- Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán, Argentina - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Tucumán, Argentina
RESUMEN
Palabras clave: Historia bancaria; Historia Monetaria; Historia de Empresas.
ABSTRACT
Keywords: Bank History; Monetary History; Business History.
I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la historiografía financiera en Argentina ha demostrado un notable progreso en las últimas décadas. Retomando los trabajos fundacionales sobre temáticas relacionadas con la banca y la moneda –como los pertenecientes a Agote (1881), Pillado (1901), Quesada (1901), Hansen (1916), Williams (1922) o Álvarez (1929), por solo citar algunos exponentes–, desde el último cuarto del siglo XX se ha registrado un renovado interés sobre estos tópicos, influenciados por el impulso que tomaron estos estudios en otras partes de América Latina (Tedde y Marichal 1994, Ludlow y Marichal 1986 y 1998, Marichal y Gambi, 2017, entre otros).
Basta revisar el estado del arte para tomar verdadera cuenta de las problemáticas tratadas, las nuevas miradas y nociones teóricas introducidas, y también, sobre la agenda pendiente (Regalsky, 2006 y 2018). Sin duda la provincia de Buenos Aires, por su particular derrotero durante la segunda mitad del siglo XIX, ha concentrado especial atención por parte de estudios históricos para analizar su desarrollo financiero y bancario.[1] Otros puntos del país también muestran un sólido avance en el conocimiento, aunque es evidente que los estudios se ubicaron, por lo menos para este período, en las provincias prósperas del Interior argentino.[2]
Más allá de esto, resulta incuestionable que las principales instituciones bancarias públicas antes de 1890, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires o el Banco Nacional, concitaron la mayor atención, sin dudas porque a partir de ellas se establecieron los cimientos del sistema bancario nacional. Con respecto a esta última institución, contamos con trabajos puntuales, pero, a la vez, fundamentales para comprender el desarrollo del sistema financiero de la época, desde el clásico estudio de Agote (1881) –sobre el cual se asentó gran parte de la historiografía–, hasta las importantes contribuciones de Chiaramonte (1971), Cuccorese (1977), Cortés Conde (1989 y 2002), y más recientemente Gerchunoff, Rocchi y Rossi (2008).[3] En relación con los dos últimos estudios, se destaca el interés por analizar la difícil relación entre el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, porque ambos constituyeron, en los años bajo análisis, las principales fuentes de emisión de circulante fiduciario. En el presente ensayo, se pretende aportar al conocimiento sobre los primeros pasos del Banco Nacional a través de un abordaje alternativo, ajustando el prisma de observación y buscando reconstruir desde una mirada «micro» el derrotero de esta institución a partir de documentación interna.
Iniciadas sus funciones en 1873, –según es aceptado por la historiografía referenciada– dicha institución crediticia de carácter mixto representó uno de los pilares fundamentales del Estado central en la modernización del sistema financiero. Efectivamente, hasta avanzada la década de 1880, en la mayoría de las regiones del país –salvo Buenos Aires y unas pocas provincias económicamente dinámicas del Interior–, la banca privada estuvo poco desarrollada, con la consecuente preeminencia del crédito «informal » en la economía. La llegada de la banca oficial por medio de las sucursales del Banco Nacional habría modificado este escenario, aunque ciertamente, estuvo lejos de representar una transformación inmediata y lineal.
Con el afán de analizar el modo en que tomó forma esta ingeniería financiera/institucional para atender los requerimientos del crédito de esta región, se examinará la experiencia de esta institución crediticia entre dos fechas clave: la crisis económico-financiera de 1873-75 y 1882, con la reforma y ampliación del capital del Banco, lo que habilitó su posterior expansión. Particularmente, nos centraremos en la lógica del despliegue de sucursales para penetrar en las provincias del Interior; y en las estrategias que llevó a cabo para propender a unificar el patrón monetario, en un territorio integrado por regiones caracterizadas por el uso de una pluralidad de medio circulante. La principal fuente que utilizaremos serán los libros de Actas del Directorio del Banco Nacional, además de informes, documentación histórica y bibliografía relativa a la temática estudiada.[4]
VICISITUDES EN LA CREACIÓN DE UN BANCO NACIONAL
A finales de la presidencia de Bartolomé Mitre y, sobre todo, durante el mandato de Domingo F. Sarmiento (1862-1868 y 1868-1874, respectivamente) confluyeron una serie de factores que, a grandes rasgos, permitieron un renovado auge en la economía de la pujante región litoral pampeana. La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay generó toda una red de producción, transporte y abasto de alimentos, pertrechos e insumos que, ya en las postrimerías del conflicto bélico, supo readecuarse a los tiempos de paz. Además, el repunte de los precios de los productos argentinos en los mercados ultramarinos permitió equilibrar la balanza comercial y expandir el gasto público. A su vez, se registró un sostenido ingreso de oro brasileño en Buenos Aires en pago por los suministros de sus tropas aguas arriba, en el teatro de operaciones. Esto permitió, desde 1867, la emisión de billetes de banco en pesos corriente a través de la Oficina de Cambios del Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante BPBA), que tenían su contravalor en oro, canjeables a metálico. Por último, los empréstitos contratados en el exterior para obras públicas –gestionados entre 1868 y 1871–, generaron una inusitada expansión del crédito, principalmente por medio del BPBA –entidad financiera dependiente del estado provincial, donde el Gobierno Nacional depositaba sus fondos–, una vez que fueron ingresando las remesas de la «Casa Murrieta y Cía. » , de Londres, con la que finalmente se concretaron los empréstitos. Como esos depósitos percibían intereses, dicho Banco se vio obligado a incrementar su corriente de préstamos mediante los descuentos y la creación de la sección Hipotecaria, lo que hizo posible la concesión de créditos a bajo interés y plazos mayores dentro del espacio territorial de la provincia de Buenos Aires, estimuló la circulación de su moneda fiduciaria, y rápidamente este impulso se transfirió a las demás instituciones financieras, reanimando el comercio y los negocios (Banco de la Nación Argentina 1970, 74-75, 116; Chiaramonte 1971, 99-103; Gallo y Cortés Conde 1986, 20).[5]
