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Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 51 - 2do. semestre de 2019
ISSN 1853 399X E-ISSN 2618 2475
Roxana Albanesi
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La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos,
agronegocio y neodesarrollismo
Coordinación general: Cristóbal Kay y Leandro Vergara-Camus
Autores: Carmen Diana Deere | Arturo Ezquerro-Cañete | Ramón Fogel | Thomas
F. Purcell | Pablo Lapegna |Jeffery R. Webber | Patrick Clark | Diego Piñeiro |
Joaquín Cardeillac | Eduardo Baumeister | SalvadorMartí i Puig | Sérgio Sauer |
George Mészáros | Leandro Vergara-Camus | Cristóbal Kay
En http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180608115610/La_cuestion_agra-
ria.pdf CLACSO, 2018
El libro aborda la cuestión agraria en la mayoría de los países latinoamericanos
comprendidos en la llamada “marea rosa” a comienzos de siglo (Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salva-
dor) e incluye una visión comparativa de estos procesos. Sus autores buscan analizar
los logros, las limitaciones y las contradicciones de las políticas agrarias bajo estos
gobiernos, ofreciendo un análisis crítico de los procesos de cambio desde la econo-
mía política agraria.
Está organizado en 12 apartados que incluyen la presentación, la introducción y re-
exiones teóricas, así como un corolario nal de los coordinadores generales Cristó-
bal Kay y Leandro Vergara-Camus. Siendo los nueve capítulos restantes de autores
de nacionalidades diferentes cuya formación y desempeño profesional excede a los
países de la región.
Los artículos analizan diversos aspectos de la cuestión agraria de gobiernos surgi-
dos a través de victorias electorales de partidos o políticos de izquierda apoyados
política y electoralmente, en varios países, por movimientos campesinos ubicados
en la vanguardia de la resistencia al neoliberalismo. La mayoría de estos partidos
o coaliciones gubernamentales prometieron reformas sustanciales en las políticas
agrarias. Los coordinadores del libro argumentan que “la mayoría de ellos no han
1 Docente e investigadora del Grupo de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Rosario
Notas y ensayos bibliográcos
Cuestión agraria y gobiernos de izquierda
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tenido la capacidad o voluntad de alterar el modelo de desarrollo rural heredado
del proceso de mundialización neoliberal” (pág. 17) permaneciendo los altos niveles
de desigualdad socio-económica y -pese a los discursos públicos- han sido escasas
las políticas orientadas a la seguridad alimentaria y al Buen Vivir. A pesar de que la
mayoría de estos gobiernos implementó políticas y aplicó fondos para la agricultura
familiar, indígena y campesina.
Estas cuestiones se entrelazan con las problemáticas empíricas y también teóricas
de las conguraciones de clases, la noción de Estado y, con renovado impulso, se
vuelve a destacar la importancia de utilizar la categoría renta para el análisis de la
cuestión agraria, asociada a la obtención de ingresos extraordinarios en la etapa ba-
sados en la explotación de bienes naturales.
Para la realización de esta reseña tomamos como base algunos de los interrogantes
planteados en la Introducción. Ellos serán el hilo que permita presentar brevemente
los análisis de los autores: ¿Existió falta de voluntad o de capacidad, del Estado para
aplicar las medidas requeridas para alterar el modelo de desarrollo rural prexistente?
¿Hasta qué punto los gobiernos apoyaron a la agricultura capitalista de gran escala y
hasta qué punto apoyaron la pequeña agricultura familiar y campesina y a los traba-
jadores rurales? ¿Establecieron una continuidad o una ruptura con los gobiernos anteriores
en este punto? ¿Cuáles fueron las respuestas del campesinado?
En “El derecho de la mujer a la tierra, los movimientos sociales rurales y el estado en
las reformas agrarias latinoamericanas del siglo XXI” Carmen Diana Deere Analiza
hasta qué punto las reformas agrarias y –dentro de ellas- la demanda de igualdad
de género se incorporaron e implementaron en Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela,
cuyos gobiernos contaron (al menos inicialmente) con el apoyo de organizaciones
campesinas.
En los cuatro países llegaron al poder gobiernos que prometieron reformas agrarias
profundas e integrales, pero su alcance fue diverso. El logro común fue la regulari-
zación de la tenencia de la tierra. Las reformas redistributivas tuvieron más alcance
en Brasil y Venezuela, que en Bolivia y mucho menos en Ecuador.
En Brasil y Bolivia, donde las organizaciones campesinas tuvieron injerencia en la
llegada al poder y participaron en él, el alcance de las reformas agrarias fue limitado
dado que se intentaba conciliar ese proceso con el aumento de exportaciones prima-
rias que también fueron consideradas estratégicas.
En cambio, en la reforma agraria de Venezuela, la debilidad de las organizaciones
campesinas hizo que no fueran actores importantes en ella. En Ecuador los esfuer-
zos de las organizaciones agrarias se reejaron en la Constitución de 2008 que pro-
hibió el latifundio y otras disposiciones que postularon un papel activo del Estado
en el acceso y uso de la tierra.
Deere realiza una semblanza sobre los alcances de las reformas agrarias pero el eje
de su análisis es investigar hasta qué punto la demanda de la igualdad de género se
incorporó e implementó en las reformas agrarias, estudiando el acceso formal y real
de las mujeres a la tierra.
Señala que en los cuatro países se fortaleció el derecho formal de la mujer a la tierra.
Pero en Brasil y Bolivia, la presencia de organizaciones de mujeres rurales fuertes
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y relativamente autónomas, permitieron mayores avances constitucionales y legis-
lativos. Mientras que, en Venezuela y Ecuador la voz de las mujeres rurales estuvo
bastante ausente en el proceso y los resultados fueron menos tangibles.
La reforma del Brasil de Lula fue la que obtuvo mayores logros en torno a los dere-
chos efectivos de la mujer a la tierra en los asentamientos de reforma agraria.
La reforma en Bolivia beneció a las mujeres a través de la titulación conjunta a
parejas. La presión política de movimientos feministas (urbanos y/o rurales) plan-
teando la distribución equitativa de la tierra operó fuertemente mientras que -en si-
tuaciones de propiedad colectiva- cuando la comunidad participó en la distribución
se reprodujeron formas tradicionales patriarcales.
