Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 - 1er semestre de 2018
Terrorismo de Estado en la Argentina:
Tucumán y la ofensiva contra los obreros
de la agro-industria azucarera
Silvia G. Nassif1
.....
Resumen
La conflictividad social en Tucumán de mediados de 1970, provin-
cia cuya actividad económica principal ha estado vinculada con la
agroindustria azucarera desde fines del siglo XIX hasta la actuali-
dad, fue utilizada por algunos sectores para justificar el accionar
de las Fuerzas Armadas en la represión interna. En este artículo nos
proponemos analizar el proceso tucumano de conflictividad en los
años ’60 y ’70, indicando cómo éste condensó tendencias de fondo
en la Argentina presentes en la coyuntura del terrorismo de Estado
de la dictadura de 1976, en el plano del conflicto social y en el plano
del proceso de la concentración económica y de disciplinamiento de
la mano de obra.
Palabras clave: Clase obrera - Agroindustria azucarera - Terrorismo
de Estado - Tucumán
1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas - Investigadora del
Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios; Instituto de Investigaciones Históri-
cas Dr. Ramón Leoni Pintos, Universidad Nacional de Tucumán; Área de Economía
y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Summary
State Terrorism in Argentina: Tucumán and the Repression
against Sugar Workers
Social conflict during the 70s in Tucumán, province which has had
the sugar agroindustry as main economic activity since the late 19th
century, was used for some sectors to justify the repressive action of
the Armed Forces.
In this article, we aim to analyse social conflictive dynamics in
Tucumán during the 60s and 70s. This case condensed background
trends in the context of State Terrorism during the 1976 dictator-
ship, in the line of social conflict, economic concentration and work-
force disciplinary process.
Key Words: Worker Class - Sugar Agroindustry - State Terrorism -
Tucumán.
Introducción
En este trabajo examinaremos el caso tucumano con el objetivo
de establecer un diálogo con la historia reciente sobre el terrorismo de
Estado en la Argentina, partiendo del supuesto de que este caso no re-
presenta una excepcionalidad, sino que en él se manifiestan tendencias
más generales cuyo análisis podría contribuir a la comprensión de pro-
cesos más vastos y complejos. Nuestra propuesta es analizar el período
de los años de los ’60 y ’70 del siglo XX desde una perspectiva que nos
permita dar cuenta de los procesos económicos, sociales y políticos, con
la inclusión de dos actores centrales en la historia argentina contempo-
ránea como la clase obrera azucarera y algunos sectores empresariales.
A partir del análisis concreto de la conflictividad en Tucumán -provin-
cia azucarera, ubicada en el Noroeste Argentino-, podremos identificar
la existencia de un hilo conductor entre las dictaduras de la “Revolución
Argentina” (1966-1973) y la del “Proceso de Reorganización Nacional”
(1976-1983): el proceso de concentración monopólica de la producción
azucarera en beneficio de determinados sectores empresariales y de
reestructuración de las relaciones laborales a partir del disciplinamien-
to de la clase obrera a través de la articulación eficaz entre empresarios
y Fuerzas Armadas.
Partimos además de la hipótesis de que la difundida “teoría de
los dos demonios”, que pretendió explicar el proceso represivo que des-
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embocó en el último golpe de Estado, no aborda aspectos centrales de
esta historia. Aun así, continúa siendo reproducida bajo diversas for-
mas, incluso desde el gobierno argentino actual.2 Resulta necesario en-
tonces analizarla críticamente, poniendo de relieve cuestiones centrales
que aparecen en esta investigación. Con este propósito estudiaremos
este caso emblemático con la premisa de que para poder comprender
los altos niveles de conflictividad en Tucumán tenemos que remontar-
nos al menos a la dictadura de la “Revolución Argentina”. Del análisis
histórico surge un aspecto central en el proceso que no es incluido por
la “teoría de los dos demonios”. A saber: la transformación en propor-
ciones de la estructura económica y social de la provincia durante los
años ’60 y ’70 y la fuerte confrontación entre el capital y el trabajo
en los ámbitos de producción, como así también la radicalización del
movimiento obrero y su preponderancia como actor central en la lucha
económica y política a través de sus organizaciones sindicales. Este pro-
ceso de significativos cambios económicos y de radicalización política de
amplios sectores sociales, y en especial de la clase trabajadora, fue parte
de lo que ocurría en América Latina y en distintas partes del mundo, en
el contexto de la Guerra Fría.3
La necesidad de incluir el papel de algunos sectores empresariales
en el análisis sobre delitos de lesa humanidad cometidos contra traba-
jadores durante el terrorismo de Estado es una dimensión de creciente
interés a nivel nacional y también internacional. No obstante, esta pers-
pectiva conlleva una gran dificultad, pues se trata en muchos de los
casos de sujetos sociales que todavía hoy gozan de un significativo poder
económico y social, con fuertes vinculaciones con sectores que controlan
el Estado. Así, no resulta novedoso la mención de Centros Clandestinos
de Detención (CCD) en establecimientos fabriles. Por el contrario, su
existencia ya había sido indicada en los tempranos años ’80, apenas un
año después de la retirada de la última dictadura, cuando se dio a co-
nocer el Informe elaborado por la Comisión Bicameral de Tucumán en
el que se mencionó a los Conventillos de Fronterita –edificaciones del
ingenio La Fronterita- como CCD y también el establecimiento de CCD
en los ex ingenios Lules, Nueva Baviera y Santa Lucía. Incluso ello fue
2 En una de las primeras entrevistas que dio el actual presidente argentino Mauricio
Macri a la periodista Karla Zabludovsky, corresponsal de Latinoamérica para el sitio
BuzzFeed, en relación a la última dictadura afirmó que lo que sucedió en la Argenti-
na “fue una horrible tragedia, que fue la ‘guerra sucia’.” Este planteo ubica también
en el mismo plano a dos bandos o dos demonios.
3 Sobre los cambios económicos y sociales manifiestos en la Argentina durante la últi-
ma dictadura ver Rapoport y Spiguel (2005) y Basualdo, (2010).
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señalado en el Informe nacional Nunca Más, elaborado por la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), en el que además
se destacó la pertenencia a la clase obrera de muchas de las víctimas y
la participación de empresas en el aprovisionamiento de información y
recursos a las fuerzas represivas.4 Luego otras investigaciones judiciales
y académicas continuaron indagando sobre esta temática.
En este trayecto, un hito importante lo constituyó la publicación
del Informe de Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humani-
dad cometido contra trabajadores, entregado a la Procuraduría de la
Nación en noviembre de 2015, en el que se investigó a 25 empresas exis-
tentes a nivel nacional, abarcando diferentes ramas productivas. Una de
las conclusiones más relevantes de este Informe fue que en las empresas
analizadas se comprobó una articulación eficaz entre Fuerzas Arma-
das y los sectores empresariales. Otro de los resultados significativos
fue que la participación de estos últimos no puede entenderse como de
mero acompañamiento, sino que se manifestó un fuerte protagonismo
de estos sectores empresariales -que incluyeron una articulación expre-
sa con las Fuerzas Armadas-. Así, se utilizó el concepto de “responsa-
bilidad empresarial” con el objetivo de dar cuenta de la existencia de
formas de participación directa por parte de las empresas y empresarios
en crímenes cometidos contra trabajadores, que al encontrarse insertos
en la trama del terrorismo de Estado son considerados delitos de lesa
humanidad, según consta en el artículo 7 del Estatuto de Roma.5
Para el análisis de la responsabilidad empresarial en delitos de
lesa humanidad en Tucumán nos centramos en la investigación de dos
ingenios azucareros, Concepción y La Fronterita, que al ser la agro-
industria azucarera la actividad económica dominante en la región
resulta una muestra más que representativa. La presencia de ambas
empresas era de larga data en la provincia y tenían una fuerte presen-
cia en las comunidades en las que se hallaban insertas, generando un
4 Ver Anexo II del Informe de la Comisión Bicameral de Tucumán, (1991). Esta Comi-
sión se constituyó mediante la Ley N°5.599 aprobada por el Senado y la Cámara de
Diputados provincial el 9 de febrero de 1984, con el propósito de “…contribuir al
esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas y los vio-
latorios de los derechos humanos ocurridos en la Provincia.” Honorable Legislatura
Tucumán, Ley N°5.599.
5 El Informe fue elaborado por un equipo de investigación integrado por la Secretaría
de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, ambos pertenecientes al Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO).
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extenso dominio sobre el territorio laboral. Ambas firmas no sólo eran
propietarias de las fábricas correspondientes, sino que también poseían
importantes extensiones de tierra que ocupaban en las plantaciones de
caña de azúcar. Al encontrarse estos dos establecimientos en núcleos
azucareros geográficos distintos y al tener una cronología diferente en
cuanto a los ciclos de represión a los trabajadores, su estudio nos posi-
bilita también realizar una comparación espacio-temporal.
El ingenio Concepción, fundado en 1835, ubicado en la Banda
del Río Salí a 5 kilómetros de la Capital, era y continúa siendo el más
importante en cuanto a los niveles de producción de azúcar. Entre 1974
y 1983, la firma propietaria del ingenio era la Compañía Azucarera
Concepción, de la que sobresalía la familia Paz. Por su parte, el ingenio
La Fronterita, fundado en 1923, propiedad de la sociedad José Minetti &
Cía hasta 2016, se encuentra ubicado a 45 kilómetros de San Miguel de
Tucumán en el actual departamento de Famaillá, en el núcleo correspon-
diente a los ingenios que se encuentran emplazados a la vera de la ruta
N°38 que atraviesa de norte a sur la provincia. Ambos ingenios fueron
vendidos en los últimos años.6
En este trabajo, que toma las significativas contribuciones de
distintos especialistas sobre la temática, nos proponemos realizar una
síntesis de distintas investigaciones que hemos venido realizando en
la última década sobre los procesos de organización de la clase obrera
azucarera tucumana y los procesos represivos que sobrellevaron, junto
a los hallazgos presentados en el Informe de Responsabilidad Empresa-
rial (2015) en delitos de lesa humanidad cometido contra trabajadores
de los ingenios mencionados.7
6 Según las estadísticas del Centro Azucarero Argentino, durante la zafra 2016 el
Concepción ocupó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la producción total
de azúcar, después del ingenio Ledesma. En esa zafra el ingenio elaboró un total de
309.706.856 toneladas de azúcar lo que representa cerca del 15% del total nacional,
llegando a producir más del doble que el segundo en producción de azúcar de la
provincia, el ingenio La Providencia. Por su parte La Fronterita se ubicó en el quinto
lugar de los quince ingenios que continúan produciendo en la provincia. Ver: Centro
Azucarero Argentino.