A la vez, el momento expansivo de la economía al que se hizo referencia en líneas anteriores, fue advertido por algunos miembros del ámbito político y de sectores del gran comercio y las finanzas como un escenario más que propicio para reflotar el aletargado mandato constitucional que facultaba al Congreso Nacional a crear un verdadero banco estatal, ya que la Nación carecía de una institución de crédito propia que oficiara como su agente financiero y que extendiera su beneficios a todo el territorio nacional.[6]
En un breve plazo se plantearon ante los poderes públicos cuatro propuestas para fundar el pretendido Banco del Estado nacional, entre los que se destacaron dos: a) el proyecto presentado por el Banco Argentino (una entidad crediticia de capitales nacionales), que proponía su reconversión en Banco Nacional mediante una ampliación del capital y el aporte de fondos públicos, lo que no dejaba de tener cierto atractivo puesto que la nueva entidad bancaria estatal se fundaría sobre una institución afianzada, con sucursales en diferentes provincias del litoral pampeano; b) la propuesta presentada por un amplio grupo de particulares (comerciantes, hacendados, financistas, ex gobernadores, ex directores de bancos, entre otros), proponiendo la formación de una nueva Sociedad Anónima de carácter mixto, combinando aportes privados y capitales públicos.[7] Luego de contendidas sesiones en ambas Cámaras del Congreso Nacional, el 23 de octubre de 1872 se sancionó la creación del Banco Nacional (ley 581, promulgada el 5 de noviembre), bajo la forma de una Sociedad Anónima con mayoría de capitales privados y con apartes estatales. El capital accionario se autorizó en 20 millones de pesos fuertes ($f), de los cuales el Gobierno Nacional debía suscribir dos millones (el 10% del capital, es decir, 20.000 acciones) en títulos públicos; 13 millones (el 65%) se abriría a la suscripción pública en todas las provincias del país, y los 5 millones restantes corresponderían a los socios proponentes (el 25% del capital).[8] Por ley de fundación, estaría gobernado por un Directorio compuesto por 12 miembros, tres nombrados por el PEN y los nueve restantes por los accionistas, con lo cual se consentía la preeminencia del sector privado en el manejo y en las decisiones de la institución, algo que se vio claramente reflejado durante el primer período bajo análisis.
De este modo, se creaba una institución de emisión y descuento con participación estatal, ya que se lo autorizaba, por un lado, a emitir billetes del banco –hasta el doble de su capital realizado y con un encaje del 25% en metálico– pagaderos al portador y a la vista en la moneda que se determinara por ley nacional; y, por otro, a descontar documentos y recibir depósitos con y sin premio. Además, se lo facultaba a realizar préstamos y a abrir créditos al gobierno nacional, como también a los provinciales y municipales. (Banco Nacional, Estatutos 1873; Agote 1881). El plazo para la suscripción de acciones, abierto de manera simultánea en todas las provincias, se estableció en seis meses, con el fin de otorgar un tiempo prudencial a los potenciales interesados. En cambio, en tan solo diez días se logró la suscripción íntegra de los 13 millones de $f. Esto podría reflejar el entusiasmo que generaba la nueva institución y el buen clima económico que se vivía en diferentes plazas comerciales de la República, aunque también –como observó Agote– podría representar un postergado anhelo, al señalar que: «No era tampoco de las causas menos influyentes, la necesidad que se sentía de una institución de crédito que extendiera sus beneficios a todas las Provincias, que escasas de población y sin un medio circulante de valor fijo para sus transacciones comerciales, necesitaban de este poderoso agente para normalizar la circulación y desarrollar, sin las trabas de la anarquía monetaria, su comercio e industria » (Agote 1881, 162).
En el breve plazo de ocho meses, el Directorio provisorio terminó con la redacción de los estatutos y su reglamento interno, de modo que ya estaba pronto el esquema organizativo para iniciar las actividades. Además, se ocupó de la provisión de los billetes de la entidad y organizó la oficina para la atención al público en Buenos Aires. Sin embargo, la ley de creación prescribía que solo se podrían abrir las puertas de la institución cuando se hubieran realizado, como mínimo, un capital de 3 millones $f, suma que –estimaban– se cubriría con el cobro efectivo de las tres primeras cuotas a sus socios suscriptores. Pero en ese momento se combinaron contratiempos de diferente índole, como el segundo levantamiento armado en Entre Ríos liderado por Ricardo López Jordan y el consecuente estado de conmoción política en las restantes provincias. A esto se sumaron las primeras manifestaciones de la crisis económica que se avecinaba –derivada de circunstancias internacionales, que afectó a sectores de la economía local por caída de precios de los productos de exportación, falta de crédito y salida de metálico–, los que incidieron desfavorablemente en las cuentas externas y generaron una parálisis en el comercio (Gallo y Cortés Conde 1986, 20). Esto impactó a tal punto en la economía que, en menos de un año, se pasó del clima eufórico de la suscripción de las acciones, a experimentar serias dificultades por parte de los accionistas para completar el pago de la segunda cuota, con desembolsos prácticamente nulos destinados a la tercera. Por entonces, el Banco contaba con 2,5 millones $f realizados, suma que no podía mantener inmovilizada sin acusar importantes perjuicios. De modo tal que se resolvió gestionar ante el Gobierno Nacional la autorización para iniciar las funciones solamente con esa suma realizada, propuesta que fue denegada de plano. Se optó entonces por solicitarle a los poderes públicos un adelanto de medio millón a cuenta de sus cuotas ulteriores para completar el monto establecido por ley, lo que finalmente se aceptó y permitió inaugurar sus funciones el 4 de noviembre de 1873.