En Venezuela la reforma agraria no contó con la participación de organizaciones
campesinas y la falta de investigaciones asociadas a la participación de la mujer no
permite dar cuenta del proceso. Quizás, esta ausencia conrma la debilidad de los
movimientos feministas.
En Ecuador no emergió un movimiento de mujeres fuerte y autónomo, pese a ello,
el gobierno de Correa buscó aplicar las medidas de equidad de género previstas en
su Constitución.
Volviendo a las preguntas iniciales, en todos los casos estos Estados manifestaron
formalmente voluntad de realizar una reforma agraria y –dentro de ella- de recono-
cer los derechos de las mujeres a la tierra. Pero los alcances reales de las reformas
fueron diversos y limitados, asociado a la posibilidad o la decisión de alterar los
modelos socioeconómicos agrarios preexistentes.
La reforma agraria y del reconocimiento a la tierra de los campesinos –y dentro de
este universo especialmente de las mujeres- encuentra su propio cuello de botella
en la necesidad de estos gobiernos de generar divisas y de no poder superar su con-
dición de exportadores primarios para hacerlo. Los modelos extractivos se asocian
especialmente con la gran escala y la incorporación de capital, circunstancias muy
alejadas de la pequeña producción familiar.
Sin embargo, demuestra que las diferentes presiones de los movimientos hacia los
gobiernos (aun formando parte de una alianza inicial) permitieron incidencias muy
diferentes en cada caso.
Continuando con la cuestión de la reforma agraria Arturo Ezquerro-Cañete y Ramón
Fogel en “Un golpe anunciado: Fernando Lugo y la promesa perdida de la reforma
agraria en Paraguay” presentan el intento de cambio agrario en el Paraguay y, en
particular, el estancamiento de la reforma agraria bajo el efímero gobierno de Lugo
(2008-2012). Para ello jerarquizan el análisis de la relación entre clase y poder, en un
país donde el acceso a la tierra y al poder se encuentran indisolublemente unidos.
Presentan la heterogénea alianza política que llevó a Lugo a la presidencia, el estado
de atomización del movimiento campesino y las características de la estructura so-
cial agraria del Paraguay.
Las características de la estructura social agraria paraguaya, hablan por sí solas so-
bre el golpe y el fracaso “anunciado” de la reforma.
La distribución de tierras en Paraguay es considerada una de las más desiguales del
planeta, a esto se suma la inseguridad de tenencia dominante (es decir, la ausencia
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de derechos de propiedad bien denidos). La concentración de la tierra es presenta-
da como un proceso ininterrumpido desde el siglo XIX con un Estado protector de la
élite que no buscó estrategias para el desarrollo económico y social del país, donde
el poder político dio acceso a la propiedad a la oligarquía rural.
La producción de alimentos y de algodón fue llevado a cabo tradicionalmente por
cientos de miles de pequeñas ncas de menos de una hectárea. Desde los 90 la pro-
ducción de soja desplazó al algodón y el complejo agroindustrial transnacional de
la soja se convirtió en el sector más importante de la economía paraguaya generando
un capitalismo agroextractivista.
La expansión territorial del agronegocio sojero sobre supercies apropiadas ilegal-
mente generó tensiones en los movimientos campesinos quienes realizaron ocupa-
ciones a la espera de su reconocimiento. El gobierno, anunció una reforma redistri-
butiva aunque no logró siquiera detener las transferencias de tierras
Los conictos por tierras en el distrito de Ñacunday y el Departamento de Canin-
deyú que culminaron con la muerte de ocupantes y policías evidenciaron las limi-
taciones políticas y económicas de Lugo para promulgar la reforma de la tierra que
había prometido y nalmente, fue destituido en un juicio sin ninguna evidencia.
Así, en el análisis del caso paraguayo se evidencia la consolidación de la “apropia-
ción política constituida” de grandes extensiones de tierra en manos de una oligar-
quía históricamente consolidada y asociada al agro-negocio en la etapa neoliberal.
Frente a esta condición, la débil alianza política liderada por Lugo y el combativo
pero atomizado movimiento campesino, no pudieron alterar el modelo agrario vi-
gente. Las políticas no fueron sucientes frente a un Estado con poca autonomía,
subordinado a los intereses de la oligarquía.
Con el eje puesto en la cuestión de la renta Thomas Purcell en su artículo “La econo-
mía política del capitalismo rentista y los límites de la transformación agraria en Ve-
nezuela” realiza una presentación de la situación agraria venezolana. Busca instalar
grandes preguntas existentes en torno a la fase que él dene como “probablemente
terminal” del modelo bolivariano de transformación agraria. En su trabajo triangula
la renta petrolera con consumo y producción agropecuaria a través de las políticas
estatales de control de cambios y de precios.
A comienzos del siglo pasado la incidencia de grandes depósitos de petróleo acabó
con el país agrario y dio lugar a una agricultura débil y a una gran dependencia de
la importación de alimentos. Desde entonces Venezuela hizo uso de la renta para
subsidiar al sector agrícola promoviendo su desarrollo y para la importación de ali-
mentos.
Cuando Chávez llegó al poder el sistema de procesamiento y distribución de ali-
mentos estaba caracterizado por monopolios privados, la producción agrícola esta-
ba desprovista de fuerza de trabajo y capital; y las ncas que se habían mantenido en
producción eran aquellas de mediana y gran escala intensivas en el uso de capital.
Con una estructura social agraria polarizada entre terratenientes que controlaban el
74% de la tierra y campesinos y también con presencia de una agricultura capitali-
zada “moderna” (fruto de un proceso de colonización a mediados del siglo pasado)
Venezuela llevó adelante reformas agrarias.
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La Ley de Tierras del 2001 creó cooperativas con tierras expropiadas a latifundios,
pero esto no signicó aumentos considerables en la supercie cultivada y la de-
manda de alimentos sobrepasó los logros. El Estado continuó en esta dirección con
la creación de grandes ncas con economía de escala. Buscó la modernización del
sector privado y profundizó un modelo socialista intensicando las expropiaciones
y creando grandes ncas como Unidades de Producción Socialistas.
Pero estos esfuerzos no lograron transformar profundamente el agro venezolano.
