Apuntes para (re)pensar el desarrollo industrial en el
contexto latinoamericano
Notes for
(re)thinking about industrial development in the Latin American context
Cristhian Seiler[1]
Víctor Ramiro Fernández[2]
Palabras
claves: Desarrollo;
Política industrial; Estado.
Abstract: The paper reviews
some key aspects around the problem of development centered on the productive
structure of peripheral countries. It seeks to answer why productive
transformation is necessary, on what aspects it is necessary to focus, how it
would be more appropriate to proceed, and how the attributes of one of the key
actors in the process (the State) influence the viability of the
transformation. In answering these questions, he critically addresses the
importance of industry and the implications that fall on industrial policy as a
comprehensive package (sectoral, scientific-technological, macroeconomic
regulations and interventions, among others) and the orientation of the
developmental strategy. Additionally, the work seeks to highlight the
importance of state attributes and how the institutional-organizational level
can provide capacity, coherence and comprehensiveness in the state responses
that are demanded in the task of transforming the productive structure in Latin
America.
Keywords: Development;
Industrial policy; State.
Recibido: 2 de septiembre de 2021
Introducción
A principios del siglo xxi, se notaron signos de
cambios de las estrategias de crecimiento de los países centrales. Las
reacciones nacionales frente a la pérdida de empleo industriales y a la crisis
internacional de 2008 básicamente expresaban una mayor atención a las dinámicas
domésticas de esos países, con una particular atención o profundización de la
política industrial (Bailey et
al., 2018). También influyeron aspectos pocos
satisfactorios de los procesos de deslocalización (offshoring)
productiva que incentivaron una tendencia de reindustrialización de sus
economías (Młody 2016;
Bailey et al., 2018). Desde el punto de vista de la estrategia
de desarrollo, y aunque la dinámica asiática como posible relevo hegemónico
estimula una nueva dinámica periférica (Fernández y
Moretti, 2020), ese cambio de tendencia profundizado por
la pandemia (sars-cov-2) mantiene
a los países periféricos frente a una ventana de oportunidad histórica y
estratégica para recuperar un sendero de desarrollo industrial a mediano y
largo plazo.
No obstante,
aunque las circunstancias sean oportunas, este proceso no sucede de forma
automática. En Argentina, como en el resto de los países latinoamericanos, la
trayectoria histórica de la estructura productiva, así como los atributos y
comportamiento de los actores intervinientes no resultan un anclaje
satisfactorio para resolver los dilemas estratégicos involucrados en dicho
proceso. En este sentido, el trabajo se propone revisar un conjunto de aspectos
teóricos y concretos vinculados a la transformación de la estructura productiva
periférica procurando responder por qué es necesaria su transformación, sobre
qué aspectos es preciso centrarse, cómo sería más apropiado proceder, y
cómo los atributos de uno de los actores más importantes (el Estado) influyen
en la viabilidad de la estrategia de transformación.
El trabajo
estimula la reflexión sobre algunas formulaciones teóricas que se han naturalizado
en el campo del desarrollo que, si bien se han presentado como potentes y modernas
estrategias, desde hace dos o tres décadas sus repercusiones prácticas en los
países latinoamericanos han sido limitadas por desconsiderar sustantivamente
algunos aspectos domésticos cruciales en el contexto de la globalización. Por
ejemplo, la estrategia de potenciar las ventajas existentes de empresas,
incluso de actores territoriales (clusters),
para involucrarse en las cadenas de valor global (global value
chains) y obtener actualizaciones tecnológicas (upgrading), no solo despierta preocupación por el
impacto sobre las estructuras domésticas sin densidad industrial, sino también
por la dificultad de los Estados en articular un herramental de políticas
pertinente y necesario para que esa inserción redunde en desarrollo.
El trabajo
sostiene que la estrategia de desarrollo podría fortalecerse al focalizarse en
la centralidad del sector industrial y, principalmente, en aquellas ramas con
mayor capacidad para movilizar encadenamientos y dinamizar procesos científicos
y tecnológicos que transformen el núcleo de acumulación especializado en
recursos naturales. Pero, esto debería reparar en tres aspectos fundamentales:
la integralidad de la estrategia, la coherencia con la ubicación del motor del
desarrollo industrial, y el comportamiento y atributos del Estado. De un modo
específico, la integralidad implica reconectar estratégicamente los aspectos intervinientes
en el cambio estructural (macroeconómicos, sectoriales, financieros, regulatorios,
entre otros). La cuestión de la ubicación del motor de crecimiento debe superar
la dicotomía interna-externa para esbozar una estrategia desde adentro
que articule situacionalmente diferentes ventajas comparativas orientadas a
construir capacidades productivas. Por su parte, los atributos del Estado
vienen a ser los puntales fundamentales y de urgente revisión y fortalecimiento
en donde se soporta el carácter estratégico del proceso. En la medida en que
los diferentes organismos que intervienen en la planificación de la estrategia
de desarrollo industrial no alcancen un entendimiento común de problemas y objetivos,
ni se resuelvan las disidencias y aspectos institucionales-organizacionales
relativos al núcleo decisional del proceso, la coherencia y el carácter de
integralidad de la estrategia no tendrán un impacto suficientemente amplio
para viabilizar la transformación productiva.
El trabajo se
desarrolla en cuatro partes y unas consideraciones finales. La primera parte
plantea la especificidad y complejidad del problema del desarrollo en las
economías en el contexto periférico. La segunda parte trae a la escena la
importancia del sector industrial, la importancia de su articulación con la
dinámica científico-tecnológica en un marco de crecimiento económico, así
como las dimensiones claves que intervienen en la política industrial. La
tercera parte aporta claridad en cuanto a la orientación estratégica del
proceso de crecimiento y desarrollo y también sobre la importancia de la
ubicación del motor dinámico de crecimiento para traccionar la transformación
productiva. En la cuarta parte se aportan algunos elementos y atributos
significativos respecto al Estado para soportar y viabilizar una estrategia de
desarrollo centrada en una opción industrial. Al finalizar, se presentan
algunas consideraciones finales.
La dinámica capitalista periférica posee
elementos específicos que son producto del modo en que los países con menor
desarrollo relativo han sido incorporados históricamente a la producción
capitalista. En su trayectoria de inserción, los países periféricos participan
en una división internacional del trabajo preexistente que establece una
desigual distribución de los beneficios como un atributo propio del carácter
sistémico del capitalismo. Así, debido al retraso relativo de los países respecto
a la frontera tecnológica mundial, a la capacidad productiva y a la dinámica
distributiva, su inserción internacional se establece a través de actividades periféricas
que complementan las dinámicas de los centros del sistema (Prebisch,
1981).
