parque Industrial de Trelew (pit). Su ministro de Economía sostuvo
en ese acto que:
Todos los hombres y mujeres de cualquier lugar de la provincia deben
comprender que la instalación de una planta de aluminio en Puerto Madryn, la
implantación de un centro textil en Trelew, la reactivación pesquera en el
puerto de Rawson, el desarrollo de un polo metalúrgico y mecánico en Comodoro
Rivadavia o la creación de un centro turístico en Esquel, benefician individual
y colectivamente a la comunidad entera del Chubut. (“Fue colocada”, 1969)
Al año siguiente, empresarios y funcionarios de la
provincia lograron establecer una modificación del Decreto 3113/64: el Decreto 2595/70, que venía a promover los
procesos textiles que partían de fibras e hilados sintéticos. El General
Chescotta (ministro de Industria y Comercio), argumentaba que con ello se tenían
“elementos suficientes y necesarios para operar la descentralización hacia
esta provincia de gran parte de los establecimientos textiles radicados en
Buenos Aires, hecho que actuará complementariamente en favor de la
modernización del parque” (“Promoción de la industria”, 1970).
Sin embargo, quedaban fuera de contemplación los procesos textiles que
partían de hilados de lana o algodón. Recién en abril de 1971, el Gral. Lanusse
(que había asumido el cargo presidencial luego de la destitución del General
Levingston tras los acontecimientos de Córdoba conocidos como “El Viborazo”)
firmó una modificación compensatoria en el Decreto 2595/70, que ampliaba los
beneficios a aquellas industrias que utilizaban hilado natural; también se
autorizaba el traslado a la región de maquinarias y equipos adquiridos desde el
1º de enero de 1968, que podrían sumarse al régimen de promoción. Ahora sí, los
empresarios textiles tenían suficientes garantías y beneficios, tanto del
Estado Nacional como del Provincial, para desarrollar sus actividades. A menos
de una semana, se creó formalmente por decreto el pit e inmediatamente el Ministerio de Economía provincial se
dispuso a recibir las solicitudes de adjudicación de tierras (“Creóse por un
Decreto”, 1971).
Para el pit se reservó un
área de 300 hectáreas de tierra que el Estado Provincial había adquirido del
propietario Pedro Corradi. Uno de los principales atractivos para la inversión
de los capitales industriales, estaba en el aprovechamiento compartido de los
servicios que el parque ofrecía (energía, gas, agua, cloacas, tratamiento de
líquidos residuales, etc.), lo que permitía abaratar costos y aumentar la
rentabilidad. El Banco Industrial[10]–con sede en Rawson– abrió
líneas de financiamiento especiales para las construcciones edilicias dentro
del pit; y el Estado provincial
también brindó facilidades de pago a través del Banco Chubut,
especialmente para el acceso a las tierras del parque.[11]
El financiamiento y la fuerte inversión del Estado en obra pública fue
uno de los elementos característicos de esta segunda etapa de industrialización
subsidiada. Desde 1968, el Estado provincial había asumido un mayor compromiso
a través de las tratativas y del lobby político que ante el gobierno nacional
encaró su interventor, Pérez Pittón. Se destacaron también las mediaciones de
sus funcionarios, que frecuentemente viajaban a Buenos Aires para realizar
gestiones con las secretarías de Industria y Comercio o de Legal y Técnica; o
bien para mantener reuniones con autoridades del Consejo Nacional de Desarrollo
(conade), del Banco Industrial,
del Consejo Federal de Energía o del Consejo Federal Vial.
Esa creciente intervención del Estado provincial fue fundamental para
sostener los intereses de la industria en la región y dinamizar su desarrollo,
en sintonía con los objetivos nacionales del gobierno de las Fuerzas Armadas (ff.aa.). Para mediados de 1969, el gobierno
provincial –que junto a los sectores empresariales y sindicales apostaban a una
pronta expansión industrial– había ejecutado con recursos del Fondo de
Integración Territorial (fit), algunas
obras de infraestructura básica: interconexión eléctrica, líneas de
alta tensión a Puerto Madryn, mejoras en el puerto de Rawson, un frigorífico en
Gaiman, un mercado concentrador en Trelew y mejoras sobre la Ruta Provincial
25.
Hacia 1970 Chubut era una de las provincias a la que mayores recursos
había destinado el fit. Con
nuevas partidas se financió una planta potabilizadora en Trelew, un nuevo
acueducto para Puerto Madryn y mejoras en las rutas y caminos del interior de
la provincia; mientras que con los fondos provenientes del Banco Interamericano
de Desarrollo (bid) se terminó de
asfaltar la Ruta Nacional que unía Puerto Madryn y Trelew. El desarrollo de la
infraestructura de transportes (rutas, puertos y aeropuertos)[12] fueron obras de modernización
que también encaró el Estado provincial. Además de la pavimentación de las
rutas troncales de la provincia, durante los primeros años de la década del ‘70
se avanzó con el Plan de Interconexión Energética, y se comenzaron a instalar
centrales y tendidos telefónicos: “nadie invierte dinero en el
desierto si ese desierto no cuenta, por lo menos, con comunicaciones fáciles
en una época en que las mismas han trascendido el ámbito de la tierra” (“Entel
y la industrialización”, 1969).
En suma, el Estado encaró un plan de inversiones al que se destinaron
16.000
millones de pesos en la construcción de caminos pavimentados; 800 millones de
pesos en redes de telecomunicaciones; 23.000 millones de pesos en energía
eléctrica; 5.000 millones de pesos en viviendas y 2.500 millones de pesos en
obras para la provisión de agua.
(Gatica, 2010, p. 143)
Ya para mediados de 1970, Pérez Pittón podía hacer gala de su gestión
“modernizadora”. Para atraer nuevas inversiones a la región, hacía constante
alusión en sus discursos a la
infraestructura vial, social,
sanitaria y de otros órdenes, extendiéndose asimismo en polos de desarrollo
establecidos, pavimentación de rutas, medios de comunicación, parques
industriales que contarán con energía eléctrica a bajo costo, y económicos
servicios para uso industrial; recalcando en especial la existencia de una mano
de obra jerarquizada y competente en la provincia del Chubut. (“Industriales
con el gobernador”, 1970)
Durante 1971 la industria textil de Chubut creció abruptamente un 40%, y
su actividad en 1974 llegó a ser la más dinámica a nivel nacional (Irusta y
Rodríguez, 1993, p. 90; Becaria, 1983). El valor de la producción se triplicó
entre 1970 y 1974,[13] momento en el que unas 45
fábricas textiles de la región empleaban cerca de 4300 personas (Beccaria,
1983). De esa producción provincial, la ciudad Trelew participó con un 36,56%
en 1970; y en 1974 concentró un 69,64%, lo que refleja el acelerado ritmo de
crecimiento (Gatica, 2010, p. 146). Para 1972, Chubut producía casi el 60% del
textil sintético del país, y más de la mitad de esa producción se asentaba en
Trelew (“Parque industrial”, 1972). Como puede apreciarse en el Cuadro 2, en
esa expansión sostenida de la industria se destaca en el tramo inicial
1970-1974, un crecimiento del 41% de la producción; el incremento abrupto en
1974 (64% respecto del año anterior) se corresponde con el inicio de la
producción de aluminio en Aluar.
