Revista Anual del Centro de
Investigaciones en Estudios
Latinoamericanos para el Desarrollo y
la Integración
La formación de la cultura política latinoamericana: entre la herencia y la modernidad
Autor(es): Krzywicka, Katarzyna
Fuente: Latitud Sur N° 15, Año 2020. CEINLADI, FCE-UBA. (En línea) ISSN 2683-9326.
(Impresa) ISSN 1850-3659.
Publicado por: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de
Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración
(CEINLADI). Las opiniones y el contenido vertido en este trabajo son responsabilidad
exclusiva del autor.
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Artículo original de investigación
LA FORMACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA LATINOAMERICANA: ENTRE
LA HERENCIA Y LA MODERNIDAD
1
Katarzyna Krzywicka
2
UNIVERSIDAD MARIA CURIE-SKLODOWSKA (POLONIA)
Resumen
El objetivo de este artículo es analizar los determinantes de la formación de la cultura política
en los Estados latinoamericanos, considerando la perspectiva histórica y contemporánea de
este proceso. Para los fines de este análisis, se adoptó la definición de cultura política de
Gabriel Almond y Sydney Verba. Se asume que la cultura política de América Latina
constituye una síntesis particular de la historia, la tradición y la modernidad. Con la finalidad
de explicar el supuesto de investigación formulado se adoptó la estructura de narración que
permite la descripción de la esencia y el análisis de los rasgos específicos de la cultura política
latinoamericana.
Palabras clave
América Latina – cultura política – Estado – historia − autoritarismo − democracia
THE FORMATION OF LATIN AMERICAN POLITICAL CULTURE: BETWEEN
HERITAGE AND MODERNITY
Abstract
The objective of the article is to analyze the determinants of the political culture formation
in Latin American States, considering the historical and contemporary perspective of this
process. For the purposes of the analysis, a definition of political culture from Gabriel
Almond and Sydney Verba was adopted. It is assumed that the political culture of Latin
America constitutes a particular synthesis of history, tradition, and modernity. In order to
explain the research assumption formulated, the narrative structure that allows the description
1
Fecha de recepción: 03/12/20. Fecha de aceptación: 28/12/20.
2
Politóloga, Doctora en Humanidades por la Universidad Maria Curie-Skłodowska (UMCS) en Lublin,
Polonia. Doctora habilitada en Ciencias Sociales por la Universidad de Wrocław, Polonia. Profesora, docente e
investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Periodismo
de la UMCS en Lublin, Polonia. Fundadora, en 2011, y Directora Científica de la serie editorial Estudios
Iberoamericanos de la UMCS. Fundadora, en 2014, y Editora en Jefe de la revista Anuario Latinoamericano –
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. https://orcid.org/0000-0001-5623-5384
katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
Katarzyna Krzywicka
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of the essence and the analysis of the specific features of Latin American political culture
was adopted.
Keywords
Latin America − Political culture − State − History − Authoritarianism − Democracy
Introducción
La cultura política constituye un fenómeno crucial para poder analizar y entender el
funcionamiento de un Estado, sus instituciones y las especificidades de la participación
ciudadana. Al estudiar el tema de la cultura política en América Latina, asumimos que este
fenómeno debe analizarse considerando las características comunes de toda la región,
independientemente de las diferencias existentes entre países individuales.
El enfoque que sustenta este trabajo está justificado por la herencia ibérica colonial común
de América Latina y el Caribe, y los procesos políticos, económicos, sociales y culturales
relacionados con ella, entre otros, el proceso de formación de los Estados independientes, la
especificidad del liderazgo político, la diseminación del catolicismo como religión
mayoritaria, así como los procesos de mestizaje. La experiencia común que compartieron los
países de la región –moldeados por el colonialismo, la lucha por la independencia, la creación
de Estados-nación, la liberación del neocolonialismo y la democratización de los sistemas
políticos– influyó en el surgimiento de actitudes específicas hacia el Estado, sus órganos e
instituciones, y la comprensión de los ciudadanos sobre sus derechos y su papel en el sistema
político (Krzywicka, 2012a, pp. 11-25).