La inserción de
los países latinoamericanos en la división internacional del trabajo como
proveedores de materias primas o productos básicos resulta inconsistente con el
desarrollo económico y social de la gran mayoría de la población debido al
deterioro de los términos de intercambio y su impacto en la restricción
externa (Prebisch, 1981). La tesis del deterioro de los términos de
intercambio (Prebisch, 1986), conocida como la Tesis Prebisch-Singer,
considera que se produce una caída secular de la relación de precios entre
dichos sectores, afectando la capacidad de compra de los primeros. Esto sucede
debido a la inelasticidad-ingreso y el comportamiento diferencial del cambio
técnico y la productividad entre el sector básico y las manufacturas a nivel
internacional.[3]
De tal modo, la prevalencia de los productos básicos en la canasta exportable y
las limitaciones en cuanto a la capacidad tecnológica y distributiva de los
países latinoamericanos amplifican la vulnerabilidad externa y la magnitud e
incidencia de la tendencia a la caída de los términos de intercambio en el
proceso de desarrollo en aspectos sustantivos (Cimoli et
al., 2017; Fernández, 2017).
Por esa razón,
tempranamente, un cúmulo de autores en torno a la cepal advirtió la necesidad de
realizar un salto cualitativo y cuantitativo hacia actividades con mayor
sofisticación que generarán una creciente difusión del progreso técnico, en
particular en torno al sector industrial (industria de manufactura-liviana
primero y luego en sectores más avanzados o industria pesada), alterando así la
estructura de producción y distribución del excedente (Furtado,
1974; Prebisch, 1981).
Este planteo
señala la importancia de transformar la estructura productiva desequilibrada (epd) y su
especialización como supuesto básico del desarrollo a largo plazo (Diamand,
1972). El razonamiento se centra en que la alta productividad
de los sectores primarios latinoamericanos con bajos niveles de
encadenamientos internos y su alto nivel de desplazamiento de mano de obra a
raíz de los avances de la técnica de producción, tiene como contracara un
contingente mayor de población empleada en actividades menos productivas del
sector industrial (y relativamente baja respecto a la frontera tecnológica), lo
cual repercute en la constante demanda de divisas para la importación de
equipos y bienes de capital que presiona la balanza comercial hacia la
restricción externa de divisas (Diamand,
1972), agravada por el flujo de divisas por vías no
comerciales, es decir, financieras y fuga de capitales para formación de
activos externos (Gaggero et
al., 2013).
Mientras que en
los países periféricos los agregados macroeconómicos colisionan a mediano-largo
plazo con límites estructurales, principalmente dado el grado de complejidad
estructural y la restricción externa (Amico, 2013;
Cimoli et al., 2009; Prebisch, 1981; Vernengo, 2006), los países centrales poseen estructuras más
homogéneas en sus niveles de productividad y distribución y pueden aumentar sin
dificultad el ritmo económico ya que la institucionalización de ciertos
patrones distributivos y fiscales permite movilizar los medios productivos
ociosos y alcanzar niveles de empleo más altos de los recursos (Crespo y
Muñiz 2017; Fiori 2015).
Frente a esta
diferencia estructural, en las epd el uso de incentivos autónomos de la demanda
agregada estimula un cierto ritmo de crecimiento que se ve limitado por la
estructura productiva dependiendo de su nivel de desarrollo existente. De este
modo, si la estrategia de crecimiento no contempla las limitaciones, el aumento
generalizado del ingreso es contraproducente dado el punto estructural crítico
(principalmente en lo referente a las importaciones de bienes e insumos
estratégicos) que da lugar al estancamiento económico (Furtado,
1974). En la medida en que estas condiciones persisten,
determina un punto máximo más allá del cual el crecimiento no puede continuar y
se abre un ciclo recesivo más o menos pronunciado en favor de la restitución de
cierto equilibrio anterior, principalmente centrado en la reducción del ingreso
de la base social (Diamand,
1972; Prebisch, 1981; Vernengo, 2006). En esta situación, el patrón distributivo e
inclusivo, que resulta necesario y deseable política y socialmente en países
tan desiguales como los latinoamericanos, habitualmente es identificado como la
causa principal de las restricciones aduciendo que el aspecto problemático
central se encuentra en la demanda de bienes y no en la oferta (Amico, 2013).
En este marco, la remoción de los aspectos
estructurales que limitan la oferta de bienes adquiere centralidad como nudo
problemático, dentro de lo cual la construcción de capacidades productivas y el
sector industrial requieren operar como motor que dinamizan un conjunto mayor
de encadenamientos multisectoriales (Andreoni y
Chang, 2019).
Desde los años setenta y ochenta, la
problemática de la estructura productiva quedó opacada por la ofensiva
neoliberal que anunció reiteradamente que las tendencias hacia los servicios y
la dinámica de los flujos globales promovería el pasaje de los países hacia
estadios más avanzados de desarrollo (Cypher, 2007). No obstante, los procesos de desindustrialización
evidenciados en las economías desarrolladas obligaron a reconsiderar la
política industrial como palanca autónoma para resolver problemas como la
pobreza y el desempleo, o bien sostener y/o profundizar el efecto arrastre
sobre el sector científico-tecnológico.
La experiencia
histórica muestra que en diferentes momentos históricos el papel del sector
industrial ha sido un factor dinamizador clave para transformar la estructura
productiva de los países (Amsden et
al., 1995; Andreoni y Chang, 2019). Esto se debe a que los avances producidos
en el sector industrial repercuten directa e indirectamente en otros sectores,
ya sea en la mecanización de sectores primarios o en la retroalimentación con
los sectores científicos y técnicos asociados a la innovación y el desarrollo (Gerschenkron
1968; Amsden et al., 1995; Cassini y Robert, 2020). El aspecto fundamental que el sector
industrial imprime en la estructura económica es su capacidad de incorporar y
difundir el progreso técnico al resto de los sectores y actividades,
permitiendo movilizar un generalizado aprendizaje tecnológico que aumenta la
complejidad estructural (Cimoli et al,
2009). Al introducir complejidad estructural, los sectores
intensivos en conocimiento acumulan y difunden capacidades que permiten
reducir la brecha tecnológica, productiva y de ingresos frente a los países
centrales (Cimoli et
al., 2009; Cimoli et al., 2017).