AVANCES Y REPLIEGUES EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS SUCURSALES (1873-1876)
Señalamos que el Directorio interino logró dotar a la institución de una infraestructura básica que, junto con la elaboración de los estatutos provisorios, brindaban las condiciones mínimas y necesarias para iniciar las operaciones en su casa matriz de la ciudad de Buenos Aires –por entonces, la plaza más próspera del país y la que generaba mayores expectativas entre los accionistas–.[9] Sin embargo, se excusaba de haberse ocupado de la instalación de las filiales, invitando a los directores reemplazantes a que «sean también atendidas sus ramificaciones complementarias que, como las sucursales y otras, requerían para plantearse, una situación más normal » (Banco Nacional, Memoria 1873, 20-21). Así, el nuevo Directorio, una vez asumidas sus funciones, se vio obligado a trabajar a contrarreloj, ya que la ley de 1872 estipulaba que, en el plazo de un año –contando desde su inauguración–, el Banco debía dotar por lo menos de una filial en cada provincia donde se hubieran suscripto 500 acciones y, doce meses después, en todas las restantes. Este mandato obedecía a la prescripción constitucional, ya señalada, que facultaba al Congreso Nacional a fundar una entidad bancaria en la ciudad donde se establecieran las autoridades nacionales, con filiales en cada una de las provincias que conformaban la República.
Una estructura organizacional consistente en una casa matriz con sucursales en diferentes puntos geográficos, por lo menos en el rubro bancario, estuvo lejos de representar una novedad en el país, ya que varios establecimientos de crédito públicos y privados (la mayoría con sede en Buenos Aires) habían generado una red propia de filiales. De todos modos, es justo señalar que se trataban de ciudades y/o poblados relativamente cercanos, o bien, con una consolidada interconexión, ya sea por vía terrestre o fluvial.[10] En el caso del novel Banco Nacional, se lo obligaba a desarrollar una ingeniería institucional tal que le permitiera tejer, a través de dos ciclos anuales de aperturas, un sólido entramado de filiales en todo el entonces territorio nacional para vincular, de manera aceitada y operativa, a poblaciones sumamente distantes, de reciente conexión telegráfica, la mayoría de las cuales permanecían conectadas mediante los tradicionales caminos de carruajes (y, es preciso indicar, les resultaban ajenas a la mayoría de los miembros del Directorio con sede en Buenos Aires).[11] Estas particularidades, sin duda, determinaron la elección del esquema organizativo del Banco y sus sucursales a la hora de poner en marcha la institución.
En efecto, se suscitaron diferencias de opiniones en el seno del Directorio que se podrían delimitar, de manera esquemática, entre aquellas identificadas con un régimen de gobierno concentrado en la casa matriz y otras con un perfil más propenso a la distribución de las decisiones. En 1873, en una primera propuesta que armonizaba ambas posturas, la comisión encargada de redactar los estatutos planteó que las sucursales fueran administradas por un Gerente y por un Consejo de Administración compuesto por seis accionistas, que serían nombradas por el Directorio. A dicho Consejo se le adjudicarían prerrogativas fundamentales, como acordar los créditos y resolver las renovaciones o pagos de los vencimientos y demás funciones que le otorgara el reglamento interno, mientras que la gerencia cumpliría el rol de brazo ejecutor y contralor del Directorio central. Sin embargo, no existía unicidad en la propuesta. Uno de los integrantes de esa misma comisión, Vélez Sarsfield, postulaba que el régimen de administración no debía ser análogo en todos los casos, sino conforme a la importancia comercial de cada una de las filiales. De ese modo, sin objetar la importancia de los consejeros, señalaba que, para las plazas menores, bastaría con la administración de un Gerente y un sub-Gerente, dejando a la Casa Central las demás atribuciones y funciones. Esta última propuesta, si acaso resultaba discutible por la excesiva confianza en el manejo desde la ciudad Capital de todos los asuntos de cada una de las filiales, ponía sobre el tapete uno de los mayores temores de una parte de los directores: la incertidumbre para congregar, en cada provincia, a personas competentes y comprometidas con la institución que, a la vez, trabajaran ad honorem en los Consejos en pos del buen funcionamiento de la filial bancaria.
Paralelamente, este dilema derivó en otra discusión, a saber, si se debía remunerar el servicio en cada sucursal o no, como sucedía en el BPBA, donde los directores locales de cada filial trabajaban sin percibir honorarios. Así, entre quienes desconfiaban en lograr reunir personas idóneas en las provincias, postulaban que un mayor número de involucrados podría disuadir los favoritismos locales y así se controlaría mejor la marcha de las sucursales, aunque la contra residía precisamente en obtener la lealtad y el compromiso de cada uno de ellos sin percibir retribución. La otra opción era reducir el número de involucrados en la administración y ofrecerles un estipendio, de tal suerte que resultaría más fácil exigirles a pocas personas pagas que a numerosas voluntarias. A la sazón, el director Alcorta, expuso como un ejemplo válido para sucursales del Banco con escasa conectividad, el buen desempeño que mostraba el tipo de filial instituido por el «Banco de San Juan » , en la ciudad de Tucumán, donde se trabajaba con un Directorio nombrado de manera autónoma.[12] Empero, este modelo no fue tomado en cuenta porque buena parte del Directorio se negaba a prescindir de la fiscalización de las filiales desde la casa matriz y, muy probablemente, porque el Banco –por disposición estatutaria– era enteramente responsable de todo lo actuado por sus sucursales y debía responder con su patrimonio en caso de litigio. Como contrapropuesta, y con la intención de conformar a los diferentes puntos de vista, se planteó que las filiales fueran administradas por una Junta nombrada directamente por el Directorio, compuesta por tres, cinco o siete accionistas (según la importancia comercial de cada lugar), todos remunerados en sus funciones y presidida por un integrante de la Junta elegido localmente. Como contrapeso, se nombraría un Inspector para controlar cada sucursal, quien estaría bajo las órdenes de las autoridades locales, pero reportaría directamente a la casa matriz.[13]
Luego de sucesivas objeciones y contramarchas, finalmente se optó por no establecer un diseño organizacional innovador y original, y se prefirió apelar a estructuras bancarias exitosas y próximas en sus características, particularmente el Reglamento de Sucursales del BPBA, sumado a una propuesta presentada por Vélez Sarsfield que, en última instancia, vino a ratificar la primacía de la tendencia centralista.[14] Efectivamente, se dispuso que cada sucursal estuviera administrada por un Gerente, un Sub-Gerente y demás personal subordinado (Tesorero, Tenedor de libros, Auxiliar) nombrados por el Directorio. Ambas figuras principales eran responsables de las operaciones de sus respectivas sucursales y, entre sus variadas funciones, debían acordar los créditos y resolver sobre la renovación y pago de las obligaciones. La administración estuvo acompañada por un Consejo Consultivo compuesto, finalmente, por tres vecinos de cada localidad, todos accionistas del Banco, también nombrados por el Directorio. Este órgano, como su nombre lo indicaba, podía serle solicitada su opinión «para todos los casos en que la Gerencia creyese conveniente consultarlo » , de modo tal que su voto podía influir en las decisiones, mas no ir en contra del Gerente, en cuyo caso solo se le permitiría dejar asentada la disidencia y comunicar a Casa Central (Banco Nacional, Estatutos art. 65, 1874).