7 Resulta destable que los hechos aquí narrados no deben considerarse como meros
acontecimientos del pasado, de modo aislado del presente, ya que, a más de cuarenta
años de la última dictadura argentina, en un contexto nacional complejo, los proce-
sos de memoria, verdad y justicia hoy continúan su cauce. Así, en abril de 2018, la
Fiscalía Federal de Tucumán, utilizando el Informe como uno de sus insumos para
la investigación, solicitó un pedido de detención y de indagación a seis empresarios
vinculados al ingenio La Fronterita por el secuestro de 68 personas, siendo muchas
de estas víctimas ex trabajadores y dirigentes gremiales azucareros. Este proceso
continúa su curso, con un final todavía abierto.
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 61
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Para la elaboración de estas investigaciones hemos realizado un
exhaustivo trabajo de búsqueda bibliográfica, de documentos escritos
y de testimonios orales en múltiples repositorios provinciales y nacio-
nales, lo que nos permitió superar las dificultades vinculadas a la esca-
sez de documentos disponibles, su dispersión y fragmentariedad.8 En
esta requisa advertimos un significativo desafío metodológico, ya que
el terrorismo de Estado tuvo como método también la eliminación de
documentos que den cuenta no sólo de los hechos ocurridos durante
la dictadura sino también de las luchas previas. De todas maneras, así
como hubo víctimas que lograron sobrevivir y contar lo que sucedió y
que pudieron expresarlo en los juicios de lesa humanidad -como en el
que acaba de finalizar en Tucumán denominado “Operativo Indepen-
dencia” en el que de las 271 víctimas 113 eran obreros-, también han
sobrevivido documentos que dan cuenta de esa historia.9
El presente artículo se encuentra organizado en tres apartados.
En el primero analizamos las causas de la conflictividad social presen-
tes en la provincia de Tucumán de mediados de los ’60 junto al proce-
8 Algunos de los archivos nacionales consultados: Archivo Nacional de la Memoria;
Archivo General de la Nación – Departamento de Archivo Intermedio; Archivo Di
Tella, Universidad Torcuato Di Tella; Biblioteca de la CGT; Biblioteca del Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Biblioteca del Centro de Estudios
e Investigaciones Laborales CONICET; Biblioteca y hemeroteca del Congreso Na-
cional; Biblioteca y hemeroteca Nacional; Ministerio de Trabajo; Ministerio Público
Fiscal; Archivo DIPBA; Archivo CISEA-CESPA (FCE-UBA); Ministerio de Defensa;
Fondo CELS; Fondo FLACSO; CeDInCI; Memoria Abierta. En el ámbito de la provin-
cia de Tucumán se consultó: Archivo diario La Gaceta; Biblioteca del Museo Casa
Histórica de la Independencia; Biblioteca de Ministerio de Trabajo; Biblioteca de
la Estación Experimental, Obispo Colombres, Famaillá; Legislatura de la provincia
de Tucumán; Archivo de organizaciones vinculadas a la actividad agro-industrial
azucarera (UCIT- CACTU-CAA, CAR); Archivo de Dirección de Personas Jurídicas
de Tucumán; Archivo Testimonial sobre el Operativo Independencia y la dictadura
militar en Famaillá, Tucumán (1975-1983); Archivo Histórico de la FOTIA “Hilda
Guerrero de Molina”; Comisión Bicameral de Tucumán; y la Delegación Regional
Tucumán del Ministerio de Trabajo de la Nación; entre otros.
9 El 18 de septiembre de 2017 se inauguró el archivo histórico de la Federación Obrera
Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) bautizado “Hilda Guerrero de Molina”
en homenaje a aquella mujer asesinada por la dictadura de la “Revolución Argenti-
na” el 12 de enero de 1967, precisamente cuando el movimiento obrero tucumano se
manifestaba en contra de la política de cierre de ingenios azucareros. Los documen-
tos de la FOTIA fueron hallados en la sede sindical por uno de los empleados admi-
nistrativos más antiguos de la Federación. La tarea de recuperación y ordenamiento
fue realizada en conjunto por la FOTIA y por un equipo perteneciente al Instituto de
Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Tucumán, del que formo parte en tareas de dirección
y coordinación.
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so de organización obrera, mencionando especialmente el papel de los
sindicatos de los ingenios Concepción y La Fronterita. En el segundo
sintetizamos los hallazgos más significativos que muestran la respon-
sabilidad empresarial de los mencionados ingenios en crímenes come-
tidos contra trabajadores, indicando la articulación eficaz entre estos
sectores con las Fuerzas Armadas. En el tercero, señalamos el lugar que
ocupó Tucumán en la “teoría de los dos demonios” a la vez que adver-
timos su no correspondencia con los hechos sucedidos en la provincia.
Conictividad obrera en la provincia de Tucumán:
del cierre de ingenios de Onganía a la última dictadura
A escala nacional, en la base del golpe de Estado de Juan Carlos
Onganía que depuso al presidente radical Arturo Illia, se ponía de ma-
nifiesto la necesidad de los sectores dominantes de dar salida a la crisis
abierta tras el derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Durante el
peronismo se había ido intensificando la contradicción entre el relativo
desarrollo de las fuerzas productivas del país y la estructura dependiente
y latifundista, que condicionaba y mutilaba ese desarrollo. Desde la ins-
tauración de la autodenominada “Revolución Libertadora”, la Argentina
se debatía entre breves interregnos democráticos muy condicionados y
períodos dictatoriales que no podían consolidarse por la existencia de
ese desarrollo social que colisionaba con las políticas impuestas a partir
de 1955, que buscaban revertir las reformas nacionalistas y las medidas
a favor de las clases populares operadas en el período anterior.
Como parte de la política “racionalizadora”, la “Revolución Argen-
tina” buscaba reforzar la explotación obrera, principalmente a través de
la intensificación de los ritmos de producción en el marco de un proceso
que se presentaba como de desarrollo capitalista y de crecimiento de la
industria pero que implicaba también la concentración monopolista, so-
bre todo a favor del capital extranjero en desmedro de importantes capas
del empresariado nacional. No obstante, estos planes se desarrollaron
en contradicción de las conquistas adquiridas por el movimiento obrero
y chocaban con el alto grado de desarrollo de las organizaciones sindi-
cales, como la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
(FOTIA) en Tucumán. Ello resultaba un obstáculo para la aplicación de
estas políticas, produciéndose un proceso de radicalización política en
contra de la dictadura. En este desarrollo se fueron generalizando las
protestas a lo largo del país.
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 63
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Este aumento de la conflictividad social fue intenso en Tucumán
pues desde 1965 se encontraba sumergida en una crisis económica, so-
cial y política de proporciones, debido al contraste entre una cosecha
exitosa y las limitaciones para la venta.10 El gobierno de Illia no pro-
porcionó soluciones a la pronunciada crisis provincial. El malestar so-
cial en Tucumán aumentaba al tiempo que se incrementaban las luchas
obreras con la ocupación de ingenios. A la vez que desde los medios de
comunicación se difundía el rumor de una intervención federal, distin-
tos sectores del establishment político y militar promovían el golpe de
Estado, para lo cual alegaban -entre otras cuestiones- la existencia de
una “explosiva” situación en Tucumán. Así, la utilización del caso tucu-
mano como justificación del accionar represivo del Estado argentino no
fue una innovación de los años ’70.
Al finalizar la dictadura en 1973, los resultados de la política de
“racionalización” económica fueron el cierre de 11 de los 27 ingenios
azucareros existentes en Tucumán, la eliminación de más de 50.000
puestos de trabajo, la emigración de la provincia de más de 200.000
personas y la profundización del proceso de concentración monopolis-
ta de la industria azucarera, desfavoreciendo también a un sector de
los industriales tucumanos. Esta salida regresiva tuvo como principales
víctimas a la clase obrera, los pequeños y medianos productores cañe-
ros y el conjunto de los sectores populares.
En el caso tucumano las políticas de cierre de ingenios por Onga-
nía agudizaron los conflictos sociales y generaron un desarrollo de las
movilizaciones obreras, con un fuerte apoyo del movimiento estudiantil,
que fueron creando condiciones sociales y políticas y anticiparon rasgos
del auge de lucha que se abrió a escala nacional con el Cordobazo, que
también tuvo su correlato en Tucumán. La modalidad de estos levanta-
mientos populares se manifestó en la provincia de manera embrionaria
en enero de 1967 con el asesinato de Hilda Guerrero de Molina, que de-
rivó en una “pueblada” en la localidad donde está emplazado el ingenio
Bella Vista. Luego, en abril de 1969 con la “pueblada” en Villa Quinteros,
localidad en el que funcionaba el ex ingenio San Ramón. Y posteriormen-
te, se profundizó en los levantamientos populares llamados “Tucumana-
zos” de noviembre de 1970 y junio de 1972, en un movimiento general de
carácter simultáneo y en interacción recíproca con el proceso nacional.
De estas manifestaciones participaron los sindicatos de los in-
genios La Fronterita y Concepción, ambos miembros integrantes de la
FOTIA desde su fundación en junio de 1944. Tanto uno como el otro
10 Sobre la crisis azucarera de 1965 y sus consecuencias sociales ver Nassif (2015a).
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representaban en su seno a trabajadores del surco y de fábrica, y aunque
ninguno de estos ingenios sufrió la intervención militar ni la clausura
durante la dictadura de la “Revolución Argentina”, sus trabajadores pro-
tagonizaron diferentes conflictos vinculados al retraso en los cobros de
sus salarios y en la disminución de puestos de trabajo. En ese sentido
la conducción del sindicato del ingenio La Fronterita advertía que la
reducción de la zafra disminuía el tiempo de labor a 50 días, afectando
principalmente a los obreros temporarios, a la vez que los salarios de los
trabajadores se reducían también a la mitad.