Ahora
bien, que el sector industrial opere como motor dinámico de eslabonamientos y
articulaciones virtuosas hacia otras ramas y actividades económicas implica
considerar su contexto macroeconómico. Por un lado, se debe encontrar dentro de
un cuadro de aumento de la actividad productiva en general, vinculada al cambio
en las cantidades que repercute, a su vez, en la diferenciación y calidad de lo
producido. Este aumento genera efectos multiplicadores en la estructura
productiva que lleva a la creación de nuevas actividades que antes no habían
tenido lugar, ya sea aguas arriba o aguas abajo de las actividades que
motorizan su creación (Chang y
Andreoni, 2020). Por otro lado, la inversión en ciencia y
tecnología (públicos y privados) encuentra articulación virtuosa con un
sector industrial dinámico demandante de sus potencialidades para cualificar
la estructura productiva (Herrera,
1978; Cassini y Robert, 2020). Dentro de las epd, el efecto multiplicador y
de aprendizaje que promueven los sectores intensivos en conocimiento no puede
ser alcanzado de forma inversa, es decir, posicionando a las actividades de
ciencia y tecnología como protagonistas para estimular a la estructura
industrial deprimida, tal como ha sido promovido de forma generalizada en las
últimas décadas (Cherif y
Hasanov, 2019). En realidad, es justamente la dinámica
industrial la que marca la extensión y profundidad de la actividad
científico-tecnológica y la inversión en innovación y desarrollo (Cassini y
Robert, 2020).
Bajo estas
consideraciones, establecer condiciones macroeconómicas que provean estabilidad
y estimulen la demanda interna es necesario, aunque no suficiente. Así, toma
lugar la noción de una política industrial de mayor integralidad como paraguas
de intervenciones públicas que articula los esfuerzos hacia la industria y el
complejo científico-tecnológico, los cuales permiten alterar la reproducción de
la estructura productiva existente. De modo tal que la política industrial
debería entenderse más bien como un paquete o conjunto combinado de políticas
que exceden lo estrictamente sectorial, buscando desafiar las ventajas asociadas
a los recursos naturales y estimular la construcción de capacidades productivas
(con maduración a mediano y largo plazo) de los sectores básicos y/o
estratégicos (Andreoni y
Chang, 2019; Salazar-Xirinachs et al., 2014; Cimoli et al., 2017).
Siendo que el
Estado dispone de diferentes herramientas para orientar la economía (incluso
haciendo uso de empresas y compras públicas), la política industrial puede
entenderse en un sentido amplio, donde interactúen herramientas sectoriales
(industriales, científicas, incluso agropecuarias), financieras,
macroeconómicas, comerciales e incluso laborales, con sus respectivas medidas
regulatorias (Chang y
Andreoni, 2020; Andreoni y Chang, 2019; Cimoli et al., 2017). Dentro de este conjunto de medidas, es
conveniente que se tenga la mayor certeza posible de que se están fortaleciendo
aquellas ramas industriales con mayor efecto multiplicador, en donde se desafíe
ex ante las “señales” del mercado con
el fin de acelerar procesos (Lavarello y
Sarabia, 2015; Cimoli et al., 2009; Andreoni y Chang, 2016).[4] Ciertas ramas del sector industrial
intensivas en ingeniería y conocimiento pueden constituirse en espacios clave
de aprendizaje tecnológico e innovación con capacidad de demandar y producir inputs (maquinarias, químicos,
farmacéutica, entre otros) que explican la aplicación de técnicas novedosas y
la mejora productiva en otros sectores, aumentando la productividad agregada de
la economía (Furtado,
1974; Lavarello et al., 2017; Cimoli y Porcile, 2014)). El punto estratégico del paquete de esas
herramientas de diferente naturaleza es orientar los distintos esfuerzos
públicos para apuntalar y sostener la maduración de las capacidades productivas
y el progreso técnico de la economía en su conjunto.
Debido a la prevalencia de diferentes
experiencias históricas que repercuten en las tradiciones teóricas, en la
literatura del desarrollo persiste una disputa en cuanto a la dirección u orientación
estratégica de cómo encarar la transformación de las estructuras productivas de
los países menos industrializados. No es el espacio para una revisión
exhaustiva de las características de esta discusión, pero aquí se espera
distinguir aspectos estratégicos de las dos visiones dominantes al momento de
definir o diseñar acciones públicas. Básicamente, el desacuerdo entre las
visiones está dado respecto a dónde se encuentra el motor dinámico del
crecimiento, es decir, si es interno o externo a la unidad económica, y eso
define la orientación que asume la estrategia de desarrollo. De acuerdo a la
dirección que se establezca se deriva un conjunto de instrumentos e incentivos
y/o restricciones, y la maduración industrial será traccionada por sectores
vinculados a la demanda externa o bien a la demanda interna (Vernengo,
2015).
Históricamente, de
forma estilizada, por un lado, se puede mencionar la visión hacia adentro
centrada en una estrategia sustitutiva, tanto en su variante “liviana”
(sustitución de industria manufacturera y protección de industrias sensibles o
infantes), como en la variante “pesada” (sectores estratégicos y bienes o
equipos de capital). Esta emergió fuertemente luego de la segunda posguerra,
donde algunos países de América Latina como del Este Asiático incursionaron en
un conjunto de experimentaciones políticas e institucionales en el ámbito
industrial con variable éxito (Fernández et
al., 2017). En el abanico de experiencias históricas,
se ha sostenido que la estrategia utilizada en los países latinoamericanos no
logró sortear la restricción externa que dio lugar a los ciclos de stop and go. En contraste, se ha señalado que el éxito de los
países del sudeste asiático hizo uso de otra estrategia que estuvo no tanto
centrada en la estrategia hacia adentro, sino en el impulso de la
variante hacia afuera orientada a las exportaciones (Fajnzylber,
1987).[5] Incluso, buena parte de la literatura
sostiene que la experiencia de estos últimos fue centralmente hacia afuera (Yeung, 2017).