Por otra parte, al igual que Carmen Diana Deere el autor plantea que la debilidad de
las organizaciones campesinas hizo que no fueran actores importantes de la refor-
ma. De esta manera, las políticas agrarias se formulan desde el Estado, desde arriba,
sin demandas y participaciones importantes.
El autor nos señala que el control de cambios y el de precios se transformaron en
permanentes en la política económica venezolana para encauzar rentas petroleras
hacia el consumo. Se justicaron masivas importaciones en nombre de la “seguridad
alimentaria” que ocultaron manipulaciones de cambios que enriquecía a burguesías
domésticas y funcionarios del Estado, quienes sacaron provechos de los precios di-
vergentes de una misma mercadería. Este proceso no fue privilegio de los actores
estatales, las clases populares resistieron la hiperinación y el deterior del salario
también con el “bachaqueo”. Los intentos para eliminar el rol especulativo de los
intermediarios fueron afectados por la falta de control y la corrupción.
Las formas de reproducción del capitalismo rentista llevó a la insuciencia alimen-
taria venezolana pese a los esfuerzos realizados por el Estado para modicar el mo-
delo de desarrollo agrario preexistente.
En una detallada explicación enlaza las consecuencias del capitalismo rentista en la
producción agraria y arma que las distintas iniciativas gubernamentales de sobe-
ranía y especialmente seguridad alimentaria fueron incapaces de crear formas de
producción alternativas. Y ciertamente, su investigación cumple con el objetivo de
abrir nuevos interrogantes y nuevas búsquedas.
¿Cuánta transformación agraria hacia la soberanía y la seguridad alimentaria será
posible en un país hiperurbanizado y alejado desde hace casi un siglo de las pautas
productivas y culturales agrarias?
¿Hasta qué punto y de qué manera se apoyó a la pequeña agricultura familiar?
¿Desde qué perspectiva? ¿Considerando a la soberanía o la seguridad alimentaria
como estrategias centrales y jerarquizadas? ¿Cómo se vislumbró el rol posible de
estos actores?
Las políticas bolivarianas de tierras establecieron una ruptura con gobiernos ante-
riores a través de las expropiaciones y las organizaciones de unidades productivas
socialistas y de escala. De forma paralela se continuó con la política de importacio-
nes y regulación de precios ¿Hasta qué punto estas políticas no se neutralizaron
mutuamente? ¿Qué otras posibilidades existían frente a la gran dependencia ali-
mentaria venezolana?
En el trabajo “La economía política del boom agroexportador bajo los Kirchner.
Hegemonía y Revolución pasiva en Argentina” de Pablo Lapegna también cobra
centralidad la apropiación y redistribución de las rentas producidas por el com-
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plejo agroexportador. Su autor se enfoca en analizar cómo el boom exportador de
soja afectó a las poblaciones rurales y campesinas y a sus organizaciones. Sostiene
que los gobiernos Kirchneristas (2003-2015) tanto divergieron como continuaron (e
incluso) profundizaron la neoliberalización agraria.
Desde una perspectiva gramsciana dene la llegada al poder de estos gobiernos
como una “revolución pasiva”, desde arriba, a través del Estado y sin depender de la
participación activa del pueblo, como una forma de apaciguar las luchas populares.
Sostiene que las administraciones kirchneristas desaaron los principios neolibe-
rales y al agronegocio en términos discursivos y disputaron con la élite agraria la
apropiación de la renta a partir de políticas keynesianas, neodesarrollistas.
Señala que estos gobiernos apoyaron y promovieron la expansión del agronegocio,
ignorando procesos de acumulación por desposesión a través de desplazamientos
territoriales, represión y asesinatos a campesinos, por un lado, y generando efectos
socio-ambientales nocivos en la población de territorios especializados en este mo-
nocultivo, por otro. Todos hechos empíricamente constatables, sin embargo, otras
cuestiones, otras circunstancias permiten sumar complejidad a un proceso que re-
pite en su seno lo ocurrido en otros países de la región: el desafío de cambiar el
modelo de desarrollo agrario y, a su vez, necesitar capturar parte de la renta que
el mismo modelo produce para mejorar las condiciones materiales de la mayoría de
la población.
Las políticas de la etapa no frenaron procesos de concentración y de desaparición de
productores. En gran medida eran pequeños productores y campesinos, pero tam-
bién –paradójicamente- la producción familiar capitalizada “sojera” sufrió el embate
de la economía de escala, transformándose en cededora de las tierras que anterior-
mente producían. Se plantea en este punto una clara continuidad con las tendencias
de décadas anteriores.
Los movimientos campesinos e inicialmente la Federación Agraria Argentina, en-
tidad representativa de un amplio espectro de pequeños y medianos productores
familiares capitalizados, apoyaron y –tal como el autor señala- encontraban una
perspectiva de salir de movilizaciones defensivas (abundantes en la década del 90)
para orientarse a una nueva fase que era vista como un cambio ofensivo.
Analizando los procesos en una perspectiva temporal más amplia ¿Podrá entonces
pensarse en estos gobiernos como resultado de una revolución pasiva? ¿O como
un momento particular de las luchas populares? En el sector agrario, las luchas ini-
ciadas frente al embate neoliberal de los años 90 continuaron durante la gestión ki-
chnerista como la resistencia campesina frente a la expansión de la frontera agrícola
y el crecimiento de movimientos socio-ambientales contrarios a la contaminación
ambiental, la desforestación y el despoblamiento de los territorios rurales.
En marzo del 2008, la propuesta de un alza en los impuestos de exportación generó
el rechazo de las corporaciones del agronegocio y los productores capitalizados y
llevó al gobierno a un rediseño de las políticas con mayor énfasis en políticas orien-
tadas a la producción familiar.
El autor nos advierte que durante los gobiernos kirchneristas las menos afectadas
fueron las corporaciones globales, tanto en lo tributario como en el desarrollo de
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tecnologías ad hoc. Sin embargo, la reinstalación del impuesto a la exportación (aun
cuando nunca se aplicó de forma segmentada protegiendo a la pequeña y mediana
producción capitalizada) fue una de las políticas que permitió establecer tanto con-
tinuidades como diferencias con la etapa neoliberal anterior.