Cuadro 2: Evolución pbg por Gran División, 1970-1985 (a precios de 1970 en pesos
argentinos)
Fuente: Elaboración propia
a partir de los datos estadísticos del pbg
por gran división (Consejo Federal de
Inversiones, 1990)
En paralelo a ese despliegue del sector manufacturero, se destacaría
–hasta 1977– el rubro de la construcción, cuyos valores reflejan la expansión
en infraestructura que acompañaba a las medidas nacionales de promoción
industrial. Junto con las obras viales, la construcción del pit, la represa hidroeléctrica de
Futaleufú (Esquel) y la planta de aluminio en Puerto Madryn fueron las otras
obras de envergadura que explican la fuerte participación del sector de la
construcción en el pbg. Mientras
que la industria textil empleaba en 1971 unas 2600 personas, el sector de la
construcción empleaba unos 2400 obreros, muchos de ellos provenientes del
medio rural[14]: era una de las actividades
que empleaba mano de obra poco calificada y que mayor explotación laboral
ejercía.[15]
En no más de tres años (1969-1972), esa promoción industrial transformó
la estructura económico-social de la región y modificó la dinámica de las
relaciones sociales y de producción, lo que favoreció la expansión de la clase
obrera regional. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico que reflejan
las estadísticas del momento, las nuevas actividades no acabaron integrándose
con el resto de su hinterland
productivo, y limitaron el efecto virtuoso de desarrollo social que se
esperaba que el Polo generase. En ese sentido, no se logró superar el carácter
tradicional de enclave: las industrias continuaron su dependencia estructural
con los estímulos externos y subsidios estatales para realizar sus ganancias,
muchas de las cuales eran externalizadas sin llegar a ser acumuladas en la
propia región (Pérez Álvarez 2016a, 2016b).
Desarrollismo
en clave de Seguridad Nacional
“El futuro de la Patagonia está en
manos de sus hijos. Los argentinos tenemos la suerte de tenerla como un desafío
a nuestra creatividad, a nuestra imaginación, a nuestra voluntad de grandeza.
Como ayer templamos nuestras armas en la Conquista del Desierto hoy nos toca
templar nuestro espíritu de conquista para el progreso”
(Gral. J. C. Onganía)[16]
Mientras que la
primera etapa (1956-1968) de crecimiento fue definida como un ensayo de industrialización, la segunda
(1969-1987) se caracterizó por la constitución de un Polo de Desarrollo que se
proyectó bajo el imperativo de la Seguridad Nacional. Los anuncios oficiales y
los decretos de promoción firmados luego del “Cordobazo” (1969), se enmarcaron
en un programa desarrollista más ambicioso que esperaba articular zonas
productivas complementarias en Chubut; pero a su vez esa industrialización
tenía un fuerte componente
geopolítico y de control social, con el que se pretendía dar respuesta a la
crisis orgánica de dominación. Por ese sentido estratégico es que denominamos a
esta segunda etapa de industrialización subsidiada como “desarrollismo en
clave de Seguridad Nacional”.
En el contexto de la guerra fría y de asimilación de la dns, el “desarrollo” era pensado por
los sectores militares como prerrequisito de “seguridad” y garantía del orden
(y viceversa). La estrategia de acumulación y la estrategia represiva
representaban dos caras de un mismo proyecto militar. El Consejo Nacional de
Seguridad (conase) y conade encarnaron institucionalmente
esa voluntad de la dictadura de disciplinar la sociedad y de ecualizar la
economía con las necesidades
del capital monopólico extranjero. Las estrategias represivas y los programas
de desarrollo del régimen fueron proyectados, evaluados y ejecutados de manera
articulada por ambos organismos.
Osiris Villegas, secretario del conase
sostenía que no podía “haber
seguridad sin desarrollo, como tampoco desarrollo sin seguridad” (1968, citado
en Snow, 1972), y que la “Seguridad Nacional” implicaba
a) alcanzar un grado de evolución y desarrollo hacia la sociedad
moderna, científica, y técnicamente avanzada [...]; b) influir positivamente en
el desarrollo y la seguridad de otros países, preferentemente en el ámbito
geográfico de nuestra presencia histórica; y c) contener y neutralizar
presiones de todo orden, provenientes de fuerzas internas y externas que
interfieran la evolución, el desarrollo y el estilo de vida deseado.
(Villegas, 1969, p. 48-49)
Ese particular vínculo entre desarrollo económico y “seguridad nacional”
que contemplaba la doctrina militar de la “Revolución Argentina”, encontró en
el ne de Chubut un territorio de
aplicación y unas “fuerzas vivas” dispuestas a colaborar. Las ff.aa. siempre consideraron a la
Patagonia como una región vacía de gente y cargada de recursos estratégicos; y
su defensa, un objetivo militar primordial para la Nación (Baeza y Carrizo,
2009). Pero hacia mediados de la década del ‘60 esa combinación entre Seguridad
(represión) y Desarrollo (acumulación) adoptó connotaciones específicas en el
marco de la dns.
El “Sistema Nacional de Planeamiento” que las ff.aa. diseñaron tras el golpe de 1966,
definía ocho regiones prioritarias para el desarrollo; la Patagónica (Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego), la primera de ellas.[17]
Luego de las rebeliones populares de mayo de 1969, el desarrollo patagónico
pasó a servir como medida de
“seguridad” que permitiría descentralizar las regiones conflictivas del país.