Sin embargo, la
distinción hacia adentro o hacia afuera detrás de la cual se han
clasificado las estrategias de desarrollo, quizás no resulte un criterio
ordenador satisfactorio del éxito (Este asiático) o del relativo fracaso
(Latinoamérica) de la transformación industrial como se ha sostenido
habitualmente. En realidad, cada vez hay más evidencia de que el aspecto
definitorio de la trayectoria de las experiencias históricas se relaciona al
grado de maduración estructural en medio de las particularidades históricas y
geopolíticas (Fernández,
2017; Yeung, 2017). Una estrategia orientada hacia las
exportaciones no necesariamente es una alternativa de mayor calidad o
efectividad, sino una opción construida históricamente en un marco geopolítico
particular y mediado por la maduración y alcance de las capacidades productivas
e institucionales del marco nacional y su contexto regional que desacreditan el
peso absoluto de una estrategia u otra (Yeung, 2017).
Algunos análisis
del gran ascenso tecnológico de las economías asiáticas en la economía
globalizada señalan que la orientación exportadora ha sido una alternativa
superior a la estrategia sustitutiva implementada en América Latina (Deyo, 1987;
Fajnzylber, 1987). No obstante, abordajes más detallados
permiten advertir que el desempeño exportador (incluyendo a China) se asienta
en primer lugar en condiciones estratégicas que fueron necesarias para su
despliegue. Por una parte, ciertas condiciones de excepcionalidad geoeconómica
y geopolítica, como fueron la demanda de manufacturas y la protección
norteamericana (Yeung, 2017;
Fernández et al., 2017), dentro de la cual dichas experiencias produjeron
cambios en el comportamiento y desempeño de la estructura interna estimulada
por diferentes herramientas estatales, desde el direccionamiento de la
inversión, empresas públicas, entre otras, hasta el fuerte condicionamiento
sobre los actores capitalistas (Amsden, 2001;
Kohli, 2004). Y, por otra parte, en ese contexto, por el
volumen del gasto estatal y la fortaleza de la política industrial selectiva y
orientada a la consolidación de sectores industriales estratégicos (alta
tecnología y capital intensivo: siderurgia, metalmecánico, semiconductores,
electrónicos y químicos, incluso infraestructura para la provisión de insumos
estratégicos) en articulación con políticas de protección y comercio exterior,
de atracción de inversiones extranjeras, entre otras (Hira, 2007;
Masiero y Coelho, 2014). Tanto los factores externos como los
factores internos perseguían la transformación productiva de la estructura
doméstica como un objetivo común por diferentes razones.
Por lo tanto,
superar la dicotomía hacia adentro o hacia afuera resulta una
operación clave. En este sentido, la orientación basada en una visión desde
adentro permite admitir que la estrategia inicial (sustitutiva) sobre la
estructura industrial sea compatible y, al mismo tiempo, plataforma
insustituible y constructiva para generar procesos de aprendizaje internos y/o
la asimilación o superación de patrones de la frontera tecnológica. De modo tal
que la profundización de la estrategia inicial hace posible desarrollar
capacidades productivas domésticas que luego, es decir, históricamente, se
despliegan y construyen una variante exportadora que compite robustamente en el
mercado internacional con sectores con los que antes no lo hacía (Amsden et al.,
1995; Gereffi y Wyman, 1987) y, eventualmente, logra
disputar la frontera tecnológica (Majerowicz
y Medeiros, 2018). Además, desde el punto
de vista del comercio internacional, este despliegue exportador a través de actividades de alto
valor agregado permite ampliar -y al mismo tiempo permite evidenciar- la
madurez productiva dado el elemento multiplicador del gasto público, como
variable autónoma, y su intervención sistemática sobre eslabones productivos y
sectores críticos (Block et al.,
2023; Vernengo, 2015).
La orientación
estratégica en el marco de transformación del capitalismo
Luego de la crisis de mediados de 1970 que dio
cierre a las “décadas doradas” del capitalismo, la reorganización de la
producción mundial de bienes y servicios pasó a tener una dimensión global
que priorizó el esquema estratégico de crecimiento hacia afuera centrado en la
teoría clásica de comercio internacional (Fernández y
Brondino, 2018a; Cypher, 2007). El rompimiento de las regulaciones y
controles estatales dio lugar a una mayor circulación global del capital,
siendo los Estados nacionales una apoyatura fundamental para su viabilidad (Weiss, 2003). El nuevo esquema espacial de producción
globalizada, ahora fragmentado y descentralizado, resultó organizado bajo
encadenamientos internacionales o globales estructuradas por las corporaciones
transnacionales líderes de los sectores (Dicken et
al., 2001).
En las últimas dos
décadas, este esquema reavivó las posturas favorables a la industrialización
orientada por la demanda externa (export-led
industrialization) haciendo uso de los potenciales
beneficios de dicho esquema (Fernández y
Brondino, 2018b). A grandes rasgos, esta visión asume que la
incorporación de los sectores y empresas a los flujos productivos globales
promueve actualizaciones tecnológicas (upgrading)
y permite nutrirse de la circulación del conocimiento global (Pietrobelli y
Rabellotti, 2011). Como esta visión sostiene que las
estrategias hacia adentro serían muy costosas, de largo plazo y menos relevante
(contrariamente a lo que se ha venido dando en la última década al regresar a
la política industrial), entonces es conveniente estimular una estrategia de
“rápida industrialización” (fast industrialization) de sectores con potencial para
conectarse selectivamente y en segmentos específicos de las dinámicas macro
regionales o globales. Esta vía tendría un correlato de participación en los
ingresos globales de acuerdo a las ventajas competitivas que se presenten en
relación al resto del mundo (Baldwin,
2013).
No obstante, dado
que esta visión supone que la demanda interna no posee suficientes efectos
virtuosos sobre el desarrollo económico, propicia una integración internacional
no solo dependiente del ritmo de crecimiento de la demanda externa (Vernengo,
2015), sino que también renueva la subordinación productiva,
tecnológica y financiera que padecen los países periféricos (Fernández y
Trevignani, 2015; Vernengo, 2006). En realidad, bajo el nuevo funcionamiento
de valoración selectiva de los factores productivos (disponibilidad de materias
primas, bajos costos de mano de obra, infraestructura, etc.), los beneficios
potenciales del contexto periférico que se derivan al participar en las cadenas
o redes económicas globales opera como un nuevo esquema de dominación por el
cual las condiciones estructurales centro-periferia son mantenidas,
reproducidas, e incluso profundizadas. Por un lado, esto se da debido al apoyo
que brindan los Estados a las empresas líderes y sus posiciones en la producción
global, y al control que ejercen las casas matrices sobre aquellas actividades
centrales retenidas en los países de origen (diseño, organización de las redes,
precios de comercialización, posventa, entre otros); y, por otro lado, debido
a la desarticulación de aquellos entramados productivos domésticos que no
presentan potencialidades y que quedan por fuera de los factores productivos
valorados por las empresas transnacionales o la dinámica global (Kaplinsky,
2000; Fernández y Trevignani, 2015; Fernández y Brondino, 2018b).