Como procesos simultáneos y contradictorios se vericó la expansión y profundiza-
ción del agronegocio junto a un intento de fortalecimiento económico, simbólico y
político de la agricultura familiar.
Continuando con la dualidad de la estructura agraria Jeffery Webber en su artículo
“Evo Morales, el ´transformismo´ y la consolidación del capitalismo agrario en Bo-
livia” presenta los alcances de un proceso de reforma agraria que, según el autor, es
interpretada por la mirada ocial como extensiva, transformadora y fundamental
para la revolución. En cambio, su ensayo desafía esa noción señalando que hubo
un primer período (2006 -2009) en que la alianza indígena campesina luchó buscan-
do una auténtica transformación de las clases rurales bolivianas. Pero, entre 2010 y
2016, una alianza agro-capital-Estado y la fragmentación del Pacto de Unidad (con
expulsión de movimientos indígenas) llevaron a dicha reforma agraria a una situa-
ción dramática. Como consecuencia, las mejores tierras productivas se concentraron
en manos del capital agroindustrial nacional y transnacional dedicado a la exporta-
ción (especialmente soja) y las tierras marginales fueron distribuidas a la mayoría
campesina.
Al igual que Pablo Lapegna para el caso argentino, desde el enfoque teórico de
Gramsci, ubica a Bolivia dentro del proceso considerado como “revolución pasiva”,
que, citando a Massimo Modonesi, abarcaría una combinación desigual y dialéctica
de dos tendencias simultáneamente presentes en una sola época; una de restaura-
ción y otra de revolución, una de preservación y otra de transformación.
En el período 2006-2009 se aceleró el proceso de saneamiento y titulación y fue nota-
ble la extensión de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), propiedad campesina
comunitaria, pero no hubo redistribución, no se ofreció solución a los problemas de
la falta de tierra y pobreza en la región más densamente poblada de Bolivia. Mien-
tras, en el sector de la soja, avanzaron nuevas formas de inversión transnacional
enfocadas en el control de las etapas posteriores a la cosecha.
Hacia el 2014 el proceso de saneamiento y titulación evidenciaba títulos cercanos a
las 1000 hectáreas para propiedades medianas y comerciales, TCO de 48 hectáreas
y propiedades campesinas de 16 hectáreas. Al igual que Carmen Diana Deere, el
autor nos señala que hubo preocupación por agilizar el proceso de saneamiento y
titulación de tierras. Pero agrega que no fue importante la expropiación y redistri-
bución de grandes propiedades, lo cual no llevó a una modicación de la estructura
de clases existente en el campo.
De forma concomitante a la expansión sojera hubo una disminución o estancamien-
to de la productividad campesina y una creciente dependencia de las importaciones
de alimentos. En el sector de la soja, campesinos capitalizados alquilaron sus parce-
las de tierra a medianas y grandes empresas y buscaron trabajo asalariado agrícola
o urbano.
Concluye que más que modicarse el carácter dual del agro se han complejizado su
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organización, las relaciones sociales y económicas y las alianzas que se gestan entre
el agro-capital y el Estado, pero también entre el agro-capital y los agricultores fa-
miliares capitalizados, concibiendo al período posterior a 2010 como una de derrota
para la mayoría indígena-campesina en el campo.
Sin embargo, a lo largo del trabajo también nos señala que luego de cinco años de
intensa movilización rural y urbana llegó Morales al poder y que los movimientos
campesinos formaron parte de la alianza política triunfante. El pueblo boliviano lo-
gró unirse en torno a la plurinacionalidad. La Constitución del 2008 promovió la
protección de los derechos indígenas a la libre determinación y junto al derecho de
la propiedad privada reconoció la propiedad comunal y estatal. Como sabemos el
gobierno de Morales se extendió hasta el 2019, interrumpido por un golpe de Esta-
do, que no fue el único intento a lo largo de la etapa. Las movilizaciones indígenas
y campesinas salieron a las calles en defensa de sus proyectos. Si nos ubicamos en
un período temporal más amplio cabe preguntarnos ¿es posible pensar que este
proceso no modicó en nada la estructura de clases rurales en Bolivia? Aun cuando
las coyunturas expresan el triunfo de la derecha ¿ha nalizado aquí una historia de
luchas y reivindicaciones iniciadas a mediados del siglo pasado? Ubicar este perío-
do bajo la incidencia de largos lapsos de neoliberalismo económico, cultural y sim-
bólico permite sumar reexiones sobre los alcances, limitaciones y potencialidades
históricas de los cambios socioeconómicos de la etapa.
Patrick Clark en su artículo “Neodesarrollismo y una ´vía campesina´ para el desa-
rrollo rural. Proyectos divergentes en la revolución ciudadana ecuatoriana” plantea
que, más allá de lo enunciado en el marco legal y político, el modelo de desarrollo
rural ecuatoriano no ha sido compatible con el concepto de la soberanía alimentaria.
Tal cómo hemos visto en los casos de Bolivia, Paraguay y Brasil los movimientos so-
ciales campesinos e indígenas jugaron un papel central y protagónico en las protes-
tas y movilizaciones contra la implementación de políticas neoliberales. Correa pro-
metió una “revolución agraria” y contó con el respaldo de la Mesa Agraria. Pese a lo
enunciado y legislado las políticas agrarias del gobierno no reejaron los principios
de la soberanía alimentaria o del Buen Vivir, sino que favorecieron el agronegocio
nacional y la generación de tecnologías para la agricultura industrial convencional.
Según el autor, hubo una incompatibilidad entre aspectos de la constitución del
2008 y las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Correa, pero la aplica-
ción de los principios de soberanía alimentaria y Buen Vivir no fueron reclamados
porque se correspondían más con un demanda de la comunidad de ONGs y líderes
de movimientos sociales que de los propios campesinos.
Las reformas agrarias anteriores, de las décadas del 60 y 70, permitieron la disolución
de grandes latifundios y haciendas y el acceso a la tierra de numerosos pequeños
productores. Éstos se convirtieron en productores campesinos más integrados, tanto
en la producción de productos básicos para el mercado interno, como en mercados
laborales nacionales y locales, y más dependientes en ingresos no agrícolas por su
reproducción. Estos campesinos exigían una participación viable como pequeños
productores capitalistas. Sus demandas se basaban en el retorno del Estado, la re-
gulación a favor de los pequeños productores, los servicios públicos y la inversión
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social, pedían el n del neoliberalismo.
