Introducción
La
historiografía que ha analizado la recesión económica que ocurrió en el segundo
lustro de la década de 1920 y la crisis de 1929 en México es muy reducida. La
visión sobre estos fenómenos se ha concentrado en explicar lo sucedido con el
sector externo, las finanzas públicas, la moneda y las políticas económicas y
prácticamente ha dejado de lado el análisis de cómo se manifestó la recesión y
la crisis en industrias específicas que producían para el mercado interno. La
única industria sobre la que se ha investigado con mayor profundidad es la
textil, pero todavía falta por conocer lo que pasó en otras industrias
manufactureras. Con el fin de caminar en este rumbo, este artículo tiene como
objetivo principal ofrecer un panorama del desempeño económico de la industria
cervecera durante el periodo que va de 1926 a 1932, que fueron los años en los
que ocurrieron la recesión y la crisis económica. El trabajo se enfoca en
describir los principales obstáculos que influyeron en la dinámica del sector y
la manera en que las empresas los enfrentaron. La hipótesis principal es que el
desempeño de la industria cervecera durante los años de estudio dependía de
algunos rasgos propios del sector que frenaban el óptimo funcionamiento de sus
empresas, como su estructura productiva y la estructura del mercado cervecero,
pero también de otros factores económicos que dificultaban o encarecían su
producción, como los costos de transporte y la existencia de diferentes
impuestos. Estos elementos determinaron en primera instancia el crecimiento de
la industria y explican su vulnerabilidad ante choques económicos adversos,
como la recesión que empezó en 1926 y la crisis de 1929. Por otra parte, la
recesión y la crisis también influyeron en su desempeño por lo menos por dos
vías, una directa y otra indirecta. La directa fue por la vía fiscal, ya que la
reacción de la Secretaría de Hacienda fue aumentar la carga impositiva, y la
indirecta a través de la disminución en las actividades comerciales en general,
lo cual pudo frenar la demanda de sus productos. A pesar de estos obstáculos,
la industria logró sobrevivir a la recesión y a la crisis.
Consideramos que esta aproximación al desempeño económico de la
industria cervecera puede ayudar a entender cómo se transmiten los choques
externos a industrias ligadas al mercado interno y, por lo tanto, puede
contribuir a ampliar nuestro conocimiento sobre la recesión de 1926-1929 y la
crisis de 1929-1932. El texto está organizado en tres apartados. En el primero
ofrecemos un breve balance historiográfico sobre la recesión y la crisis económica
para que el lector tenga una idea del estado de la cuestión y pueda ubicar la
propuesta de este trabajo. En el segundo se ofrece un panorama del desempeño y
los embates de la industria cervecera a través de tres temas: la evolución de
las ventas; la estructura del mercado cervecero y los costos de transporte. En
el tercero se analiza la cuestión impositiva vinculada a la cerveza.
La
historiografía sobre la recesión y la crisis
En los
siguientes párrafos ofreceremos un panorama general de los estudios que han
abordado la recesión de 1926-1929 y la crisis de 1929-1932 en México, para lo
cual los agruparemos según el tipo de enfoque y nos limitaremos a señalar las
hipótesis principales sobre estos dos procesos. Por último, señalaremos el
lugar que busca ocupar este trabajo en la historiografía.
Los primeros estudios que abordaron
la cuestión de la recesión y la crisis de 1929 son los volúmenes 11 y 13 de la
colección Historia de la Revolución Mexicana editada por El Colegio de
México. Los trabajos abordan los temas en cuestión, pero como se trata de obras
que ofrecen un panorama general de los periodos presidenciales, su acercamiento
es muy limitado. Sobre la recesión, Krauze, Meyer y
Reyes sostienen que la reconstrucción económica impulsada por Calles se vio
interrumpida por una crisis que inició en julio de 1926 a raíz de una caída en
los precios internacionales de algunos productos de exportación que afectaron
las finanzas públicas y la circulación monetaria del país (Krauze et al., 1977).
Acerca de la crisis, Meyer sostiene que la Gran Depresión interrumpió una etapa
de relativo crecimiento. El autor no se detiene a explicar las causas de la
crisis ni su devenir, sino a describir las tendencias de los sectores agrícola,
externo, minero, servicios, manufacturero, electricidad, público y la banca. La
depresión no duró mucho, ya que para 1933 la actividad económica se había
reactivado y para 1934 ya se había superado la crisis (Meyer, 1978).
Desde una perspectiva
macroeconómica, Cárdenas (1987, 1994) planteó la idea de que la crisis de 1929
había sido antecedida por una recesión económica que había empezado en 1926 y
que se agravó en 1927 por la recesión económica en Estados Unidos. Los síntomas
de esa recesión fueron la caída en los términos de intercambio y la reducción
en las exportaciones de minerales y petróleo. La caída en las exportaciones
contrajo la oferta monetaria y los ingresos públicos, que, sumados a una
política económica ortodoxa que buscaba mantener el presupuesto equilibrado,
disminuyeron la demanda agregada (Cárdenas,
1987, 1994). En su último libro, el autor modificó su periodización y
aseguró que la economía creció entre 1925 y 1926, pero que sufrió “una fuerte
desaceleración a partir de 1927 que se agravó fuertemente a partir de la gran
depresión mundial que estalló en octubre de 1929” (Cárdenas, 2015, p. 379). La
crisis estadounidense golpeó la demanda agregada por tres canales: la crisis
afectó al sector exportador mexicano debido a la reducción en los precios y del
ingreso nacional en Estados Unidos; provocó un deterioro de la balanza de
pagos por el déficit en la balanza comercial y la reducción de las reservas
internacionales, y afectó las finanzas públicas porque la mayor parte de los
ingresos de la federación provenían de los impuestos al comercio exterior. La
crisis se profundizó porque se pusieron en práctica políticas fiscales, monetarias
y cambiarias de corte ortodoxo que acentuaron el ciclo depresivo (Cárdenas, 1994). La
economía empezó a recuperarse a partir de la segunda mitad de 1932, cuando
aumentaron los precios de las exportaciones de plata y petróleo y se pusieron
en práctica políticas económicas expansivas. Ambos fenómenos contribuyeron a
expandir la demanda agregada y el nivel de producción gracias a la capacidad
instalada sin utilizar (Cárdenas,
1994, pp. 45–55).
Por otra parte, los
textos de Knight (2015) y Lomelí (2023) ofrecen un
panorama de la recesión y la crisis que toma en cuenta la economía política de
la época. Knight (2015) ofrece una interpretación de
la Gran Depresión en México que toma en consideración la economía política
derivada de la Revolución, con el fin de mostrar las particularidades del caso
mexicano con respecto al resto de América Latina, pero también porque considera
que, en términos análiticos, el entrecruzamiento
entre la Gran Depresión y la Revolución explican la economía política del
cardenismo. Acerca de la recesión, Knight identifica
que a finales de la década de 1920 se unieron dos aspectos coyunturales: a
nivel externo ocurrió un deterioro de los precios relativos de los productos
primarios; y a nivel interno, en 1927 la economía se había estancado al tiempo
que había aumentado el gasto gubernamental debido a la Guerra Cristera[3] y
seguían los conflictos en torno al petróleo. El autor retoma el análisis de
Enrique Cárdenas para mostrar los efectos de la Gran Depresión en México, pero
enfatiza las particularidades estructurales de la economía mexicana con
respecto a las de América Latina y Estados Unidos para explicar cómo logró
superar este fenómeno. Una aportación importante es que menciona las medidas
socioeconómicas de mediano plazo que pusieron en práctica los gobiernos a raíz
de la Depresión: la reforma agraria, la reforma laboral y el nacionalismo económico (Knight, 2015).
Lomelí (2023) realiza
un repaso del proceso de creación del marco institucional que permitió que el
Estado interventor, planteado en la Constitución de 1917, hiciera compatible el
crecimiento económico y la atención a las demandas de justicia social de obreros
y campesinos. Señala que la recesión que empezó en 1926 se enmarcó en un
contexto político y social adverso. El aumento en el gasto provocado por la
construcción de obras de infraestructura y la guerra contra yaquis y cristeros
empezaron a poner en aprietos las finanzas públicas, cuya situación se agravó
cuando los ingresos públicos fueron afectados por la disminución de la
producción petrolera, la depreciación de la plata y la recesión en Estados
Unidos. Esta situación coincidió con la renuncia de Pani y la llegada de Luis
Montes de Oca a la Secretaría de Hacienda, quien adoptó políticas tendientes a
estabilizar la depreciación de la plata y reducir la inflación a través de una
política fiscal restrictiva que ponía enfasis en la
reanudación del pago de la deuda externa. Estas medidas tendieron a acentuar
las tendencias recesivas. Por otra parte, la crisis de 1929 también inició en
un contexto político adverso. En términos económicos, el autor considera que
las políticas económicas ortodoxas (reanudación del pago de la deuda, búsqueda
de estabilidad de precios y el restablecimiento del patrón oro) fueron un
fracaso y acentuaron la crisis. La recuperación de la economía fue posible por
el cambio en la política económica que impulsó Pani y por una serie de políticas
impulsadas por el presidente Abelardo Rodríguez (Lomelí Vanegas, 2023).
Por último, se encuentran los
trabajos que han analizado el desempeño de la industria textil y algunas de sus
empresas. Gamboa (1990) identifica los momentos de crisis y recuperación de la
industria entre 1921 y 1932. Para la autora, la industria atravesó por un
periodo de recuperación entre 1925 y 1930, ya que durante esos años la
producción y las ventas crecieron en términos reales. La recuperación se
explica por: el aumento de la producción de algodón; la disminución de los
conflictos laborales debido al colaboracionismo de la Confederación Regional
Obrera Mexicana; el aumento de la productividad del trabajo y la homogeneización
de la tarifa salarial que se logró tras la Convención Textil de 1927. Una
propuesta interesante es que sostiene que a partir de la aprobación de la
tarifa salarial algunos empresarios recurrieron a un argumento falso de crisis
de sobreproducción para poner en práctica diversas medidas para reducir sus
costos (no acatar los acuerdos salariales, reducir los turnos y días laborales,
realizar cierres temporales y despedir personal) y “arrancar al Estado mayores
prebendas, como la rebaja del 2% en el impuesto federal y el aumento del 40%
registrado por las ya de suyo elevadas tarifas arancelarias para los productos
textiles” (Gamboa Ojeda, 1990, p.