Varias de estas disposiciones generaron airados reproches de parte de los accionistas de las provincias. Sobre algunas volveremos más adelante. Por lo pronto, respecto a la última normativa conviene puntualizar el contrasentido de exigir consejeros locales íntegros y dispuestos a trabajar de manera voluntaria, pero sin ninguna capacidad para influir en las decisiones de las sucursales. Reflejo de esta reprobación lo representa la crítica que plasmó la redacción de un vespertino tucumano, cuando inquiría con ironía: «¿Con qué fin se nombran tres personas que no tienen voto y a quienes se consultará cuando al gerente se le antoje? Sin duda se habrá creído que con esta burla se acallará la justa queja que hay en todas las Provincias contra el injustificable proceder del Directorio » (La Razón, Tucumán, 20/09/1874). Asimismo, manifestaba que el único medio que impediría que las sucursales fueran reducidas a «simples oficinas que no tienen más de establecimientos bancarios que los letreros colocados al frente » era la impostergable consulta de «la opinión de los pueblos del Interior » , cuya respuesta indefectiblemente requeriría la supresión de intereses políticos del Directorio y que «el Congreso descentralice esta institución » (ibidem).
UN SINUOSO COMIENZO. Críticas a la organización y a la gestión
Una vez saldada la estructura interna, designadas las gerencias y el personal auxiliar de las sucursales, y –según palabras del Directorio– luego de haberse sobrepuesto a una «inmensa dificultad en la práctica » ,[15] finalmente se les ordenó a los funcionarios de mayor jerarquía de cada filial que se trasladara a Buenos Aires con el propósito de impartirles órdenes precisas y despejar toda posible duda de manera personalizada, antes de dar inicio a este esquema de sucursales de considerable magnitud en términos organizacionales. Posteriormente, se les entregaron los reglamentos, las últimas instrucciones verbales, los caudales (billetes y metálico) y demás elementos necesarios para hacer funcionar las oficinas en sus provincias con la mayor regularidad y precisión.
Sin embargo, se suscitó un nuevo conflicto político que retrasó la puesta en marcha de las filiales. La denominada «Revolución mitrista » , del 24 de septiembre de 1874, tuvo como principal teatro de operaciones el territorio de Buenos Aires y la región de Cuyo, pero igualmente alteró el orden en la mayoría de las provincias.[16] El Gobierno Nacional, anticipándose a las ramificaciones que el levantamiento podría desatar en otros puntos del país –sobre todo en la región norte, con el ascendente de los santiagueños Taboada (Gorostegui de Torres, 88-89; Gerchunoff, Rocchi y Rossi 2008, 33)–, y para evitar que se amenazara la gobernabilidad en la transición con las nuevas autoridades electas, no dudó en decretar el estado de sitio. En este marco, ordenó al Banco Nacional, el 28 de septiembre, que suspendiera toda actividad de las sucursales; asimismo, que proporcionara las listas de los gerentes designados en cada una (para descartar posibles partidarios de la revolución), y que mandara a incinerar de manera perentoria los billetes recientemente entregados a los gerentes para su circulación en cada provincia. Esto se exigió por el temor de que los revolucionarios se hicieran con esos capitales, algo que no se efectuó con la celeridad suficiente, ya que los rebeldes comandados por el Gral. Arredondo lograron apoderarse de las reservas de la sucursal Mendoza mediante un controvertido «empréstito » autorizado por el gerente bajo evidente coacción. Solo la sucursal de Rosario, inaugurada días antes del levantamiento, se mantuvo en funciones por estar ajena a toda posible alteración del orden.
Esta insurrección, sofocada militarmente en un plazo relativamente breve, tuvo secuelas de mayor perdurabilidad, puesto que se manifestó en momentos en que la primera fase de la depresión tocaba fondo, con la consiguiente retracción de los capitales y la baja generalizada de los valores, lo que vino a acentuar aún más sus efectos (Chiaramonte 1971, 108-109). Estas derivaciones no solo incidieron en la marcha general de la economía sino, de manera notable, en el Banco Nacional. La asonada determinó que el Gobierno, en un breve plazo, le requiriera nada menos que 3,5 millones $f, mientras que completó el retiro total de sus depósitos en los meses siguientes. Además, el desorden provocado en el comercio por la falta de crédito, la interrupción de la cadena de pagos, el aumento de las quiebras de emprendimientos productivos, comerciales y financieros –una de las más resonantes, por entonces, fue la del ya mencionado Banco Argentino, cuya liquidación inmovilizó 8 millones $f de sus depósitos y agudizó la penuria de circulante (Chiaramonte 1971, 108)–, y la retracción del BPBA para reforzar sus posiciones debido a la constante salida de metálico de su Oficina de Cambio, provocaron el aumento de las letras protestadas en el Banco Nacional por la incapacidad de pago de los deudores. Más aún, el Directorio tomó medidas de corte ortodoxo, como la fuerte amortización de la cartera para reconstituir sus reservas, lo que, en ese contexto, elevó notablemente la tasa de morosidad (Agote 1881, 165-166). En paralelo, un sector del Directorio planteó, sin ambages, la necesidad imperiosa de aumentar el capital –exiguo desde su fundación y agravado por el retiro de fondos de parte de las autoridades nacionales– pues, de lo contrario, la institución no podría continuar en funciones ante otro imprevisto. En ese sentido, se propuso consultar al Gobierno la posibilidad de dividir el capital en dos series para hacerlo más realizable, y solicitar a los accionistas otro pago de cuotas para alcanzar el 50% del capital autorizado, las que no fueron cumplidas por el reinante contexto recesivo (Banco Nacional, Memoria 1875, 5 y 42).