La mayoría de las programas y políticas implementados por el gobierno de Correa
fueron inuenciados más por el paradigma económico neo-desarrollista de fomento
del agronegocio y del capital nacional. El autor sostiene que numerosos campesinos
se han beneciado por este modelo. Pero también dirá más adelante en su texto que:
“Debido a la irregularidad del proceso de reforma agraria en el Ecuador, hay una
amplia variedad de agricultores en el país: desde campesinos en la sierra con muy
poca tierra y poco acceso a recursos productivos por un lado, hasta “campesinos
medios” y productores de gran escala agroexportadores por el otro lado.” Nos pre-
guntamos ¿cuáles de estos actores esperaban sólo mayor regulación? ¿Cuáles fueron
las demandas de los campesinos de escasas tierra?
En la misma dirección política y económica, se buscó fomentar la producción para
los mercados de exportación, especialmente cacao y café, beneciando a los sectores
campesinos exportadores. Hubo también un crecimiento modesto de las iniciativas
de la economía solidaria, la economía campesina de la agricultura orgánica y de la
agroecología, a través de programas implementados principalmente por ONG na-
cionales e internacionales, aunque su expansión fue muy marginal.
Con relación a la reforma agraria, en el 2009 Correa empezó con la implementación
de un programa de formalización y redistribución de la tierra llamado Plan Tierras.
No se cumplieron las metas originales y, al igual que Deere, el autor asocia esta cir-
cunstancia a las desmovilizaciones y divisiones internas de los movimientos campe-
sinos. Y también, a que el acceso a la tierra era menos prioritario en el medio rural
en comparación con otros temas como el acceso a los servicios públicos, la inversión
social y la infraestructura.
En el área de asalariados rurales el gobierno sí cumplió con sus compromisos inicia-
les, incrementando el salario y mejorando la aplicación de las leyes laborales.
Concluye que la política agraria se orientó al fomento de la agroindustria de ex-
portación, al igual que en los países analizados hasta aquí (salvo Venezuela). Sin
embargo sostiene que la población rural se beneció a través de las políticas sociales.
Es destacable el planteo que el autor realiza al señalar que existió una gran distancia
entre el modelo agroecológico de desarrollo rural de tipo vía campesina promovido
en el discurso ocialista y las realidades contemporáneas de la mayoría de los “cam-
pesinos reales existentes” en el Ecuador, a quienes considera cada vez menos cam-
pesinos y cada vez más pequeños productores capitalistas. Señalando que una gran
parte de la literatura sobre la soberanía alimentaria cae en un romanticismo sobre
el mundo rural y caracterizan a los campesinos y a los indígenas como si estuviesen
-por su esencia misma - “fuera” del capitalismo.
En “El Frente Amplio y la política agraria en el Uruguay” Diego Piñeiro y Joaquin
Cardeillac, con una muy buena ubicación contextual, nos indican que a principios
del siglo XXI, luego de dos décadas de gobiernos neoliberales, el Frente Amplio
(FA), coalición de una veintena de partidos y grupos políticos de izquierda, llega al
gobierno nacional. En los diez años siguientes el FA reinstaura el papel regulador
del Estado en la economía, realiza reformas impositivas, en el sistema de salud, pro-
fundiza una agenda de derechos de tercera generación, disminuye drásticamente la
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pobreza y el desempleo, etc. mientras la economía retoma una senda de crecimiento.
Parecería que fue en la política agraria donde menos intervino el Estado. Sin embar-
go, hubo profundas transformaciones de la mano de las normas y regulaciones del
período neoliberal anterior, el crecimiento de la demanda internacional de alimen-
tos y bras y la penetración del capital nanciero. Se profundizó la concentración y
extranjerización de la tierra, el desarrollo de las cadenas de valor con participación
de capital trasnacional, el decrecimiento de la producción familiar y el denitivo
predominio del trabajo asalariado.
Los autores se preguntan ¿Cómo se puede comprender que un gobierno de izquier-
da y progresista no haya encarado una política de reforma agraria o al menos de
transformación de la estructura agraria a favor de los actores más débiles del campo?
Y proponen tres claves de interpretación:
-Que la propuesta política del Frente Amplio se fue moderando a lo largo de sus
treinta años de existencia para captar electores de centro.
-Que las reformas y ampliaciones de los derechos ciudadanos pudieron realizarse a
partir de un pacto implícito con los propietarios de tierras y el capital extranjero de
no tocar el agronegocio.
- Que las distintas visiones de la política agraria al interior del Frente Amplio se
bloquearon mutuamente.
La estructura social agraria de Uruguay no diere de la observada en la mayoría
de los países de América Latina. Las tres clases básicas en que se divide la sociedad
rural estaban presentes tanto al inicio como al nal del siglo XX: empresarios, pro-
ductores familiares y asalariados rurales. En Uruguay no hay campesinos.
Desde los años 70 del siglo pasado, a través de gobiernos cívico-militares, se apli-
caron políticas neoliberales. Se modicaron cuatro normativas que promovieron la
inversión en tierras: promoción de la forestación, desregulación de los contratos de
arrendamiento, se levantó la restricción a la compra de tierras por parte de capitales
extranjeros y se promovieron las inversiones extranjeras en el sector agroindustrial.
Se impulsó la expansión de tres grandes Cadenas Globales de Valor: forestal celu-
lósica, granos y carnes favoreciendo procesos de concentración en la fase agraria, la
comercialización y la transformación industrial.
La otra cara de esta política fue generar políticas compensatorias para la producción
familiar y los asalariados rurales. Los productores familiares recibieron apoyo eco-
nómico para inversiones, asistencia técnica, fortalecimiento de grupos y promoción
de jóvenes y mujeres. Pero todas estas acciones no fueron sucientes para frenar la
pérdida de productores familiares en los últimos 15 años.
Con relación a los asalariados rurales el Frente Amplio impulsó signicativos cam-
bios: duplicación del salario mínimo, limitación de la jornada laboral a ocho horas y
regulación de los descansos, normas de protección en la seguridad y salud en el tra-
bajo agropecuario, jación del Día del Trabajador Rural como feriado no laborable y
pago, campañas públicas enfatizando los derechos de los trabajadores rurales.