40). Gamboa sugiere que es posible que en 1930 se empezaran a sentir los
efectos de la crisis mundial en la industria textil, pero que hay mayor
evidencia para 1931, cuando bajaron los indicadores sobre producción, ventas,
número de obreros y consumo de textiles. Asimismo, las cifras indican que la
crisis había sido superada para 1934. Para enfrentar la crisis los empresarios
recurrieron al cierre de fábricas, la reducción de jornadas, suspensión de
turnos, al incumplimiento de los acuerdos salariales de la Convención y
consiguieron que el gobierno aumentara los aranceles (Gamboa Ojeda, 1990).
La historia de la
Compañía Industrial Veracruzana Sociedad Anónima (CIVSA) que Gómez-Galvarriato
(2016) cuenta en su libro Industria y revolución da una perspectiva
diferente a la Gamboa sobre la recesión. A diferencia de Gamboa, Gómez afirma
que “en 1926, una recesión global de la industria textil comenzó a afectar a
CIVSA” (Gómez-Galvarriato, 2016, p.
348). La autora describe el desempeño de CIVSA entre 1926 y 1930 y las
estrategias que puso en práctica para sortear los años complicados (despido de
trabajadores, reducción de días laborales y disminución de precios). Gómez
señala dos hechos que vale la pena destacar: en primer lugar, en la Convención
Textil de 1927 se acordó una restricción legal a la adopción de nueva
tecnología, medida que tuvo efectos
nocivos de largo plazo para el país porque impidió que se invirtiera en nueva
tecnología durante la mayor parte del siglo XX; en segundo lugar, asegura que
para que las fábricas siguieran operando, el gobierno tuvo que aumentar los
niveles de protección arancelaria entre 1927 y 1933 (Gómez-Galvarriato, 2016).
El grueso de la
historiografía sobre la recesión y la crisis ha partido de un enfoque que
privilegia la descripción de las principales variables macroeconómicas, el
comportamiento de algunos sectores (público, exportador, y bancario) y las
políticas públicas que se pusieron en práctica. Nos parece que un defecto que
tienen estos trabajos es que no identifican que la recesión de 1926-1927 y la
crisis de 1929 eran resultado de la inestabilidad económica que había
ocasionado la Primera Guerra Mundial y que las políticas económicas que se
pusieron en práctica en casi todo el mundo occidental durante la década de 1920
y en medio de la crisis, incluido México, eran parte del régimen de políticas
económicas restrictivas vinculadas al patrón oro (Temin, 1995). Este
asunto es de suma importancia, porque ayuda a entender ambos procesos desde una
perspectiva histórica de más aliento que pone de manifiesto los problemas
estructurales de la economía mundial en el periodo de entreguerras y no los ve
solo como eventos provocados por coyunturas específicas (baja en precios de commodities o una burbuja bursátil).
Si bien estos estudios
mencionan las tendencias generales de algunos sectores de la manufactura, no
ahondan en su desempeño y eso impide saber con mayor profundidad cómo fueron
afectados por la recesión y la crisis. Consideramos que es necesario seguir indagando
en otras industrias para saber qué factores influyeron en su desempeño
económico durante estos años y qué hicieron las empresas para enfrentar los
diferentes obstáculos, ya que de esta manera es posible identificar otros
rasgos de la economía mexicana que explican por qué una recesión o una crisis
que afectan en primer lugar al sector externo, consiguen transmitirse a otros
sectores ligados al mercado interno. Los siguientes dos apartados del capítulo
buscan avanzar en esta ruta a través de la experiencia de la industria
cervecera.
El artículo se enfoca
en describir los obstáculos que influyeron en el desempeño económico del
sector y la manera en la que las empresas sortearon dichas dificultades durante
los años de depresión y crisis, pero no toma en consideración cuestiones
laborales, cambios arancelarios a la cerveza o sus insumos y el tema de la
prohibición del alcohol en Estados Unidos. Estamos conscientes de que la
omisión de los asuntos obreros y de los cambios arancelarios impone un sesgo al
trabajo, pero por cuestiones de fuentes y extensión tuvimos que dejarlos de
lado.
De igual forma, no
incluimos un apartado sobre el efecto de la prohibición en Estados Unidos, ni
de las campañas antialcohólicas que se pusieron en práctica en México por
razones de espacio, pero vale la pena rescatar algunas aportaciones de las
investigaciones más relevantes. Recio Cavazos (2002) sugirió que la prohibición
de alcohol y de drogas en Estados Unidos tuvo los siguientes efectos en México:
provocó un aumento del contrabando de bebidas alcohólicas y de otras drogas
(marihuana, cocaína y opio); propició el establecimiento de casinos y locales
expendedores de bebidas alcohólicas en algunas ciudades fronterizas; tuvo una
correlación directa con la expansión de la industria cervecera porque la
cerveza nacional no tenía que competir con la estadounidense y facilitó que
algunas empresas pudieran exportar sus productos a algunos países de América
Latina. Por su parte, Méndez Reyes (2004) estudió las campañas antialcohólicas
que se pusieron en práctica entre 1916 y 1931, con énfasis en la campaña
nacional de 1929. Destaca los paralelismos entre la prohibición en Estados
Unidos y las campañas antialcohólicas que se emprendieron en México y coincide
con Recio en que uno de los efectos de la prohibición estadounidense fue el
aumento del contrabando de bebidas alcohólicas en la frontera norte y que en algunas ciudades norteñas, como Tijuana, Ciudad
Juárez y Mexicali, proliferaran negocios dedicados al juego, la prostitución y
la venta de bebidas embriagantes. Pierce (2008) y Campos Zárate (2014)
analizaron con mayor profundidad las campañas antialcohólicas que se realizaron
en Sonora y Michoacán. Pierce (2014) estudió las acciones de resistencia a las
campañas antialcohólicas de pequeños productores de pulque, mezcal y cerveza
entre 1910 y 1940. Los problemas señalados en esta historiografía sugieren que
tuvieron cierta influencia en el desempeño de la industria cervecera durante la
década de los veinte, pero consideramos que todavía no está suficientemente
explicado dicho impacto y que se debería ahondar en él, por lo que queda esa
tarea pendiente para trabajos futuros. En este artículo se sostiene que los
factores que influyeron en el desempeño del sector entre 1926 y 1933 fueron: la
estructura del mercado cervecero, los altos costos de transporte y el aumento
en los impuestos a la cerveza provocado por la disminución de los ingresos
fiscales del gobierno. Los primeros dos temas serán abordados en el siguiente
apartado, pero la cuestión impositiva la tratamos en otro apartado porque se
trata de un asunto más complejo.
Desempeño y embates de la industria cervecera
Durante el primer lustro de la década de los veinte la industria
cervecera tuvo un buen desempeño económico, entre otras cosas, porque el
producto ganó mercado entre la población y la prohibición estadounidense
permitió que algunas empresas pudieran exportar sus productos hacia América
Latina. Sin embargo, diferentes hechos y dificultades que se presentaron en los
siguientes años provocaron que su producción no creciera al mismo ritmo y que
las diferentes empresas tuvieran que idear maneras para sortearlos. Hasta 1924
la industria estaba formada por 22 empresas. Las tres fábricas que operaban a
gran escala eran la Cervecería Cuauhtémoc, ubicada en Monterrey; la Cervecería
Moctezuma, de Orizaba y la Cervecería de Toluca y México, que se encontraba en
Toluca. Las demás fábricas eran de tamaño mediano y se ubicaban en diferentes
ciudades de la república (López López, 2018). En 1925
se inauguró la Cervecería Modelo en la ciudad de México, que también operaba a
gran escala con tecnología moderna. El establecimiento de esta fábrica aumentó
la competencia entre las cervecerías que también vendían sus productos en la
capital. Como veremos más adelante, la rivalidad entre las empresas más grandes
se exacerbó en los siguientes años y eso provocó que buscaran la manera de
absorber a otras. Para octubre de 1928, una monografía industrial realizada por
la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo aseguraba que había 37 fábricas
de cerveza, pero el Censo Industrial de 1930 registró solamente 30
establecimientos (México
et al., 1929; Secretaría de la Economía Nacional, 1933).
Las ventas de alcohol
tuvieron un comportamiento errático durante el segundo lustro de la década de
1920. Dadas las características del sector, las ventas se concentraban en las
cuatro fábricas más grandes. Por ejemplo, en 1926 el 78,5% de las ventas del
sector las realizaban la Cervecería Cuauhtémoc (30,5%), la Cervecería
Moctezuma (30,3%), la Cervecería Modelo (10,9%) y la Cervecería Toluca y México
(6,8%) (Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza –ANFC–, 1927a) Estas
fábricas se caracterizaban por vender sus productos en diferentes regiones del
país, lo que provocaba que tuvieran que competir no solo en las localidades en
las que estaban establecidas, sino también en las ciudades más importantes o en
mercados más distantes, como era el caso de la Cuauhtémoc, que vendía sus
productos en las principales ciudades del país y en mercados lejanos, como
Mérida, en Yucatán (Recio Cavazos,
2008). El resto de las ventas eran realizadas por las demás fábricas, que
vendían sus productos en sus localidades o mercados regionales.
Los litros de cerveza
vendidos por las empresas más importantes mostraron una tendencia descendente
a partir de 1927, cuando cayeron 0,9% con respecto a las de 1926; la caída fue
más pronunciada entre 1927 y 1928, ya que en estos años se redujeron 2,2% (Gráfico
1). Este comportamiento sugiere que el sector cervecero también fue afectado
por la recesión general que han identificado los autores que mencionamos en el
balance historiográfico.
Gráfico 1: Ventas
anuales de cerveza, 1926-1935 (en litros)
Fuente: Para los años 1926-1932:
ANFC. (1933) y para el periodo 1933-1935: Guerrero Mills, Martha (2006, p.
177).