Una vez reestablecido el orden político, en los primeros días de 1875, el Gobierno Nacional le requirió al Banco que reiniciara las actividades en todas sus sucursales. Antes de ocuparse de esa orden, como primera medida, el Directorio le exigió una indemnización por los perjuicios que trajo a la institución los 108 días de estado de sitio (desde el 28 de septiembre de 1874 al 14 de enero del año siguiente), no solo por la inmovilización de capitales y egresos improductivos, sino por la retención de sumas de dinero por parte de las fuerzas de Arredondo, y la orden de destruir los billetes en otras sucursales.[17] Además, solicitó que se volviera a depositar la totalidad de los fondos nacionales en el Banco, amparándose en las disposiciones emanadas de la Ley de 1872 (Banco Nacional, Memoria 1875, 9 y 14). Ambas solicitudes fueron respondidas por las autoridades nacionales con dilaciones y evasivas, y solo a partir de febrero el Directorio pudo ocuparse de las reaperturas de sus filiales. Es decir, el Banco Nacional, desde su inauguración en noviembre de 1873, trabajó durante su primer año y medio de existencia solamente con la casa matriz en Buenos Aires y con la sucursal de Rosario, activa desde el 15 de septiembre de 1874.
Reorganizadas las sucursales, a partir de mayo de 1875, y reestablecidas en sus funciones de manera paulatina, se les impartió la orden de ajustar severamente su cartera y aplicar mayores exigencias con los descuentos dada la «delicada circunstancia de la plaza » , manifiesta en quebrantos y letras vacías (MHNBNA, ABN, AD, 03/04/1875). En otras palabras, se les obligaba a acompañar la ortodoxia impuesta por una parte mayoritaria del Directorio, que inclusive, decidió elevar considerablemente las tasas y el spread, haciendo prácticamente imposibles los descuentos (Gráfico 1). Este tipo de medidas, como era de esperarse, generó críticas entre algunos directores y, sobre todo, entre los accionistas de varias provincias, reclamando medidas más liberales en un contexto francamente recesivo, donde resultaba angustiante la falta de circulante y el acceso al crédito. Pero las críticas abundaron en otros aspectos, no solamente sobre los criterios de gestión sino también sobre la faz organizacional.
Señalamos anteriormente el desacierto de nombrar Consejos Consultivos en las sucursales que brindaran sus recomendaciones solo en caso de ser solicitadas por el Gerente, y la fuerte crítica que al respecto lanzó –en ese caso– la prensa tucumana. Pero, además, se sancionaron otras disposiciones de menor relevancia en términos operativos, que venían a mitigar el temor de algunos directores por localizar personas íntegras que se abstuvieran de dispensar favoritismos o represalias de índole local. En tal sentido, se decidió que aquellos accionistas propuestos para conformar el Consejo de cada localidad, no podían ser deudores de la Caja de la sucursal; en otras palabras, les negaban nada menos que la posibilidad de operar en el Banco al cual ayudaban a sostener de manera voluntaria. Este error de apreciación no solo fue criticado desde fuera sino también desde dentro de la institución, por el mismo Directorio entrante.[18] En consecuencia, se remarcó la necesidad de reformar tal limitación que pesaba sobre los miembros de los Consejos, proponiendo abandonar la ineficaz exigencia de no ser deudores, y suplirla por un margen de crédito lo suficientemente proporcionado como para evitar el oportunismo y, a la vez, interesar a los miembros probos de las localidades a participar en los Consejos y gozar de los beneficios de la sucursal que legalmente les correspondía como accionistas.
Otro de los puntos que generó malestar entre los accionistas de las ciudades del interior fue el art. 20 de la Ley de 1872, donde se estipulaba un interés idéntico por los giros de los capitales para toda clase de personas y gobiernos en Casa Central y en las sucursales. Posiblemente, los mentores de este precepto estuvieron guiados por un pretendido principio «igualitario » , al querer impartir equidad en el precio del dinero para todo el territorio nacional. Pero las intenciones no siempre se adecuan a las realidades locales. Nuevamente, la prensa tucumana como la Comisión Examinadora de las Cuentas del Banco Nacional coincidieron, al unísono, en que el interés uniforme desconocía que las condiciones económicas diferían en cada plaza, y que, en consecuencia, el Directorio fijaría como interés único el que se manejara en el lugar donde tuviera mayores negocios, sin dudas, la plaza de Buenos Aires. Por lo tanto, todo el país tendría que pagar ese alto interés, aunque en la localidad respectiva difiriera en su dinámica económica y, por lo tanto, rigiera otro interés más bajo. (La Razón, 20/09/1874; Banco Nacional, Informe 1874, 21).
Empero, las críticas a veces no eran concordantes. Por citar un ejemplo, la comisión no veía con buenos ojos el art. 18 de la Ley fundacional, que ordenaba la constitución de una sucursal en cada provincia. Pese a la necesidad sentida por gran parte de las plazas comerciales del Interior del país, y demostrado su apoyo en la suscripción de acciones, se propuso reformar los Estatutos, puesto que, a su juicio, se había estipulado este mandato «sin tener en consideración si hay en cada una de las [localidades] del país negocios que puedan dar lugar á operaciones bancarias suficientes para mantener un establecimiento semejante » (Banco Nacional, Informe 1874, 20).[19] Otro de los puntos que generó suspicacias fue una reforma prescrita por el Directorio a mediados de 1874, relativa a la conversión de billetes. Las sucursales, por su Ley fundamental, funcionaban también como Cajas de ahorros y depósitos, debiendo hacer sus operaciones en peso fuerte a oro vista, que era la moneda de curso legal (en teoría, pero no siempre en la práctica). Pero a mediados de ese año, por disposición interna, debían realizar sus pagos en billetes del banco. De este modo, los billetes que emitieran las sucursales solo estaban obligados a convertirlos en Casa Central de Buenos Aires, un total contrasentido, teniendo en cuenta que se necesitaba «arraigar » su circulación en las provincias, pues allí se manejaban casi de manera excluyente con plata boliviana (MHNBNA, ABN, AD 14/07/1874. Para explicar mejor este aspecto, necesitamos introducirnos en otro de los problemas a los que tuvo que enfrentarse el Banco Nacional en sus inicios: el medio circulante en diferentes regiones del país.