Dada estas
recientes “mutaciones genéticas” de los sistemas de fabricación, tecnología y
circulación del conocimiento y los efectos en la estructura productiva
doméstica, la estrategia de desarrollo necesita aumentar su capacidad
inmunológica a través de la movilización y construcción interna de nuevos
encadenamientos domésticos que desafíen los incentivos y pulsos marcados por
las cadenas globales. Así, volvemos al punto inicial. El posicionamiento que
alcanzan las empresas y/o sectores económicos de los países periféricos dentro
de esas redes pasa a depender cada vez más del éxito de las estrategias de
desarrollo industrial aspirando a construir capacidad productiva en un marco
de condicionamiento de la estructura centro-periferia (Fernández y
Trevignani, 2015; Fernández y Brondino, 2018b) y a través de la mejor utilización posible
de los recursos (naturales, tecnológicos, etc.) e insumos críticos,
principalmente, dólares (Coatz et al.,
2018). Esto permite advertir que, debido al mantenimiento de
la desigualdad de poder (relativo a los tamaños, jerarquías y capacidades de
operar globalmente) entre los distintos Estados nacionales y los actores
económicos de la producción global (Weiss, 2005), la conveniencia de mejorar cualitativamente
el posicionamiento de empresas y sectores en las redes económicas globales no
debería descuidarse. Pero, debería llevarse a cabo sin perder de vista que los
encadenamientos productivos internos y su complejidad estructural, así como el
involucramiento estratégico del Estado, son los activos que sostienen o hacen
posible dicha inserción (Dicken et
al., 2001; Levy, 2008; Milberg, 2008).
En este sentido,
cabe mencionar que el punto crítico de una estrategia de desarrollo planteada
en estos párrafos no pasa por una decisión excluyente de integrarse o no al
mundo, ya que indefectiblemente todas las economías están integradas al sistema
capitalista. El punto es el cómo y
a través de qué bienes, actividades y sectores los diferentes elementos de la
economía doméstica son integrados a la dinámica internacional, sopesando el número
de encadenamientos y la complejidad y densidad que dicha inserción logra
movilizar o amplificar en la estructura interna.
En este marco, es
pertinente un último comentario sucinto relacionado con la dimensión macro
regional latinoamericana que puede fortalecer una estrategia desde adentro para
propiciar la maduración estructural. En países con tamaños de mercado doméstico
reducido como los de la región (con la posible excepción de Brasil o, tal vez,
México), la ampliación de la producción resulta un elemento crítico, aunque
central, tanto para aumentar las cantidades demandadas como la complejidad e
integración estructural interna que redunden en aprendizajes regionales y
locales. En la literatura del desarrollo, incluso aquellos que apelan a la visión
export-led, reconocen que las
experiencias asiáticas (incluida China) tuvieron como plataforma de aprendizaje
la gran macro región circundante que les permitió complementariedades
tecnológicas (Baldwin,
2011; Fernández, 2017; Yeung, 2017). Oportunamente, en la génesis de la
estrategia de industrialización latinoamericana, la dimensión regional es parte
constitutiva de la estrategia industrializadora (cepal, 1959). De este modo, en el contexto
latinoamericano, el aumento o ampliación del mercado regional (por ejemplo,
cualificando el mercosur)
puede repercutir en diferentes aristas como son el estímulo regional a la complejidad
endógena y la posibilidad de operar estratégicamente más allá de los acuerdos
comerciales bilaterales o multirregionales, o de las reglas y negociaciones
dominantes de los organismos internacionales (Olivera 2019;
Olivera y Villani, 2017). No obstante, las potencialidades derivadas
de la integración regional, se requiere pericia sobre la viabilidad y las
condiciones regionales y geopolíticas en las que tienen lugar, cuadro en el que
toman centralidad otros aspectos críticos y estratégicos ligados a la
hegemonía, la política externa y una institucionalidad regional pertinente para
lidiar con los desequilibrios (Medeiros,
2008; Merino, 2017).
En
este complejo marco, queda por revisar un componente fundamental dentro del
proceso de desarrollo bajo la opción estratégica planteada. De plano, tomar la
política industrial desde un punto de vista de mayor integralidad y anclada en
el aumento de la complejidad desde adentro, implica colocar al Estado
como el componente principal, conductor y/o promotor de instrumentos y
movimientos estratégicos. No obstante, estos instrumentos y movimientos no
deberían ser fruto de la improvisación o del inmediatismo, sino de un proceso
de planificación situacional que dirija la acción estatal en el largo plazo en
medio de un contexto latinoamericano con trayectorias de proyectos antagónicos
de desarrollo. Si bien la región cuenta con un acervo de aprendizaje en materia
de intervención y planificación estatal (Rougier y Odisio, 2016; de Mattos, 1987),
las acciones estatales demandan contar con capacidad para planificar y
condiciones institucionales para intervenir, así como un reconocimiento de la
viabilidad del proceso industrializador en un escenario complejo, tanto local
como a escala global (Fabris et al., 2017).
En este sentido, las acciones de planificación
e intervención pública que busquen transformar el esquema productivo y de
acumulación demandan reconocer y al mismo tiempo alterar las relaciones de
poder y la estructura de actores existente. Para ello, es
necesario asumir una construcción estatal que logre adquirir las propiedades
necesarias para operar en el direccionamiento estratégico y la gestión del
conflicto (Sanyal, 2005; Sotelo, 2013),
tal como se ha experimentado en otros contextos de desarrollo (Amsden, 2001; Chibber, 2003; Kohli, 2004).
Estas propiedades han sido ampliamente abordadas en la amplia literatura del
desarrollo, aunque no ha tenido un correlato en los procesos concretos en
nuestro contexto.
Solo para tomar una perspectiva, estas
propiedades que han sido conceptualizadas como autonomía enraizada o imbricada (Evans, 1995),
se han presentado analíticamente en dos planos articulados: a) uno de ellos
eminentemente político y estratégico relativo a la capacidad estatal de
legitimar su acción y relacionarse con los actores; y b) el otro de carácter
más bien técnico vinculado a la capacidad intrínseca o administrativa del
aparato estatal en la gestión de los asuntos públicos y su complejidad técnica
(con efectos políticos) para ganar coherencia interna y autonomía en relación a
la presión social o estructura que se propone alterar.