Si se analizan las ventas
de cerveza de botella (cajas) por empresa vemos ciertas particularidades, por
ejemplo, entre 1926 y 1927 aumentaron las ventas de la Cuauhtémoc y Modelo,
pero en los siguientes dos años las ventas de ambas cayeron (Gráfico 2). Lo que
deja ver una tendencia decreciente en las ventas de cerveza en botella para
todas las cervecerías. Por otra parte, las ventas de cerveza en octavos
–barril– (Gráfico 3) muestran dos cuestiones interesantes: la primera es que
las ventas de la Modelo fueron las únicas que crecieron entre 1926 y 1930,
mientras que las ventas de las demás compañías tuvieron un comportamiento
errático. La segunda cuestión es que las ventas totales en barril tendieron a
crecer durante todo el periodo. Es importante señalar que en 1926 las ventas en
cajas representaban el 75% de las ventas totales y las ventas en octavos el
25%; para 1930 ambas representaban el 50%, pero para 1931 las ventas en botella
solo eran el 45% y las de barril 55%. La caída de las ventas en cajas y el
crecimiento de las ventas de octavos pueden explicarse porque durante estos
años el impuesto del Timbre que pagaba la cerveza en botella era más alto que
el que pagaba la de barril, como veremos en el apartado sobre fiscalidad. Este
cambio en la estructura de las ventas, que pudo haber respondido a factores
externos como la fiscalidad o a dificultades para abastecerse de envases de
vidrio, también sugiere que las cerveceras tuvieron que reestructurar sus
procesos productivos para hacer frente a estos embates y que, al parecer, la
que pudo sortearlos de mejor manera fue la Modelo, que era la compañía más
joven.
Gráfico 2: Ventas de cerveza en botella efectuadas por las principales
compañías cerveceras, 1926-1930 (en cajas)
Fuente: 1926: ANFC (1926a), 1927-1930: ANFC (1931a).
Gráfico 3: Ventas
efectuadas por las principales compañías cerveceras, 1926-1930 (en barriles)
Fuente: 1926: ANFC (1926a), 1937-1930: ANFC (1931a).
Volviendo a las ventas
en litros (Gráfico 1), un asunto que resalta es que éstas se recuperaron entre
1929 y 1930, lo que podría sugerir que el sector había logrado recuperarse
rápidamente de la recesión. Sin embargo, si tomamos en cuenta que durante 1926
y 1930 el sector estaba atravesando un periodo de reestructuración (en las
ventas de sus productos) y por otros problemas que revisaremos en los
siguientes apartados, podemos pensar que esa recuperación de las ventas en
litros solo expresaba los esfuerzos que habían hecho las diferentes empresas
para ganar mercados y escondía la fragilidad del sector. Por ejemplo, si consideramos
que las ventas en cajas tuvieron una tendencia negativa y hasta 1929
representaban más del 50% de las ventas totales, es posible sugerir que cuando
estalló la crisis internacional a finales de 1929, el sector se hallaba en
pleno proceso de cambio y eso permitió que pudiera sortear el primer año de
crisis, pero a medida que la situación económica general se fue agravando, el
sector entró en el ciclo depresivo general a partir de 1931, cuando las ventas
cayeron 23,5% con respecto a las de 1930. Llama la atención que la campaña
antialcohólica nacional que puso en práctica el presidente interino Portes Gil
parece no haber tenido una influencia negativa en el desempeño del sector entre
1929 y 1930, lo cual pudo deberse a que existía un debate sobre si considerar o
no a la cerveza como una bebida embriagante (Méndez Reyes, 2004; Pierce, 2008).
Entre 1930 y 1932 las ventas cayeron 41,5% y empezaron a recuperarse a partir
de 1933, de tal manera que para 1935 prácticamente ya se había superado el
nivel de 1930 (Gráfico 1). Lo anterior sugiere que el año más duro para la
industria fue 1932, así como lo fue para la economía en su conjunto. La caída
en las ventas en los años más duros puede explicarse por la depresión
económica, pero también por las medidas fiscales que se pusieron en práctica,
ya que contribuyeron a aumentar los costos de producción y los precios en un
contexto de menor demanda. Este asunto lo abordaremos con mayor detalle en el
tercer apartado, pero por ahora cerraremos éste con un testimonio de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, formada por los productores de
cerveza del país, que da cuenta de la situación en la que se encontraban las
compañías en 1932:
Nunca
se había agobiado tanto a la Industria Cervecera con impuestos y cargas de todo
género, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Como consecuencia de
esto, los costos de dicha industria han aumentado de manera exagerada; sus
ventas han disminuido extraordinariamente, porque el precio al que pueden ser
vendidos sus productos resulta muy pesado para las personas de recursos
moderados y está fuera del alcance de las clases humildes […] Las fábricas de
cerveza se encuentran todas exhaustas y muchas de ellas totalmente arruinadas o
a orillas del desastre final. Esta situación, que en cualesquiera otras
circunstancias sería muy grave, lo es ahora extraordinariamente mayor, porque
la pobreza general hace muchísimo más pequeño que de ordinario el número de personas,
que siempre ha sido muy reducido, que pueden darse la satisfacción de tomar una
botella de cerveza. (ANFC, abril 1932, p. 1)
Una vez que hemos
analizado las tendencias generales del sector, a continuación
nos referiremos a otros factores que influyeron en su desempeño. Primero
abordaremos la cuestión de la estructura del mercado cervecero y después el
problema de los fletes y los aranceles a la cebada.
Estructura del
mercado cervecero: regulación de la competencia
La fuerte rivalidad que había entre las fábricas de mayor tamaño y
algunas medianas provocó que desde 1925 ensayaran algunos acuerdos para regular
la competencia en la ciudad de México, el mercado más importante del país.
Estos acuerdos fueron coordinados por la Asociación Nacional de Fabricantes de
Cerveza, que era una organización formada por apoderados de todas las fábricas
de cerveza del país que tenía como finalidad fungir como representante de los
productores ante el gobierno y realizar cualquier gestión legal o institucional
que fuera relevante para la industria
(Recio Cavazos, 2008). Entre 1925 y 1927 se concertaron por lo menos dos
acuerdos que buscaron hacer la competencia más justa al fijar los precios
mínimos de los diferentes productos y limitar ciertas actividades que dieran
ventajas adicionales. En diciembre de 1925 las Cervecerías Cuauhtémoc,
Moctezuma, Toluca y México y la Central firmaron un convenio en el que se
comprometían a fijar precios mínimos a todas las marcas de cerveza de botella y
de barril y hacer un frente común a aquellas fábricas que no cumplieran lo
acordado. Conviene citar los puntos cuatro y cinco del acuerdo:
Cuarto. “Queda expresamente convenido que ninguna
de las cervecerías que firman procurará reducir sus ventas, sino por el
contrario harán todos los esfuerzos y luchas posibles para ganar consumo.”
Quinto. “Tan pronto como termine la situación
anormal que se trata de remediar se procederá a reajustar los precios y a
suprimir los vicios del mercado, tales como subvenciones, descuentos, gratificaciones,
reservas y demás prácticas defectuosas que actualmente se emplean: pues el fin
esencial de este arreglo es procurar el orden y moralización en el mercado de
cerveza para beneficio de todas las fábricas existentes en el país, incluyendo
las que no firmen el siguiente acuerdo. (ANFC, 1926, diciembre 14, p. 2)
En ambos puntos se deja
claro que no se trataba de un acuerdo que buscara limitar las ventas de las compañías,
sino corregir lo que llamaban vicios del mercado, es decir, prácticas de
algunas compañías que disminuían los precios de sus productos, como las subvenciones,
los descuentos, entre otros, lo cual les daba una ventaja frente a sus
competidores. Una cosa que llama la atención es que consideraban que se trataba
de una situación anormal que podía solucionarse con la cooperación de los
productores que habían firmado el acuerdo. Sin embargo, era difícil respetar un
acuerdo de buena voluntad que no establecía penalizaciones específicas a los
que lo rompieran y que además alentaba a las empresas a ganar consumo, por lo
que no solucionaba la rivalidad entre los productores porque cada una buscaría
vender más y eso solo podría lograrse a costa de las otras. Además, no debe
pasarse por alto que las diferencias en el tamaño y la tecnología de cada
empresa eran las que determinaban su posición en el mercado. De esta manera,
era claro que las empresas grandes eran las que dictaban las pautas de la
competencia y que las medianas estaban en desventaja frente a ellas.
A pesar de que las
empresas grandes eran las que tenían mayores ventajas y oportunidades para
competir, esa situación anormal se había vuelto insostenible para ellas y las
orilló a buscar otras medidas para enfrentarla. Este fue el caso de la
Cuauhtémoc y Moctezuma, que a mediados de 1926 iniciaron una serie de
negociaciones organizadas y dirigidas por Manuel Gómez Morín, el presidente de
la ANFC, para ver la posibilidad de crear una sociedad financiera que tuviera
la forma de sociedad anónima (ANFC, 1926b, p. 3). En un memorándum en el que
Gómez Morín resumía el proyecto se mencionaba que una de las causas era que
“las dos negociaciones tienen una suma de problemas e intereses idénticos y su
vinculación es lógicamente necesaria y de ella derivarán ambas ventajas
enormes” (ANFC, 1926b, p. 4). Entre las ventajas que se resaltaban estaban la
“compra en común de materias primas y la supresión de la competencia torpe”,
así como “el control de envases, bombas llave, muebles, etc.” (ANFC, 1926b, p.
5). En suma, Gómez Morín proponía que las empresas se fusionaran para mejorar
su posición en el mercado y enfrentaran mejor la situación económica por la que
atravesaban. Aunque parecía una vía que podría ayudar a ambas empresas, el
proyecto no se llevó a cabo.
Pero ese no fue el
único proyecto que Manuel Gómez Morín propuso a las dos compañías.[4] Con
el fin de que el acuerdo sobre precios que habían firmado el año anterior
tuviera los efectos esperados, desde los primeros meses de 1926 el abogado les
envió un programa de tres puntos que, en un inicio, podía ser puesto en
práctica solo por estas dos compañías, pero que podía hacerse extensivo a las
demás:
a) La reunión obligatoria y frecuente de los
jefes de las compañías interesadas para que juntos estudien y resuelvan sus
problemas de precios, distribución de mercados, etc. para que conozcan,
aclaren, eviten o repriman, los casos de incumplimiento de sus subordinados;
para que, si es posible, o necesario, fijen reglas a que hayan de sujetarse la
propaganda, los agentes, los contratos de venta; para que, especialmente,
puedan lograr con el medio humano del mutuo conocimiento y de la estimación,
destruir muchos de los motivos psicológicos del actual estado de cosas.
b) Un medio para decidir que deberá hacerse en
los casos de querella, incumplimiento o disparidad de opinión entre las
compañías interesadas.
c) Un método para hacer efectivas las
resoluciones que se adopten y para sancionar su incumplimiento o violación..[5](ANFC, 1926c, pp. 3-4)
Esta propuesta incluía
otros asuntos que no se habían tocado en el acuerdo anterior, como la
distribución de los mercados, el establecimiento de reglas que normaran la
propaganda, los agentes y los contratos de venta, así como métodos para
resolver conflictos y establecer sanciones específicas por incumplimiento o
violación. Estas regulaciones buscaban contrarrestar las estrategias de la
Modelo, que desde su apertura había puesto en práctica agresivas campañas
publicitarias en la prensa, revistas, calles, tiendas y cantinas y promociones
que animaban al público a consumir su producto, como la recolección de
corcholatas que se intercambiaban por una cerveza.