Los gobiernos desde el 2005 al 2014 no alteraron las políticas agrarias y esto, según
los autores, puede ser entendido de dos perspectivas: una, la del corrimiento hacia
el “centro” y otra, la del mantenimiento del status quo. Esto último tendría que ver
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con tres orientaciones políticas dentro del FA:
-la socialista y comunista, de raigambre urbana e industrial, no simpatizan con los
productores familiares a quienes identican como “pequeños burgueses”.
-dirigentes del interior que intentaron frenar el proceso de concentración y extran-
jerización
- la posición neo-desarrollista, preocupada por facilitar todo aquello que permitiera
aumentar la productividad del agro para captar renta a través de su sistema impo-
sitivo.
Retomando las preguntas que orientan la presentación de estos artículos podemos
armar que, en el caso uruguayo, no hubo voluntad de alterar el modelo de de-
sarrollo preexistente; que se propuso la convivencia de la agricultura familiar y el
agronegocio y que, en forma coherente con la tradición de una coalición de partidos
de izquierda de raíz popular y obrera, el gobierno promovió el mejoramiento de los
salarios y de las condiciones de trabajo de los asalariados rurales, estimulando al
mismo tiempo a las organizaciones sindicales.
En “Nicaragua: de la revolución estatista a la profundización agroexportadora”
Eduardo Baumeister y Salvador Martí i Puig nos plantean las políticas agrarias del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) señalando que no modicaron en
lo sustancial el modelo agrario liberal que se desplegó en el período posrevoluciona-
rio (1990-2006), incrementado la producción destinada a la exportación, aunque con
la ampliación de las políticas sociales y algunos apoyos para pequeños productores.
El sandinismo del siglo XXI no recuperó su proyecto de reforma agraria del período
revolucionario y aprovechó su alianza con el gobierno venezolano para incrementar
sus exportaciones.
El sandinismo hizo su reforma agraria durante el período revolucionario, logran-
do reducir la supercie promedio de la gran propiedad con crecimiento de la pro-
piedad estatal y cooperativa. Hubo también una gran inversión estatal destinada
a la modernización del agro. Sin embargo, el balance no fue favorable, no hubo el
incremento de productividad esperado debido a la guerra, al embargo comercial
estadounidense, al uso inadecuado de insumos y bienes de capital y los altos costos
de producción de las empresas estatales.
A partir de 1990, se impulsó la privatización de la tierra y las cooperativas parce-
laron la tierra por iniciativa de sus propios socios. También promovieron políticas
comerciales y de crédito de corte neoliberal, y se enfrentó a las organizaciones gre-
miales. Como resultado de un complejo proceso de restitución de tierras la estructu-
ra agraria resultante supuso un nuevo proceso de concentración.
Cuando Daniel Ortega llegó a la presidencia en 2007 no modicó los lineamientos
de las políticas macroeconómicas. Esto se dio en un contexto favorable debido a,
por un lado, el aumento de la demanda del mercado centroamericano de productos
agrarios y por otro, la ampliación de exportaciones al mercado venezolano que se
concretó a través de la empresa nicaragüense-venezolana llamada ALBANISA. Ve-
nezuela llegó a ser el segundo socio comercial de Nicaragua después de los Estados
Unidos. En Nicaragua se ha profundizado el desarrollo capitalista agroexportador
(basado sobre todo en la producción de azúcar, palma africana, tabaco, carne, café).
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Notas y ensayos bibliográcos
Al igual que Uruguay se buscó también captar inversiones extranjeras a través de
subsidios y exenciones de impuestos.
Simultáneamente avanzó con la implementación y el impulso de un abanico de me-
didas para luchar contra la pobreza y mejorar la sostenibilidad ambiental. Los auto-
res sostienen que estas cuestiones son hoy más complejas debido a la alta variabili-
dad climática y por el progresivo deterioro de los recursos (suelos y agua) debido a
la destrucción permanente de áreas de bosques y por el agotamiento de la frontera
agrícola.
Existen elementos políticos que permiten explicar la continuidad de las políticas
neoliberales:
El primero, la presencia de un sector empresarial tradicional con acuerdos fuertes
con Daniel Ortega y su gobierno, que obtiene réditos de este modelo.
El segundo, el deterioro de las organizaciones gremiales y la poca capacidad rei-
vindicativa a nivel nacional de los campesinos y asalariados rurales para conseguir
medidas más favorables para ellos.
El tercero, la existencia de una amplia red de pequeños y medianos agricultores
que tienen capacidad productiva y de presión en su entorno local y que generan un
tejido gremial relativamente autónomo, expresado fundamentalmente en las coope-
rativas de comercialización de alimentos.
El cuarto, la masiva migración de los trabajadores más pobres del campo hacia Costa
Rica.
En síntesis, las políticas no se han orientado hacia una mayor autonomía campesina,
pero tampoco esto ha sido reclamado por los movimientos campesinos. Se priorizó
una lógica capitalista combinada con políticas sociales focalizadas, de naturaleza
asistencialista. Una constante en los países presentados hasta aquí.
Sergio Sauer y George Mészáros en “La economía política de la lucha por la tie-
rra bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil” sostienen que las
alianzas políticas con el centro y la derecha que realizó el Partido de los Trabaja-
dores para llegar al poder perjudicaron las perspectivas de grandes cambios en la
estructura agraria. Esta alianza también incluyó a movimientos sociales y sindicales,
principales sujetos de la lucha por la tierra, que a lo largo de los tres mandatos del PT
fueron debilitándose y reduciendo su capacidad de presión al gobierno.
Después del 2010, hubo un marcado descenso de las ocupaciones de tierras jun-
to con una drástica desaceleración en la implementación de programas de reforma
agraria por parte del gobierno federal.
Los autores se preguntan ¿Cómo y por qué sucedió esto?
Las luchas por la tierra fueron fundamentales en los años 80 y 90 del siglo pasado,
consolidándose el reclamo de los sin tierras a través de campamentos y ocupaciones.
Frente a las presiones, el gobierno neoliberal de Cardozo emprendió una “reforma
agraria de mercado” (mediante la compra y no la expropiación) con nanciamiento
del Banco Mundial.