Si bien en conjunto adquieren relevancia por colocar al
Estado en una posición favorable o desfavorable frente a otros actores, lo
cierto es que la capacidad técnica y administrativa y la de dirigir los
diferentes organismos públicos detrás de una estrategia clara es condición
necesaria para el involucramiento con los actores (Chibber,
2002).
Parafraseando a Evans (1995), la capacidad técnica para alcanzar autonomía
adquiere una relevancia estratégica en este punto, ya que el enraizamiento en
la sociedad (relacionamiento y condicionamiento de los actores) es una
solución diferente frente a la escasez de capacidad y solo tiene valor en el
marco de la autonomía. Es decir, ante la ausencia de estructuras
administrativas coherentes y de vectores claros que orienten su acción es
posible que el enraizamiento tenga efectos nocivos vinculados a la captura
rentista.
Por esta razón, en diferentes trabajos recientes se ha insistido
en colocar la dimensión institucional y organizacional de las estructuras
estatales como una cuestión crítica o un bien escaso dentro un modo de actuar
estatal para la transformación (Chang y
Andreoni, 2020; Mayne et al., 2019; Mazzucato, 2021; Mazzucato y Kattel, 2020). En este
marco, resulta fundamental remarcar al menos tres aspectos importantes bajo el
prisma de la estrategia de transformación industrial planteada en los puntos
anteriores.
Dentro del conjunto de aspectos referidos al Estado, uno
de los aspectos desafiantes refiere a la gestión, cualificación y
jerarquización de los recursos humanos, es decir a las personas que hacen
operativas las organizaciones estatales. La calidad de los recursos humanos y
su orientación burocrática desempeñan un papel ordenador y constitutivo de la
capacidad interna de los organismos estatales, por su aporte a la estabilidad,
autonomía y especialización sectorial (Evans y Rauch, 1999). La presencia de
servicios civiles calificados, con algún grado de ingreso y desempeño
meritocrático puede garantizar ciertos desempeños deseables para la
transformación productiva. En casos en los que las exigencias u orientación
“burocrática” tienden a disminuir, la calidad de los organismos estatales
también tiende a decrecer como medio para alcanzar transformaciones de
desarrollo, desatando así un proceso de desmantelamiento estatal. A decir de
Evans:
Si se pierde la
calidad en la administración pública, se debilita paralelamente la capacidad de
las instituciones estatales para cumplir sus funciones. A su vez, el
empeoramiento progresivo del desempeño estatal refuerza las percepciones de que
el Estado es superfluo, y por lo tanto parasitario, desprestigiando aún más la
administración pública, haciendo más difícil justificar la inversión en salarios
burocráticos, e impulsando un círculo vicioso de desmantelamiento estatal.
(1998, p. 145)
Trabajos comparativos como el de Evans y Rauch (1999)
testearon la hipótesis weberiana de relación positiva entre la calidad de los
servicios civiles y la performance del Estado con el crecimiento económico.
Señalan que el ingreso meritocrático y la carrera dentro del Estado mejoran la
capacidad de las organizaciones públicas. En términos ideales, esto ha tenido
mayor concreción en los países desarrollados y, con menos intensidad, algunos
países periféricos también han logrado avanzar en construir burocracias
profesionales (Chang, 2010). En Argentina, este ha sido un camino sinuoso y
conflictivo que presenta particularidades propias del contexto, donde por
momentos ha sido paralizado o desarticulado no solo por las lógicas políticas
de grupos de interés, sino también por las diversas reformas modernizadoras de
la administración pública (Chudnovsky
y Cafarelli, 2018; Iacoviello y Llano, 2017; Oszlak, 2006; Spink, 1999). Al
respecto, si bien en los últimos años hubo avances significativos en este
aspecto, lo cierto es que en el área productiva su impacto ha sido minúsculo.
Solo por tomar un indicador, incluso con la creación del Ministerio de
Industria y la implementación del Plan Estratégico Industrial 2020, el área
industrial del Estado nacional fue el espacio institucional más estrecho y
flexible desde el punto de vista de su personal (Seiler,
2020a). Un
Estado que no dispone de suficientes recursos financieros es incapaz de operar
y movilizar actores, pero si no dispone del personal suficiente con
calificación y cualidades necesarias que lo lleven a actuar estratégicamente,
las transferencias pasan a un segundo plano en un marco donde las
oportunidades de transformación industrial son escasas dadas las restricciones
histórico-estructurales.
Ligado a este primer punto, otro aspecto
crítico refiere a la coherencia interna de la estrategia de desarrollo
en general, y de los instrumentos específicos en particular. Como fue señalado,
una estrategia se compone de diferentes iniciativas que se van complementando y
articulando para alcanzar un objetivo que las excede individualmente, en este
caso la transformación de la estructura productiva. Como tal, requiere la
intervención estatal desde diversos ángulos dado el carácter complejo del
problema del desarrollo. Esto no solo implica un esfuerzo institucional
profundo para coordinar los diferentes organismos sectoriales (nacionales e
incluso provinciales), sino que implica centralmente que esas iniciativas
posean coherencia con el objetivo y sean coherentes entre sí con el fin de
complementarse y no se cancelen o compitan unas con otras en sus pertinencia,
consistencias y eficacia, así como en la naturaleza del aporte para la
resolución del problema y producir los procesos de cambio.
La estrategia de desarrollo desde
adentro implica la intervención y articulación de diversas iniciativas
públicas (sectoriales, macroeconómicas, financieras, etc.) requiere ser coherentes
con la transformación industrial y la alteración de los patrones de
comportamiento y la estructura de inversión para orientarla a sectores claves.
En este sentido, importa la plataforma de ideas y paradigmas de desarrollo que
fundamentan o se ponen en juego en las políticas y programas y cómo estas se
articulan con la construcción institucional, las competencias y alcance de los
organismos intervinientes (Seiler, 2021; Seiler y Fernández, 2023).
Desde este punto de vista, por ejemplo, en la experiencia argentina reciente la
coherencia interna ha sido desafiada por la proliferación de instrumentos y
programas basados en enfoques tales como los clusters
o asociativismo empresarial, o bien en aquellos que incorporaron la perspectiva
de cadenas de valor global, las que se han fundamentado en una perspectiva
ajena a los requerimientos de la transformación estructural en países
periféricos (Fernández, 2015; Seiler, 2021; Seiler y Fernández,
2017).