La promoción industrial y el poblamiento patagónico revelaban su
complementariedad con la estrategia de dominación política del régimen. Onganía
sostenía que
Tenemos una larga frontera que acusa silencios tremendos, desolación,
desiertos; falta el elemento humano. Resulta urgente poblarlo [...] La
distribución e integración demográfica se halla distorsionada por una
inmigración demográfica clandestina con aptitudes morales, físicas e
intelectuales inferiores a lo aceptable y que termina por concentrarse
alrededor de las grandes ciudades, formando sus ‘villas miseria’. La promoción
hará posible andar por otros caminos. (“Urge poblar” 1967)
Esa visión era coincidente con la de los sectores empresariales y
sindicales de la región; o al menos, “el poblamiento” fue la carta fuerte que
supieron jugar a la hora de presionar al Estado Nacional para acelerar los
subsidios y la radicación de industrias. Unos meses antes a la firma del primer
decreto de promoción, los dirigentes de la Confederación General de los
Trabajadores (cgt) regional (y en
especial del sindicato textil) habían participado de la subcomisión
económica que suscribió al convenio de “Responsabilidad Asociada para el
Desarrollo Demográfico de la Patagonia”, firmado por Onganía durante su gira
patagónica (“Poblamiento de la
Patagonia”, 1969).
Corporativamente, el programa comprometía a
representantes empresariales, del Estado, y sindicales (especialmente del
sector textil y de la construcción) a aunar esfuerzos para subsanar “el
problema principal de la población, destacándose su baja densidad y sus
deformaciones estructurales en cuanto a nacionalidad, sexos y falta de base
familiar” (“Programa de responsabilidad”,
1969). Con un antecedente registrado en 1967, el convenio cobraba renovada
fuerza con metas concretas para alentar esa migración de personas del sur del
país y se proponía: el reclutamiento y traslado de personal, promover la
instalación de productores, profesionales, técnicos y artesanos, fomentar la
radicación en la zona de los egresados del Servicio Militar y “crear una
conciencia de migración al sud” (“Programa
de responsabilidad”, 1969). La utilización del crédito y de las exenciones fiscales
ya era prevista como una herramienta fundamental para alentar la compra de
tierras, la relocalización de actividades, el traslado de familias, etc.
La carta “del poblamiento” la jugaría fuertemente la cgt regional al año siguiente, para defender
los intereses de la industria en la región, cuando el proyecto de la Hidroeléctrica Futaleufú
de copedesmel parecía
desvanecerse. En el texto de adhesión a
la movilización popular que habían organizado las “Comisiones Promotoras”[18] en defensa del proyecto,
la cgt expuso:
El gastado slogan ‘hay que poblar la Patagonia’ encuentra, en esta obra,
uno de los pocos canales que verdaderamente llevan al cumplimiento de este
objetivo. Lo contrario significaría que el desierto siga siendo desierto, que
las ciudades que prometen ser pujantes se conviertan en pueblos abandonados,
sin destino, donde la miseria y éxodo serán la consecuencia inmediata. Y el
páramo que mereció la sentencia darviniana se resignará a su destino de páramo
por los siglos de los siglos. [...] El complejo Futaleufú-Puerto Madryn será además, un verdadero mojón de soberanía a lo largo de
su frontera. Si la Patagonia no concreta obras de envergadura en las zonas
limítrofes, seguirá siendo, pese a quien pese, un poco ‘tierra de nadie’ y una
verdadera y permanente tentación para países ávidos de expansión. (“El pueblo
expresará”, 1970)
El imperativo de “poblar el sur” no sólo servía para promover con mayor
fuerza los intereses industriales en la Patagonia, sino que además generaba
consenso entre la burguesía regional y un sector del sindicalismo
(participacionista), que coincidían en el tipo de perfil industrial a
desarrollar con la promoción. Las Comisiones Promotoras impugnaban los planes de
desarrollo más “innovadores”[19],
y dejaban en claro la necesidad de alentar aquellas actividades que emplearan
mayor cantidad de mano de obra. La industria textil era especialmente
considerada para ello, ya que además servía a la exigencia del “poblamiento”
patagónico (“Industrialización
del Chubut”,1969). La Unión Industrial Patagónica (uip) también remarcaba la centralidad de la cuestión
demográfica, y entendía que la sanción del decreto 18.447/69 de promoción
industrial “permitirá ocupar mucha gente, facilitando así el poblamiento de una
región que exige realmente más habitantes” (“UIP: diez
años”,1969). Juan Moraveck,
secretario de la uip, afirmaba
además que con dicha sanción el gobierno nacional aspiraba a “la
descentralización industrial, la búsqueda de un mayor equilibrio entre
regiones, la paulatina integración de la Patagonia a la vida económica, social
y cultural del país y la seguridad de nuestras fronteras son aspectos básicos
que sin lugar a dudas el gobierno nacional ha considerado
al sancionar la citada ley” (“El gobierno prevé”,1969).
Esa descentralización que significaba la apertura de nuevos polos
industriales, cumplía también con el objetivo represivo de desorganizar y
fragmentar a la clase obrera, para “enfriar” las principales zonas de
conflictividad social y aislar sus núcleos más combativos (Pérez Álvarez, 2016b, Varesi, 2013). En ese mismo sentido, Schvarzer sostiene
que esa estrategia de “despromoción” del área metropolitana de Buenos Aires de
fines de los sesenta, no buscó tanto corregir el desequilibrio regional y
concentración de riquezas, sino más bien reducir el “riesgo social que se
derivaba de la presencia de obreros asalariados en su población"
(Schvarzer, 1986, p. 47).
Forma también parte de esa estrategia, la creación de nuevas
Universidades Nacionales que, al igual que la promoción industrial, se
inscribió dentro de la misma lógica de descentralizar la actividad industrial y
estudiantil, para debilitar así a la combativa juventud y clase obrera. Del
mismo modo, el traslado de los presos políticos a los penales de Chaco y/o
Rawson, debe ser entendido como parte de una estrategia represiva para
descentralizar aquellas instituciones y actividades en torno de las cuales se
desarrollaban las luchas sociales de los grandes centros urbanos.