Resulta que el proceso de eliminación de puestos de trabajo no
sólo ocurrió en los ingenios cerrados sino también en los establecimien-
tos que continuaron moliendo. Sólo en los primeros dos años de la dicta-
dura, hubo en ellos una disminución de un 25% de la mano de obra. Sin
embargo, la producción de azúcar en estos ingenios aumentó, siendo
el ingenio Concepción el que más aumentó su producción, con un in-
cremento en la zafra de 1973 del 115,8% respecto a la de 1965. Por su
parte, el ingenio La Fronterita también creció en un 89,0%. Asimismo,
al aumentar la producción en los ingenios que no fueron afectados por
el cierre, tras ser despedido uno de cada cuatro obreros que habían
trabajado en 1966, queda a las claras que ese proceso implicó necesa-
riamente el aumento de la productividad del trabajo sobre la base de
una mayor explotación de los obreros. Este proceso de eliminación de
mano de obra ocurrió con mayor intensidad entre los obreros del surco.
En ambos sindicatos convivían diferentes corrientes políticas,
aunque había una preponderancia del peronismo al igual que en la FO-
TIA. En el caso del gremio del ingenio Concepción, no obstante la fuer-
za del peronismo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
tuvo una significativa influencia a través de la figura de Miguel Soria,
quien fue secretario general del sindicato del ingenio en 1966 y secre-
tario de actas de la FOTIA. Sin embargo, ello duró poco tiempo pues
a fines de 1966, Soria perdió la dirección del gremio y al poco tiempo,
en marzo de 1967, la empresa aprovechó esa situación para despedirlo.
Precisamente, en aquel momento “la patronal había repartido allí una
circular amenazando con suspensiones a los obreros que se parasen a
conversar con él”. Ello fue denunciado por los sindicatos de los ingenios
La Fronterita y del San Juan, señalando que su cesantía era “un atenta-
do contra la central azucarera” y que era parte de la política empresa-
rial de represalias contra el sindicato.11 Tiempo después, días antes del
11 Respecto a la conflictividad en los sindicatos de La Fronterita y Concepción ver:
Nassif (2016).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 65
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golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Miguel Soria sería secuestra-
do, encontrándose desaparecido hasta nuestros días.
En la Argentina, los altos niveles de conflictividad social hicieron
imposible la continuidad de la dictadura y en noviembre de 1972, luego
de 17 años de exilio regresaba al país Juan Domingo Perón. Ni bien
éste llegó se evidenció una intensa disputa por la hegemonía dentro del
gobierno. En septiembre de 1973, luego del breve gobierno de Héctor
Cámpora, la fórmula Perón - María Estela “Isabel” Martínez de Perón
ganó la presidencia. En el plano económico se sostuvo el “Pacto Social”,
acordado entre el gobierno peronista, la Confederación General Econó-
mica y la Confederación General del Trabajo.
Con el fin de la dictadura de la “Revolución Argentina” y la lle-
gada del tercer gobierno peronista, el proceso de auge de lucha en Tu-
cumán no se detuvo, sino que se prolongó incluyendo nuevas formas
a través de las que el movimiento obrero buscó recuperar el terreno
perdido en materia de conquistas sociales. Fue un momento de agudi-
zación de la conflictividad y enfrentamiento de clases sociales: entre los
obreros de fábrica y de surco en defensa de sus fuentes de trabajo y por
mejores condiciones salariales y laborales con las patronales azucareras
que intentaban obtener mayores ganancias a través de bajos salarios
y la aplicación de nuevas innovaciones tecnológicas que implicaba la
eliminación de mano de obra; también entre los obreros de surco con
los productores cañeros por aumentos de salario, y entre los pequeños
y medianos productores cañeros y los industriales por el precio de la
materia prima.
Tanto en la FOTIA como en la mayoría de los sindicatos de base
la lucha interna por la dirección de los sindicatos se intensificó. De este
complejo proceso formaron parte los sindicatos de La Fronterita y Con-
cepción. En este último, dirigido desde la cesantía de Soria por un sec-
tor más proclive a la negociación con la empresa, se fue conformando
un frente dirigido por distintas fuerzas del peronismo con tomas del
sindicato y la paralización de la molienda a principios de julio de 1973.
Así fue que un frente heterogéneo de sectores combativos recuperó el
gremio. También la agudización de la lucha sindical sucedió en el gre-
mio del ingenio La Fronterita. La recuperación del sindicato en una
dirección más combativa les permitió a los obreros continuar luchando
por sus reivindicaciones, muchas veces en abierto enfrentamiento con
la empresa azucarera, como sucedió en febrero de 1974 cuando fueron
despedidos 150 obreros.
66 Silvia Nassif
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Tras la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, y bajo la débil
presidencia de Martínez de Perón, se exacerbaron las divisiones en el
seno del movimiento peronista a la vez que aumentó la política repre-
siva estatal y paraestatal junto al accionar de organizaciones armadas.
El Pacto Social era cada vez más cuestionado por sectores obreros que
veían disminuir el poder adquisitivo de sus salarios frente al aumento
del costo de vida. En este complejo contexto se desarrolló la huelga azu-
carera de septiembre de 1974.12
Los obreros tucumanos todavía soportaban las consecuencias
de la crisis del cierre de los ingenios, mientras que el proceso de eli-
minación de mano de obra continuaba junto a bajos salarios y malas
condiciones de trabajo en los establecimientos laborales, situación que
se agravaba aún más en los obreros del surco. Frente a ello, en plena
cosecha, los trabajadores paralizaron por más de dos semanas los tra-
piches y suspendieron el envío de caña, ocasionando pérdidas signifi-
cativas a las patronales. La FOTIA exigía la reapertura de los ingenios
cerrados; rechazaba la mecanización integral de la zafra hasta que no
se garantizara la creación de nuevos puestos de trabajo, y peleaba por
la defensa de la Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA), entre
otros reclamos.
En la huelga azucarera de septiembre de 1974, tuvo un destacado
papel el sindicato del ingenio La Fronterita, siendo una de las reivindi-
caciones reclamadas por los obreros la estabilidad laboral, exigiendo la
ocupación de un hombre y medio cada 1.000 surcos de caña. También
fue destacada la participación el cuerpo de delegados del Ingenio Con-
cepción, una organización de importancia para los trabajadores tanto
en la concreción de los planes de luchas como en el reclamo cotidiano
por las mejoras de las condiciones de trabajo. En ese sentido, un ex
obrero del Ingenio Concepción jerarquiza este organismo como instan-
cia organizativa de los trabajadores: “nosotros teníamos un cuerpo de
delegados que nunca más existió (…) y tampoco existía antes (…) cuan-
do nosotros nos hacemos cargos conformamos un cuerpo de delegados
Seccionales”. Refiere que se elegía un delegado y un sub-delegado por
sección y por colonia. El delegado tenía mensualmente reuniones en las
que se establecían los lineamientos políticos que seguiría la conducción
del gremio. El cuerpo de delegados tomaba las decisiones y las transcri-
bían en un acta, que luego era elevada a la comisión directiva a través
del presidente del cuerpo de delegados. También indica que, en aquel
12 Sobre la huelga azucarera de 1974 nos apoyamos en los trabajos de Taire (2008) y
Nassif (2018).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 67
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momento, en época de zafra, llegaban a emplearse 11.000 trabajadores,
entre obreros de fábrica y de surco, muchos de ellos no registrados.13
Precisamente aquella organización fue la que la dirección empre-
sarial azucarera se propuso erradicar de cuajo. Así, con el terrorismo de
Estado comenzará otra etapa en la historia del sindicato de obreros de
fábrica y de surco del Ingenio Concepción en la que, al igual que el resto
de las organizaciones sindicales azucareras, sus dirigentes sindicales
más representativos junto a obreros de base sufrieron el hostigamiento
de las fuerzas represivas. Como se menciona más adelante, el empresa-
riado azucarero estuvo estrechamente vinculado a ello.
Luego de febrero de 1975, la provincia de Tucumán sufrió una
nueva intervención militar con el denominado “Operativo Independen-
cia” (OI), a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°261/75 que
permitió el despliegue del Ejército en la provincia, siendo un anticipo de
lo que luego se prolongaría y se profundizaría a escala nacional.14 Duran-
te el OI, primero bajo la conducción del general Adel Vilas y luego por
Antonio Domingo Bussi, el movimiento obrero tucumano sufrió la deten-
ción, el secuestro y la desaparición de trabajadores además del control
extremo en sus lugares de trabajo. Implicó la ocupación de las Fuerzas
Armadas del espacio público y limitó drásticamente el accionar del mo-
vimiento obrero por sus reivindicaciones sociales y en el plano político.
La utilización del Ejército para la represión interna allanó el camino del
golpe de Estado, tanto en el terreno represivo como en el plano político
más general. Aun así, para que el terrorismo de Estado tomara escala na-
cional bajo un control centralizado de las Fuerzas Armadas fue necesario
derrocar al gobierno peronista a través de un nuevo golpe de Estado.
El 24 de marzo de 1976 la FOTIA se encontraba realizando un
paro de 36 horas en repudio al asesinato -aún no esclarecido- del secre-
tario general de la Federación, Atilio Santillán, ocurrido dos días antes.
El mismo día del golpe de Estado, Antonio Domingo Bussi, a través del
uso de las fuerzas represivas, suspendió y prohibió el paro e intervino la
Federación de los azucareros, la CGT Regional y la Universidad Nacio-
nal de Tucumán. La represión dictatorial se concentró en el movimiento
13 Testimonio citado en Responsabilidad Empresarial (2015: 48)
14 El OI fue el precedente del posterior decreto de Ítalo Luder, presidente del Senado
a cargo por licencia de Isabel, en octubre de 1975. El mismo permitiría el desplie-
gue de las Fuerzas Armadas en el escenario nacional y la ocupación de los espacios
públicos, prólogo del golpe de 1976. Artese y Roffinelli (2012: 311) indican que en
Tucumán “…la estrategia armada de disciplinamiento social produjo la mayor pro-
porción de muertos y desaparecidos, previos al inicio de la dictadura militar (37%
del total).”