Los gobiernos del PT llevaron adelante una política neodesarrollista con inversio-
nes públicas de gran envergadura en infraestructura (carreteras, puertos, represas
hidroeléctricas, etc.) para promover el crecimiento económico. Una economía del
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agronegocio, basada en la explotación de bienes naturales con apoyo estatal.
Los excedentes de las exportaciones agrícolas llevaron a un aumento tanto de la de-
manda como de los precios de la tierra, con lo que el margen de acción nanciera del
Estado para la reforma agraria disminuyó, ya que el precio de mercado fue la base
sobre la cual se determinó el valor de compensación de la tierra expropiada.
Sostienen los autores que la prerrogativa del lobby del agronegocio de dictar la po-
lítica agrícola permaneció tan arraigado en el gobierno del PT como lo fue en los
tiempos del mandato de Cardoso. A pesar de estas armaciones reconocen mayor
sensibilidad social en el gobierno de Lula en la lucha por la tierra. Las movilizacio-
nes y reclamos no fueron tratados como una “cuestión policial” y se le reconoció
mayor eciencia en reasentar familias sin tierra.
La criminalización y la imagen pública de ilegalidad, disminuyó la capacidad de
los líderes para movilizarse y reclamar. Por otra parte, una mejor distribución de
los ingresos, la creación de empleo y el aumento de los salarios a nivel general dis-
minuyeron también la propensión de los trabajadores sin tierra a movilizarse y a
presionar por la reforma agraria.
Al mismo tiempo, se desarrollaron políticas para fortalecer el papel económico de la
agricultura familiar. El objetivo principal era incorporar a los agricultores familiares
al mercado, principalmente para los que producían soja y maíz, pero hubo pocos
incentivos para la agricultura alternativa.
Los fondos asignados a la agricultura familiar se cuadruplicaron a partir del 2003,
pero arman que, visto en perspectiva, el presupuesto de la agricultura familiar
representó una pequeña fracción del fondo gubernamental disponible para el agro-
negocio.
Las ideas centrales de este artículo abonan a las tendencias encontradas en la mayo-
ría de estos países: fortalecimiento del agronegocio y mejores económicas a la agri-
cultura familiar, campesina y a los trabajadores sin modicar la estructura agraria
de manera distributiva, sino por el contrario, fortaleciendo la concentración. Por otra
parte, lo que se sugiere como cambio supercial e intrascendente afectó positiva-
mente a cientos de miles de campesinos y sus familias y fue la mayor supercie que
se distribuyó en el mundo en los últimos años, una extensión territorial cercana a
España tal como Vergara-Camus y Kay lo indican.
Finalmente, los autores mencionados en el párrafo anterior, a modo de conclusión,
realizan un análisis desde la economía política agraria de los factores comunes que
explican la trayectoria regional, más allá de las particularidades nacionales. Arman
que los gobiernos denominados de izquierda en América Latina no modicaron la
expansión de la agricultura industrial heredada del período neoliberal aunque algu-
nos distribuyeran tierras y todos implementaran políticas de apoyo a los pequeños
productores.
Hubo una pérdida signicativa de capacidad de movilización de los campesinos
e indígenas que contrasta con la unidad y la organización de las clases agrarias
dominantes. Una evaluación crítica del campesinado permite apreciar procesos de
diferenciación entre campesinos medios, propietarios y los sectores más pobres y
vulnerables.
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Notas y ensayos bibliográcos
Se retoma aquí la perspectiva histórica que la mayoría de los autores planteó en el
análisis de cada país pero desde un enfoque regional. Identican ocho tendencias
generales:
-Las reformas agrarias no revirtieron los procesos de distribución desigual de la
tierra. La mayor parte de la tierra no fue objeto de distribución sino que fue regula-
rizada o legalizada.
-El acceso de las mujeres a la propiedad se debió a la lucha de movimientos autó-
nomos de mujeres.
-Se crearon y ampliaron políticas de apoyo a los agricultores familiares. Estas, más
allá de la retórica, no se inspiraron en la soberanía alimentaria. Se orientaron a ali-
viar efectos derivados de la pobreza y también al otorgamiento de créditos, a incen-
tivar la integración de los productores a las cadenas productivas del agronegocio,
a la creación de mercados protegidos y a la institucionalización de la Agricultura
Familiar dentro del Estado. Pero no se constituyeron en un plan a largo plazo para
cambiar el modelo agrícola.
-Las políticas de Estado se orientaron hacia el neodesarrollismo o agroextractivismo.
-Los movimientos campesinos e indígenas se encontraron en una situación de ma-
yor debilidad que en décadas anteriores.
-Las clases terratenientes pudieron inuir en las políticas de Estado frenando inten-
tos de reformas. La concentración de la tierra no fue cuestionada y no se implemen-
taron sistemas de regulación ambiental para el agronegocio.
-Los presidentes adoptaron retóricas, estrategias y políticas populistas.
-No hubo reformas estructurales del mercado laboral rural. La mayoría de los au-
tores destaca la pérdida de empleos con la expansión del agronegocio. A nivel ge-
neral, los procesos de pluriactividad, proletarización, exibilización y feminización
del trabajo rural se intensicaron. Como contrapartida, muchos de los gobiernos
analizados aumentaron el salario mínimo, reglamentaron el trabajo asalariado y po-
sibilitaron el acceso a la jubilación
La concentración se ha expresado también en las etapas de procesamiento, comer-
cialización y exportación. Las tierras están siendo compradas por un creciente nú-
mero de extranjeros, incluidos los capitales “translatinos”.
Considerando el análisis que los coordinadores realizan de este proceso a nivel re-
gional reunimos otro grupo de preguntas presentes en la introducción del libro.
Ellas son interesantes planteos que permiten orientar los debates actuales en clave
de economía política.
¿Quiénes son los actores dominantes y qué tipo de conguraciones de clase estructu-
ran hoy el campo en los diferentes países latinoamerianos?
De la misma manera, ¿qué tipo de alianzas de clase entre las clases subalternas permitieron
la movilización de los campesinos e indígenas hasta los años dos mil y cómo la llegada de la
izquierda al poder transformó estas alianzas?
¿Por qué los movimientos no pudieron presionar a los gobiernos para que aplicasen
políticas más radicales?