Los procesos de democratización de los Estados latinoamericanos, iniciados en la década de
los ochenta, posibilitaron el resurgimiento de la cultura política en América Latina y la
posibilidad de conformar una cultura cívica. Por ende, asumimos que la cultura política de
América Latina constituye una síntesis particular de la historia, la tradición y la modernidad.
Lo esencial de la complejidad de la cultura política de esta región fue señalado por Howard
J. Wiarda, mostrando los múltiples orígenes y tradiciones procedentes de la cultura occidental
y, de la tradición feudal y medieval de España y Portugal (de finales del siglo XV y principios
del siglo XVI), enriquecidos con una aspiración permanente de modernización y
democratización (Wiarda 2000, pp. 162-173). Así pues, la cultura política de América Latina
aparece como una síntesis compleja y original de las tradiciones europeas, norteamericanas,
criollas y autóctonas.
Adoptando la definición "clásica" de cultura política de Gabriel Almond y Sydney Verba,
entendemos la cultura política como las actitudes sociales de los ciudadanos hacia la política
y el orden político, es decir, hacia el sistema político, sus partes y componentes –aquellos a
los que “también pertenecen los ciudadanos. Por lo tanto, a los elementos básicos de la cultura
política se añaden elementos de carácter conductual –tales como actitudes, opiniones,
valoraciones, orientaciones, etc. La cultura política puede ser considerada como la causa o el
efecto, como el resultado de la modernización o como la condición que influye en los
procesos de desarrollo del Estado.
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La particularidad de la cultura política latinoamericana
Al estudiar la cultura política, se debe tener en cuenta varios componentes que le dan forma.
El elemento básico es la cultura constitucional, entendida como actitudes, opiniones y
comportamientos de las personas hacia el orden constitucional. La expresión de la cultura
constitucional es el constitucionalismo, considerado –en sentido estricto, como un conjunto
de opiniones y doctrinas sobre el orden constitucional, y –en sentido más amplio, abarca la
constitución y el orden constitucional existentes. Teniendo en cuenta los estándares de un
Estado democrático, el aspecto esencial de la cultura política es la cultura de la participación
ciudadana. Almond y Verba, prestando atención a la revolución política (lo que pasó con la
expansión de la democracia), escriben sobre una explosión de participación ciudadana
(Almond, Verba, 1989, pp. 2-3). El modelo democrático del Estado no sólo exige la
existencia formal de instituciones y procedimientos democráticos, sino también, le brinda al
ciudadano la posibilidad de tomar parte en los procesos de la toma de decisiones, porque la
funcionalidad del Estado democrático está condicionada por la existencia de una sociedad
civil y de una cultura democrática y ciudadana.
La cultura democrática y cívica se define por la forma en que las élites políticas toman
decisiones, en qué estándares se basan y cuáles son sus actitudes y comportamiento. También
incluyen las normas y actitudes adoptadas por los ciudadanos hacia las autoridades y otros
miembros de la sociedad. La forma y eficacia de la representación y la naturaleza de la
participación determinan el nivel de avance de la sociedad civil.
La complejidad y la variedad de los factores que determinaron la formación del Estado, sus
instituciones y la cultura política en América Latina, han influido en el carácter híbrido de
los sistemas políticos contemporáneos de los Estados latinoamericanos. La mayoría de ellos
muestran rasgos de una democracia no consolidada manifestándose –a menudo, como
síntesis originales entre democracia y autoritarismo (llamadas, también, democracias
limitadas, delegativas, semidemocracias o democracias iliberales). Sin embargo, no debemos
olvidar que la consolidación de la democracia es un proceso de largo plazo, por lo que, es
natural que se diversifique el avance de su desarrollo a nivel formal y funcional en los
distintos países.