68 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
obrero y en los sectores populares combativos. No fue casual entonces
que la geografía represiva siguiera los pasos de lo que anteriormente
había sido el reguero de luchas. Los puntos represivos bordearon los dos
núcleos principales en donde se establecía la agro-industria azucarera:
un punto concentrado en la zona del noreste y el otro en la zona exten-
dida a la vera de la ruta nacional 38, desde la capital hacia el suroeste
de la provincia. De esta manera, el circuito represivo coincidió exacta-
mente con los núcleos obreros más importante en Tucumán como anali-
zaremos en el próximo apartado a partir de los casos de los ingenios La
Fronterita y Concepción.
Responsabilidad empresarial15
A lo largo del ya mencionado Informe de Responsabilidad Empre-
sarial se han señalado distintas evidencias, un patrón común que hemos
llamado prácticas empresariales represivas, junto a una estrategia co-
mún con las Fuerzas Armadas de disciplinamiento de la mano de obra
vinculada al terrorismo estatal. En este apartado haremos mención a
las prácticas represivas más significativas en el caso de los ingenios tu-
cumanos La Fronterita y Concepción, vinculándolos con algunas de las
prácticas registradas en otras empresas a escala nacional, tales como:
cesión de parte de la propiedad privada a las Fuerzas Armadas para
que sea utilizado como CCD; pedidos de detención de trabajadores por
parte de directivos; uso de vehículos de ambos ingenios en operati-
vos de secuestros; suministro de personal de las dos empresas para la
realización de señalamientos de obreros que debían ser secuestrados;
secuestros de trabajadores en los establecimientos laborales; estrechos
vínculos personales e institucionales entre la familia Paz y los milita-
res; y, finalmente, los enormes beneficios económicos que adquirieron
ambas empresas.16
La cantidad de víctimas obreras de los ingenios La Fronterita y
Concepción es todavía de carácter provisorio por varios motivos. En
primer lugar, por el contexto de ilegalidad en el que ocurrieron los he-
chos, en el que los ejecutores del terrorismo de Estado intentaron dejar
15 En este apartado nos remitiremos a los casos de los ingenios Concepción y La Fron-
terita, 2 de los 25 casos que hemos analizado en el ya mencionado informe de Res-
ponsabilidad Empresarial (2015).
16 Se trata de estudios preliminares, sujetos a posibles modificaciones e incorporacio-
nes, como se señala en el informe de Responsabilidad Empresarial (2015).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 69
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
la menor cantidad de evidencias de lo sucedido. Otra de las razones está
ligada a las irregulares condiciones de contratación de los trabajadores
por parte de los empresarios. Una cantidad significativa de los obreros
azucareros, en especial aquellos que realizaban labores en el campo,
aunque trabajaban para los ingenios a veces no tenían una relación la-
boral formal con la empresa –desligándose ésta de pagar los costos de
las cargas sociales-; o también muchos trabajaban de forma temporaria
por lo que resulta dificultoso encontrar registros que acrediten el víncu-
lo laboral. Además, los obreros del surco, sobre todo en el período de la
cosecha, eran ayudados por su grupo familiar aunque el único que reci-
bía el salario era el “jefe de familia”. Muchas veces las mujeres junto a
sus hijos pelaban la caña de azúcar en el momento de la cosecha y eran
ellas también quienes proveían el alimento diario –desde la elaboración
de la comida hasta su traslado al lugar de trabajo-, imprescindible para
que el trabajo productivo se llevara adelante.
Asimismo no todas las víctimas o sus familiares han tenido la po-
sibilidad de realizar la denuncia correspondiente. Por un lado, quizás
debido a un desconocimiento de sus derechos al tratarse de poblaciones
que aún hoy siguen viviendo en condiciones de precariedad. Así, aunque
hacia 1970 no cabe duda de que entre asalariados y empresarios se enta-
blaba una relación de producción capitalista, estas incluían dimensiones
de dominación y paternalismo. Ello era particularmente cierto en el in-
genio Concepción, quienes continuaron siendo los dueños hasta 2004.17
Por otro lado, y vinculado a lo anterior, otros tantos no realizaron las
denuncias por temor a sufrir represalias, ya que aunque han pasado
más de treinta años de la instauración del régimen democrático, toda-
vía existen serios indicios de que una parte del Estado sigue respondien-
do a intereses ligados a los represores. Ello cobra mayor magnitud en
una provincia como Tucumán en donde el ex comandante del Operativo
Independencia y luego interventor de la provincia durante la última
dictadura Antonio Domingo Bussi fuera elegido gobernador en los años
’90 a través de elecciones.
17 La familia Paz continúa ejerciendo una influencia preponderante en la zona. Como
advierte Savino (2015: 48) en su reciente estudio sobre las representaciones que tie-
nen los obreros del ingenio Concepción sobre los Paz. Savino remarca que fueron los
Paz quienes fundaron las instituciones educativas, recreativas, religiosas y asisten-
ciales de esa localidad. Así: “Todas las áreas de la vida cotidiana [eran] controladas
de una manera u otra por la familia Paz...”. También Savino afirma: “El ingenio de
‘los Paz’ tenía una relación tan directa con las instituciones de la ciudad de la Banda
del Río Salí que a sus pobladores les resultaba difícil visualizar donde empezaba el
ingenio y hasta donde llegaba. En sus historias de vida el ingenio era todo.”
70 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Cuadro N°1 Víctimas obreras del ingenio La Fronterita
Período Detenidos-
Liberados Detenidos-
Desaparecidos Asesinados TOTAL
1.a Previo al OI 1 1
1.b OI con Vilas 6 1 7
1.c OI con Bussi 1 1
2.a Dictadura con
Antonio D. Bussi 58114
2.b Dictadura con
Montiel Forzano
Detenidos antes y
durante la dictadura 2 2
Sin fecha
TOTAL 14 9 2 25
Fuente: elaboración propia en base al Informa de Responsabilidad Empresarial (2015).
Cuadro N°2 Víctimas obreras del ingenio Concepción
Período Detenidos-
Liberados Detenidos-
Desaparecidos Asesinados TOTAL
1.a Previo al OI
1.b OI con Vilas
1.c OI con Bussi 3 2 5
2.a Dictadura con
Antonio D. Bussi 9 9
2.b Dictadura con
Montiel Forzano 10 10
Detenidos antes y
durante la dictadura
Sin fecha 2 2
TOTAL 321 226
Fuente: elaboración propia en base al Informa de Responsabilidad Empresarial (2015).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 71
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Cuadro N°3 Víctimas obreras totales de los ingenios La Fronterita y
Concepción
Período Detenidos-
Liberados Detenidos-
Desaparecidos Asesinados TOTAL
1.a Previo al OI 1 1
1.b OI con Vilas 6 1 7
1.c OI con Bussi 4 2 6
2.a Dictadura con
Antonio D. Bussi 517 1 23
2.b Dictadura con
Montiel Forzano 10 10
Detenidos antes y
durante la dictadura 2 2
Sin fecha 2 2
TOTAL 17 30 451
Fuente: elaboración propia en base al Informa de Responsabilidad Empresarial (2015).
Al momento de la publicación del Informe de Responsabilidad Em-
presarial en 2015, del conjunto de las 25 empresas analizadas se identifi-
caron casi 900 trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Esta-
do. La cantidad de víctimas correspondientes de los ingenios tucumanos
de La Fronterita y Concepción fue de 51 personas. De ellas 17 víctimas
fueron detenidas y posteriormente liberadas (33%), 30 fueron detenidas
y desaparecidas (59%), mientras que 4 fueron asesinadas (8%).18
En relación a los períodos en los que sucedieron estos hechos se
podrían distinguir dos grandes etapas, exceptuando en el análisis a dos
de las víctimas de las que no contamos con fechas exactas de sus ase-
sinatos y a otras dos que fueron detenidas en más de una oportunidad,
antes y después de la dictadura.19 La primera, previa al último golpe de
18 A partir de documentos de la FOTIA incorporamos a la lista de víctimas del ingenio
Concepción a Marcos Justo Sierra, quien fue parte de la lista que triunfó en las elec-
ciones del sindicato en septiembre de 1975 encabezada por César Bustos, ocupando
el cargo de primer delegado a FOTIA. Ver: Ministerio de Trabajo (1975). Marcos
Justos Sierra fue secuestrado el 7 de julio de 1976 y tiempo después fue liberado.
19 Estas dos grandes etapas coinciden a nivel nacional con las señaladas por el Informe
de Responsabilidad Empresarial (2015b: 407-408): “El ciclo represivo sufrido por
estos trabajadores tuvo una primera etapa de desarrollo entre 1974 y el 24 de marzo
de 1976 (…) Una segunda etapa represiva, en la que se verificó un salto innegable,
72 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Estado hasta el 24 de marzo de 1976, con 14 víctimas; con tres subdi-
visiones: a. previo al “Operativo Independencia” (OI) –el 13 de octubre
de 1974- 1 víctima; b. Con el OI bajo la conducción de Adel Vilas (entre
el 8 de febrero y el 18 de diciembre de 1975), 7 víctimas; y c. Con el OI
bajo la comandancia de Antonio Domingo Bussi (desde el 18 de diciem-
bre de 1975 y el 24 de marzo de 1976), 6 víctimas. La segunda etapa,
después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con un total de
33 víctimas; subdividida en dos etapas: a. bajo la intervención de Bussi
(entre el 24 de marzo 1976 y el 5 de diciembre de 1977), 23 víctimas; y
b. durante la intervención de Montiel Forzano (entre el 5 de diciembre
de 1977 y el 10 de diciembre de 1978), 10 víctimas (Ver Cuadro N°3).
En relación a las dos grandes etapas señaladas se podría concluir
que la mayor cantidad de víctimas se registraron después del golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976, aproximadamente en un 65%, y esto
incluye una mayor cantidad de desaparecidos. Del total de víctimas, un
33% ocurrió durante el OI y de ellas un 26% resultó desaparecida. Eso
nos estaría mostrando que de tres trabajadores uno fue secuestrado an-
tes del golpe de Estado y dos posterior al 24 de marzo de 1976. De esa
manera se podría afirmar que el OI significó un verdadero laboratorio
de exterminio, multiplicación del terror, y ofensiva contra la clase tra-
bajadora, dando un salto con la instalación de la dictadura.