Incluso, dentro del marco de integralidad y articulación requerida entre el
sistema científico-tecnológico y la producción industrial, en la mayoría de los
organismos nacionales y en las políticas del sector científico en general ha
ganado espacio una visión neoestructuralista centrada
en la dimensión comportamental de los agentes que ha desdibujado la importancia
de las relaciones e interacciones sistémicas e intersectoriales (Cassini y Robert, 2020; Aristimuño y Lugones, 2019).
Un tercer y último aspecto crítico que
desafía la viabilidad de la transformación productiva es la integralidad
de la estrategia de desarrollo. La integralidad posee una naturaleza diferente
de la coordinación o la articulación, e incluso de la coherencia de los
instrumentos. La integralidad refiere a una fuerza gravitacional que ordena un
esquema mayor bajo una racionalidad que integra y contiene un conjunto de
instrumentos y herramientas de política que, sin ella, actuarían de forma
aislada. Es decir, dos o más programas o instrumentos de política
pueden ser coherentes o ser pasibles de ser coordinados, pero sin una fuerza
direccional no serán integrales en la medida en que no aportan a un todo que
otorgue sentido a las parcialidades y especificidades de cada uno de ellos (Cejudo y
Michel, 2021). En este
sentido, en referencia a la estrategia desde adentro, la integralidad adquiere
importancia no solo respecto a cuáles son los instrumentos de política que la
componen (regulaciones, desarrollo de capacidades tecnológicas,
financiamiento, entre otros), sino principalmente al modo en que las
herramientas e instancias institucionales interactúan y son integrados en dicha
estrategia. Desde esta óptica, el Estado se ve desafiado a gestionar y
producir en el ámbito de la administración pública dos plataformas
fundamentales e interconectadas.
La primera de ellas es propiciar al interior de los
organismos estatales un entendimiento común acerca de los problemas
estructurales y coyunturales que implican la transformación productiva. Esta
plataforma, que podría resultar más bien de naturaleza analítica, pasa
desapercibida en la mayoría de las agencias y organismos estatales al momento de
diseñar los programas y políticas de desarrollo. Pero, resulta que es el
insumo fundamental para habilitar un ordenamiento estratégico e incentivar la
complementariedad de los instrumentos de política de distinta naturaleza al
momento del diseño y la implementación (Mayne et
al., 2019). Frente
a problemas donde hay una multiplicidad de sectores y actores implicados, la
trasversalidad del abordaje implica alcanzar un entendimiento común de la
naturaleza y los atributos de los problemas que se deben afrontar. Al interior
del Estado, la tematización de los problemas y los medios para abordarlos es un
proceso disputado y no emerge naturalmente, incluso en países avanzados (Block y
Negoita, 2016; Wang, 2019). No
obstante, la puesta en común de perspectivas y tematización de los problemas
permite que las partes involucradas se reconozcan como componentes de un
arreglo institucional mayor y definan las contribuciones específicas que se
requieren de ellos para lograr el objetivo general dentro de una narrativa que
también es más amplia (Cejudo y
Michel, 2021). En este
sentido, las ideas en su amplia concepción (discursos, narrativas, conceptos,
enfoques, etc.) juegan un papel clave y aglutinador de todas las acciones
estatales en la medida en que se vuelven una fuerza integradora en el diseño de
la invención de las políticas y estrategias, e incluso en su implementación (Béland,
2010; Parsons, 2016; Wang, 2019).
La segunda plataforma es la dimensión de la autoridad
formal para gestionar y buscar la coherencia y la integralidad de la estrategia
de desarrollo. La coordinación, coherencia e incluso la integralidad, no se
alcanza por inercia ni por voluntad propia de los diversos fragmentos y
organizaciones estatales. Por diversas razones, y aunque tengan puntos de
contacto en sus formulaciones e intereses, cada organismo busca ampliar su
campo de influencia bajo sus propias visiones y supuestos. La integralidad y un
arreglo estratégico de las respuestas necesita un centro de autoridad que
provoque que el conjunto de elementos especializados reconsidere sus acciones y
sus aportes parciales en el marco de una totalidad mayor (Cejudo y
Michel, 2021; Santiso et al., 2013). Esto
resulta muy significativo, por ejemplo en Argentina, ante la necesidad de
resolver institucionalmente la fragmentación y la disputa entre organismos del
sistema científico argentino (Aristimuño
y Lugones, 2019) o bien
resolver la dispersa oferta programática existente dirigida al sector
productivo (Seiler y
Fernández, 2017, 2023). Implica
acciones que van desde alterar las regulaciones existentes (por ejemplo,
control de capitales), modificar la organización y objetivos de los organismos
estatales, hasta renovar el entendimiento, naturaleza y lógicas de articulación
con el sector productivo.
Por último, resulta pertinente mencionar
que en estas dos plataformas también interviene la producción y disponibilidad
de información de la estructura productiva con el fin de monitorear las
principales variables e incentivar un proceso de aprendizaje y de ajustes
necesarios de la estrategia. La figura
de una autoridad con un mandato claro sobre el conjunto de los instrumentos
necesita apoyarse sobre la provisión de información (generada y entregada en un
formato, tiempo y contenido específico y útil) que le permita a quien ha sido
dotado de autoridad llevar a cabo los ajustes necesarios a las herramientas de
política para mantener la combinación coherente, coordinada y pertinente de
políticas, dada la naturaleza cambiante de los problemas (Cejudo y Michel, 2021; Seiler, 2020b).
Mientras se da cierre a este trabajo, todos
los países del mundo se encuentran en una situación histórica de aumento de la
intervención estatal en el marco post pandémico y haciendo frente a diferentes
repercusiones del conflicto bélico (Ucrania y Rusia como sus principales protagonistas)
fundamentalmente para reactivar y/o fortalecer cadenas productivas que habían
sido interrumpidas o bien enfrentar el aumento de precio de insumos críticos.
Dicho escenario aceleró la aplicación de diferentes medidas de los Estados
nacionales para garantizar el suministro de insumos críticos (nearshoring y friendshoring)
y garantizar la dinámica económica y política del sistema en clara
transformación de su lógica de funcionamiento.
El curso de los
acontecimientos no ha hecho más que traer a primer plano las líneas vertidas en
este trabajo respecto a los desafíos estratégicos que se enfrentan al momento
de diseñar la estrategia de desarrollo. Es desafiante en la imaginación y en la
definición de la estrategia de desarrollo, y en particular en la configuración
de política industrial que aborde el nudo problemático de transformar la
estructura productiva y los elementos concatenados referenciados anteriormente.