Aldo Ferrer ―ministro de Economía de Levingston― ya había explicado ante
la Confederación General Económica que la política económica del gobierno se
basaba "en el apoyo franco a la empresa privada, y en particular, a la de
capital nacional, y en promover rápidamente el desarrollo del interior del
país, porque la Argentina tiene un viejo problema histórico de concentración
excesiva en la zona del Gran Buenos Aires" (“Ante dirigentes de la
CGE”,1971). En 1972, ya con Lanusse en el poder, se decretó una nueva medida de
promoción industrial: la Ley 19.904 que acentuaba esa tendencia
descentralizadora al prohibir la instalación de nuevas fábricas en Capital
Federal (Schvarzer, 1986).[20] Durante la inauguración del
Tercer Congreso Nacional de la Industria, Lanusse puntualizó que con esas
políticas su gobierno buscaba
Lograr la descentralización geográfica en beneficio del interior del
país [...] la nueva norma se orienta a mejorar la estructura de costos, apoyar
el desarrollo tecnológico nacional y promover la reconversión y modernización,
especialmente en lo que hace a la pequeña y mediana industria. Persigue desalentar,
por otra parte en forma progresiva las nuevas
instalaciones industriales en aquellas áreas que ejercen mayor atracción de
recursos humanos y económicos. La ley establece además en ese sentido la
aplicación de un impuesto a las instalaciones cuando las mismas se localicen
dentro del área de los sesenta kms. a partir del kilómetro cero ubicado en la
Capital Federal. En esa última se prohíben instalaciones industriales. (“La
nueva ley de Promoción”,1972.)
Para atraer los fragmentos de esa descentralización, las Comisiones
Promotoras (presididas por el director del Diario
Jornada) que hegemonizaban esa convergencia entre las fuerzas vivas de la
región, se dirigían a esos capitales y difundían en los medios de prensa
nacionales que “el pueblo del Chubut le ofrece: a) mano de obra especializada
(fruto de 14 años de experiencia en la industria textil sintética); b)
trabajadores competentes; c) clima social tranquilo; d) ciudades en constante
evolución; e) y un enorme afán de progreso” (“Promoción Industrial”, 1969).
La triangulación de “fuerzas vivas” y situaciones de
conflictividad
A continuación,
abordaremos dos situaciones concretas que ponen de relieve algunos aspectos de
la triangulación entre el Estado provincial (funcionarios de la dictadura),
empresarios (Comisiones Promotoras) y gremios (sindicatos participacionistas).
En la primera de ellas, observaremos la movilización de la población en defensa
de los intereses desarrollistas que promueven las Comisiones Promotoras; en la
segunda, la desmovilización de la clase obrera que propicia el sindicato textil
ante el quiebre de dos empresas, al articular acciones con el sector patronal y
el Estado provincial.
Ambas situaciones nos aportarán elementos
para problematizar esa
forma de triangulación entre sectores patronales, sindicatos y Estado por
fuera de la noción de “Concertación”. Si bien el factor consensual entre
fuerzas es un elemento en común, hay otros aspectos que nos alejan. Siguiendo
a De Riz, Cavarozzi y
Feldman entendemos que el concepto refiere al mecanismo de participación de
los organismos sindicales y las asociaciones empresarias, donde es “la
autoridad estatal misma la que reglamenta ámbitos hasta entonces no sujetos a
normas legales vinculantes, y al hacerlo, confiere a las partes corresponsables
en la gestión de la política el status de actores
políticos” (De Riz et al., 1987, p. 8).
Sin embargo, para el caso del ne
de Chubut durante la dictadura de la “Revolución Argentina”, el Estado
no funciona como “garante” de las partes ni la cgt regional es representativa de la totalidad del
movimiento obrero.[21]
Además, esta “convergencia tripartita” de fuerzas, carece de formalidad y de normas
que regulen su funcionamiento o que fijen pautas de acción, responsabilidades
y/o atribuciones. Sin una trama institucionalizada que la rija, su
funcionamiento operó más bien de forma corporativa y “de facto”; esto es que hubo
una clara jerarquía asumida por el sector empresarial que comandó la “alianza”
y asumió la iniciativa política del programa económico. El Estado y los
sindicatos se limitaron a plegarse y acompañar el curso de acción que
delineaba el sector patronal (Comisiones Promotoras).
Las Comisiones Promotoras y el
“acto de defensa de la presa Futaleufú”
Hemos visto como
las políticas de aliento a los “Polos de Desarrollo” ―al abrir nuevos espacios
para la renta capitalista― apuntaban a una relocalización de industrias que
buscaba descomprimir la presión gremial y social de las grandes capitales. Pero
las ventajas extraordinarias que el Estado ofrecía para la renta capitalista
(al asumir los principales riesgos e inversiones), estimulaba también una
competencia entre burguesías regionales que se disputaban esos beneficios
locales para la producción industrial.
El “Gran Acto de Defensa de la Presa Futaleufú” realizado en septiembre
de 1970 puso en acto esas tensiones, y pudo verse a las Comisiones Promotoras
asumir la iniciativa de movilizar a la población en defensa del interés
regional que significaba la construcción de una hidroeléctrica en la
cordillera. Pero además del lobby político y de la presión social ejercida para
concretar los programas de promoción industrial, las Comisiones Promotoras,
también habían participado desde un comienzo en el armado de los proyectos de
desarrollo:
El teniente general Onganía
expresó que planificar es una necesidad y el estudio de nuevos proyectos es
urgente, aunque existen muchos proyectos, pero hacen falta muchos más para
poder cumplir con las exigencias del momento en el sur. Instó a la comisión a
presentar trabajos bien hechos para que graviten en el gobierno y expresó su
satisfacción por la tarea que ha cumplido hasta el momento la Comisión Promotora. (“Las
fuerzas vivas”, 1969)
Creadas para promover la radicación de industrias en las distintas
regiones del Chubut, las Comisiones llegaron a redactar el anteproyecto de la
Ley de Promoción Industrial de la Patagonia (18.447/69). Era un organismo en el
que convergían militares, funcionarios, empresarios, comerciantes, entidades
rurales, profesionales e intelectuales, para promover la instalación de un “Polo
de Desarrollo” y defender los intereses la burguesía regional. En ese sentido
las Comisiones Promotoras representan una buena radiografía para analizar la
composición de la fuerza social dominante en la región. Desde ese armado
político se articulaban esos intereses con el Estado provincial y nacional.