EL PROBLEMA DE LA MONEDA EN BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS
Entre varias dificultades a las que se enfrentaron las denominadas «presidencias históricas » (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) durante la etapa de organización nacional, la falta de uniformidad de la moneda en diferentes regiones del país constituyó una verdadera complicación. Se podría afirmar que, hasta avanzada la presidencia de Roca, el territorio nacional estaba prácticamente dividido en dos regímenes monetarios que atentaban contra la unificación política y, sobre todo, la financiera/comercial: por un lado, el peso papel, moneda fiduciaria circulante casi exclusivamente en la provincia de Buenos Aires; y, por otro lado, una variedad de monedas metálicas fraccionarias de plata extranjera, principalmente el peso boliviano, con circulación en el resto de las provincias (Cortés Conde 1989, 19; Regalsky 1999, 34).[20] Este problema historiográfico de incuestionable centralidad, según señalan Djenderedjian y Martirén (2014), no ha sido suficientemente tratado, puesto que las aproximaciones clásicas –aun cuando reconocían la existencia de esa caótica diversidad de circulante en el Interior y de los intensos debates que se generaron en su momento en la prensa y en las esferas públicas–, pusieron su atención en el papel moneda bonaerense y en la imposición del peso moneda nacional tras la ley de 1881.[21]
No pretendemos abordar esta temática con detenimiento, pues entendemos que la complejidad de la materia merece un estudio en profundidad. No obstante, consideramos necesario presentar los inconvenientes a los que se enfrentó el Banco Nacional en dos frentes simultáneos para imponer su circulante en todo el territorio argentino. Siguiendo a Cortés Conde (2002, 484 y 489), en la provincia de Buenos Aires circulaba, desde 1822, el papel moneda (desde 1826 hasta mediados de la década de 1860, con curso forzoso). A partir de 1866, el BPBA fue autorizado a actuar como emisor monopolista, mediante notas metálicas convertibles a pesos fuertes y, desde 1867, la Oficina de Cambios del BPBA emitía, contra entrega de metálico, billetes de banco en pesos corrientes, equivalentes 25 por 1$f según ley provincial (Garrigós 1873, 142). Aunque la ley de creación del Banco Nacional no le otorgaba el monopolio de la emisión, se podía anticipar que, en su pretendidas funciones de Banco de Estado, buscaría extender su circulante en todo el territorio nacional, lo que de manera paulatina implicaría disputarle el área de influencia al BPBA, nada menos que la provincia más rica del país.[22] Para tal fin, como se señaló, el Directorio provisorio ocupó todas sus energías durante el primer año en organizar la casa matriz en la Capital de la República, con la intención de iniciar cuanto antes las actividades. A la vez, se encargaron rápidamente las impresiones de los billetes que, de manera nada fortuita, en casi todos sus tipos coincidían con los del BPBA. Si bien en los primeros momentos los billetes del Banco Nacional circularon con buena aceptación y en su íntegro valor, tuvieron que lidiar no solo con una institución sólidamente asentada (como lo era el Banco de esa provincia) con más de 12 millones de $f emitidos en notas metálicas, sino con la costumbre de la población de recibir el billete de la Provincia, conocido en sus tipos menores, más adaptable a los cambios acostumbrados, y que no representaba una diferencia sustancial si estaban efectivamente respaldados en tal o cual metálico. (Banco Nacional, Memoria 1874, 9).[23]
En lo que respecta a las provincias del Interior, la situación era mucho menos alentadora. Mencionamos que, si en Buenos Aires primaba el circulante fiduciario, en el resto del país se utilizaba mayormente el circulante fraccionario en metálico (con excepción del caso correntino, citado en la nota 19). Es así como el primer problema al que se enfrentaba la nueva institución bancaria a la hora de «imponer » su circulante, consistía en que sus billetes en $f, por ley, debían cambiarse a oro vista, mientras que en las provincias se utilizaba generalmente la moneda de plata, de procedencia extranjera, cuyo exponente principal era el peso boliviano. A esto se le sumaba un segundo inconveniente, ya que circulaban varios tipos de esta moneda con ley disímil; es decir, cada uno había sido rebajado en su liga, por lo que la misma moneda de plata extranjera tenía diferente pureza (moneda feble o reducida en su contenido de plata), lo que hacía imposible sostener una relación de cambio fija con otro metal noble (Prado 2001).[24]
A su vez, y como tercer inconveniente, esta diferencia de cambio jugaba en contra de los tenedores de feble boliviano de las provincias (en cualquiera de sus diferentes grados de pureza), por la progresiva devaluación de la plata en relación con el oro, metal contra el que se cambiaban las notas metálicas de Buenos Aires y los billetes del Banco Nacional. A esto se le adicionaba una cuarta dificultad, ya que, como aún no se había dictado una ley nacional que estableciera un valor a todas las monedas en circulación, en cada provincia, de facto o de iure, se le asignaba un precio distinto; inclusive, por la escasez de circulante y la necesidad de cubrir déficits fiscales, algunas habían autorizado a bancos que operaban dentro de su territorio a emitir papel moneda nominado en metálico –plata boliviana por ser el circulante habitual en aquellas–, operación similar a la que venía realizando Buenos Aires desde 1822 (Ferrer 1974, 109). En este escenario francamente adverso, los gerentes de las sucursales del Banco Nacional debían buscar el modo de hacer primar los billetes de su institución, cuando inclusive las fracciones del peso fuerte no se uniformaban a las fracciones del peso boliviano.[25]
Mientras se preparaba la reactivación del esquema de sucursales, a inicios de 1875, el director Machain insistió en varias sesiones para abordar el problema del «boliviano », con la esperanza de iniciar su erradicación de las provincias, despejar las operaciones del Banco y facilitar el comercio interregional. Se dirimieron varias posturas, como, por ejemplo, aceptarlo por su valor intrínseco, admitirlo por su valor corriente, o bien, adjudicarle unilateralmente un valor en relación al oro. El inconveniente radicaba, como se mencionó , en que existían varios tipos de boliviano con diferente ley, por lo que su valor intrínseco –según la opinión del Directorio– solo se podría determinar mediante análisis específicos realizados en el exterior (preferentemente en Inglaterra) de cada una de las partidas que se recibiera, lo que representaba una opción bastante onerosa. Aceptarlo por el valor corriente, implicaba consentir precios desiguales del dinero en diferentes plazas provinciales, lo que lesionaba el principio de «equidad» consagrado en los estatutos. Por el mismo motivo –la diferencia de valores–, si se le adjudicaba un precio de manera unilateral desde Casa Central, no todas las sucursales lo aceptarían de buen grado ya que algunas saldrían seriamente perjudicadas por estar sobrevaluado en su plaza.[26] En el campo contrario, parte del Directorio abrazaba otra postura que no carecía de fundamentos.