Cabe llamar la atención en que existe una clara diferenciación
entre los ciclos represivos de ambos ingenios estrechamente vinculada
a que La Fronterita estuvo en el epicentro del OI en el departamento de
Famaillá.20 Así la primera víctima de esta empresa se registra el 13 de
junio de 1974 y la última el 20 de septiembre de 1976, distinto al ciclo
del ingenio Concepción en donde la primera víctima fue apresada el 7
de enero de 1976 y las últimas fueron secuestradas el 10 de marzo de
1978 (Ver Cuadros N°1 y 2).
Otro aspecto a destacar es la procedencia sindical de las vícti-
mas: en el ingenio La Fronterita al menos 12 de las 25 víctimas estu-
tanto en términos cualitativos como en intensidad, se desplegó desde el 24 de marzo
de 1976 hasta 1979…”.
20 En la zona de Famaillá, en cuanto a los CCD, hacia el sudeste se encontraba el del
Ingenio La Fronterita, a poco más de 7 km se encontraba el del ex Ingenio Santa Lu-
cía; y hacia el sudoeste, casi a 10 km, estaba el del ex Ingenio Nueva Baviera —utili-
zado posteriormente—. Asimismo, distintos testimonios señalan que construcciones
edilicias de la Citrícola San Miguel, situadas en Monte Grande-Famaillá, a escasos
kilómetros del Ingenio La Fronterita, fueron utilizadas como lugares de detención y
de tortura. Por otra parte, durante el actual juicio del OI, distintos testigos señalaron
a otras empresas como Norwinco y la Finca Lules, entre otras más.
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 73
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
vieron vinculadas a la Comisión Directiva y/o al Cuerpo de Delegados;
en tanto que en el ingenio Concepción al menos 12 de las 26. Ello nos
arrojan una conclusión significativa para nuestro análisis ya que los
datos muestran que aproximadamente la mitad del total de las víctimas
obreras de estos dos ingenios habían tenido una activa participación
sindical.
En ambos casos fueron secuestradas la plana mayor de las Co-
misiones Directivas –secretarios generales y adjuntos, junto a otros
integrantes del gremio-, lo que nos muestra a las clara la política de
descabezamiento de los sindicatos. Precisamente estos gremios habían
cumplido un rol activo en el contexto de la huelga azucarera de sep-
tiembre de 1974 en la organización de las protestas, destacándose por
los altos niveles de combatividad y de masividad de las acciones de
lucha que llevaron a cabo.
No obstante, como arrojan nuevas investigaciones en curso, el
descabezamiento de los sindicatos a través de la represión no fue una
excepcionalidad de La Fronterita y Concepción sino que fue un hecho
constante en la mayoría de los sindicatos de base.
En los testimonios de muchos de los familiares se vincularon los
secuestros a la actividad gremial de las víctimas, señalando además
que los captores buscaban en sus casas información sobre el sindicato.
Asimismo, cuando las víctimas eran secuestradas, en la tortura se les
preguntaba explícitamente por las personas que participaban de la ac-
tividad sindical. En ese sentido, Rosendo Adrián Gramajo, tesorero del
sindicato de Las Banderitas, señaló que cuando fue secuestrado el 12 de
julio de 1975 y trasladado al CCD que funcionaba en la Escuela General
Lavalle de Famaillá, le impusieron múltiples tormentos con el propósito
de que les diera nombres de quienes integraban el sindicato de obreros
del surco. Mientras que a su hermano, Justo Pastor Gramajo personal
del Ejército irrumpió violentamente en la vivienda, produciendo des-
trozos en la casa y amenazándolo para que confesara en donde estaban
unas supuestas armas y la documentación perteneciente al sindicato del
que era parte su hermano.21
El hecho de que aproximadamente la mitad de las víctimas obre-
ras de estos dos ingenios hayan tenido un destacado rol sindical debe
21 Testimonio citado en Responsabilidad Empresarial, (2015a: 86). Cabe tener presente
que el Sindicato de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuarios de
Las Banderitas, surgido como producto de una escisión de la FOTIA en 1967, actua-
ba en la zona de Famaillá por lo que se infiere que algunas de las víctimas de este
gremio habrían trabajado para La Fronterita.
74 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
analizarse junto a una serie de evidencias que señalan la responsabi-
lidad que les cupo a las empresas de Minetti y de la familia Paz en la
comisión de estos crímenes de lesa humanidad.
En el propio establecimiento laboral de La Fronterita ocurrió el
hecho más extremo de militarización del territorio, cuando la empresa
cedió parte de su propiedad privada a las Fuerzas Armadas, quienes lo
utilizaron como Centro Clandestino de Detención en donde se produje-
ron violaciones a los derechos humanos. Cabe tener presente que ello
no ocurrió sólo en La Fronterita sino que a nivel nacional también su-
cedió en otros establecimientos laborales como Acindar en la provincia
de Santa Fe, la empresa automotriz Ford en Buenos Aires, Astillero Río
Santiago en Ensenada y la empresa de transporte La Veloz del Norte en
la provincia de Salta.22
Asimismo la firma propietaria no realizó ninguna denuncia so-
bre el secuestro y tortura de los trabajadores de la empresa. Ello quedó
demostrado en el hecho de que no se registra manifestación alguna de
protesta o denuncia del uso de las instalaciones militares en su pro-
piedad privada, no sólo mientras esos hechos ocurrían sino tampoco
en el período democrático posterior. Inclusive existen pruebas de que
en el caso de La Fronterita, la empresa sabía en ese mismo momento
lo que allí estaba sucediendo. Así lo puso de manifiesto uno de los ex
trabajadores del ingenio que tenía una participación en el sindicato,
Armando Marino Ocaranza, quien denunció que había sido torturado
en el predio de la empresa. Además señaló que los militares les habían
transmitido a los prisioneros que a todas las víctimas que no se les com-
probase su participación en actividades “subversivas” la empresa debía
abonarles sus salarios mientras durase su cautiverio. Tiempo después,
cuando Ocaranza fue liberado, debido a las heridas de la tortura no
pudo presentarse a trabajar por lo que la empresa le envió un médico
para comprobar si realmente estaba enfermo. Allí Ocaranza le relató
al médico del ingenio lo sucedido y éste fue durante varias semanas
diariamente a curarlo.23
Cabe resaltar que los altos grados de militarización en la zona
de La Fronterita en Famaillá generaron cambios de proporciones en la
vida cotidiana de toda la población circundante, en la que los habitan-
tes tenían horarios hasta para ir al baño –en muchas de las viviendas
22 Resulta significativo recordar que el primer ministro de Economía de la dictadura,
José Alfredo Martínez de Hoz, había sido el presidente del directorio de Acindar
hasta 1976.
23 Testimonio citado en Responsabilidad empresarial (2015a: 98).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 75
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
las instalaciones sanitarias se encontraban afuera del núcleo principal-
evitando su uso cuando anochecía. Como describieron distintos sobre-
vivientes, la noche exacerbaba la impunidad y las fuerzas represivas
aprovechaban la oscuridad para rodear de pólvora las casas y diseminar
panfletos que luego eran utilizados como elemento probatorio para se-
cuestrar a los pobladores. Ello fue señalado por Sofía Alicia Monasterio,
pobladora de la colonia N°3 de La Fronterita, cuyo padre fue secues-
trado al regresar de su trabajo: “…los militares usaban la excusa de la
guerrilla para sembrar terror y robarle a la gente.”24
En particular, los obreros de La Fronterita tenían que llevar obli-
gatoriamente un carnet expedido por los militares en el ingenio. Mu-
chos de los trabajadores eran detenidos antes de ingresar al ingenio. De
ese modo la visibilidad de la presencia militar en La Fronterita, favore-
cía los efectos multiplicadores del terror.
De las víctimas del ingenio Concepción el 50% fueron secuestra-
das adentro del establecimiento laboral de la empresa, en las “colonias”
sin que la Compañía Azucarera denunciara estos hechos. Las colonias
habían sido creadas para explotar las tierras de propiedad de las em-
presas azucareras, que constituían verdaderas unidades de producción.
En ellas vivían y trabajaban los obreros del ingenio que realizaban las
tareas agrícolas. Las viviendas que allí se establecían eran de propiedad
del ingenio, otorgadas en tenencia precaria a sus trabajadores. De esa
manera no resulta un dato menor que todos los obreros que fueron se-
cuestrados de los domicilios de las colonias, en especial de la Colonia
Nº5 de Luisiana, en realidad habían sido sacados de la propiedad del
ingenio Concepción, tenencia que además quedó registrada en el propio
Estatuto del año 1978 de la Compañía Azucarera Concepción Sociedad
Anónima.25
La práctica empresarial represiva de secuestros de trabajadores
en el interior de los establecimientos laborales fue una de las más recu-
rrentes, y se registraron en 22 de las 25 empresas analizadas en el In-
forme de Responsabilidad Empresarial. Además del caso de las colonias
del Concepción también se secuestraron a trabajadores del interior de
las colonias del ingenio La Fronterita y en la puerta de la fábrica.
Hasta los propios gremios obreros fueron utilizados como Cen-
tros Clandestinos de Detención, como el edificio del sindicato del inge-
nio Concepción después del golpe de Estado del ’76. También usaron sus
camionetas como medios móviles para la represión.
24 Testimonio citado en Responsabilidad empresarial, (2015a: 83).
25 Estatuto de la Compañía Azucarera Concepción, 1978.
76 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Posteriores testimonios judiciales señalaron que allí había un gal-
pón donde se veían “entrar vehículos del Ejército y soldados”, mientras
que “en las oficinas del sindicato habían montado sus propias oficinas
gente del Ejército”. Susana Ledesma, cuyo esposo Roque Humberto Pa-
lacio fue secuestrado en enero de 1976 y se encuentra desaparecido
hasta la actualidad, declaró que el 27 de marzo de 1976 fueron a su
domicilio unos sujetos vestidos de civil y se la llevaron junto a su hija
al sindicato del Ingenio Concepción. Según Ledesma: “En ese tiempo el
sindicato había sido intervenido por las fuerzas militares. En el sindi-
cato (…) recuerda que había otras personas detenidas de ambos sexos.