Sostenía Luis Feldman Josín –director del Diario Jornada y presidente de las
Comisiones– que en ningún lugar del país funcionaban instituciones
representativas de esa índole:
Problemas de interés general,
públicos y privados, son ventilados con franqueza y conocimiento por
industriales, comerciantes, empresarios, profesionales, representantes de
cámaras de comercio e industrial, sociedades rurales, entidades educacionales,
culturales, laborales, del transporte, comunicaciones, hombres de gobierno. Se
escuchan todos los problemas y los planteamientos críticos con el propósito de
arribar a soluciones, llevándose las ponencias a consideración de las
autoridades. Constituidas las Comisiones Promotoras sobre un esquema de 18
puntos básicos, a esta altura 14 de ellos están en plena ejecución por la
Provincia. (“Las Comisiones Promotoras”,
1969)
Una de sus funciones iniciales fue la de discutir y difundir aspectos
centrales ligados a la industrialización y al desarrollo regional. Un buen ejemplo
de su funcionamiento se vio el 4 y 5 de octubre de 1969. En esos días la
Comisión Promotora organizó una asamblea en la que se trataron distintos temas
referidos al desarrollo de la zona: industrialización, ganadería,
infraestructura vial, energética y actividades culturales, entre otros. También
se abordaron y divulgaron informes socioeconómicos y estudios de factibilidad
sobre explotaciones económicas alternativas y/o complementarias. La asamblea
estuvo presidida por Feldman Josín, e integraron la mesa de trabajo el
interventor de la provincia (Perez Pittón), el agregado comercial de la
embajada de Estados Unidos (William Robert Warm), dirigentes del sindicalismo
participacionista (Gilberto Hughes y César Ayala), además de empresarios,
funcionarios, técnicos y profesionales. Unos meses más tarde, las Comisiones
Promotoras participaron de una reunión con el presidente del Banco Nación
(junto a la Sociedad Rural del Valle y las Cámaras de Comercio e Industria de
Trelew, Rawson y Puerto Madryn) para solicitarle mayores líneas crediticias,
tanto para acelerar el poblamiento de la región como para estimular la
comercialización de lanas (“El Banco de la Nación”, 1969).
Anticipábamos al comienzo del apartado, que también apelaron a la
movilización popular cuando vieron peligrar la concreción de la central
hidroeléctrica, y convocaron a una multitudinaria marcha de “apoyo popular”. Aclaraban
en su convocatoria que “nadie protestará contra nadie, pero defenderemos
nuestro proyecto, nuestra presa, nuestra fuente de energía que posibilitará
producir aluminio a precios internacionales y con subvenciones del Estado”
(“Adhieren la cgt”, 1970). Los
rumores y las versiones periodísticas de que no se realizaría la represa
Futaleufú para proveer energía barata a la planta de aluminio en Madryn,
despertaron la alarma de la burguesía regional. Según denunciaban las
Comisiones Promotoras, se trataba de campañas mediáticas que buscaban boicotear
la obra cordillerana. El vicepresidente de la Comisión de Puerto Madryn, Ángel
Mariotti, mencionó una
sintomática campaña periodística cuya intención es crear el
confusionismo’ [...] volvió a referirse a la incidencia negativa de la tónica
periodística en que se debate el problema, diciendo que ‘esta línea divisoria
que se empeñan en trazar algunos periodistas, admitiendo que pueda ser como
consecuencia de informativas erróneas, hacen mucho mal, más del que se piensa,
o mejor dicho no se piensa. (“Adhieren la cgt”,
1970)
El acto se celebró en Trelew el 10 de septiembre de 1970. Las Comisiones
pusieron a disposición varios colectivos desde Madryn y localidades del Valle
para trasladar “gente deseosa de participar en el acto” (“Reafirmose el apoyo”
1970), que también fue transmitido por radio lu-20
(Trelew) en cadena con lu-17
(Puerto Madryn). El llamado a defender el programa desarrollista interpelaba
transversalmente a todos los sectores sociales: “Ningún vecino del Valle y de
Madryn que tenga conciencia de lo que se está defendiendo, debe faltar en esa
oportunidad: comerciantes, industriales, obreros o profesionales. Mancomunados
todos en un mismo ideal, deben concurrir al acto para testimoniar su apoyo y su
confianza a la presa del Futaleufú” (“El aluminio se hará”, 1970).
Se recibieron adhesiones de la planta Pasteurizadora del Valle, de las
Cámaras de Comercio de Madryn, Rawson y Trelew; de la Municipalidad de Madryn,
del Rotary Club de Trelew, de la Sociedad Rural, la Sociedad Española y de las
Comisiones Promotoras del Valle y Puerto Madryn. También acompañó el acto la cgt regional, compuesta por los sindicatos
alineados al gobierno militar: Unión Personal Civil de la Nación,
Gastronómicos, Luz y Fuerza, empleados de comercio, Asociación Obrera Textil (aot) y bancarios. Expresaron que
La clase trabajadora, a través de sus organizaciones, sin otro interés
que el de la grandeza patagónica y por ende nacional, se pone del lado del
pueblo dispuesto a agotar hasta las últimas instancias y luchar decididamente
para evitar que prosperen los intereses ultrapatagónicos y quizás
ultranacionales de quienes, desde las sombras, mueven los hilos de una sorda
campaña, basada en argumentos inconsistentes, destinada a evitar la
realización de esta obra. (“El pueblo expresará”, 1970)
Sin embargo, el día previo al acto fue finalmente anunciada la
licitación de las obras civiles en Futaleufú. Esta noticia tomó por sorpresa a
las Comisiones Promotoras, que de todos modos mantuvieron vigente la
convocatoria. La participación del “pueblo” (si es que la hubo, porque no hay
información del número de asistentes) fue más bien pasiva, y sirvió para dotar
de legitimidad al reclamo de la burguesía, que pasaba a asumir la representación
del “interés general”. La palabra en el acto quedó reservada para la “elite”:
Ángel Mariotti, Feldman Josín (Comisiones Promotoras), Gilberto Hughes (cgt), y el brigadier Jorge Ballesteros
(copedesmel), fueron los
oradores. Al día siguiente el diario Jornada remarcaría en su tapa que “Como es
tradicional en el Chubut, empresarios, profesionales y obreros se dieron cita
en un acto de reafirmación de los derechos de la Patagonia Central para producir
energía eléctrica en el Futaleufú y fabricar aluminio en Madryn” (“Reafirmóse
el apoyo” 1970).
El sindicato textil y el cierre de las fábricas
Culicrón y Tycora
Unos meses antes,
había tomado estado público el inminente cierre de las empresas textiles
Cualicrón y Tycora de la ciudad de Puerto Madryn. Durante todo el proceso de
cierre (desde fines de 1969 a 1972) se reveló una compleja trama política en
la que se aprecia la función del sindicalismo participacionista (en particular
de la Asociación Obrera Textil) y su connivencia con el sector patronal y de
gobierno.