En el memorándum se
mencionaba que estas iniciativas buscaban resolver dos problemas que afectaban
a las compañías, una producción inferior a la capacidad de producción; y los
costos extra que representaban:
1. Una
propaganda excesiva, contradictoria, negativa, ininteligente en muchos casos.
2. Un sistema de distribución sin sentido
económico, que duplica los gastos (fletes, refrigeración, etc.); aumenta
enormemente las pérdidas y normas (devolución de botellas, v.g.); desvincula a
las compañías de su verdadero mercado y las pone incondicionalmente a merced de
empleados inferiores (agentes, representantes, repartidores) y de los
intermediarios cuyo interés frecuentemente es contrario al mejor interés de la
industria y cuya capacidad es nula para realizar sin una dirección superior
inteligente y coordinada un plan racional de distribución.
3. Un régimen de ventas, extraordinario en el
mercado, y que, formando parte del punto anterior, merece sin embargo capítulo
especial porque se basa en concesiones y granjerías completamente absurdas, a
menudo inmorales y siempre motivo directo de los constantes choques entre las
compañías […]. (ANFC, 1926c, pp. 1-2)
Estos problemas amplían
el panorama por el que atravesaban las empresas de gran tamaño. El tema del
exceso de capacidad instalada no era un asunto nuevo y la historiografía
económica sobre la industrialización ha sostenido que las empresas que operaban
a gran escala se enfrentaban a ese problema desde el porfiriato (Haber, 1992). De esta forma, la
Modelo, que era una empresa de este tipo, también se sumó a las compañías que
operaban con capacidad ociosa (Guerrero
Mills, 2006, p. 102). El segundo punto se refiere a prácticas que se habían
implementado para aumentar las ventas, pero que resultaban ineficientes porque
incrementaban los costos e impedían que los productores pudieran distribuir sus
productos de manera rentable. Esta iniciativa tampoco se puso en práctica.
Los dueños de las
compañías estaban conscientes de que la forma en la que operaban las empresas y
las malas prácticas que habían desarrollado no eran los únicos factores que
influían en el desempeño del sector. Así lo expresó Francisco Sada, el gerente
general de la Cuauhtémoc, a Gómez Morín en una carta: “La mayor parte de los
graves peligros que amenazan el provenir de la industria y buen número de las
dificultades con que actualmente la misma industria tropieza para su
desarrollo, no dependen solo de razones específicas que sean propias a las
cervecerías, sino que están sujetos a condiciones que afectan la organización
económica general y que deben ser satisfechas por procedimientos económicos de
aplicación general, también” (Sada, 1926, octubre 1, p. 1).
Para 1927, la
competencia entre las fábricas que vendían en la ciudad de México se había
exacerbado y la ANFC promovió crear un nuevo acuerdo que regulara los precios
que incluyera a la Modelo, ya que ésta aprovechaba las ventajas que le daba
tener una fábrica moderna en la ciudad para vender sus productos a un precio
más bajo que las otras. Las otras dos compañías que tenían sus fábricas en la
capital eran la Central y la Nacional, pero eran de tamaño mediano y por ello
no gozaban de la misma estructura de costos que la Modelo. Por otro lado,
aunque los productos de la Cuauhtémoc y de la Moctezuma podían ser competitivos,
estaban en desventaja porque los costos de transporte los encarecían. Al igual
que el acuerdo anterior, se fijaron los precios mínimos de todas las marcas de
cerveza de botella y de barril, pero a diferencia del anterior, también se
acordó limitar la cantidad de anuncios que cada compañía podía difundir y se
establecía el pago de una fianza (que era de 50.000 pesos para la Moctezuma, la
Modelo y la Cuauhtémoc y de 25.000 pesos para la Central y la Cervecería Toluca
y México) para asegurar el pago de una multa por incumplimiento del acuerdo
(ANFC, 1927b, p. 1) Recio menciona que este acuerdo no duró mucho tiempo a
pesar de que se habían previsto sanciones económicas a los que incumplieran, ya
que era difícil de aplicarlas y las empresas tenían incentivos para bajar sus
precios antes que sus competidoras
(Recio Cavazos, 2008, pp. 187-188). Cabe mencionar que también se creó un
acuerdo parecido para regular la competencia en Guadalajara, pero tampoco tuvo
éxito.
Como pudimos ver, la industria cervecera llegó a la
recesión de 1927 en medio de un conflicto entre las principales compañías que
buscaban repartirse los mercados de las ciudades más importantes. Este asunto
no era menor, ya que las empresas grandes tenían la necesidad de conquistar
esos mercados para operar con mayor rentabilidad dada su capacidad de
producción. Por su parte, las empresas medianas se veían obligadas a ajustarse
a las reglas de competencia que dictaban las grandes, aun cuando no operaban
bajo las mismas condiciones de producción ni tenían la misma estructura de
costos. Resultaba muy complicado que las cuatro compañías más grandes llegaran
a un acuerdo que fuera benéfico para todas, ya que cada una sabía que para
poder seguir operando era imperativo que conquistaran los mercados. La fuerte
competencia que existía entre las cuatro compañías más grandes no desapareció
en el corto ni mediano plazo, ya que todavía en 1936, en un estudio que la ANFC
hizo sobre la industria cervecera se mencionaba lo siguiente: “Las tres
principales negociaciones han venido haciéndose una guerra absurda, cada vez
más intensa, durante los últimos años; gastan en publicidad, en dádivas, en
diversas concesiones y de mil maneras diferentes, cantidades enormes. Han
venido también quebrando sus precios y desmoralizando el mercado cada vez más”
(ANFC, 1936, abril 6, p. 1). Este testimonio da cuenta que este problema propio
de la industria seguía presente cuando estalló la crisis de 1929 y todavía en
medio de la depresión general de 1932, el cual se sumaba a las dificultades que
el contexto imponía, como la baja en el consumo, la cuestión impositiva, los
altos fletes, entre otros.
Costos de transporte
Un problema que aquejó a la economía durante el primer lustro de la
década de los veinte fue el mal funcionamiento de los ferrocarriles. A pesar de
que el servicio se fue reestableciendo poco a poco, las compañías que
dependían de este medio para transportar sus mercancías a larga distancia
siguieron teniendo dificultades. Como mencionamos anteriormente, las
cervecerías de tamaño mediano vendían sus productos en sus mercados locales y
regionales porque eso les permitía su capacidad de producción, pero también
por los problemas que tenían para llevar sus mercancías a otros mercados. Por
su parte, las cervecerías más grandes se caracterizaban por enviar sus
productos a mercados más distantes, pero al igual que las otras, también
tuvieron problemas para movilizar sus mercancías. Para suplir la falta de
carros, que era uno de los principales problemas, compañías como la Toluca y
México y la Cuauhtémoc tuvieron que comprar su propio equipo para agilizar el
transporte de sus insumos y de la cerveza (López López, 2018). Sin
embargo, a partir de la segunda mitad de los veinte, los cerveceros comenzaron
a quejarse de que los costos de los fletes eran muy altos.
Ante esa situación
Gómez Morín, en representación de la ANFC, realizó gestiones con la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas y con los Ferrocarriles Nacionales de México
para pedirles que redujeran las tarifas de los fletes a la cerveza. En 1925, la
ANFC inició gestiones con la Secretaría de Comunicaciones para informarles
sobre la situación que atravesaba la industria cervecera a raíz del aumento en
las cuotas de los fletes. En una carta que Gómez Morín escribió al secretario
de esta dependencia, aseguraba que entre 1910 y 1925 la cuota por una distancia
de 1000 km había aumentado 104%, provocando que “los productos de las fábricas
no puedan casi salir de sus respectivos territorios, ya que actualmente de las
veinte cervecerías no quedan prácticamente más que dos que están embarcando a
distancia” (Gómez Morin, 1925, abril 15, p. 1). Por esa razón, le pedía que lo
ayudara a gestionar una nueva tarifa a los carros mixtos que transportaran
cerveza y agua mineral (Gómez Morin, 1925, abril 15, p. 2).
La negociación del
abogado con los Ferrocarriles Nacionales no fue sencilla porque la compañía no
atravesaba un buen momento financiero y Mariano Cabrera, el director, quería
poner en vigor una nueva tarifa. Al respecto, Gómez Morín consideraba que esa
nueva tarifa había sido formulada “no para dar seguridades a la industria sino
para aumentar los ingresos de los FF.CC. porque se ha visto con toda evidencia
que las altas cuotas actuales han reducido el movimiento de cerveza a su
expresión más pequeña y que con las antiguas cuotas los FF.CC. recibían y
ganaban mucho más de lo que ahora están percibiendo” (Gómez Morin, 1925, abril
21, p. 1).
El Cuadro 1 muestra
cómo fue disminuyendo el tonelaje transportado por los Ferrocarriles
Nacionales entre 1928 y 1932. En 1928 el costo por tonelada era de $16,6 y se
logró disminuir en 1929 a $13,8, pero a partir de 1930, cuando la crisis ya
empezaba a golpear a la economía, subieron hasta llegar a $21,9 por tonelada en
1932. Gabriela Recio asegura que Gómez Morín no tuvo éxito en las negociaciones
para reducir las tarifas de los fletes porque todavía en 1932 seguía
gestionando ante la Secretaría de Hacienda su reducción. Una cuestión
interesante que la autora señala es que las compañías se vieron obligadas a
empezar a usar camiones para distribuir sus productos (Recio Cavazos, 2008). Este cambio
fue posible por el impulso que se dio a la construcción de carreteras en este
periodo.
El aumento en los
costos de transporte por ferrocarril que se dio durante el periodo de estudio
da cuenta de otro problema que las cervecerías tuvieron que encarar durante los
años de recesión y crisis. Si bien las compañías sortearon, en parte, esta dificultad
gracias a la construcción de carreteras que el gobierno emprendió durante este
periodo y a las gestiones que lograron hacer para reducir las tarifas, en
última instancia dependieron de la voluntad de las otras partes y no fue un
asunto sobre el que tuvieran control.