Como resultado, el desarrollo de los Estados latinoamericanos va acompañado de dilemas
que oscilan entre estándares políticos democráticos y autoritarios. Tomando el ejemplo de
los países en proceso de democratización en las últimas décadas, podemos concluir que este
dilema se manifiesta en la forma democrática de instauración del poder mediante elecciones
y, en la forma autoritaria de su ejercicio por parte de gobiernos democráticamente
establecidos. La tendencia a crear una democracia “sin democracia” está históricamente
condicionada por la especificidad del desarrollo político de los Estados latinoamericanos
(Krzywicka, 2010, pp. 623-642).
En el mundo contemporáneo existen múltiples formas de democracia para las cuales los
cánones comunes -independientemente de la historia, la cultura, la tradición, el nivel de
desarrollo, especificidad de las instituciones y prácticas democráticas- deberían ser: el
respeto de los derechos civiles y los derechos humanos, el pluralismo y el igualitarismo, la
subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil, la celebración de rivalidad y
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elecciones libres, la honestidad y la transparencia en la administración de los fondos públicos
por las autoridades y, la implementación de programas estatales de desarrollo.
Somos conscientes de que, así como no existe un modelo universal de democracia con rasgos
universales, tampoco podemos hablar de un canon universal de cultura política. En los países
en desarrollo, que están modernizando sus sistemas económicos y buscando un modelo de
desarrollo político (incluido los países latinoamericanos), el supuesto de que existe un
concepto universal de democracia, cultura política o derechos humanos está percibido como
una manifestación de la imposición de normas y valores por parte de países con una tradición
democrática establecida, cuyo objetivo es el mantenimiento de la dominación y el control.
Sin duda, tal percepción está condicionada por la experiencia del colonialismo, del
neocolonialismo político y económico, así como por la marginación que han experimentado
y siguen experimentando los países latinoamericanos (también denominados “del Sur”).
La herencia iberoamericana
Al abordar el estudio de la cultura política de América Latina nos referiremos de manera
sintética a la influencia de la herencia cultural iberoamericana. En la época de la colonización
del Nuevo Mundo, España y Portugal adoptaron una estrategia defensiva, protegiendo sus
territorios frente a la influencia de la filosofía renacentista e inculcando un concepto de las
relaciones sociales conservador –caracterizado por los valores católicos y monárquicos. La
tradición ibero-europea presente en América Latina –a partir del siglo XVI, formó un orden
socio-político y una cultura política caracterizada por el autoritarismo, basados ambos en una
estructura social jerárquica y patrimonial; en el elitismo y el tradicionalismo; en la
dominación de la Iglesia católica que legitima el poder laico y que tiene bajo su protección
el sistema de educación, salud y relaciones sociales; en un sistema social y racial antagónico
entre la élite española y portuguesa, versus una mayoría de indígenas y negros en la parte
baja de la estructura social. Las ideas de la Ilustración y de la Revolución francesa ejercieron
una influencia limitada en el desarrollo de la conciencia de la sociedad colonial, a causa del
control religioso y político.
La cultura política se formó bajo la influencia del autoritarismo del poder y el centralismo
burocrático del Estado, dominante en la región, al margen de las ideas y los movimientos
modernizadores del mundo de aquella época. Claudio Véliz indica cuatro factores de carácter
histórico que determinaron de manera específica el desarrollo político de América Latina:
primero, un sistema feudal incipiente, segundo, la falta de libertad religiosa y un catolicismo
absolutista, tercero, poco impacto de la revolución industrial y, por último, carencia de
movimientos sociales, políticos e ideológicos, capaces de influir en la transformación de los
Estados y las sociedades, tal como sucedió en Europa tras la Revolución francesa (Véliz,
1980, pp. 3-4). Las colonias españolas y portuguesas eran consumidores pasivos de las ideas
que surgían en el campo del pensamiento político europeo. Al no haber experimentado ni el
Feudalismo ni la Reforma, América Latina se benefició de la revolución industrial que se
había producido en Europa. Así pues, el desarrollo de los países latinoamericanos transcurrió
de manera peculiar, sin la experiencia del desarrollo socioeconómico característico de los
países europeos, y consistió en importar y adaptar nuevas soluciones sociales, políticas,
económicas y tecnológicas al orden ya existente, evitando su cambio revolucionario y total.