A diferencia de la movilización que organizarían las Comisiones
Promotoras para defender el proyecto de la represa Futaleufú (donde ofrecieron
la imagen de una sociedad ordenada con ansias de desarrollo), en el caso de
Cualicrón y Tycora se destacó la desmovilización que el sindicato textil
procuró mantener, para evitar la emergencia de un conflicto social (como el que
significaba dejar 600 familias sin ingresos). Esa acción por omisión revela el
funcionamiento de un típico sindicato burocratizado que se comporta como
apéndice del Estado para el control de la movilización obrera.
En pleno despliegue de la promoción industrial y de su propaganda, esa
situación de crisis no era una imagen alentadora para los futuros inversores.
De hecho, la prensa no informa sobre la situación de esas familias, ni sobre el
impacto económico negativo que tenía para Puerto Madryn. Las noticias del caso se
presentan en el Diario Jornada (único medio de prensa escrito) dispersas
y/o minimizadas, lo que dificultó la reconstrucción histórica de las acciones
y circunstancias que lo rodearon. Creemos que ello revela parte de la trama de connivencia entre la prensa local, el
sindicato, las asociaciones patronales y el poder ejecutivo provincial: todos
ellos intervinieron para promover la imagen de “paz social” y no intimidar a
las anheladas inversiones de capital.
De la treintena de empresas textiles que producían desde comienzos de la
década del sesenta, 12 de ellas quebraron antes de 1970; algunas no pudieron
sobrellevar el ritmo de la competencia y otras no lograron acomodarse a los
constantes cambios en las normativas legales (Irustra y Rodríguez, 1993, p.
90). Las textiles Cualicrón y Tycora, de Puerto Madryn, forman parte de ese
grupo de empresas que, sea por especulaciones u obstáculos financieros,
quedaron a mitad de camino, sin lograr incorporarse al “Polo de Desarrollo”. A
pesar de que estas dos empresas habían ejecutado proyectos de expansión con
créditos del gobierno nacional, a comienzos de 1970 paralizaron su producción
por problemas financieros. La coyuntura que había dispuesto, desde fines de
1969, la firma del Decreto de Promoción Industrial y las nuevas líneas de
créditos abiertas a la provincia, no fueron suficientes para impedir que ambas
empresas quebraran, lo que planteó una urgente situación socio-económica
al gobierno provincial.
Ante ese panorama, la primera estrategia del sindicato textil, fue cederle la iniciativa a la patronal para que
convocara a un paro de actividades. Tanto la Cámara de Industria de Puerto
Madryn como la aot, reclamaban al
gobierno nacional por la “concreción de las expansiones que permitirían la
continuidad y acrecentamiento de esa fuente de trabajo considerada de orden
primordial en el actual desenvolvimiento socioeconómico de nuestra ciudad” (“En
adhesión a Cualicrón”, 1970). La Cámara de Industria (cuyo presidente era Ángel
Mariotti, miembro de las Comisiones Promotoras y gerente de la empresa
Cualicrón) convocó un paro de 24 horas con cierre de establecimientos para el
5/06/1970; y enviaron telegramas al presidente de la Nación (Onganía) donde manifestaron
la preocupación que despertaba la inestabilidad de dichas empresas y
solicitaron la pronta ejecución del Decreto 2178/70 que contemplaba el
otorgamiento de un crédito especial para ambas empresas.
La destitución de Onganía unos días más tarde, y luego la renuncia del
gobernador Pérez Pittón, crearon un clima de incertidumbre política que dilató
la ejecución de las partidas crediticias que reclamaban, lo que tornó más
acuciante aún la situación. A ninguno de sus trabajadores se les reconocieron los
aportes jubilatorios y a muchos de ellos se les “pagó” con telas y prendas
confeccionadas. En ese contexto, la otra estrategia que el sindicato desplegó
fue la utilización de los créditos que el Banco Chubut le había otorgado: por
un lado, prestaron a los empresarios para que pagaran parte de los sueldos; por
otro, repartieron bonos de comida entre los obreros que fueron canjeados en el
supermercado “La Anónima”. En definitiva, el sindicato hizo de “pasamano”, al
realizar una directa transferencia de ingresos del sector público al privado.[22]
La única respuesta del nuevo gobierno de la dictadura (Levingston R.)
fue una prórroga de 30 días en el pago de las obligaciones de ambas empresas
(decreto 18.790). Mientras tanto, el secretario de Industria y Comercio
Interior (Gral. Chescotta) reunido con los obreros textiles, ya les planteaba
que la situación estaba en un callejón sin salida, y sostenía que para
resguardar la fuente de trabajo no sólo había que salvar a Cualicrón y Tycora,
sino fundamentalmente promocionar la instalación de nuevas industrias
(“Expansión industrial”, 1970). Dos semanas más tarde el ministro de Economía de
Chubut viajó a Buenos Aires para reunirse con una “Comisión Especial” que
Levingston había designado para tratar el problema de ambas empresas. En dicha
oportunidad, se “interiorizó” de la situación a los representantes del conase-conade, Banco Nación, Banco
Industrial y Ministerio de Economía. Descartada la posibilidad de una reactivación
en las empresas, concluyeron (en sintonía con Chescotta) que el impacto de la
situación socioeconómica sólo podría ser amortizado con la ejecución de los
proyectos de radicación de empresas ya presentados.
Todo pareciera indicar que el sector patronal, el sindicato textil y el
gobierno provincial pusieron a jugar la desocupación coyuntural resultante del
cierre de Cualicrón y Tycora, como factor de presión para gestionar ante el
Poder Ejecutivo Nacional nuevas inyecciones de capital y acelerar la firma de
decretos referidos al polo textil de Trelew. No eran las fuentes de trabajo,
sino el interés capitalista lo que esa triangulación de fuerzas salía a
proteger.
Durante los meses siguientes, proliferaron rumores y denuncias por
malversación de fondos y fuga de capitales. Finalmente, se realizó el juicio
por la quiebra y el consiguiente pago a los acreedores, que en su mayoría eran
bancos oficiales y privados. Además de la culpabilidad de las empresas,
distintas actuaciones sumariales del Tribunal de Cuentas dictaminaron también
que hubo “dolo, falsedad, malicia y peligrosidad en la actuación del
expresidente del Banco de la Provincia de Chubut, señor Manuel Ariz para el
otorgamiento de un aval a las firmas Cualicrón y Tycora por la suma de 130 millones
de pesos, ante el Banco Galicia y Buenos Aires” (“Hubo dolo en el crédito”,
1972).