(…) Permaneció en el sindicato alrededor de quince días y en ese lapso
de tiempo le hacían interrogatorios sobre las actividades y participación
gremial de su esposo…”. Días después las liberaron pero su esposo nun-
ca regresó y a raíz de lo sucedido su hija se enfermó. Por su parte, Raúl
Dorao, poblador de la Banda del Río Salí, también señala que estuvo
secuestrado por el lapso de entre 30 a 40 días en la base militar que
funcionaba en el sindicato del ingenio. Asimismo, Dorao indica que allí
“escuchaba que circulaba la gente y que torturaban a otras personas”.26
No es casual que las fuerzas represivas hayan elegido el sindicato
de los obreros del ingenio Concepción como uno de los centros para la
represión. Lo que antes era un lugar para la coordinación de las protes-
tas, ahora era utilizado como un ámbito de represión y disciplinamiento
contra los trabajadores. Todo un símbolo que deja claro contra quienes
fue dirigida la represión dictatorial y en beneficio de quién: la empresa
Concepción. El sindicato del ingenio Concepción fue uno de los más
combativos durante la etapa previa a la última dictadura y contaba con
una gran participación de los trabajadores. Así, en la última elección se
presentaron cuatro listas y participaron de los comicios 5.356 obreros,
resultando electa la encabezada por el secretario gremial de la FOTIA,
Leopoldo César Bustos, precisamente quien será el primer trabajador
secuestrado del ingenio Concepción, y por el secretario adjunto Manuel
Zoilo Reyes que había trabajado como pelador de caña y antes de su
militancia sindical no sabía leer ni escribir y fue precisamente en una de
las escuelas para adultos del sindicato que se alfabetizó.
Zoilo Reyes fue uno de los trabajadores secuestrados en el sindi-
cato y trasladado en una de las ambulancias de la propia organización
el 2 de abril de 1976. Los restos físicos del secretario adjunto del sin-
dicato Concepción fueron hallados en el “Pozo de Vargas”, una finca
de propiedad privada de Antonio Manuel Vargas –fallecido en 2015-
26 Testimonios citados en Responsabilidad Empresarial (2015a: 53)
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 77
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
ubicada a 15 minutos del centro de la Capital de la provincia. Se trata
de un viejo pozo de agua de aproximadamente 40 metros de profun-
didad y que había sido utilizado desde el año 1975 como un lugar de
inhumación clandestina. Hasta junio del 2017 fueron identificadas 107
víctimas por grupos de expertos, entre ellos a obreros de los ingenios
Concepción, Santa Rosa, San Juan y también a trabajadores de otras
provincias como del ingenio Ledesma y La Esperanza de Jujuy. Esta fosa
común clandestina, única en el país, es otra de las evidencias materiales
que demuestran el plan sistemático de exterminio que llevó a cabo el
terrorismo de Estado en la Argentina.27
Por otra parte, en el caso del ingenio La Fronterita, la empresa
no sólo cedió parte de su propiedad privada sino que inclusive su dueño
Minetti y el administrador del ingenio Camilo Bergero realizaron pedi-
dos de secuestros de trabajadores. Ello quedó de manifiesto en el testi-
monio del trabajador Antonio Narciso Maciel, además dirigente gremial
del sindicato, secuestrado pocos días antes del último golpe de Estado,
quien relato que mientras estaba siendo torturado en “La Escuelita”,
le preguntaban acerca de la guerrilla. Sus captores le expresaron que
ellos sabían que él: “...no tenía nada que ver con la guerrilla y que él era
únicamente dirigente gremial azucarero…” advirtiéndole “…ahora te
tenés que dar cuenta de cómo viene la mano, a vos te mandan en cana
tus patrones.” Asimismo el trabajador señaló que pudo ver la rúbrica del
administrador cuando era obligado a firmar unos papeles.28
Además de encomendar expresamente la tortura de un dirigente
sindical, la empresa participó en el aprovisionamiento de información y
recursos logísticos de vehículos para que las Fuerzas Armadas pudiesen
llevar a cabo la tarea represiva. Ello se puso de manifiesto en el ingenio
Concepción quien también aportó camionetas para el secuestro y tras-
lado de personas, como quedó acreditado en la causa judicial “Arsenal
Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán”.
La empresa Concepción también brindó información de inteli-
gencia al Departamento D-2 de Jefatura de Policía a través de su empre-
27 Uno de los miembros del Colectivo Arqueología Memoria Identidad Tucumán que
está realizando las tareas de exhumación en el Pozo de Vargas, Víctor Ataliva afirmó
que el Pozo de Vargas: “…‘condensa la historia social y política’ de Tucumán porque
aparecen trabajadores ferroviarios y del mundo azucarero y el surco, de militantes
políticos y sociales, de estudiantes, docentes y egresados de la universidad, entre
otros. ‘Queda claro cuáles fueron los sectores sociales que las fuerzas genocidas
arrasaron y el plan de exterminio sistemático llevado a cabo a escala regional’.”
Página/12, 9 de junio de 2017.
28 Testimonio citado en Responsabilidad Empresarial (2015a: 93).
78 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
sa de seguridad privada ECOS SA. Ello quedó demostrado a partir de la
documentación en junio de 2010, presentada por el testigo Juan Carlos
Clemente en el marco del juicio Jefatura I, por el centro clandestino de
detención (CCD) conocido como “La Jefatura”.29
Asimismo, La Fronterita les brindó información precisa a los mi-
litares respecto a los trabajadores y sus actividades gremiales. Uno de
los testigos, Juan Martín señaló que personal del ingenio La Fronterita
estaba ligado a un grupo operativo. Ello también fue señalado por el ex
obrero José David Costa: “…Los dueños de la empresa son conocedores
de todo lo que pasó allí, de todo lo que hicieron los militares. Ellos nos
acusaban de zurdos, comunistas, socialistas, los grandes capitalistas
son así. El Ejército habló con los Jefes administrativos de la empresa,
para que ellos colaboren con un censo de las personas que vivían en la
colonia y decirles quienes (…) andaban con el Sindicato. Veían personas
reunidas en reuniones del Sindicato y pasaban los capataces y se fija-
ban quienes estaban allí y después iban y les avisaban a los militares.”
Otro ex trabajador se expresó de igual manera indicando que algunos
de los mayordomos –empleados jerárquicos de la empresa - registraban
quienes participaban de las reuniones sindicales con el propósito de
transmitirles esta información a los militares.30
Fueron múltiples los casos en los que las empresas aplicaron
una política de despidos selectivos. Uno de los casos más relevantes
fue el del secretario general del sindicato de La Fronterita Fidel Jacobo
Ortiz quien durante el OI presentó recursos legales en defensa de sus
compañeros que estaban secuestrados-despedidos y luego, finalmente,
terminó siendo el mismo desaparecido. Por su parte, también fue em-
blemático el caso de Narciso Maciel, trabajador del surco y delegado de
una colonia, quien fue secuestrado en marzo de 1975. En junio de dicho
año, recibió el telegrama intimidatorio de despido, por abandono de
trabajo. La temprana fecha permitió que pudiera intervenir el sindicato
en su defensa, sin embargo, la empresa lo consideró despedido. Cuando
Maciel recuperó su libertad, en 1979, y se presentó al Ingenio, el direc-
tivo Camilo Bergero le informó que había perdido el trabajo por haber
estado cuatro años preso.
Por su parte, un ex obrero del Ingenio Concepción contó que al
salir de su cautiverio tuvo la intención de volver a trabajar en la fábrica.
29 El testigo aportó, al momento de declarar frente al Tribunal Oral Federal, documen-
tación perteneciente al aparato represivo que mantuvo guardada durante más de 30
años.
30 Testimonio citado en Responsabilidad Empresarial (2015a: 95).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 79
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Cuando volvió, se encontró con un impenetrable vallado militar: “in-
tento incorporarme pero [se ríe] me han puesto cincuenta milicos en
la puerta”. No lo dejaron regresar a la fábrica e indicaba, además, que
el sindicato había sido ocupado por un interventor militar, de apellido
Ledesma.31
Esta práctica de despidos y retiros forzosos de víctimas, apare-
ce frecuentemente vinculada a la del secuestro de trabajadores y fue
adoptada como práctica represiva empresarial cuando el secuestro se
transformó en un método sistemático bajo la dictadura. “Es decir, se en-
samblaron con un fin determinado: deshacerse de los obreros activistas
apoyándose en las propias prácticas criminales del Estado terrorista.”32
Esta fue una de las prácticas empresariales represivas con mayor pre-
sencia en los casos analizados en el informe de Responsabilidad Empre-
sarial, en un 88%.
También se registraron confecciones de “listas negras” que cir-
culaban a nivel nacional, como quedó demostrado en el caso de Juan
Carlos Castro que había sido despedido por La Fronterita mientras se
encontraba secuestrado, a pesar de que él había intentado justificar su
ausencia mediante certificados médicos. La empresa le envió un tele-
grama por abandono de trabajo y lo echó sin liquidación. Castro relató
que tiempo después de su liberación se fue a trabajar a la provincia
de Río Negro en la Finca de la familia de Carlos Gaspar, y que hasta
allí lo fueron a buscar personal armado, diciéndole que tenía que ir al
destacamento militar en donde estaban enterados de su actividad en La
Fronterita.
Otro hecho a destacar en el caso del ingenio Concepción es la
estrecha relación entre la familia Paz dueña del ingenio con Antonio
Domingo Bussi. Ello fue registrado en fotografías en las que Bussi apa-
rece junto a Luis Manuel Paz, en cuyo epígrafe se indica: “El gobernador
militar visitando los enfermos en nuevo Hospital de El Bracho, junto a
su dilecto amigo el Ing. Luis Manuel Paz”. También se han referido a
este vínculo distintos investigadores. En la obra dirigida por el histo-
riador Eduardo Rosenzvaig se afirma que la empresa sería “…una clave
de la inteligencia y contrainsurgencia desarrollada por las FFAA. Dará
todo su apoyo logístico al general Bussi, que luego pasará a ser apoyo
31 Entrevista anónima a ex obrero del Ingenio Concepción, citada en Responsabilidad
Empresarial (2015a: 63). El ex trabajador se refiere al interventor militar del sin-
dicato de Obreros de Fábrica y surco del ingenio Concepción, Deremidio Ledesma.