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A la liberación de los países latinoamericanos de la dominación del sistema colonial español
y portugués en el siglo XIX, se añadió la necesidad de instituir una nueva estructura de poder.
Los Estados independientes, bajo la influencia de la idea del liberalismo político y
económico, se formaron como repúblicas democráticas. Sin embargo, el carácter republicano
de los gobiernos fue solo formal y declarativo. En aquel entonces no existía ninguna
infraestructura estatal y las élites sociales de América Latina no poseían la experiencia en el
ejercicio del poder de manera autónoma. Este déficit propició el surgimiento de gobiernos
inestables y conflictos internos, en los que -por la falta de un concepto coherente del
desarrollo político y social- se configuraron dos corrientes: la conservadora y la liberal.
Mientras tanto, en el poder se alternaban gobiernos autoritarios, militares, democráticos y
civiles. Por último, la tendencia dominante fue un retorno al tradicional centralismo
autoritario.
La independencia de la Corona Española tampoco trajo cambios esenciales, ni en la
estructura existente ni en las relaciones sociales. La población indígena y los esclavos traídos
de África quedaron al margen de la vida social hasta la primera mitad del siglo XIX.
Dominaba una tendencia política que conservaba los privilegios corporativos y elitistas, ya
que la oligarquía criolla terrateniente era la única formada y capaz de conducir los asuntos
de desarrollo económico y político en las nuevas repúblicas. Durante el siglo XIX, la
aristocracia criolla se consolidó, nacieron los primeros caudillos nativos y se crearon los
ejércitos nacionales. La introducción de la figura del dirigente fuerte fue motivada por la
necesidad de estabilizar la situación y mitigar los conflictos. Se consolidó un sistema
presidencial con amplios poderes ejecutivos –en la figura del presidente y, un poder
legislativo y judicial debilitados. El mandatario gozaba de competencias excepcionales que
reforzaban su autoridad, como la declaración del estado de excepción en el país, la suspensión
y continuos cambios en la constitución, así como la promulgación de decretos con rango de
ley. Un lugar especial en los sistemas políticos en desarrollo lo ocupó el ejército que, junto
con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, fue “el cuarto pilar del poder” en el Estado,
influyendo de manera decisiva en su funcionamiento (Loveman, 1993). Las supuestas
repúblicas democráticas practicaron el patrimonialismo y el clientelismo político, el
caudillismo militar y el presidencialismo autoritario (Krzywicka, 2012b, pp. 309-331). Se
formaron repúblicas sin ciudadanos, mientras los principios de igualdad se limitaban a unos
pocos miembros de las sociedades latinoamericanas.
La modernidad latinoamericana
La cultura política de los países independientes la formaron nuevas ideologías y doctrinas
como el liberalismo, el positivismo, el nacionalismo, el socialismo, el comunismo, la
democracia cristiana y la socialdemocracia (Krzywicka, 2009, pp. 66-84), que emanaron
sobre todo desde Europa. A partir del año 1870 y hasta finales de ese siglo, dominó el
positivismo, adoptado sobre todo desde la filosofía francesa social y política de Augusto
Comte (Beorlegui, 2006, pp. 265–340). Las ideas del positivismo servían a las élites
intelectuales y políticas latinoamericanas, ya que optaban por un concepto evolutivo del
desarrollo y el progreso, y por la modernización del país conservando el orden social y
político existente, frente a una forma basada en cambios radicales y en la revolución. A
finales del siglo XIX empezaron a cobrar fuerza las ideas latinoamericanas de un desarrollo
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nacional apoyado en la tradición, historia e identidad. En América Latina, diferentes valores
chocaban entre sí: por un lado, los tradicionales –basados en el autoritarismo, la jerarquía, el
elitismo y el centralismo; por el otro, las ideas importadas modernistas –del liberalismo y de
la democracia.
