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Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 53 - 2do. semestre de 2020
Exposición del diputado Juan B. Justo en la sesión de la Cámara Baja del 29 de julio
de 1912.
“Sr. Justo:
El señor ministro de Agricultura ha abordado muy bien la cuestión principal
planteada, que es el conicto agrario, en Santa Fe, desde el punto de vista policial. El
señor ministro del Interior no lo hubiera hecho mucho mejor. Y, desde este punto de
vista, es muy propio que, desde luego, haya sacado a relucir el socorrido argumento
de los agitadores. ¡No sucede nada en este país en las masas populares, jamás se for-
mula una reivindicación de la gente que trabaja, sin que se venga aquí en las esferas
del Poder Ejecutivo a atribuir el suceso a la obra de agitadores!
Este es el caso más desgraciado en que se pueda invocar esa circunstancia. Ha
sido una agitación genuinamente campesina, lo puedo armar con la más profunda
convicción. He visto en Santa Teresa a la persona que inició este movimiento -que
empezó en Alcorta y no en Bigaud, como arma el señor ministro- y es el tipo aca-
bado de campesino, de chambergo y bombacha, que apenas sabe leer y escribir. Es
un hombre con todos los rasgos que caracterizan al trabajador del campo, y como él
son casi todas las personas que han intervenido en el movimiento en aquella región
agrícola.
Es muy propio también el espíritu con que los gobernantes se complacen en
mirar esta cuestión el decir, sobre todo cuando se es ministro, que la prensa hace
de las cosas más sencillas un tema sensacional. Es sabido que para los hombres que
están en el gobierno todo anda siempre bastante bien, estamos siempre en el mejor
de los mundos posibles. Pero no es esa la opinión de la masa de los trabajadores que
pueblan y labran las campañas de Santa Fe y el resto del país, ni tampoco la de los
comerciantes, y ni siquiera la de los propietarios de la región.
El señor ministro no nos ha aportado sobre el fondo de la cuestión un sólo
dato que nos ilumine, ni que pruebe que es capaz de contribuir en lo mínimo a la
resolución de la dicultad.
Ha dicho que se nota una falta de organización económica, sin que yo pueda
Documentos
Sobre el Grito de Alcorta y el movimiento
“campesino”
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de veras decir qué es lo que ha querido armar en eso. Esa falta de organización
económica la ha mencionado dos veces, sin aclararla ni caracterizarla en tal forma
que se convirtiese en un dato que pudiera servirnos para alguna cosa. En cambio, ha
venido a decir que se ha ido a predicar entre los campesinos una solidaridad absur-
da, pretendiendo implantarse allí los procedimientos que se siguen en las luchas de
clases en las ciudades.
No, señor presidente: la solidaridad de los campesinos ha sido propagada y
proclamada como una necesidad ineludible por los mismos propietarios, por los
mismos que al producirse el primer levantamiento de los agricultores les dijeron:
Son ustedes mismos los que tienen la culpa del excesivo aumento de los arrenda-
mientos; son ustedes, que han ido a hacerse competencia los unos a los otros y a
ofrecer más que el vecino por el mismo pedazo de tierra.
¿No era ese un consejo inmediato a la solidaridad entre ellos, a n de no ha-
cerse competencia? ¿No era ese el reconocimiento de la necesidad de que se asocia-
ran con nes gremiales en su carácter de cultivadores, de arrendatarios? ¡Cómo va a
ser absurda esa solidaridad! Era urgente y necesaria; los campesinos han encontrado
el remedio que instintivamente tenía que presentárseles; y ejercitan esa solidaridad
que es sana y necesaria, mucho más sana que la de los propietarios, que resisten
vergonzantemente a un movimiento tan humano y tan fundamental.
El señor ministro ha recargado la parte de los comerciantes; pretende que a
ellos les toca la mayor parte de lo que producen los campesinos. Lo ha dicho con
la ligereza de un hombre que se ha informado poco y que no ha estado en contacto
directo con las clases trabajadoras del campo.
Tengo aquí un documento auténtico, un contrato de arrendamiento, de los
muchos que hace el señor Manuel Peyrano, cuyo nombre lleva una estación muy
importante y conocida, con los obreros que labran sus campos. Según este contrato,
pagan al señor Peyrano, que sólo da sus terrenos por dos años -este contrato que
tengo aquí está datado el primero de mayo de 1911, lo que quiere decir que estaría
todavía en vigor si el arrendatario lo aceptara- por este contrato pagan, en el concep-
to de arriendo el 38% bruto de las cosechas que se recojan anualmente, entregan sus
productos secos, sazonados, embolsados, en bolsas de exportación, sanas y buenas,
bien cosidas y puestas en la estación Peyrano y en el sitio en que el locador determi-
ne; y, a más, el 38% del peso de los marlos de la cosecha de maíz.
Este 38%, así establecido, es mucho más de la mitad del producto de la chacra:
representa, tal vez el 60% del producto, porque es evidente que el chacarero no cose-
cha bolsas ni los elementos de la trilla y acarreo; todo eso representa trabajo o dinero
que ha de pagar a la par del arriendo.
Viene, por n, la organización política de los trabajadores del campo. Yo sa-
ludo este movimiento iniciado en Santa Fe como un acontecimiento trascendental
en la política argentina. No me cabe duda que esa agitación, a la que yo he de con-
tribuir en cuanto alcancen mis fuerzas, va a conducir, como la agitación obrera de
las ciudades, a transformar el aspecto de la política nacional. Hemos de salir de la
política criolla para llegar a la política de los partidos verdaderos, de principios y de
intereses confesables y sanos. Esa política de los trabajadores del campo nos ha de
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llevar al intervencionismo en materia de arriendos, contra el que nos ha hablado con
tanto énfasis el señor ministro de Agricultura. Ha repetido muchas veces que él no
cree que el gobierno pueda intervenir en los precios. Con esto del intervencionismo
sucede entre nosotros una cosa muy singular. Si se trata de intervenir en el precio de
la tierra, en la especulación del suelo, se cree que el estado no debe hacerlo.
La política de los campesinos argentinos ha de tener un programa político que
exigirá leyes agrarias, leyes restrictivas de los privilegios del terrateniente, leyes que
establezcan, como se ha establecido en Irlanda, que no sea únicamente la voluntad
del propietario lo que prevalezca en estos casos. Esas leyes son también de interés
social, de interés colectivo. No solo interesan a la clase inmediata de los arrendata-
rios, porque es del mayor interés general que la tierra se cultive.
El impuesto al mayor valor tendrá el sentido de facilitar la adquisición de la
tierra a los trabajadores como propietarios o arrendatarios: que alejaría a los actuales
terratenientes del deseo de conservar esa tierra, que conservan hoy, no por la renta
que les da, sino como un objeto de especulación.
Los propietarios en Santa Fe se han atrevido a decir que ellos no sacan ni el
6% sobre el capital que tienen comprometido en las chacras y el capital que tienen
comprometido en el suelo limpio. Es muy cierto eso: es muy posible que no saquen
el 6% sobre el valor pero ¿por qué la conservan? Porque piensan que mañana van a
sacar el 10% sobre el valor actual del suelo, y un 6% sobre un valor superior. Así que
el impuesto al mayor valor los alejaría del papel puramente parasitario de acapara-
dores del suelo.
Sería una ley que vendría a atenuar las condiciones del privilegio en este país,
y tendería a hacer una obra verdadera de solidaridad social, a acercar a los trabaja-
dores del campo a la política nacional”.
Tomado de: Juan B. Justo. La lucha social en el Parlamento. Prólogo y Selección
Dardo Cúneo. Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1988.