Cuadro 1: Movimiento de cerveza. Tonelaje transportado por los
Ferrocarriles Nacionales y fletes pagados, 1928-1932
|
Años |
Tonelaje (toneladas) |
Fletes (pesos) |
Flete/ton |
|
1928 |
120.602 |
2.001.199,35 |
16,6 |
|
1929 |
106.254 |
1.465.652,49 |
13,8 |
|
1930 |
92.753 |
1.309.796,96 |
14,1 |
|
1931 |
53.514 |
940.964,54 |
17,6 |
|
1932 |
29.867 |
654.911,33 |
21,9 |
Fuente: ANFC (1932).
La cuestión hacendaria y los impuestos a la cerveza
Para entender la problemática fiscal en la que se enmarcaba la
tributación a la industria cervecera conviene recapitular algunos rasgos de la
hacienda pública posrevolucionaria entre 1925 y 1927. La reconstrucción
económica del país tras la revolución no fue sencilla ni rápida en el ámbito de
la hacienda pública. Los primeros gobiernos posrevolucionarios se dieron cuenta
de la necesidad de reestructurar y fortalecer las finanzas públicas federales.
Los secretarios de hacienda que ocuparon el cargo después de la promulgación
de la Constitución y durante la década de 1920 impulsaron la reorganización del
sistema fiscal y de la administración pública para lograr ese cometido. Cada
uno avanzó en resolver estos asuntos durante su administración, pero con una
visión muy específica del tipo de política económica que debía ponerse en
práctica. En resumen, puede decirse que sus políticas se centraron en: el saneamiento
de las finanzas públicas, lo que significaba conseguir equilibrio presupuestal;
modernizar la estructura de los ingresos, que implicaba que la federación
dejara de depender de los impuestos indirectos al comercio exterior e interior
(Timbre[6]) y
crear un impuesto que gravara las ganancias, los sueldos y salarios (el income tax); y combatir la
anarquía fiscal, que en la época se relacionaba con dos asuntos. El primero era
la desorganización de las finanzas públicas locales, que se caracterizaba por
la existencia de numerosos gravámenes y su baja productividad. El segundo era
la concurrencia fiscal entre los impuestos que cobraba la federación y los
estados (Aboites Aguilar, 2003; Lomelí
Vanegas, 2023; Marichal Salinas, 2015; Uhthoff López,
2017).
Durante los gobiernos
de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, Alberto J. Pani dio pasos
importantes en la consecución del equilibrio presupuestal, la modernización y
el combate a la anarquía (Aboites Aguilar, 2003; Gómez
Galvarriato, 2002; Lomelí Vanegas, 2004; Secretaría de
Hacienda y Crédito Público –SHCP–, 1926). Sin embargo, a mediados de 1926 empezó una
recesión en Estados Unidos que fue provocada por el shock económico producido
por la Primera Guerra Mundial y que llevó al gobierno estadounidense a aplicar
políticas económicas tendientes a mantener el patrón oro (Temin, 1995). A esta
situación se sumó la caída de los precios internacionales de algunos productos
agrícolas (trigo, azúcar, lana, entre otros), de la plata y el petróleo (Foreman Peck, 1995; Kindleberger, 1973; “Crisis agrícola en…”, 1926, p
3). La recesión estadounidense golpeó a la economía mexicana a través del
sector exportador y de manera indirecta a las finanzas públicas, ya que la
caída en los precios de la plata, el petróleo y de algunos productos agrícolas
redujo la demanda internacional de estos productos y con ello cayeron los
ingresos públicos, lo que provocó que las finanzas públicas fueran deficitarias
en 1926.[7] A
principios de 1927, Luis Montes de Oca relevó a Pani del cargo y con ello
también cambiaron los objetivos y prioridades de la política económica. Desde
que asumió el cargo mencionó que durante su gestión dejaría a un lado las
cuestiones políticas y se enfocaría en cuidar las finanzas públicas. El
secretario creía que dos consecuencias negativas del orden económico derivado
de la posguerra eran que había aumentado la intervención del Estado en la
economía y eso había llevado a un aumento en el gasto público. La forma en la
que consideró que podía contrarrestar la crisis fiscal y la tendencia creciente
en la participación del Estado en la economía era manteniendo una política
fiscal ortodoxa que privilegiara el equilibrio presupuestal y la reanudación en
el pago de la deuda externa, aspectos que consideraba inseparables (Romero Sotelo, 2018).
La caída en los
ingresos públicos provenientes del sector externo provocó que en 1927 las
finanzas volvieran a ser deficitarias. Para revertir esta situación el
secretario se propuso conseguir equilibrio presupuestal por tres vías durante
el resto de su administración. Por el lado de los ingresos, se propuso
continuar con el proyecto de reorganización fiscal y aumentar las
contribuciones. En relación con los egresos, se encargó de limitar el gasto público
a erogaciones indispensables y redujo el personal de diferentes dependencias.
Con respecto a la cuestión de la deuda externa, desde que ocupó el cargo
expresó que haría lo posible por hacer frente a sus obligaciones y por ello
desde finales de 1927 se puso en contacto con el Comité Internacional de
Banqueros para iniciar conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo sobre la deuda (Romero Sotelo, 2023).
Montes de Oca cumplió
el objetivo de mantener equilibrio presupuestal durante casi toda su
administración, ya que entre 1928 y 1931 consiguió que las finanzas públicas
fueran superavitarias. Ni aún en medio de la crisis internacional que inició en
1929 abandonó su ortodoxia y siguió implementando una política fiscal que ponía
el acento en la consecución del equilibrio presupuestal por medio de recortes
en el gasto, el aumento en los impuestos y la reanudación del pago de la deuda.[8]
Enrique Cárdenas ha mostrado que estas políticas ortodoxas eran procíclicas y
solo consiguieron acentuar la crisis
(Cárdenas, 2015).
Los impuestos a la cerveza
Una vez que mostramos el panorama general de la hacienda pública, nos
referiremos a los diferentes impuestos que recaían sobre la cerveza. Nos
enfocaremos en el periodo que va de 1925 a 1933 para analizar de qué manera la
recesión económica y después la crisis influyeron en el desempeño del sector.
Primero nos referiremos a los impuestos que cobraba la federación y después
mencionaremos los impuestos que se cobraban en algunos estados para ejemplificar
el problema de la concurrencia fiscal y para contextualizar la postura de los
productores de cerveza sobre este asunto.
Impuestos federales
Desde el Porfiriato la federación cobraba dos impuestos a la cerveza, el
impuesto del Timbre que recaía sobre los productores nacionales y aranceles a
la importación que pagaba la cerveza extranjera. Este último impuesto fungía
más como una medida de protección al sector y por ese motivo dejaremos de lado
su análisis. El impuesto del Timbre siguió cobrándose al reestablecerse el
orden constitucional en 1917, pero su tasa, los productos que lo pagaban y la
forma de recaudarse se fueron modificando entre 1917 y 1924. Entre abril de
1917 y diciembre de 1923 la cerveza pagaba dos impuestos: el impuesto especial
del Timbre ad valorem sobre precio de venta de
primera mano y un impuesto adicional sobre ventas de bebidas alcohólicas en
botellas cerradas. En abril de 1924 se modificó el sistema de cobro y se estableció
un impuesto de derrama que fijaba una cantidad de $3.500.000 pesos que debía
ser cubierta por todos los productores de cerveza nacional entre abril y
diciembre de ese año. Gracias a las gestiones que realizó la ANFC los
productores de cerveza consiguieron que en lugar de que se fijaran porcentajes
específicos a cada compañía se cobraran cuotas fijas por cada litro de cerveza:
0,45 pesos la de barril y 0,125 en botella (López López, 2018; Márquez Colín,
2007). Márquez sugiere que este impuesto debe entenderse como parte de
los esfuerzos de reorganización fiscal que buscaba maximizar el rendimiento de
los impuestos y reducir los costos de recaudación, ya que se garantizaba que el
pago del impuesto correspondería a la producción efectiva de las fábricas (Márquez Colín, 2007).
Durante el primer
semestre de 1925 se mantuvo el mismo esquema de cuotas fijas por litro de
cerveza y un monto mínimo de recaudación al año (Cuadro 2). Las dos diferencias
con respecto a la del año anterior eran que se había disminuido la cuota del
impuesto de la cerveza de barril y que la derrama mínima era de $4.800.000.
Este aumento en el monto no fue bien recibido por los productores de cerveza
agrupados en la ANFC, quienes empezaron gestiones con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) para que reconsiderara los cambios en el impuesto. En
una carta que la ANFC envió al secretario de Hacienda le manifestaba que era
injusto que la cerveza tuviera un trato fiscal diferente al de otras bebidas
alcohólicas que tenían más grados de alcohol, ya que la cuota que pagaban las
bebidas con menos de 96º era de 5 centavos por litro, mientras que la cuota
para el litro de cerveza de barril era de 10,5 centavos, lo cual mostraba que
“con el sistema actual todos los productos y brevajes
[sic], fabricados sin escrúpulo alguno, clandestinamente y con sustancias gravemente
nocivas para el consumidor, resultan grandemente beneficiados en comparación
con la cerveza” (ANFC, 1925, febrero 3, p. 3). Además, la ANFC señalaba que la
industria cervecera estaba en desventaja porque debían pagar la derrama
suplementaria de $4.800.000 sin importar si no producían o no vendían sus
productos. Por esos motivos, le solicitaba, entre otras cosas, que se hiciera
“un ajuste equitativo y prudente de las cuotas del impuesto señaladas para la
cerveza” (ANFC, 1925, febrero, p. 4) Esta queja de los productores de cerveza
no era exagerada, ya que Márquez señala que hasta 1922 el gravamen que pagaba
la cerveza era menor que la de los alcoholes, pero que a partir de ese año y en
particular con el cambio de enero de 1925 esta tendencia se había revertido (Márquez Colín, 2007).
En el primer semestre
los fabricantes no cubrieron ni la mitad de lo previsto (2.400.000 pesos) y la
SHCP los condonó de cubrir 275.275 pesos (ANFC, 1931b, p. 1). A este hecho se
sumaron las gestiones que realizó la ANFC en los siguientes meses para que la
SHCP suprimiera la derrama suplementaria de 4.800.0000 pesos en el mes de
agosto de 1925 (ANFC, 1925, abril, pp. 4-5). Un cambio importante era que
establecía una tarifa máxima y preveía reducciones en las tarifas si la
recaudación semestral alcanzaba ciertos montos (SHCP, 1925, agosto, p. 930).