El siglo XX se caracterizó por una progresiva diferenciación en la estructura social, con un
papel cada vez más importante de la clase media y el desarrollo de partidos y asociaciones
políticas. Con el fortalecimiento de su capacidad política y su llegada al poder, la clase media
ocupó un lugar en la estructura social y adoptó el modo de funcionamiento de las élites
tradicionales. Mucha influencia en la formación de la cultura política la ejercieron las ideas
del corporativismo que, a diferencia de la teoría del conflicto social de Carlos Marx,
apuntaban a un desarrollo armonioso de las relaciones entre el capital y el trabajo,
apoyándose en la solidaridad social en el marco de las estructuras tradicionales –como la
familia, la vecindad, la parroquia, la comunidad religiosa, la asociación profesional, etc. El
concepto del Estado se apoyaba en la existencia de una sociedad integrada y solidaria y en la
colaboración entre el gobierno, los propietarios/empresarios y las clases trabajadoras. El
corporativismo se constituyó como una alternativa frente al liberalismo y al socialismo,
asentándose sobre los valores sociales y religiosos arraigados en la tradición latinoamericana
y otorgando un papel central a las élites y al Estado.
En los años 30 del siglo XX surgieron diferentes tipos de organizaciones sindicales que
representaban los intereses de las clases trabajadoras. Se desarrolló el movimiento obrero,
cuyos inicios se remontaban a los años 60 del siglo XIX. La reivindicación de los derechos
cívicos y de un lugar en la estructura social fue el motivo de movimientos masivos,
levantamientos armados y revoluciones (Haití, República Dominicana, Nicaragua, Perú,
Bolivia, México), en los que participaron las clases obreras de la ciudad, las clases medias
radicales y –sobre todo, los campesinos, que reclamaban una reforma agraria. Dicha reforma,
en vez de traer los esperados cambios sociales, resultó ser más bien un instrumento de control
y pacificación de las tensiones. La crisis económica de los años 30 debilitó a la oligarquía
tradicional y provocó la llegada al poder de nuevas élites gobernantes populistas que
propagaron las ideas del nacionalismo, estatismo e igualdad social, con un amplio apoyo por
parte de los obreros agrícolas y los trabajadores urbanos. Los gobernantes populistas tomaron
el poder en México, Argentina y Brasil –durante los años 30 y 40, mientras que en muchos
otros países de la región surgieron movimientos políticos populistas. El conflicto social
influyó en la adopción del pensamiento político europeo de izquierda. Se desarrollaron
entonces las corrientes socialistas, el comunismo, el anarcosindicalismo, y el trotskismo. El
nuevo enfoque de la población autóctona del Perú, liderado por José Carlos Mariátegui
(1895–1930), fue un original logro latinoamericano del pensamiento izquierdista. Mariátegui
propuso el aprovechamiento de la cultura autóctona para superar las barreras del desarrollo,
a partir del carácter económico y social de la marginación de los indígenas, haciendo hincapié
la necesidad de la “peruanización del Perú”.
3
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José Carlos Mariátegui es el autor del primer análisis de las relaciones social-económicos en América Latina,
incluido en la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana publicada en 1928, Empresa Editora
Amauta, Lima 1996. Mariátegui fundó el Partido Socialista Peruano (1928) y la Confederación General de
Trabajadores del Perú (1929).