Conclusiones
Hemos analizado
cómo la constitución de un Polo de Desarrollo en el ne de Chubut –luego del Cordobazo de 1969– estuvo proyectada
bajo los estándares de la dns,
como parte de una estrategia que buscaba descentralizar la actividad industrial
y descomprimir la conflictividad obrera. En otras palabras, a la vez que abría
un nuevo territorio más que favorable para la acumulación capitalista (y
ofrecer además cierto respiro a la competencia en el sector), contribuía a
debilitar algunos núcleos de resistencia obrera en las grandes ciudades.
Durante esta etapa de desarrollo (que hemos denominado “en clave de Seguridad
Nacional”) se hizo evidente la centralidad del Estado –tanto en su faz
nacional como provincial– al transferir recursos fiscales, financiar
actividades económicas y desarrollar obras de infraestructura (vial,
aeroportuaria, energética, de servicios, etc.).
El énfasis financiero del Estado puesto en la construcción del pit, y no en un plan de urbanización,
vivienda y acceso a la tierra que previera el impacto social del boom migratorio
de mano de obra, revela que fue el de la burguesía regional el interés principal
que la convergencia de fuerzas vivas impulsó. En Trelew, la ocupación de
terrenos baldíos y la construcción de viviendas precarias fue el resultado
espontáneo de un acelerado flujo de trabajadores que desbordó la escasa oferta
habitacional (Binder, 2021). Se estimaba que hacia 1972, el déficit
habitacional en la ciudad rondaba las 2500 casas, lo que afectaba a una tercera
parte de la población (Caracotche e Ibarra, 1973, p. 13). Surgieron así nuevos
asentamientos obreros en la periferia de la ciudad (Hermosilla et al., 2016),
donde la carencia de infraestructura y servicios básicos sometía a sus habitantes a
unas paupérrimas condiciones de vida. Mientras tanto, el pit ofrecía a las empresas todas las
prestaciones y servicios a estrenar (agua, luz, gas y cloacas). Esa desigual
distribución de recursos refleja –cómo decíamos― que en el trípode de fuerzas
que sostenía e impulsaba la industrialización (Estado, sindicatos y
empresarios), el interés de la burguesía regional era el que prevalecía, el
hegemónico.
Las
situaciones de conflicto en torno al proyecto energético en Futaleufú, nos permitieron
advertir que otro de los efectos de la promoción industrial patagónica fue la
configuración de un nuevo espacio para la renta y explotación
capitalista que sirvió como válvula para descomprimir las tensiones
inter-burguesas que suscitaba el modelo de acumulación imperante,[23] y
permitir a algunas empresas nacionales sortear el declive de sus
tasas de ganancia. Pero a su vez, ello motorizaba pujas interregionales cuyas
burguesías se disputaban el otorgamiento de los subsidios y prebendas
estatales.[24]
El caso del quiebre de las empresas Cualicrón y Tycora puso
tempranamente de relieve que sin el sostén del Estado (que inyectaba capital a
través de estímulos fiscales y subsidios) la actividad industrial no podría
desarrollarse y expandirse de manera autónoma y sustentable. Y además de esa
dependencia estructural, mostraba que las ganancias y los capitales podían
fugarse y dejar en la región sólo sus costos sociales. En ese sentido, la experiencia
de ambas textiles anticipaba el destino final que habría de tener el Parque
Industrial de Trelew, cuando a mediados de la década del ochenta la
eliminación de los subsidios estatales y la interrupción de la promoción industrial
abriera paso a los despidos, suspensiones y cierres de fábricas (Gatica, 1998;
Ibarra, 1997; Pérez Álvarez, 2013; Saso, 2018).
Esa situación de crisis
económica y social que el cierre de ambas empresas planteó en la ciudad de
Puerto Madryn, buscó ser atemperada y disimulada tanto por el gobierno
provincial, la cgt regional, las
Comisiones Promotoras y los medios de comunicación (la figura de Feldman Josín
fue el nexo vinculante entre los últimos dos), para no afectar la imagen de
“paz social” ni la promesa de crecimiento económico con las que se pretendía
seducir a las inversiones de capital. Vimos además cómo en esa oportunidad la
estrategia de la AOT procuró desmovilizar y mantener pasiva la agencia de los
600 trabajadores afectados, al ceder la iniciativa de protesta al sector patronal y utilizar sus vínculos con
el gobierno provincial, para pagar con fondos públicos los salarios adeudados
y repartir bonos de comida.[25]
Puede verse allí con claridad
la triangulación de las tres “fuerzas vivas” que buscaban sostener y
profundizar la promoción industrial. Por el contrario,
durante el “acto de defensa de Futaleufú” (1970), la estrategia que asumió la
“alianza desarrollista” –por iniciativa también de las Comisiones Promotoras–,
fue la de movilizar a la población en defensa del programa industrial, que se
veía amenazado por las disputas interregionales. Asimismo, esas disputas en
defensa de los proyectos de desarrollo supieron acarrear altos costos políticos.
Ello se dejó entrever durante la cena de agasajo que las “fuerzas vivas”
brindaron al interventor Pérez Pittón, luego de que renunciara al cargo en
julio de 1970. Feldman Josín (director del Diario
Jornada y de las Comisiones Promotoras) expresó durante su alocución:
la defensa de la industria en el sur, la apasionada intervención del
gobernador en procura de un régimen crediticio que permita concretar la
industrialización y la defensa, sin cesión de terreno, de las industrias ya
radicadas, motivó algunos roces en altas esferas que obligaron al
contralmirante Pérez Pittón a sacrificar su propia continuidad en el gobierno
para salvar el principio [...] en la
demostración realizada esta noche por representantes de las fuerzas
empresarias, cooperativas, profesionales, y obreras del Chubut y por
prestigiosos dirigentes de partidos políticos va el aplauso: va el afecto de la
masa obrera por su sensibilidad social; va el agradecimiento del pueblo por su
anhelo de convertir al Chubut en una gran empresa [...] por encima de partidos
políticos, de ideologías, religiones, de razas y de opiniones. (“Cálida despedida”, 1970)
En esa gala se le
reconoció a Pérez Pittón la obra industrializadora que encaró desde el Estado
provincial: la conquista de la
promoción industrial, el financiamiento con el Fondo de Integración Territorial
y otros programas de crédito obtenidos, la creación del Parque Industrial de
Trelew, la planta de aluminio en Madryn, las obras viales (pavimentación,
puentes, rutas, etc.) y el desarrollo de infraestructura necesaria para la producción
industrial en la región. Esa tarea estuvo orientada, según Feldman Josín, por
las Comisiones Promotoras, que “guiaron al gobierno en la tarea de programar
las obras…” (“Cálida despedida”, 1970). Éstas, no sólo se abocaron al lobby político o la redacción del
anteproyecto de la ley de Promoción Industrial de la Patagonia (“Sobre la
paralización fabril”, 1970), sino que también apelaron a la movilización
popular para defender los intereses de la industrialización regional.