Según su parecer, no era conveniente autorizar a las filiales a recibir peso boliviano en pago o depósito, en tanto no se podría reembolsar en esa moneda sino en oro, ya que, por ley, el Banco emitía en ese metal y no en plata. Si se establecía el precedente de recibir plata amonedada otorgando a cambio oro, en un breve plazo saldría este de las arcas de las sucursales y quedaría el peso boliviano en su lugar, sin que el Banco le pudiera dar otro giro a esa plata de disímil calidad, que el de mercadería por un valor intrínseco, lo que indudablemente constituiría una pérdida para la entidad. En sesiones posteriores, se esgrimieron otras alternativas como, por ejemplo, recibir la moneda feble, aunque el Banco tuvieran en esa operación una pérdida de 30% (según el director Martínez de Hoz, costo pagadero si con ello se lograba erradicar el boliviano); o como solicitaba Machain, recibir el metálico por un valor corriente y hacer circular en su lugar los billetes del Banco, en vista de que en esa operación se pagarían las monedas más o menos por el fino que contuviera, sin grandes riesgos de pérdidas. Otros proponían admitir el peso boliviano no como moneda, sino como mercancía, o bien, sondear en el Congreso Nacional la posibilidad de que se desmonetizase por ley el boliviano, retirando por cualquier medio la circulación de esa moneda feble. (MHNBNA, ABN, AD, 13/02/1875, 16/03/75 y 13/05/75).
Las autoridades nacionales no podían continuar soslayando el desorden monetario por el que atravesaba el país, con una provincia de Buenos Aires aferrada a su papel moneda, mientras que el interior se manejaba con monedas de distinto origen sin un valor relativo fijado (Vázquez-Presedo, 1971, 18). Este pareció ser el argumento que utilizó el Directorio del Banco Nacional, cuando antes de inaugurarse el período de sesiones, emprendió sus tareas de lobby necesarias para exhibir una propuesta de ley al PEN y recabar voluntades entre los representantes del pueblo en el Congreso Nacional, para lograr una ley de acuñación de monedas, a fin de atender a las necesidades de la circulación y cambio en especie, desempeñada de una manera ineficiente por las monedas extranjeras; y por otro, para hacer dictaminar las medidas necesarias para reducir definitivamente el circulante de la República al tipo de peso fuerte y hacer desaparecer el feble boliviano que tantos perjuicios ocasionaba al comercio de las provincias del Interior. (MHNBNA, ABN, AD, 13/05/1875).[27]
Finalmente, el 29 de septiembre de 1875 se dictó la Ley 733, mediante la cual se prescribía una norma bimetalista –ateniendo, en parte, a los usos y costumbres de las provincias del Interior–, que establecía una relación fija del peso fuerte con el oro. A la vez, cambiaba las nomenclaturas y mandaba a acuñar monedas de oro de 20, 10 y 5 $f (denominadas Doble Colón, Colón y Medio Colón). Con respecto a la moneda de vellón, se creaba el «peso plata», con un contenido específico del metal argentífero y valdría 1 $f. Con el mismo criterio, se establecían fracciones que comprendían 50, 20, 10 y 5 centavos. También se estipuló la acuñación de piezas de aleaciones cobre, estaño y zinc, con nominación de uno y dos centavos. (República Argentina 1890, 35-36; Álvarez 1929, 114).