Con esta modificación los productores solo pagaron $2.169.654,31 en el segundo
semestre de 1925 y eso provocó que la SHCP decidiera mantener la cuota máxima
pagada por la cerveza de barril en 35 centavos y bajar la cuota de la cerveza
en botella a 10 centavos para el primer semestre de 1926 (SHCP, 1925,
diciembre, p. 610). Como la recaudación aumentó durante 1926, la SHCP decidió
mantener las cuotas del litro de cerveza en barril a 25 centavos y 85 centavos
el litro en botella para el periodo del 1º de julio de 1926 al 30 de junio de
1927 (Gráfico 4). Sin embargo, como la recaudación disminuyó durante el primer
semestre de 1927, la SHCP aumentó las cuotas de ambos productos (Cuadro 2).
Las cifras de recaudación de 1926 sugieren que la recesión
estadounidense y su impacto en el sector externo y en las finanzas públicas
todavía no se había transmitido a los sectores que producían para el mercado
interno para finales de año. Sin embargo, durante el primer semestre de 1927 se
hace notoria la caída en la recaudación del Timbre a la cerveza, lo que sugiere
que la recesión empezó a transmitirse y manifestarse en el sector cervecero a
partir de entonces. El jefe del departamento de alcoholes, Luis M. Orozco,
consideraba que la baja se podía atribuir:
[…] a la depresión económica que se deja sentir
en la actualidad en todo el país y al aumento en el precio que se ha sostenido
en el año actual en el que una conversación de cerveceros uniformó los precios
de venta, cesando con este motivo la encarnizada competencia que se hicieron el
año pasado, con el consiguiente beneficio para el público, y por otra parte, a
las fuertes perturbaciones que se han registrado en la temperatura en algunas
regiones del país donde el consumo de la cerveza es considerable, como por
ejemplo, la región norte del litoral del Golfo, donde ocurrieron lluvias muy
intensas y prolongadas que originaron hasta el desbordamiento de algunos ríos.
(Orozco, 1928, pp. 13-14)
Conviene destacar los
primeros dos puntos que Orozco señalaba: la “depresión económica” y los
problemas ocasionados por la estructura del mercado de la cerveza que había
llevado a que los cerveceros acordaran fijar precios máximos para frenar la
competencia, como vimos en otro apartado. La impresión de Orozco de que “la
depresión” explicaba la baja en la recaudación se corresponde al observar la
caída en las cifras de ventas totales por caja que empezó en 1927 y se extendió
al resto de la década (Gráficos 1 y 2).
Esta caída en la
recaudación no se reducía solo a la cerveza, sino también a otros rubros del
Timbre. En un memorándum que Abel S. Rodríguez, el director general de las
oficinas del impuesto del Timbre, le envió al secretario en septiembre de 1927
exponía que la caída en la recaudación general del impuesto del Timbre se
explicaba por la supresión del impuesto sobre las ventas al por menor, las
exenciones concedidas a las instituciones de crédito, la baja en la recaudación
del impuesto sobre títulos mineros y las exenciones otorgadas a los estados de
la Contribución Federal. Además, señalaba un punto que nos parece que es el más
importante para este trabajo: “El impuesto del Timbre grava un gran número de
actos mercantiles, y cuando en lo general sobreviene depresión en el comercio,
industria, etc., disminuye consiguientemente el impuesto del Timbre”
(Rodríguez, 1927)
Cabe mencionar que
también cayó la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR), que gravaba a la
riqueza. En un memorándum de Luis G. Pardo, el jefe de departamento del ISR, señalaba que la recaudación del impuesto en la ciudad
de México, Monterrey, Orizaba, Toluca, Puebla y Tampico había disminuido 14,2%
durante el primer semestre con respecto a 1926 (Pardo, 1927, p. 4). Esa
reducción la adjudicaba a la baja en la producción de petróleo (para el caso
de Tampico) y a “trastornos” en el mercado de las industrias cervecera y textil
para las demás ciudades. A nivel de cédulas, la I (comercio) había disminuido
1,8%, la II (industria) 17,9%, la III (agricultura) 17,3% y la V
(participaciones) 13,7%.[9]
Pardo decía que la caída en la cédula I se debía a la “depresión de los
negocios mercantiles” y en la II a la “reducción de actividades de explotación
del petróleo, sin que dejen de contribuir a ella las dificultades originadas
por la competencia en la industria cervecera y depresión en la textil. Respecto
de la minería, entiendo que la baja causada por reducción en precio de
productos y en disminución de volumen de las exportaciones” (Pardo, 1927, p.
6).
Cuadro 2: Impuesto del
Timbre sobre cerveza de producción nacional por ventas de primera mano e
impuesto especial adicional, 1925-1933
|
Fecha de publicación
de la ley |
Impuesto del Timbre |
Impuesto especial |
|
||
|
Producto |
Cuota por litro (ctvs) |
Especificidades |
Especificidades |
||
|
Ley 16/ abril/1924 |
Barril |
0,045 |
Con obligación de que la industria pague como
mínimo la suma de $3.500.000 entre abril y diciembre de 1924. |
|
|
|
Botella |
0,125 |
|
|||
|
Ley 6/ enero/ 1925 |
Barril |
0,035 |
Con obligación de que la industria pague como
mínimo la suma de $4.800.000. |
|
|
|
Botella |
0,105 |
|
|||
|
Ley 5/ agosto/ 1925 |
Barril |
0,035 |
Se eliminó el sistema de derrama suplementaria
y se estableció una tarifa que preveía reducciones a dichos tipos dependiendo
de lo que se recaudara en el semestre anterior. |
|
|
|
Botella |
0,105 |
|
|||
|
Circular 7/ diciembre/1925 |
Barril |
0,035 |
|
|
|
|
Botella |
0,1 |
|
|
||
|
Circular 12/ junio/1926 |
Barril |
0,025 |
|
|
|
|
Botella |
0,085 |
|
|
||
|
Circular 7/ diciembre/1926 |
Barril |
0,025 |
|
|
|
|
Botella |
0,085 |
|
|
||
|
Circular 17/ junio/1927 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,09 |
|
|
||
|
Circular 22/ diciembre/1927 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,09 |
|
|
||
|
Decreto 13/ enero/1928 |
Barril |
0,0075 |
|
Se estableció un impuesto adicional sobre
producción de cerveza, el cual se destinaría a los estados que quieran
adoptarlo a cambio de la supresión de otros impuestos de esta naturaleza. |
|
|
Botella |
0,015 |
|
|||
|
Circular 9/ junio/1928 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,09 |
|
|
||
|
Circular 12/ diciembre/1928 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,09 |
|
|
||
|
Circular 14/ junio de 1929 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,095 |
|
|
||
|
Circular 11/ diciembre/1929 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,09 |
|
|
||
|
Circular 15/ junio/1930 |
Barril |
0,03 |
|
|
|
|
Botella |
0,095 |
|
|
||
|
Ley 29/ diciembre/1930 |
Barril |
0,04 |
Durante el primer semestre de 1931 las cuotas
serían de 95 centavos el litro en botella y de 35 centavos en barril. Si la
recaudación rebasaba $3,000,000 se cobraría una cuota adicional de 1 centavo
por cada litro en botella y de 0.5 centavos por cada litro en barril. |
Seguía vigente el impuesto especial de enero
de 1928. |
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Botella |
0,105 |
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Circular 12/ junio/1931 |
Barril |
0,04 |
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Botella |
0,105 |
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Decreto 31/ julio/1931 |
Barril |
0,005 |
Se estableció un impuesto adicional sobre la
producción de cerveza |
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Botella |
0,015 |
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Circular 28/ junio/1932 |
Barril |
0,4 |
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Botella |
0,105 |
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Circular 27/ diciembre/1932 |
Barril |
0,4 |
|
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Botella |
0,105 |
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Decreto 15/ junio/1933 |
Barril |
0,04 |
Se derogaba el impuesto progresivo dependiendo
de la recaudación. |
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Botella |
0,04 |
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Decreto 27/ junio/1933 |
Barril |
0,075 |
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Se homogeneizó la tarifa para los diferentes
tipos de cerveza |
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Botella |
0,075 |
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Fuente: ANFC (1931b) SHCP (1933, junio 30, p. 4); SHCP (1932, diciembre
26, p. 1); SHCP (1933, junio 16, p. 635); SHCP (1933, junio 28, p. 795).
Gráfico 4: Recaudación por concepto de impuesto del Timbre por venta de
cerveza de primera mano, 1921-1932 (en pesos)
Fuentes: 1921-1924: ANFC (1925). 1925-1932: (SHCP, 1925, diciembre, p. 610;
1926, junio, p. 705; 1926, diciembre, p. 3; 1927, junio, p. 1; 1927, diciembre,
p. 8; 1928, junio, p. 2; 1928, diciembre, p. 1; 1929, junio, p. 1; 1929,
diciembre, p. 2; 1930, junio, p. 5; 1931, junio, p. 1; 1931, diciembre, p. 2;
1932, junio, p. 4; 1932, diciembre, pp. 1-2), ANFC (1931, p. 1).
La recaudación del
impuesto del Timbre mejoró en 1928 seguramente como consecuencia del aumento
en las tarifas, pero esta estrategia de la SHCP no dio los mismos resultados
en los siguientes años, ya que la recaudación siguió cayendo a pesar de que
aumentaron las cuotas en junio de 1929 y en diciembre de 1930 se publicó una
nueva ley que reemplazaba la de agosto de 1925 (Gráfico 4). En esta ley se
volvían a establecer cuotas progresivas dependiendo del monto de recaudación
semestral (SHCP, 1931, enero 2, p. 1). Como la recaudación siguió disminuyendo
durante el primer semestre de 1931, el 30 de julio se creó un impuesto
adicional de 15 centavos por cada litro de cerveza en botella y de 0,5 centavos
por litro de cerveza en barril (SHCP, 1931, agosto, p. 5). En medio de la
crisis, Montes de Oca optó por aumentar las cuotas y crear impuestos
adicionales para compensar la baja en la recaudación, pero esta medida no
arrojó los resultados esperados porque ésta siguió cayendo durante el segundo
semestre de 1931 y todo 1932 (Gráfico 4). Estas disposiciones se sumaban a
otras “medidas extremas para balancear el presupuesto, tales como el despido de
empleados públicos, la reducción de sus salarios y el aumento de impuestos
extraordinarios, aun en medio de una profunda recesión” (Cárdenas, 1994, p. 37).