Los sindicatos participacionistas (nucleados en la cgt regional) constituían la tercera
pata de aquella triangulación desarrollista. Tuvieron un papel central durante
esta industrialización subsidiada: buscaron tener bajo su control el
desarrollo y la organización del movimiento obrero, de modo que la
conflictividad socio-laboral no interfiriese sobre la
productividad industrial. Esa agencia fue reconocida también durante la cena de
despedida en honor a Pérez Pittón, cuando Feldman Josín entregó a César Ayala (aot-cgt) el “Premio Fontana”, una medalla de oro en reconocimiento a
su labor sindical. La oposición sindical a la cgt regional enviaría luego una nota dirigida a F. Josín, en
la que objetaba su relación de amistad con Ayala y le reprochaba el turbio
manejo de fondos públicos que el dirigente textil había hecho durante el
cierre de Cualicrón y Tyocra. Irónicamente, Francisco Sánchez (del sindicato
de empleados municipales) le dijo: “nosotros vamos a darle otra primicia, ya que le entregaron otra
medallita, debido a sus méritos en defensa de las fuentes de trabajo,
principalmente en la ciudad de Madryn, se sabe concretamente que dicha medalla,
vale cuarenta y ocho millones de pesos (Decreto Nº 1058)” (“Aclara su
posición”, 1970).
Ese fuerte aspecto
corporativo nos alejó de conceptualizar esa convergencia como “concertación”,
por entender que ante todo funcionó como un modo de acceso para la burguesía
regional al ámbito de las políticas económicas del estado. Antes que una forma
de solucionar conflictos (como suelen justificarse las concertaciones o “pactos
sociales”), la “alianza” desarrollista del ne
de Chubut a comienzos de la década de 1970 operó como forma de dominación
política e imposición programática en el marco de una dictadura militar, que
aseguró la participación de sectores como la iglesia, el ejército, empresarios, ganaderos y sindicatos
(y dejó fuera otras
fuerzas políticas como asociaciones barriales, estudiantiles, partidos
políticos, y sindicatos opositores).
En esas mediaciones “corporativas” que las Comisiones asumieron, se
revela su agencia como órgano político de la burguesía, capaz de articular
intereses de la sociedad civil en el ámbito de las decisiones políticas. La
ocupación de ese rol ―que tradicionalmente ejercieron los partidos políticos―
entraba en sintonía con el discurso “tecno-burocrático” del establishment de la “Revolución
Argentina”, que impugnaba la eficacia de la democracia representativa y
cuestionaba la legitimidad de los partidos políticos (Portantiero, 1977). Las
Comisiones tuvieron la misma finalidad que la de los Consejos Asesores o
Consejos Económico-Sociales: excluir la expresión popular, obviar la
representación vía sistema electoral (Balvé, 1989, p. 54) y asegurar a la
burguesía una vía de acceso al Estado para ejercer cierto control sobre
las políticas públicas, para vehiculizar así –extraparlamentariamente― su interés
de clase.
Además, en contrapartida, el funcionamiento de ese espacio deliberativo
para las “fuerzas vivas” y la interlocución que las Comisiones mantenían con el
gobierno, permitía a la
dictadura arrogarse la existencia de participación y consenso en la comunidad –aun sin un sistema democrático de partidos
políticos. Durante una reunión de
“gobernadores” en Buenos Aires, el interventor de Chubut –Pérez Pittón– se
refirió al trabajo junto a las Comisiones Promotoras, y señaló que
Los objetivos y planes del
desarrollo provincial han sido publicados y discutidos a través de las organizaciones
intermedias que reúnen núcleos de opinión representativos. El haber facilitado
este diálogo permitió palpar el grado de consenso obtenido como asimismo
lograr la participación de la comunidad en los planes de desarrollo que el
gobierno tiene en marcha. (“La exposición de Pérez Pittón”, 1970)
A ese meeting
celebrado en 1970 para despedir al interventor Pérez Pittón, asistieron
representantes de las ff.aa., el
jefe de policía, las cámaras de comercio, industria, construcción, sindicatos
participacionistas, funcionarios de gobierno e intendentes. Esa cena ofrece un
nítido reflejo de los sectores sociales que actuaron en connivencia para
conseguir y mantener la promoción industrial; sintetiza la triangulación (dirigida por las
Comisiones Promotoras) entre funcionarios, empresarios y
sindicalistas en pos de asegurar el interés de la burguesía regional. Esa
convergencia, fue también expresión política de la fuerza social dominante de
la región, que confrontaría contra el campo popular en octubre 1972, durante la
protesta de masas conocida como “Trelewazo” (Binder 2021). En esa ocasión, la cgt
regional, las Comisiones Promotoras, el Diario Jornada y los funcionarios
provinciales, se opusieron a la movilización popular y a las tres huelgas
generales de octubre de 1972, con las que se consiguió la liberación de los 16
detenidos del “Operativo Vigilante” (Binder, 2019). Rechazaban la presencia de
presos políticos en la región, y ―en añadidura― la actividad de familiares,
abogados y Comisiones de Solidaridad que resistían la política represiva del
régimen militar, al que las “fuerzas vivas” locales tenían como aliado;
consideraban que ello también atentaba contra “el clima social tranquilo” (“Promoción Industrial”, 1969) con el que se
buscaba seducir y atraer inversiones.
Referencias
Aclara su posición un sector
gremial. (1970, noviembre 8). Diario
Jornada, s/n.
Adhieren la cgt, Cámaras de Comercio y el Rotary al
Gran Acto de Defensa de la presa Futaleufú. (1970, septiembre 9). Diario Jornada, s/n.
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de la economía del Chubut y de sus perspectivas de desarrollo. Tomos i, ii y iii. Provincia del Chubut, Asesoría de Desarrollo.
Ante dirigentes de la CGE
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Producto Bruto Geográfico de la provincia
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