¿Cómo se puede explicar esta última fase de la lucha de los movimientos campesinos
latinoamericanos, menos exitosa y más difícil?
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Al respecto se señala que América Latina es la región en la que se implementaron
políticas neoliberales desde los años 70 que llevaron a una crisis de legitimidad 20
años después, pero que esta crisis fue coyuntural y tuvo dos vías de resolución: a la
derecha, los populistas neoliberales y a la izquierda, los populistas neodesarrollistas.
En este contexto, durante la década del 90, los movimientos campesinos e indígenas
se enfrentaron a la represión del Estado o de las clases dominantes. Esto fomentó
la participación activa y la politización de sus bases, la relación con los partidos
políticos tomó varias formas. Sus resistencias y luchas fueron fundamentales para
la creación de nuevos partidos políticos. Y lograron arrancar concesiones al neolibe-
ralismo en los años 90
La participación en elecciones nacionales y las diferencias entre pueblos originarios
de distintos territorios generó conictos y tensiones internas, la mayor dicultad de
estos movimientos fue mantener la unidad. En la primera década del nuevo siglo,
tuvieron una limitada capacidad de organización y permanecieron débiles en su or-
ganización política, mientras la ideología de los partidos políticos que los apoyaban
se desplazó hacia el centro. La debilidad de estos movimientos se vio incrementada
por sus orígenes corporativistas o por tendencias clientelísticas.
Varios líderes de izquierda tuvieron que aliarse a sectores conservadores debido a
que ninguna fuerza política emergió como clase dirigente frente a la crisis. Así, las
fuerzas de la derecha no perdieron su acceso al Estado, no sólo se impusieron desde
adentro sino que se reorganizaron rápidamente para enfrentarlo desde afuera cuan-
do lo consideraron necesario.
Estas limitaciones llevan a que los autores del último capítulo del libro armen que
“En realidad, los partidos políticos de izquierda que llegaron al poder si todavía
eran anti neoliberales en su propaganda, no tenían una alternativa real que ofrecer”
(Pág. 380).
“Si bien estos gobiernos no fueron estrictamente neoliberales, sus políticas permane-
cieron rmemente dentro de sus parámetros, transformándolas en lo que preferimos
llamar neodesarrollismo“ (pág. 381).
Todos buscaron una estrategia estatal para dirigir el desarrollo mediante una eco-
nomía diversicada y avanzada tecnológicamente, así como fomentar una sociedad
más inclusiva e igualitaria. ¿Cuál fue la base material y social de sustento para este
proyecto?
Las agroexportaciones representan una proporción importante de las exportaciones
globales de la mayoría de los países de América Latina y han perdido importancia
las exportaciones de productos manufacturados. En el caso de Venezuela y Ecuador
la mayor proporción de exportaciones provienen del petróleo. La transformación de
la estructura productiva de estos países implica el desarrollo de nuevas actividades
productivas, en gran medida vinculadas a la industria y a los servicios
El agronegocio impulsado desde los gobiernos neoliberales de las décadas anterio-
res se consolidó, fue dinamizado por una burguesía coligada o fusionada de tal ma-
nera que no es sencillo distinguir fracciones de la burguesía industrial, terratenien-
tes, actores del capital nanciero y del capital comercial. Se generó una renovada
alianza entre las clases rurales más poderosas y sectores capitalistas con vínculos
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que incluyen a pequeños burgueses y hasta sectores del campesinado.
Se logró una “nanciarización” de la agricultura y también una “rentarización” de
la economía donde los intereses y el poder de las clases dominantes están estrecha-
mente vinculados entre sí y con la economía global. Esta fortaleza contrasta con
los procesos de fragmentación y debilitamiento que campesinos y trabajadores han
tenido que enfrentar en su historia reciente.
Concluyen que la izquierda latinoamericana era mucho más débil que lo que argu-
mentaban muchos analistas y que la hegemonía neoliberal nunca estuvo en una
crisis profunda.
La lectura de este interesante libro nos permite realizar una vista panorámica de
la historia agraria reciente de América Latina. La obra tiene el valor de realizar un
compendio crítico de las principales problemáticas y tendencias que atraviesan la
cuestión agraria latinoamericana y las marchas y contramarchas de gobiernos y
movimientos populares contra el neoliberalismo, sus contradicciones y tendencias.
A lo largo del texto los gobiernos nacionales fueron calicados por los autores de
forma diversa: agroextractivistas, neoliberales, posneoliberales, keynesianos, neo-
desarrollistas, neoestructuralista, neopopulistas, populistas, socialdemócratas. A
veces a estas categorizaciones se las presenta como similares, en otras ocasiones se
las diferencia, en pocas oportunidades se las dene. Esta circunstancia nos permite
inferir que la búsqueda de una denición para estos gobiernos está en construcción
y es ocasión de debates; al igual que su agrupación, siendo casos con rasgos muy
distintos.
Es evidente la profundización de las relaciones capitalistas en el agro latinoamerica-
no y de la consolidación de un capitalismo de base rentista. Nos preguntamos en-
tonces sobre el por qué de la denominación de “izquierda” a gobiernos que buscaron
o permitieron este proceso. Quizás las respuestas estén en ligar las transformaciones
agrarias con el resto de los sectores de un país. La expansión de la producción agra-
ria fue un factor fundamental para el dinamismo de la economía nacional y para el
consiguiente incremento de los recursos públicos Estos gobiernos, sin dejar de ga-
rantizar privilegios a grupos económicos dominantes, ampliaron la asistencia a los
sectores empobrecidos y promovieron mejoras sociales impulsando recuperaciones
de los salarios, extensión de las jubilaciones mínimas, adjudicación de subsidios,
mejorando en general los niveles de vida de las clases subalternas. Es claro que fue-
ron “rosas” y no “rojos”, pero su posicionamiento hacia la izquierda quizás resulte
más clara a la luz de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos posteriores con
su acelerada destrucción de los logros alcanzados, el agravamiento de las condi-
ciones estructurales para el desarrollo y el empobrecimiento a que sometieron a la
mayoría de la población.
Nota bibliográca: La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agro-
negocio y neodesarrollismo
Fecha de recepción: 01/06/2019
Fecha de aceptación: 25/06/2019