Los cerveceros
agrupados en la ANFC no esperaron para manifestarle al secretario de Hacienda
que la industria cervecera estaba pasando por una situación fiscal “extraordinariamente
difícil” debido al incremento en las cuotas que entraron en vigor el 1º de
julio de 1931 y el impuesto adicional del 30 de ese mismo mes, ya que
significaban un aumento del 28% para la cerveza de barril y del 33,3% para la
de botella (ANFC, 1931c, pp. 1-2). Además, en el memorándum se mencionaba que
la industria cervecera estaba fuertemente gravada y que incluso pagaba más
impuestos que otras industrias que producían bebidas alcohólicas. Por ello, le
pedían al secretario de hacienda que derogara el impuesto especial “y que, en
una revisión general de los impuestos sobre la industria, se considere,
equitativa y económicamente, la situación de desproporcionalidad fiscal en que
la cerveza se encuentra colocada” (ANFC, 1931a, p. 6).
Veamos su postura. Se
aseguraba que los productores de cerveza pagaban a la federación diversos
tipos de impuestos, por ejemplo, por concepto de Timbre pagaban el timbre de
primera mano, el impuesto extraordinario y el impuesto especial (que
describiremos en el siguiente apartado); pero también pagaban a la federación
aranceles por la importación de diversas materias primas, el ISR, uno sobre
sueldos de empleados, un 10% adicional sobre deuda pública, timbres de renta
interior, uno de 2% sobre ventas de segunda mano, uno de verificación de
básculas, cédula cuarta y el ISR pagado
al ferrocarril por carros refrigeradores. A estos gravámenes se sumaban
diversos impuestos alcabalatorios que cobraban los estados. Según sus cálculos,
la suma de estos impuestos pagados a la federación y a los estados sobre
producción y venta de cerveza promediaba $0,1804 centavos por litro. Esta
situación se contraponía a lo que ocurría con otras industrias que producían
bebidas alcohólicas, como era el caso del pulque, cuyos gravámenes ascendían a
$0,0127 centavos por litro (ANFC, 1931a, pp. 2-3).
El diferencial de
impuestos entre las industrias que producían bebidas alcohólicas no era nuevo y
los cerveceros ya le habían señalado estos puntos al gobierno en otras
ocasiones, pero en este contexto de crisis económica y fiscal su crítica a la
política fiscal cobraba sentido, porque si la federación quería aumentar la
recaudación, lo lógico era que aumentara los impuestos a las industrias que
tenían grandes niveles de producción, como era el caso del pulque, y no que
los disminuyera.[10] Sin
embargo, es muy posible que en ese contexto la SHCP prefiriera recaudar menos
que incentivar la evasión fiscal de las industrias sobre las que no tenía mucho
control, como era el caso del pulque, que podía ser producido por grandes o
pequeños productores que podían ubicarse en regiones comunicadas o en
localidades remotas y de los cuales era difícil o imposible conocer cuál era
su producción exacta, y, por el contrario, aumentar los impuestos a las
industrias sobre las que tenía mayor control, como era el caso de la cerveza,
cuyos productores estaban bien identificados y sobre los cuales las autoridades
fiscales ejercían una mayor vigilancia.
Lo sucedido con el
impuesto del Timbre a la cerveza muestra que el objetivo de Montes de Oca de
conseguir equilibrio presupuestal a través del aumento en las tarifas tenía
efectos contraccionistas en el rendimiento de los impuestos, ya que a medida
que se aumentaban las cuotas la recaudación bajaba, y también tenía efectos
recesivos en las actividades económicas que gravaba, ya que también
disminuyeron las ventas de cerveza en botella, como vimos en la Gráfico 1. De
esta manera, se confirma la hipótesis de que la política fiscal que Montes de
Oca puso en práctica cuando inició la recesión entre 1926 y 1927 y en medio de
la crisis económica (1929-1932) fue procíclica ya que contribuyó a acentuar el
ciclo económico depresivo (Cárdenas,
1994; Romero Sotelo, 2023). Sin embargo, a diferencia de lo que Cárdenas
sugiere sobre el efecto positivo en la recaudación que tuvo el aumento en las
cuotas a la cerveza hasta 1929, nosotros acabamos de mostrar que dicho aumento
pudo haber incrementado la recaudación en 1928, pero no entre 1926 y 1929 (Cárdenas, 1994).
Montes de Oca dejó
Hacienda en febrero de 1932 y fue relevado por Alberto J. Pani. La información
de los Cuadros 2 y 3 muestra que Pani no modificó las cuotas del Timbre en 1932
y que tampoco aumentó la recaudación ese año que, por el contrario, siguió cayendo.
Enfatizamos en este hecho, porque si bien la política económica cambió cuando
Pani asumió el cargo, dicha transformación no se manifestó en el corto plazo.
Por ejemplo, todavía en 1932 se consiguió equilibrio presupuestal, pero no fue
hasta 1933 cuando se abandonó la idea de mantener el equilibrio y se incurrió
en un déficit mayor al presupuestado (Gómez
Galvarriato, 2002). En materia cervecera, en 1933 realizó dos reformas al
impuesto del Timbre: uniformó el cobro sin importar si era de barril o en
botella y mantuvo la cuota más baja para ambos productos (4 centavos). Estos
cambios reflejaban una mejor comprensión de la situación porque la evidencia
mostraba que cobrar dos cuotas diferentes influía de manera diferente en las
ventas de los productos: las ventas de la cerveza en botella tendieron a disminuir
en relación con las ventas de la cerveza en barril mientras se mantenía una
cuota más alta a la primera y más baja a la segunda. Al establecer una cuota
igual para ambos productos se podía incentivar el crecimiento de las ventas de
las cervezas en botella y con ello, aumentar la recaudación. Aquí tenemos un
ejemplo del efecto contra cíclico de la política fiscal que Pani puso en
práctica.
Es importante señalar que
el impuesto del Timbre y el impuesto especial sobre la cerveza se mantuvieron
hasta 1939, cuando se derogó el impuesto especial y se estableció una cuota
única de 0,0475 centavos por litro, de las cuales se les otorgaría una
participación de 0,0075 centavos a los estados que derogaran los impuestos
sobre la cerveza (Aboites Aguilar, 2003).
Impuestos estatales
Ahora analizaremos la cuestión de los impuestos estatales. En el
apartado sobre el panorama fiscal mencionamos que una de las características
del sistema era la anarquía, ya que cada estado tenía su propia estructura de
impuestos y sucedía que algunos de esos gravámenes recaían sobre los mismos
productos, industrias o actos que gravaba la federación. Durante el segundo
lustro de los veinte la SHCP dio dos pasos para combatir la concurrencia: creó
impuestos especiales que se aplicarían a industrias específicas y cuyos
rendimientos se repartirían entre los estados siempre y cuando suprimieran los
impuestos locales a dicha industria y utilizó la contribución federal para
uniformar los sistemas hacendarios y la combatir la anarquía. Veamos lo
sucedido con el impuesto especial a la cerveza de 1928 y la exención de la
contribución federal.
El 14 de enero de 1928
la SHCP creó un impuesto adicional a la cerveza cuyo rendimiento
correspondería a los estados, territorios y al Distrito Federal que no gravaran
la producción o las ventas de primera mano de ese producto con otra clase de
impuesto (SHCP, 1928,
enero 16, p. 1). Este impuesto solo sería cobrado en los estados o territorios
que cumplieran con ese requisito y tuvieran la anuencia de la SHCP. Los únicos
estados a los que se les concedió este impuesto fueron Nuevo León y Veracruz
(SHCP, 1928 enero 24, p. 4; SHPC, 1928, enero 31, p. 4). Lo anterior significa
que la federación no tuvo éxito para combatir el problema de la concurrencia
fiscal y mucho menos la llamada anarquía, ya que el grueso de los estados
siguió gravando a este sector con diversos impuestos. En el Anexo incluimos un
cuadro en el que se muestran los impuestos que algunos estados cobraban por la
venta de cerveza durante el primer semestre de 1930. El panorama fiscal que se
dibuja en el cuadro es muy diverso ya que había estados que sólo cobraban un
impuesto de patente o de ventas al mayoreo o menudeo, como era el caso de
Campeche, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas y
Veracruz; pero en el extremo estaba Oaxaca que cobraba cuatro impuestos
diferentes. Los impuestos recaían sobre diferentes actos o actividades y
tenían tasas muy diversas y se cobraban en diferentes tiempos.
De todos los
gravámenes, el que resalta por el nombre y las implicaciones económicas que
tenía era el impuesto por introducción de cerveza al estado que se cobraba en
Oaxaca y Yucatán, ya que era un impuesto abiertamente alcabalatorio que iba en
contra de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 117 de la Constitución.
Éste es un claro ejemplo de las alcabalas posporfirianas
o alcabalas del siglo XX que los estados cobraban en el periodo posrevolucionario
a pesar de estar prohibidas por la Constitución (Aboites Aguilar, 2001).
Cabe mencionar que muchos de los impuestos que se incluyen en el cuadro
también podían ser considerados como alcabalatorios porque gravaban productos
que provenían de otro estado, como el impuesto de patente a agencias
distribuidoras de Michoacán o el impuesto de “4% sobre ventas de cerveza de
botella al mayoreo que pagaban almacenistas o agentes” en Aguascalientes (ver
Cuadro 3 en el Anexo al final de este artículo).
Durante estos años la
ANFC siguió muy de cerca el asunto de los impuestos alcabalatorios y tanto la
asociación como las cervecerías asociadas hicieron gestiones con la Secretaría
de Hacienda o los gobiernos de los estados para intentar modificarlos. Por ejemplo,
en una carta que la Cervecería Cuauhtémoc le escribió a la ANFC le informaba
que el impuesto sobre las ventas del 4% que se cobraba en Aguascalientes era
alcabalatorio y que iniciarían gestiones con el gobierno del estado para que lo
derogara (ANFC, 1931, mayo, p. 1). De igual manera, la ANFC realizó gestiones
con la SHCP para que el estado de Coahuila derogara los impuestos
alcabalatorios (ANFC, 1931, abril 15, p. 7).
