La integración territorial del departamento de Antioquia: un análisis desde su geografía, las instituciones…
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Latitud Sur N° 14, Año 2019. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de
Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). (En línea) ISSN
2683-9326. (Impresa) ISSN 1850-3659.
Introducción
Uno de los principales problemas que, históricamente, ha enfrentado el Estado colombiano
es la unificación del territorio. Está problemática ha sido producto de la violencia, la
debilidad institucional, la desigualdad de los ingresos, la calidad de la fuerza pública, la
precaria presencia del Estado, la corrupción político-administrativa y la fragmentación del
territorio nacional (CHCV, 2015).
Por lo tanto, el proceso de integración territorial contempló la existencia de grupos alzados
en armas. En el caso de Antioquia (Colombia), la guerrilla y los grupos al margen de la ley,
han sostenido enfoques particulares sobre el proceso integrador del territorio. Este escenario
es referido en este estudio, aunque no es el eje central del trabajo.
Ante estas problemáticas, el Estado colombiano ha tratado de ser un actor integrador con
base en las tensiones y relaciones entre el Estado y la Sociedad. Esta relación implicó acción
y gestión, las cuales se ejercieron a través de diferentes actores sociales, económicos o
políticos. De ese modo, las dinámicas configuran y reconfiguran los espacios territoriales y
las instituciones.
A finales del siglo XX, Colombia realizaba esfuerzos para resolver la ola de violencia, la
crisis institucional, la desigualdad social, la corrupción y la falta de un aparato estatal que
brinde soluciones a las demandas sociales de forma eficaz y eficiente. El instrumento idóneo
para mejorar la situación del país fue la transformación jurídico-institucional, a través de una
Asamblea Nacional Constituyente, la cual abrió la puerta a la Constitución de 1991.
Como resultado de esa iniciativa, en 1990 se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), con el apoyo de más de dos millones y medio de colombianos y, bajo el propósito de
redactar una nueva constitución en reemplazo de la Constitución de 1886. Esta constitución
se proyectó como un verdadero tratado de paz, democrático y de orden social entre todos los
colombianos. De esta manera, la ANC era “la única iniciativa política nacional y democrática
que Colombia tenía frente a sí, en el momento presente y futuro” (Valencia, 1990: 84).
A pesar de la transformación jurídica y normativa del país, a inicios del siglo XXI Colombia
continuaba sumergida en una recesión económica que afectaba de manera sustancial el
bienestar de la población. El incremento del desempleo disminuía el consumo de los hogares.
Se acrecentaban las diferencias socioeconómicas entre las regiones y poblaciones más
apartadas del centro del país. Ante esa situación, el Estado colombiano vio la necesidad de
realizar nuevas reformas.
Las reformas políticas llevadas a cabo en 2003, 2004 y 2009 se realizaron con el fin de
impulsar nuevos escenarios democráticos, participativos y de integración nacional. Estas
reformas políticas y administrativas fueron medidas del Estado colombiano para enfrentar la
debilidad institucional y disminuir la desigualdad social.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en 2011, la integración
territorial nacional empezó a generar procesos de asociación y desarrollo. Adicionalmente,
el departamento de Antioquia creó previamente sus propios Lineamientos de Ordenación
Territorial (LOTA), como cimientos para generar un proceso de integración en esta región.
De esa forma, logró convertirse en un referente para el país en materia de integración
económica y política.