Dado que los
desequilibrios del sector externo y la restricción de divisas en la estructura
productiva periférica marcan un límite objetivo, es menester que en todo
espacio de tiempo disponible que sea posible (es decir, sin restricciones
exógenas) se procure cualificar el núcleo de acumulación doméstico como una
tarea impostergable para avanzar en el proceso de desarrollo a mediano y largo
plazo. Aletargarse en este asunto deshabilita la legitimidad del proceso mismo
y promueve su retroceso para remediar los desequilibrios internos y externos
que llevan a la estructura productiva a equilibrios anteriores. Por esta razón,
se hizo énfasis en la necesidad de profundizar la dinámica industrial para
traccionar y derramar conocimiento desde y hacia otros sectores productivos,
aguas arriba y aguas abajo de los encadenamientos productivos domésticos en un
contexto macroeconómico de crecimiento. Para ello, resulta central traer al
primer plano la política industrial en articulación con la política
científico-tecnológica orientadas a la construcción, desarrollo y acumulación
de capacidades productivas de los sectores críticos y/o infantes y que a su vez
presenten beneficios de aprendizajes domésticos.
Congruente con ese
planteo, se señaló que la distinción “hacia afuera-hacia adentro” de las
estrategias de desarrollo no resulta una distinción favorable para un diseño de
política pública. Tanto en las experiencias históricas de industrialización,
como aquellas más recientes, la variable estratégica estuvo situada en la
capacidad de desarrollar y acumular capacidades productivas (en particular
industriales) para disputar espacios a nivel internacional o global. Las
recomendaciones actuales centradas en una rápida industrialización (fast industrialization)
propuesta en el marco de las cadenas de valor global, a través de la cual la
profundización industrial queda sujeta a la actualización (upgrading)
no parece congruente con una estrategia de desarrollo propia para los países
periféricos, ya que las posibilidades que proveen dichas cadenas quedan sujetas
a la dotación de factores productivos estratégicos sin observar el impacto en
la desarticulación de los encadenamientos internos. Si el objetivo del paquete
de política industrial es desencadenar la acumulación de capacidades
productivas, entonces se requiere inducir a una inserción internacional
cuidadosa y estratégica que evite reproducir las relaciones centro-periferia,
por lo cual se considera más adecuado fomentar un diseño estratégico que
articule un proceso de desarrollo desde adentro.
El abordaje de
estos aspectos y el reposicionamiento de las iniciativas de desarrollo con
fuerte vocación industrialista de ningún modo resultan una discusión o tema
anacrónico. Por el contrario, constituye la dimensión estratégica para el
desarrollo, tanto para disminuir la dependencia externa como para la creación
de empleo y bienestar social. Al mismo tiempo, aunque esto desborda los
aspectos tratados aquí, desnudan un sinnúmero de desafíos para el Estado y los
actores productivos involucrados desde el punto de vista de su capacidad de
acción estratégica.
Desde el punto de
vista de la estrategia, la necesidad de un paquete más integrado y articulado
entre la dimensión macroeconómica que atienda las prioridades de política industrial
y su vínculo científico-tecnológico con metas concretas de transformación de la
estructura productiva, plantea diferentes desafíos institucionales y
organizacionales. Resulta central que en el cuadro de gestión y planificación
del desarrollo se dé especial atención a los recursos humanos, los cuales
permiten asumir un papel protagónico como factor de construcción de capacidades
técnicas y políticas de los Estados para operar en la construcción de un
paquete integral de herramientas heterogéneas y en múltiples escalas espaciales
en un contexto de incertidumbre y complejidad como el actual.
Desde otro punto de
vista, el plano de la estrategia de desarrollo no puede desvincularse de la
dimensión institucional-organizacional del Estado en el sentido en que el
diseño e implementación del carácter integral de la política industrial implica
avanzar en una serie de aspectos complementarios. El entendimiento común de los
problemas del desarrollo es una plataforma constituida por ideas, enfoques,
teorías y narrativas que juega un papel significativamente modulador para
traccionar la coordinación, coherencia y articulación que fortalece y habilita
a una autoridad formal para reducir el conflicto de visiones e intereses
parciales dentro de los organismos estatales.
Estos aspectos
institucionales-organizacionales trascienden el carácter voluntarista de
aquellos que abrevan por un desarrollo traccionado por el sector industrial en
el largo plazo. Traerlos a la escena solo es un primer paso para considerar su
dinámica, su condición presente y los aportes que se derivan de ellos al ser
considerados palancas institucionales en el cuadro general de la estrategia de
desarrollo en el contexto periférico.
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[1] Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Universidad Nacional del
Litoral, orcid 0000-0002-8893-307X. cseiler@fcjs.unl.edu.ar
[2] Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Universidad Nacional del
Litoral, orcid 0000-0002-8650-8934 rfernand@fcjs.unl.edu.ar
[3] Estudios más
detallados sugieren que, sin descartar la tendencia del deterioro de los
términos de intercambio en el largo plazo del agregado de productos básicos,
estos poseen más bien un carácter estacionario a mediano-largo plazo con
variaciones escalonadas y diferenciadas que responde a alteraciones o
perturbaciones exógenas y/o históricas a la dinámica secular de precios (Erten y Ocampo, 2012; Kaplinsky, 2006; Ocampo y
Parra, 2003).
[4]
Dentro de este enfoque histórico-estructural las dinámicas de carácter
microeconómico a nivel de las empresas o agentes económicos recibe una menor
atención. Sin embargo, se reconoce que los procesos de innovación poseen raíces
de naturaleza sistémica que pueden asociarse a las capacidades acumuladas por
las firmas a lo largo de su sendero evolutivo, así como de los conocimientos
incorporados históricamente a partir de la interacción de las firmas e
instituciones a partir de fuentes de conocimiento internas y externas (Robert y Yoguel, 2010).
[5]
Desde el punto de vista teórico presentado inicialmente, las experiencias
nacionales no dependen solo de las posibilidades y condicionamientos que se dan
a nivel interno, sino también a nivel exógeno (demanda internacional, nivel de
precios, fronteras tecnológicas, etc.) y de acuerdo al momento en que se
encuentre la fase del ciclo de acumulación y el carácter del centro hegemónico (Fernández, 2017; Sidler y Fernández, 2022).