La historiografía sobre
este tema ha sugerido que durante las décadas de 1930 y 1940 se hicieron más
frecuentes las noticias y quejas sobre la existencia de impuestos
alcabalatorios y que el problema persistió por lo menos hasta la década de 1970 (Aboites Aguilar, 2001).
La información que contiene el cuadro del Anexo fue elaborada con las leyes de
impuestos que los estados habían publicado hasta entonces, lo que significaba
que muchos de esos gravámenes se habían creado por lo menos durante el segundo
lustro de la década de 1920. Esta situación sugiere que además de la llamada
depresión económica, las diferentes industrias enfrentaron trabas a la
circulación de mercancías debido a la existencia de las alcabalas posporfirianas, las cuales a su vez entorpecían la
integración del mercado nacional.
Ahora veamos lo que
sucedió con la contribución federal. Aboites señala
que entre 1925 y 1927 la SHCP “derogó el pago de la contribución federal a los
impuestos estatales relativos a las industrias de hilados y tejidos, minería y
tabacos, que duplicaban los impuestos federales de las mismas industrias” (Aboites Aguilar, 2003, p. 157).
La idea de esta medida era reducir la carga impositiva hacia estas industrias y
que los estados vieran la voluntad de la federación para la coordinación
fiscal, pero no tuvo los resultados esperados porque los estados aumentaron las
cuotas de los impuestos y los ingresos de la federación disminuyeron (Aboites Aguilar, 2003).
Ante esta situación, en la ley de ingresos de 1929 la SHCP disminuyó la tasa de
la contribución federal de 25 a 20% y propuso un programa de exenciones para
los estados que orientaran sus sistemas hacendarios de acuerdo con criterios
específicos que se publicaron en la circular número 21-2-16 (SHCP, 1929, enero,
pp. 3-4).
La SHCP concedería las
exenciones una vez que hubiera estudiado y verificado que las leyes de ingresos
de los estados y municipios cumplieran con los requisitos citados. Las exenciones
podían ser a todos los impuestos estatales, o bien a todos los impuestos
estatales y locales o solo a determinados impuestos. Por ejemplo, entre 1929 y
1930, Nuevo León y Sinaloa consiguieron una exención total de impuestos locales
y estatales, mientras que Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y
Veracruz, lograron que se les eximiera de algunos impuestos (SHCP, 1929,
agosto, pp. 1-2; 1930, enero 23, 2-3; 1930, enero 24, pp. 1-2; 1930, febrero,
pp. 3-4; 1930, marzo, p. 5; 1930, abril, pp. 3-4; 1930, mayo, pp. 1-2).
La ANFC estuvo al
pendiente de los cambios en las leyes de ingresos de los estados que se dieron
a partir de 1929 y estableció comunicación con la SHCP para ofrecer su opinión
sobre los impuestos que consideraba que no estaban en concordancia con el espíritu
modernizador. En un memorándum sobre la ley de ingresos de Sonora de 1931, la
ANFC se mostraba inconforme con los nuevos impuestos que entrarían en vigor a
cambio de que la SHCP exentara al estado del 20% de contribución federal.
Acerca de los impuestos a la cerveza, señalaban que en la nueva ley se había
condensado en un solo concepto el pago por la venta y fabricación de cerveza,
pero que el nuevo impuesto, además de ser muy elevado, no distinguía a los
productores de cerveza de los vendedores, ni los diferentes tipos de comercio
(los depósitos de cerveza de primera mano o los expendios de cerveza al
mayoreo). Creían que, si bien el impuesto en nombre ya no era alcabalatorio, sí
lo era si se consideraba que gravaba las ventas de los expendios de otras
cervezas de la república. Además, decían que la nueva ley no tomaba en
consideración el contenido del decreto del 13 de enero de 1928 “que tiende
precisamente a uniformar no solo los sistemas de tributación fiscal que
gravitan sobre la cerveza, sino muy especialmente también, las cuotas que se
apliquen en las diversas entidades de la federación”, ya que la cuota del nuevo
impuesto era 300% más alta que la cuota del impuesto especial y además adolecía
de las imprecisiones señaladas (ANFC, 1931, abril, 13, p. 2). El testimonio de
la ANFC sugería que el gobierno del estado había modificado su ley de impuestos
en apariencia para conseguir la exención de la contribución federal, pero que
en el fondo dicha ley tenía imprecisiones y además aumentaba las cuotas de los
impuestos.
No siempre la ANFC se
mostró crítica de las leyes de ingresos de los estados y siguió muy de cerca el
proceso de aprobación de la exención de la contribución, como fue el caso de
Veracruz, donde la ANFC realizó gestiones junto con la Cámara de Comercio y el
gobierno del estado para que la SHCP expidiera el decreto de exención del 20%
federal al estado y a los municipios (Guerra, 1931, p. 3). Este caso muestra
que, si ley de ingresos no aumentaba las cuotas a la cerveza, los fabricantes
de cerveza se verían beneficiados por la exención de la contribución federal.
El experimento de la
contribución federal también tuvo poco éxito para combatir la heterogeneidad
fiscal y la anarquía, ya que la recaudación de la federación disminuyó y los
gobiernos de los estados y municipios no eliminaron del todo los impuestos que supuestamente
habían derogado. No debemos olvidar que este espíritu modernizador se dio en
medio de una crisis económica que afectaba a todas las actividades económicas
sobre las que recaían los principales impuestos y que ese hecho provocó que la
federación no pudiera compensar la caída en la contribución federal con el
aumento de otros gravámenes. Lo mismo ocurrió con los ingresos de los estados
que se habían subido al tren de la modernización, ya que éstos también se
redujeron, como les ocurrió a Sinaloa, Nayarit y Tabasco. Dado este balance, la
federación decidió abandonar este proyecto en la ley de ingresos de 1934 (Aboites Aguilar, 2003).
Conclusiones
El desempeño de la industria cervecera entre 1926 y 1933 se explica por
características propias de la industria que afectaron su óptimo
funcionamiento, como la estructura oligopólica del sector, que provocaba que el
mercado fuera controlado por las empresas más grandes y que existiera una
fuerte rivalidad entre ellas. El problema de fondo era que las empresas de gran
tamaño tenían una gran capacidad de producción y que los diferentes mercados,
en particular los de las ciudades más grandes, no podían absorber la producción
de todas las empresas. La competencia tan abrupta que se dio en la ciudad de
México, que era el mercado más importante del país, llevó a que las empresas
recurrieran a diferentes estrategias para aumentar el consumo de su producto,
entre las que estaban la propaganda, promociones y bajar sus precios. Las
empresas se dieron cuenta que a ninguna le convenía la guerra de precios y por
ello llegaron a ensayar acuerdos para fijar los precios mínimos y limitar las
estrategias de competencia. Otros elementos que influyeron en el desempeño de
las empresas en estos años fueron el aumento en los costos de los fletes, en
los aranceles a la malta (asunto que no pudimos tratar en este trabajo por la
extensión) y en los diferentes impuestos. Ambos asuntos fueron de importancia
para las empresas porque implicaba un aumento en sus costos de producción en un
contexto de guerra de precios. Consideramos que estos rasgos de la industria la
hacían vulnerable porque su funcionamiento normal dependía de la buena voluntad
de las empresas más grandes para repartirse el mercado, de que pudieran
conseguir mejores tarifas de fletes con los Ferrocarriles Nacionales y del
cabildeo con la Secretaría de Hacienda para que no aumentara los aranceles a la
malta o bien que no aumentara las cuotas del impuesto del Timbre o creara
nuevos impuestos.
Ante esta situación
endeble es entendible que la industria fuera golpeada muy fácilmente por la
recesión general que inició en la segunda mitad de 1926. Nosotros sugerimos que
la recesión empezó a golpear a la industria en 1927, ya que en este año las
ventas tienen su primera caída. La recesión se extendió en el sector hasta
1929, cuando la crisis internacional vuelve a golpear a la economía mexicana.
Este segundo choque externo provocó que la industria atravesara por una etapa
depresiva que se extendió hasta 1932. Esto nos lleva a sugerir que la industria
cervecera atravesó por un periodo de recesión y de crisis entre 1927 y 1932.
Nos parece importante
enfatizar en la cuestión de la transmisión de la recesión a la industria porque
creemos que este punto no ha sido suficiente reflexionado. Cuando analizamos
la cuestión fiscal, casi todos los jefes de departamento de las diferentes
oficinas señalaron la depresión económica como la causa de la disminución en
la recaudación, pero ninguno ofreció una explicación más detallada de qué
había provocado esa depresión. Llamamos la atención sobre este punto porque
para ellos la depresión se trataba de un fenómeno que afectaba a toda la
economía y se sumaba a los problemas propios del sector cervecero. Sin embargo,
nos parece que precisamente esos problemas propios del sector explican en
alguna medida la depresión y nos ayuda a darnos una idea de la manera en la que
se van gestando estos fenómenos económicos. Lo sucedido en la industria
cervecera sugiere que la conjunción de obstáculos que parecen inconexos, pero
que afectan el desempeño de un sector a lo largo de varios años, puede tener
efectos negativos más profundos si el sector de arrastre de la economía, en
este caso el sector exportador, experimenta un periodo de bajo crecimiento o un
choque externo. Esta hipótesis no es descabellada si pensamos en los efectos de
arrastre que seguía teniendo el sector exportador en la economía, en particular
en el enlace fiscal tan significativo que tenía y que ponía en una situación
vulnerable a las finanzas públicas. De tal manera que, ante una baja en la
recaudación, Hacienda respondía aumentando los impuestos internos y externos,
con lo cual añadía una presión extra a un sector que ya estaba en una situación
difícil, como era el caso de la industria de la cerveza. Sin duda, todavía
queda por indagar con mayor profundidad este asunto, pero lo ponemos sobre la
mesa para continuar discutiendo y analizando este problema. De igual manera, no
está de más señalar que la recesión y la crisis en México eran resultado de
procesos de mayor alcance histórico y espacial que habían iniciado en la
Primera Guerra Mundial a raíz de la insistencia de las principales potencias
económicas por regresar al patrón oro y mantenerlo.
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Contribución de autoría (taxonomía CRediT)
Adriana López López: conceptualización,
investigación, metodología, visualización, redacción - borrador original y
redacción - revisión y edición.
María Eugenio Romero Sotelo: conceptualización, investigación,
metodología, visualización, redacción - borrador original y redacción -
revisión y edición.