Información extraída del Archivo Histórico de la FOTIA “Hilda Guerrero de Molina”.
32 Responsabilidad Empresarial (2015b: 427).
80 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
electoral con las leyes de amnistía a militares”. Según el periodista Her-
nán López Echagüe, Domingo Antonio Bussi había instalado su base de
operaciones en el Ingenio Concepción, en el que había un helipuerto
especialmente construido para sus idas y venidas; asimismo disponía de
una habitación donde solía pasar la noche. El helipuerto en los predios
del ingenio utilizado por Bussi en cualquier momento y la estrecha vin-
culación de la familia Paz con la dictadura es señalada también por el
periodista Marcos Taire, quien además afirma que la familia Paz “fue-
ron los más estrechos colaboradores de los militares”.33
También debe considerarse el aporte económico que realizaron
ambas empresas azucareras al Fondo Patriótico Azucarero pergeñado
por Bussi, cuyos fondos serían destinados “…al mejoramiento, refuerzo
y equipamiento de los servicios sanitarios, educacionales y de seguridad
de la provincia.”34 No casualmente el ingenio que más aportó fue el
Concepción con una suma importante de entre 700 a 900 mil dólares.
Por su parte, La Fronterita aportó entre 300 y 400 mil dólares.
Todo lo mencionado anteriormente cobra una magnitud mayor si
se consideran los fabulosos beneficios que obtuvieron ambas empresas
durante el período dictatorial. Ello ocurrió especialmente en el ingenio
Concepción, que de los 16 ingenios existentes en Tucumán era el mayor
productor de azúcar y el que empleaba mayor cantidad de mano de
obra. En la zafra 1976 el ingenio había empleado 5.077 obreros. Signi-
ficativamente durante la zafra siguiente, en 1977, el número disminuyó
abruptamente a 2.279 personas. Es decir que en el transcurso de un
año la cantidad de trabajadores disminuyó más de la mitad, aproxi-
madamente en un 56%. Esto cobra especial relevancia si se tiene en
consideración que este ingenio fue el que más crecerá a nivel nacional
durante el último período dictatorial, llegando a producir al final de
la dictadura un 42% más de lo que había producido en 1976 pero con
menos de la mitad de sus trabajadores (Ver cuadro N°4).35
Ello además debe vincularse con la reducción de paros registrados
por la Cámara Gremial de Producción de Azúcar. Así, en 1974, año de la
huelga azucarera, el tiempo perdido por paro obrero para el Concepción
33 Taire (2013); López Echagüe (1991: 204); Rosenzvaig (1995: 289-291). La foto ver
en “Un poco de memoria: Recordando al Gral. Bussi”, [en línea] http://www.ta-
ringa.net/comunidades/argentinaparaargentinos/8426842/Un-poco-de-memoria-
Recordando-al-Gral-Bussi.html
34 Ley provincial N°4.536, San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 1976.
35 Los datos de la zafra de 1976 fueron obtenidos de la Cámara Gremial de Producción
de Azúcar, citado en Gobierno de la Provincia de Tucumán (1980: 323).
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 81
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
fue de 25 días (sobre un total de 76 días perdidos, lo que representa un
33%). Si tenemos en cuenta la lucha previa de la FOTIA en la que se
destacó especialmente la Comisión Directiva del sindicato y el Cuerpo de
Delegados del Ingenio Concepción que se oponían a la pérdida de pues-
tos de trabajo, se puede entender el interés del empresariado del Ingenio
Concepción en desarticular la organización sindical. Este objetivo fue
concretado a través del secuestro y desaparición de sus dirigentes obre-
ros. Entonces la empresa pudo aumentar la eficiencia y la productividad,
ya que con un 56% menos de obreros incrementó su producción.
Por su parte, el ingenio La Fronterita también se benefició du-
rante la última dictadura, aumentando su producción en un 30,7% (Ver
gráfico 1). Asimismo, el grupo Minetti se apoderó del ingenio Bella Vis-
ta en 1979. Este ingenio junto a otros había pertenecido a la empresa
estatal CONASA, que será desguazada y rematada durante la última
dictadura.
Gráco 1: Variación de la producción de azúcar por ingenio en Tucumán
en toneladas (1976-1983)
-3.132 -9.285 -13.467 -6.308 -1.812 -7.815
-20.000
10.088
63.447
10.852
4.856
21.963
5.735 9.672 4.481 253
18.895
108.424
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Fuente: elaboración propia en base a datos del Centro Azucarero Argentino.
Los cambios producidos en el empleo también fueron significa-
tivos en La Fronterita, con un importante descenso de la mano de obra
empleada, especialmente entre los obreros que realizaban trabajo en los
surcos. Ello debe vincularse con una política efectiva de disciplinamien-
to a través de la represión que produjo una fenomenal reducción de los
82 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
paros obreros, según lo registrado por la Cámara Gremial de Produc-
ción de Azúcar. Así, en 1974, año de la huelga azucarera, el tiempo per-
dido por paro obrero para el ingenio La Fronterita había sido también
de 25 días (sobre un total de cuarenta días perdidos, lo que representa
un 61%). Sin embargo, a partir del año 1976 hasta 1979 no se registró
una sola huelga más.
En La Fronterita además a partir del golpe de Estado se profun-
dizó considerablemente la tendencia de despoblamiento y desarme de
las colonias del ingenio.36 Ello estaba íntegramente relacionado con la
tecnificación producida en el campo, precisamente uno de los puntos
por los que habían peleado los obreros azucareros durante muchísimo
tiempo. La llegada de la máquina integral, como se recordará, fue uno
de los puntos más álgidos de la huelga obrera del año 1974. Los obreros
exigían que hasta que no se generasen nuevas fuentes de trabajo no
podían ser utilizadas y también la obligatoriedad de la compañía de
emplear un obrero y medio cada mil surcos de caña. En ese sentido un
ex trabajador explicita que el desarme de las colonias estuvo estrecha-
mente vinculado con la cosechadora integral. Asimismo, destaca que
solo quedaron cosecheros en las zonas en las que no podían ingresar las
máquinas, o en tiempos lluviosos, pero que era solo el 2% de la mano
de obra que antes se había ocupado para esas tareas.
A partir del análisis de los ingenios tucumanos Concepción y La
Fronterita podemos demostrar la eficacia de la articulación entre fuer-
zas armadas y sectores empresariales que tuvieron entre sus objetivos
comunes el disciplinamiento de la mano de obra a través del descabe-
zamiento de las Comisiones Directivas y Cuerpos de Delegados, lo que
les permitió imponer cambios significativos en las relaciones laborales
y productivas. Transformaciones que de hechos los sectores empresaria-
les venían buscando desde los años ’60.
El lugar que ocupa Tucumán en la “teoría de los dos
demonios”
Después de haber analizado la situación económica y social de
Tucumán, la centralidad del movimiento obrero azucarero en las luchas
de los años ‘60 y ’70, y la articulación entre las Fuerzas Armadas y los
empresarios en la represión contra los trabajadores, nos resta puntua-
36 Jemio, inédito.
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 83
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
lizar cómo se realizó la construcción discursiva dominante que buscó
justificar la represión y también discriminar en qué forma sirvieron de
base para la formulación de la “teoría de los dos demonios”.
La crisis de la provincia de Tucumán fue utilizada para justifi-
car el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Primero
durante el “Operativo Independencia”, a partir de febrero de 1975, tras
la instalación de la “Compañía Ramón Rosa Jiménez” de un grupo de
alrededor de un centenar de personas del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP). Luego, con el golpe del 24 de marzo de 1976, el caso tu-
cumano fue exhibido por la dictadura como ejemplo de esa “guerra” que
se estaría librando contra la “subversión” para justificar su accionar. Pos-
teriormente, en diciembre de 1983, el nuevo gobierno constitucional fue
desarrollando un balance histórico sobre la dictadura y los años previos,
en el que reeditaba la idea de un enfrentamiento entre dos bandos, o
ahora “dos demonios”, reduciendo la conflictividad política y social al
enfrentamiento entre un grupo guerrillero y las Fuerzas Armadas depen-
dientes del Estado. Este relato pasó a ser conocido como la “teoría de los
dos demonios”.37
Así, con la restauración democrática de 1983 se desarrolló la
“teoría de los dos demonios”. Con ella se realizaba un balance sobre la
última dictadura y también acerca de los años previos a aquel golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976. Este discurso ponía en primer plano y
en condiciones de igualdad el accionar de las organizaciones guerrille-
ras con la represión ilegal de las Fuerzas Armadas. El propio presiden-
te Raúl Alfonsín, a sólo tres días de haber asumido su mandato como
presidente de la República Argentina, se refirió a ello indicando que en
1976: “…se combatió al demonio con las armas del demonio. Y sucedió
lo inevitable: la Argentina se convirtió en un infierno.”38 Precisamente
esta “teoría” era esgrimida por una fuerza política que, en ese momento
de transición, se proponía gobernar el país, ubicándose por fuera de
esos dos actores.39
37 Diversos investigadores han abordado la “teoría de los dos demonios” desde diferen-
tes enfoques. Para el planteo analítico de este trabajo hemos partido de los estudios
de: Acuña y Smulovitz (1995); Vezzetti, (2002); Fierstein (2007); Crenzel (2008); y
Franco (2015), entre otros.
38 Clarín, 26 de junio de 1983. Citado en Franco (2015: 31).
39 “…el discurso de los dos demonios y la retórica de lo infernal, más allá de su expli-
cación sobre la violencia, tenía como función primordial la autolegitimación de su
enunciador, que se ubicaba así en el polo opuesto y externo de aquello que condena-
ba. Lo que permitía condenar a los dos demonios por igual era el hecho de situarse
en sus antípodas.” Franco (2015: 45).