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Las ideas del liberalismo, positivismo y socialismo adoptadas en los siglos XIX y XX,
provocaron también la pérdida del poder hegemónico de la Iglesia católica en los países
latinoamericanos vía la secularización (Colombia 1853, México 1857/1917, Guatemala
1871, Venezuela 1870–1888, Argentina 1880, Brasil 1890, Ecuador 1895, Chile 1925)
(Beozzo, 1992, pp. 117–136). El Estado expropió los bienes de la Iglesia, limitando su
función público-legal en asuntos relacionados con el derecho civil y la educación. La actitud
de la sociedad hacia la Iglesia también fue cambiando, lo que se tradujo en un
anticlericalismo, propagado principalmente en el ámbito de las clases medias y obreras. Este
fenómeno propició el desarrollo de nuevas ideas entre las élites, tales como el positivismo y
el pensamiento izquierdista. Especialmente en el sector obrero floreció el anarquismo y el
marxismo. No obstante, dichos cambios no quebrantaron el liderazgo de la Iglesia católica,
puesto que ésta mantuvo su influencia a través de la formación de conciencia social.
Luego, siguió un proceso gradual de adaptación de la cultura política nacida de la tradición
ibérica, católica, criollo-feudal y patrimonial, a las nuevas condiciones surgidas junto con los
conceptos de modernización y desarrollo de la civilización industrial. No obstante, y a pesar
de los cambios, se mantuvo la base de dos clases en la estructura social, así como su forma
elitista, patrimonialista y jerárquica. Los nuevos grupos sociales quedaron supeditados a las
normas tradicionales, a las élites gobernantes y a la nueva oligarquía, las cuales conservaron
la estructura de las relaciones sociales.
Una descripción y análisis de los valores tradicionales que formaron la mentalidad de las
élites latinoamericanas, de la clase política y de otros sectores sociales, se puede encontrar
en la obra escrita por Seymour Martin Lipset y Aldo Solari, considerada ya como un clásico
(Lipset y Solari, 1967; Birle, Hofmeister, Maihold y Potthast, 2007). Los autores indican que
el sistema de valores que formaron la cultura política de la sociedad latinoamericana surgió
a partir de los siguientes factores: la experiencia histórica particular, la tradición cultural, las
relaciones de clases, el sistema educativo y formativo, las orientaciones y los programas de
cambio económico y social elegidos. S. M. Lipset destaca que la cultura política
latinoamericana niega el individualismo liberal y se apoya en la familia y la comunidad. Esta
cultura es producto de tres siglos de dominación colonial hispanoportuguesa, cuyos herederos
son la aristocracia criolla y la Iglesia católica. Se trata de una estructura social estable e
inalterable en la que, el primer lugar, lo ocupaba la oligarquía terrateniente, los militares y
los funcionarios eclesiásticos; mientras que, en el segundo, aparecía una burguesía incipiente.
Las relaciones económicas estaban marcadas por el latifundismo y la producción
manufacturera. Posteriormente se consolidaron el corporativismo social y un sistema de
poder centralizado y autoritario, apoyado por las fuerzas armadas. Estas condiciones
dificultaron el liberalismo, tanto en la esfera de las relaciones económicas, como de las
sociopolíticas.
Las tradiciones e ideologías expuestas, que formaron la cultura política latinoamericana,
siguen presentes hoy en día en la realidad política y social de la región. América Latina es
percibida como “un museo vivo” en el que coexisten, acumulándose, formas del
autoritarismo político procedentes de diversos periodos y etapas de la formación y desarrollo
de los Estados latinoamericanos, mientras que, la legitimidad del poder la proporcionan las
diferentes manifestaciones del activismo social, que van desde la revolución –a través de
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movimientos guerrilleros, violencia y manifestaciones, hasta la instauración de elecciones
democráticas (Anderson, 1992, pp. 239-254).
La especificidad del desarrollo y la modernización de los Estados latinoamericanos y, los
dilemas relacionados con estos procesos son pruebas de la conciliación entre la presión de
los cambios (como efecto global de las tendencias desarrolladas en el campo de las relaciones
políticas, sociales y económicas) y la consideración de la tradición y la identidad que
constituyen la herencia de los países latinoamericanos. Se conservó y consolidó, sin duda, un
modelo de autoridad política y de fuerte liderazgo derivado de la tradición autoritaria y
patrimonial –compadrazgo, y de la vinculación personal y emocional con el líder. Dicho
modelo se expresa, en América Latina, en una tendencia visible a la concentración de poderes
en el ejecutivo, la identificación directa del jefe del Estado con la nación, y el carácter
burocrático-patrimonial de la administración estatal. Los investigadores señalan el carácter
paternalista y clientelista de las relaciones sociales y las estructuras de poder, en los países
latinoamericanos (Wiarda, 2005, pp. 109-117). La tendencia a aumentar los niveles de
participación social choca con la política de intervencionismo del gobierno, en todas las
esferas del funcionamiento del Estado. En efecto, las autoridades intentan conservar el orden
tradicional, en la medida de lo posible, y mantenerlo bajo control en caso de un aumento del
nivel de participación social.
Los cambios que sucedieron en el siglo XX, modificando las tendencias a la jerarquización,
elitismo, corporativismo y autoritarismo en la vida social y política, no eliminaron del todo
su presencia. En los años 60 del siglo XX tuvo lugar el regreso de los regímenes autoritarios
militares. Solo unos pocos países latinoamericanos mantuvieron gobiernos democráticos
(Colombia, Costa Rica, Venezuela). Los regímenes autoritarios de la segunda mitad del siglo
XX fueron diferentes de las anteriores dictaduras personales, civiles y militares. Poseían un
carácter institucionalizado, se apoyaban en las fuerzas armadas o en coaliciones cívico-
militares y formaron gobiernos burocrático-militares que, posteriormente, se desacreditaron
y terminaron cayendo en los años 80 del siglo XX. A partir de los años 90 en todos los países
latinoamericanos –a excepción de Cuba, funcionaban democracias formales con distinto
grado de consolidación.
En la evolución de los sistemas políticos de los Estados latinoamericanos se percibe la
alternancia, de manera cíclica, de las tendencias autoritarias y democráticas que están
fuertemente arraigadas en todos los países de la región. La investigación del desarrollo
político exige el análisis –tanto de la primera, como de la segunda tendencia, puesto que
ambas están presentes en la realidad política de América Latina en el siglo XXI (Krzywicka,
2010, pp. 623-642). Un rasgo característico de los sistemas políticos latinoamericanos es el
hecho de que ni la forma autoritaria, ni la forma democrática de ejercer el poder, consiguieron
una duradera legitimidad social. Ningún gobierno latinoamericano consiguió solucionar de
manera eficaz los problemas del subdesarrollo social. Por eso, los intentos realizados solo
provocaron la aparición del populismo (ya fuera autoritario, militar o incluso democrático).
Desde hace cuatro décadas domina en América Latina la tendencia a pasar del autoritarismo
a la democracia, pero simultáneamente observamos un retroceso de la democracia y el
desarrollo de formas híbridas que se caracterizan por el mantenimiento de los procesos
democráticos, por un lado, y la aplicación de mecanismos autoritarios de poder por el otro.
Este modelo de democracia está orientado a la delegación del poder y a la centralización del
Estado y, está condicionado por la tradición y por la especificidad de la cultura política. Este
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proceso muestra una tendencia original latinoamericana que aspira a la búsqueda de
soluciones estructurales nuevas y propias que, por un lado, tomen en consideración las
especificidades locales de las condiciones de desarrollo económico y político, así como los
problemas sociales y, por el otro, conserven los cánones básicos como también universales
de la democracia (Krzywicka, 2019, 13-16).
La cultura política entendida como un sistema de valores, actitudes adoptadas,
comportamientos y conciencia política, tiene sus raíces en la tradición histórica y cultural.