84 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
Con esta “teoría” se impulsó los juicios a la Juntas Militares y
también a las cúpulas guerrilleras. Además, a fines de 1983, se creó
la ya mencionada CONADEP que permitió la recolección temprana de
evidencia y elaboró el primer Informe oficial en los que se narraban los
crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, proporcionando
además una lista de las personas desaparecidas y asesinadas. Sin em-
bargo, con la “teoría de los dos demonios” también se invisibilizó a los
principales actores de la conflictividad social en la Argentina en esos
años previos a la dictadura, las causas de aquella conflictividad y los
intereses que estuvieron detrás de aquella represión y el último golpe
de Estado.
De todos modos, la realidad expuesta en el Juicio a las Juntas Mi-
litares, sin precedentes en la región latinoamericana, y todas las causas
que siguieron luego, fue cuestionando a la “teoría de los dos demonios”,
como parte de una intensa lucha democrática por memoria, verdad y
justicia, que continúa hasta nuestros días, y que fue poniendo de relieve
el trasfondo del golpe de Estado.
Todavía en el contexto internacional de la Guerra Fría, la pro-
vincia de Tucumán fue utilizada como un caso testigo para exhibir “los
dos demonios” de esta teoría por haber sido escenario de la instalación
de un foco guerrillero y por haberse establecido allí el primer Centro
Clandestino de Detención del país en la “Escuelita” de Famaillá.40 Sin
embargo, como ya hemos analizado, los procesos sociales que tuvieron
como escenario a la provincia más pequeña de la Argentina, salta a la
vista que los altos niveles de conflictividad social allí registrados no se
originaron recién cuando a mediados de 1974 el Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) ins-
talara la compañía del monte “Ramón Rosa Jiménez” en el sur de la pro-
vincia compuesta por entre 50 a 140 combatientes. Tampoco comenzó
cuando, como respuesta a la Compañía del Monte, en febrero de 1975
el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón firmara
el decreto que dio inicio al “Operativo Independencia”, permitiendo el
despliegue del Ejército por la provincia con la participación de más de
5.000 efectivos. En realidad los procesos de conflictividad y sus causas
son anteriores, precediendo a los hechos mencionados temporalmente
al menos en una década. Por otra parte, los procesos de conflictividad
previa fueron de tal magnitud que conmovieron a la provincia en su
40 La CONADEP (2013: 216) indicó que a “…Tucumán le cupo el siniestro privilegio de
haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención como una de las
herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina.”
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 85
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
conjunto, por lo que es imposible explicarlos a través de la reducción al
enfrentamiento entre un grupo guerrillero con las Fuerzas Armadas.41
No es casual entonces que, como uno de los corolarios de la “teo-
ría de los dos demonios”, se haya privilegiado en los libros de historia
el dato de que Tucumán fuera el lugar elegido por el PRT para iniciar
una experiencia de guerrilla rural, mientras que se invisibiliza el hecho
de que el territorio provincial había sido militarizado previamente en
agosto de 1966. En ese momento, casi una década antes del “Operativo
Independencia”, el entonces gobierno dictatorial encabezado por Juan
Carlos Onganía había impuesto el cierre de ingenios azucareros con el
uso de las fuerzas represivas del Estado, generando una crisis económi-
ca y social sin precedentes en la historia provincial. Aquí precisamente
residen las causas más profundas de la conflictividad social.
Reexiones nales
El proceso tucumano condensó tendencias de fondo en la Argen-
tina presentes en la coyuntura del terrorismo de Estado de la dictadura
de 1976, en el plano del conflicto social y en el plano del proceso de la
concentración económica y de disciplinamiento de la mano de obra, a
través de la eliminación de puestos de trabajo, que en Tucumán había
comenzado antes con la “Revolución Argentina” de 1966. A su vez, la
instalación del “Operativo Independencia” en 1975 preparó lo que más
tarde se intensificaría y se generalizaría a escala nacional con la repre-
sión dictatorial.
Como señalamos en el análisis del caso tucumano la conflictivi-
dad estaba ligada a la ofensiva militar y empresarial de imponer cam-
bios de proporciones en la estructura económica y social que implicaba
la concentración monopólica de la producción azucarera y de la propie-
dad de la tierra, como así también el aumento de sus ganancias con las
innovaciones tecnológicas y transformaciones productivas en los luga-
41 Andersen (2000: 155), llega a cuestionar el peligro real de la guerrilla afirmando
que esta organización no significó una amenaza importante –el Ejército enfrentó
con 5.000 hombres a no más de 120 o 140 combatientes- y que, en cambio, la lucha
en la provincia sirvió como banco de prueba, particularmente en el Ejército, para la
institucionalización de algunas de las técnicas de la “Triple A”. Mientras que el his-
toriador tucumano Roberto Pucci (2009: 237) advierte que la Compañía “…nunca
sumó más de 50/100 guerrilleros, enfrentada por una fuerza que osciló entre 2500
y 6000 efectivos militares: de un lado del combate había un ejército, del otro un
puñado de personas armadas.”
86 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
res de trabajos. Ello entraba en colisión con los obreros azucareros, los
pequeños y medianos productores cañeros y demás sectores populares,
que a lo largo de esos años protagonizaron diferentes luchas y partici-
paron de los levantamientos populares en todo el país.
En la Argentina el movimiento obrero se había convertido en un
protagonista central en la política del país, y ello era especialmente
cierto en Tucumán donde los obreros, a pesar de los embates de la po-
lítica de “racionalización” económica impuesta por la dictadura de la
“Revolución Argentina”, se habían convertido en un punto de referencia
para los demás sectores populares –en especial para el movimiento es-
tudiantil- y habían logrado aglutinar a un conflictivo entramado social
de pequeños y medianos productores cañeros. A su vez, este movimien-
to obrero también se había transformado en un actor central al interior
de los establecimientos laborales, logrando cuestionar seriamente la
autoridad y el orden productivo. Esto no sólo ocurrió en los ingenios
sino también en el campo a través de la unidad de obreros de fábrica
y surco en una federación que los aglutinaba, la FOTIA, y en los sin-
dicatos de base y cuerpos de delegados, en las que se manifestaron
diferentes corrientes políticas. Los obreros elaboraron un programa de
reivindicaciones con reclamos que trascendían lo salarial. Ello entraba
en abierta contradicción con la política de concentración de la produc-
ción azucarera y de la eliminación de puestos de trabajo impulsada por
las clases dominantes.
Estos reclamos y proyectos fueron clausurado por la última dicta-
dura a través del terrorismo de Estado en el que el movimiento obrero
argentino, sus organizaciones y sus líderes sindicales fueron uno de los
blancos principales. En los dos ingenios tucumanos analizados el 50%
de las víctimas fueron trabajadores que pertenecían a las comisiones
directivas y/o a los cuerpos de delegados. Así la ofensiva militar y em-
presarial fue eficaz y ello debe entenderse teniendo en cuenta la necesi-
dad de ambos actores de disciplinar a la fuerza de trabajo para imponer
profundas transformaciones económicas y sociales, a tono con las que
se aplicaban a nivel mundial desde mediados de los años ’70.
Todo este trasfondo de la conflictividad social fue precisamente
lo que los sectores interesados en el golpe de Estado del ’76 se propusie-
ron ocultar, utilizando los conceptos proporcionados por la Doctrina de
la Seguridad Nacional del “enemigo interno” y de la “guerra interna”.
El resultado de este mecanismo fue el ocultamiento deliberado tanto de
los objetivos del terrorismo de Estado y del conjunto de clases sociales
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 87
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
que se encontraban en pugna: la clase trabajadora y el pueblo, y deter-
minados grupos empresariales entramados con el Estado.
Para ocultar el trasfondo, los sectores golpistas descontextuali-
zaron los altos niveles de conflictividad, poniendo de relieve sólo la
acción guerrillera. Lo que hicieron fue unilateralizar el accionar de es-
tos grupos, magnificando sus acciones y mintiendo deliberadamente
(por ejemplo con supuestos enfrentamientos que en realidad fueron
fusilamientos por las fuerzas represivas) con el propósito de justificar
su accionar e impulsar un salto cualitativo en el proceso represivo de
descabezamiento del movimiento obrero y popular a través de la reali-
zación de un golpe de Estado.
Impuesta esta operación encubridora con el golpe de Estado, la
dictadura reforzó este balance de supuesta “guerra interna” entre dos
fuerzas equiparables. Ello no sólo fue un discurso sino que se impartió
en la población a través de la represión. Luego en 1983, reeditando
aspectos centrales de ese balance, el gobierno que acababa de ser elec-
to elaboró la “teoría de los dos demonios”, invisibilizando también los
conflictos de fondo aunque tomando relativa distancias de las cúpulas
militares.
Sin embargo, según lo que hemos desarrollado a lo largo de este
trabajo, el análisis del caso tucumano, como escenario privilegiado de
la “teoría de los dos demonios”, nos brinda también los elementos que
demuestran su falsedad. Esto surge de comprobar que esta teoría no
da cuenta de la catástrofe social que sufrió la provincia de Tucumán,
de quiénes fueron sus beneficiarios con la concentración monopólica
de la producción azucarera ni del arco de clases que al verse afectadas
enfrentaron esta política. Tampoco da cuenta que el principal objetivo
de la represión dictatorial fue el descabezamiento de las organizacio-
nes sindicales, en especial de la FOTIA, que no sólo organizaba a los
obreros azucareros sino que era la referencia principal del conjunto de
organizaciones populares. Tampoco da cuenta de las transformaciones
económicas y productivas que se lograron imponer con las dictaduras.
De ese modo, esta teoría termina reduciendo toda esa conflictividad po-
lítica y social a un grupo de alrededor de un centenar de combatientes
en el monte. En definitiva, esta “teoría” no explica la trama de múltiples
contradicciones que determinaron el proceso histórico de aquel período
en la Argentina.
88 Silvia Nassif
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 48 | 1er. Semestre de 2018
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Artículos periodísticos
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Página/12
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y los obreros azucareros 91
Terrorismo de Estado en la Argentina: Tucumán y la ofensiva contra los obreros de
la agro-industria azucarera
Fecha de recepción: 4/10/2017
Fecha de aceptación: 13/2/2018