Surge de la relación entre la sociedad y el Estado, en el marco de sus organizaciones e
instituciones. La cultura política de América Latina se formó en un sistema de gobierno
autoritario, por lo que muestra una tendencia a supeditar la sociedad a la autoridad de un
poder fuerte. La tradición democrática, dominada por la verticalidad y centralización del
Estado, ejerció menor influencia en la formación de la cultura política. El control del Estado
sobre los procesos de participación política y la monopolización de las organizaciones
sindicales y del sistema de partidos, dificultaron el nacimiento de la sociedad civil y
provocaron consecuencias en forma de desánimo, pasividad y disminución de la confianza
en las instituciones democráticas. Los procesos de democratización que tuvieron lugar en
América Latina brindaron la oportunidad de cambiar el carácter autoritario de la cultura
política, a través del aumento y ampliación de la participación social y de la recuperación de
la función representativa que debían ejercer los partidos políticos, como también, diferentes
organizaciones y movimientos que articulan los intereses y necesidades de la sociedad.
Los estudios de opinión pública muestran que, en todos los países de la región la democracia
es percibida como la mejor forma de gobierno (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 30).
Además, la mayoría de los Latinoamericanos entiende por democracia el ejercicio de un
poder fuerte, lo que significa un consentimiento para la aplicación de soluciones y formas de
poder autoritarias. De la misma manera, hay que prestar atención al –relativamente, bajo
nivel de legitimidad social para las instituciones básicas democráticas, como, por ejemplo, el
poder ejecutivo, el poder judicial, los partidos políticos, o los sindicatos; y el alto nivel de
confianza que la sociedad tiene en las instituciones tradicionales latinoamericanas –como la
Iglesia católica y las fuerzas armadas (Corporación Latinobarómetro, 2018, pp. 47-56). No
obstante, teniendo en cuenta que no se han solucionado problemas como la pobreza, la
desigualdad social, la corrupción, el crecimiento de la delincuencia organizada, aumentos de
violencia, así como el incumplimiento de las promesas electorales y la tendencia a politizar
la función de las fuerzas armadas, cabe añadir que la democracia en este caso no ha resultado
ser muy eficaz. La satisfacción con la democracia disminuyó constantemente –de un 44% en
2008 hasta un 24% en 2018, lo que demuestra el desplome de la imagen de la democracia
como el gobierno de las mayorías en la gran mayoría de los países de la región (Corporación
Latinobarómetro, 2018, pp. 34-38).
Conclusiones
Cada sociedad se caracteriza por una cultura política que surge de su historia, la especificidad
de las instituciones estatales y la práctica política, y que contiene elementos étnicos,
religiosos, psicológicos y éticos que se asientan en las tradiciones de dicha sociedad. La
cultura política latinoamericana se formó sobre la base del autoritarismo y el militarismo que
han dominado la vida política de los Estados independientes emergentes en el siglo XIX y
Katarzyna Krzywicka
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Latitud Sur N° 15, Año 2020. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de
Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI). (En línea) ISSN
2683-9326. (Impresa) ISSN 1850-3659
también han estado presentes en su desarrollo a lo largo del siglo XX. El carácter de la cultura
política de América Latina ha ido cambiando en las últimas décadas, buscando un equilibrio
entre la tradición autoritaria y los estándares contemporáneos de la democracia. Los Estados
latinoamericanos adaptan el concepto, las instituciones y prácticas de la democracia a sus
propias condiciones sociales y culturales, sus propios valores, conocimientos, identidad,
prioridades y expectativas. Formalmente, la democracia latinoamericana no se sale de los
estándares europeos o norteamericanos, sin embargo, la diferencia es visible en el nivel
funcional, que está condicionado por la especificidad de los problemas sociales y económicos
de la región. En el siglo XXI, América Latina presenta un territorio políticamente variado,
caracterizado por la fragmentación e inestabilidad, el uso de mecanismos tradicionales
autoritarios y patrimoniales, un retorno a los nacionalismos, los populismos y los programas
radicales de cambio político, social y económico. Mirando hacia el futuro de América Latina,
debemos ser conscientes de la heterogeneidad de esta región, donde el pasado y los
anacronismos conviven con la modernidad.
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