Según las visiones críticas, esta ley tenía algunos vacíos y, en la práctica, se tornó irrealizable. Por un lado, para cumplir con los requerimientos de la acuñación, se debería suministrar metálico suficiente a dos Casas de la Moneda que estarían ubicadas en Buenos Aires y Salta, en un contexto de fuerte crisis, con una balanza comercial en rojo y con salida de oro de las arcas estatales como consecuencia de la crisis económica. Además, los tipos sancionados no coincidían con los usuales en los países con los que comerciaba la Argentina (Olarra Jiménez 1969, 34-35). Tampoco se logró desmonetizar el Melgarejo o los Cuatros –el boliviano de baja ley–, y no se hizo mención del auto atribuido privilegio (inconstitucional, en rigor de verdad) arrogado por las provincias para autorizar la emisión de los bancos de sus jurisdicciones en moneda extranjera.[28] De todos modos, si acaso no tuvo efecto en la práctica, otra mirada podría advertir que con esta legislación se alcanzaban, por lo menos a medias, dos objetivos importantes para el Banco Nacional: por un lado, se establecía una relación legal y uniforme entre el oro y la plata, lo que allanaba los intercambios en las diferentes plazas; por otro, se reafirmaba al peso fuerte como unidad monetaria de la Nación, lo que implicaba que a las autoridades nacionales le correspondía fijar el valor de las monedas extranjeras en una primera instancia, para que, a la postre, cesaran en su circulación.[29]
Estos elementos representaban avances considerables para el buen desempeño del Banco en las provincias del Interior a través de sus sucursales. Al respecto, nos permitimos reproducir un fragmento de un informe de 1875, que, aunque extenso, grafica certeramente la línea de acción del Directorio en materia monetaria. Así, señalando los inconvenientes que generaba la primacía de la moneda de plata extranjera en las provincias y las dificultades para radicar la circulación de los billetes del Banco Nacional en las circunscripciones de las diferentes sucursales, se refería amargamente al peso boliviano como:
«mal sin remedio mientras no desaparezca la circulacióndel feble que perjudica las Provincias: no siendo posible fraccionar los valores invariables de nuestro fuerte, con relación a una moneda falsa, sin garantía , y cuyo precio está sujeto a oscilaciones perjudiciales. Solo la ley últimamente dictada por el Congreso Nacional, convenientemente aplicada, podrá poner remedio al actual caos monetario de la República: facilitando el medio regular la variabilidad inevitable entre los dos metales amonedables, y haciendo desaparecer, con el tipo del feble, los males sin cuenta que sufre todo comercio y que perturban todas sus empresas y transacciones. Solo sería de desear como complemento de esta ley la pronta sanción del proyecto, pendiente en la Cámara de Diputados que inhibe a los Bancos Provinciales la emisión de billetes en boliviano; pues no es posible continúe este país formando una excepción de lo que pasa en los otros, donde no está admitido, bajo ningún pretexto, emitir billete en monedas extranjeras» (Banco Nacional Memoria 1875, 6-7)
De todos modos, mientras se percibían estos limitados avances en la faceta monetaria, por carriles paralelos discurrían los efectos de la crisis que recrudecieron con fuerza a finales de 1875 e inicios del siguiente año. Se afectaron los principales resortes de la aún incipiente organización financiera; es decir, la Oficina de Cambios, los Bancos estatales (el BPBA y el Nacional), el crédito de los gobiernos. La salida de capitales producto de la crisis externa profundizó la restricción del crédito, las operaciones de descuento se tornaron inaccesibles para el comercio, sobrevinieron los protestos y las quiebras, y se paralizaron los pocos capitales disponibles (Pillado 1901, 44; Chiaramonte 1971, 109). En tal contexto, el BPBA ingresó en una etapa de serias dificultades, lo que repercutió en toda la economía y sus consecuencias trastocaron directamente el desempeño del Banco Nacional.
LOS SUCESOS DE 1876. Crisis y reestructuración
Luego de atravesar una década de expansión monetaria (con ciertos altibajos superados en el último lustro), en diciembre de 1875, la Oficina de Cambios del BPBA reportó los niveles más bajos de encaje, y, a comienzos del siguiente año, la sangría de oro no mermó por las constantes solicitudes de conversión de sus billetes (ver Cuadro 3). La coyuntura derivada de la crisis económica desatada en 1873 afectaba en gran medida la condición financiera del banco. Ante la falta de reservas en metálico, el 16 de mayo, entre el Directorio del BPBA y el Poder Ejecutivo de Buenos Aires consensuaron, a hurtadillas, una manifiesta solución radical: de manera unilateral, sin previa consulta con las autoridades nacionales, se decretó la inconversión de sus billetes, medida que fue confirmada al día siguiente en la Legislatura provincial, pese a estar inhibida, al igual que las demás provincias, para legislar en temas monetarios. Como lógica consecuencia, una vez conocida la noticia, el público acudió vertiginosamente al Banco Nacional para retirar sus depósitos en cuenta corriente y/o solicitar la conversión de sus billetes a oro, temiendo que se tomara la misma determinación que el BPBA. El Directorio del Banco Nacional protestó la operación de salvataje llevada adelante por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, calificándola de irreflexiva e inconstitucional, ya que, en el afán de mantener a flote a su Banco, imponía un «deplorable » curso forzoso que agudizaba la crisis en la plaza y repercutía directamente en las arcas del Banco Nacional. Pese a todo, el presidente Anchorena solicitó el apoyo del Directorio y resolvió respetar el servicio de la conversión, continuando con la entrega de metálico a cambio de billetes, con la intención de sostener la confianza de esa novel institución, sorteando el descrédito en que había caído su inmediato competidor. Dicha estrategia, no obstante, dependía enteramente de un elemento exógeno: los pagos pendientes en oro por parte del Gobierno Nacional, su principal deudor, al que se le solicitó insistentemente que los cancelara a la mayor brevedad posible. En esos días, Anchorena manifestaba ante los directores:
«Ya todos estamos en posesión de los sucesos de ayer […] yo dispuse que el Banco pagase al contado y a la vista todo lo que era exigible con este carácter. Así se hizo y ese día se pagaron más de 600.000 $f. Hoy desde las 9 de la mañana, la gente se ha agolpado sobre el Banco. Creo que la existencia metálica alcanza para seguir pagando hoy y tal vez mañana. He tenido una conferencia con el Gobierno Nacional y le pedí si podía contar con el seguro pago de sus créditos a su vencimiento. Dijo que, en caso de no poder pagar, remitiría al Banco todas las entradas de Tesorería; y se ofreció a dar la garantía nacional a todas las obligaciones del Banco. » (MHNBNA, ABN, AD, 18/05/1876)
Sin embargo, los prometidos desembolsos de parte del Gobierno Nacional no se efectuaron, y pese a las aserciones del Directorio sobre la solvencia de la institución y la seguridad de la conversión, el público continuó acudiendo a las puertas de la entidad para exigir metálico.
Como última medida, se apeló al apoyo del Banco de Londres y del Río de la Plata para que le proveyera, por lo menos, una partida de oro con carácter de urgencia con el compromiso de reembolsarla apenas el Gobierno pagara su deuda (Cuccorese 1972, 145). Pero la solicitud fue denegada, como también todo otro tipo de asistencia, evitando riesgos y manteniendo la banca británica su tradicional conducta conservadora en Argentina (Jones 2018, 102-104). En consecuencia, tras diez días hábiles de sostener la corrida, con las reservas disminuidas a niveles críticos, y luego de entrevistarse con el Ministro de Hacienda, el Gobierno Nacional accedió a decretar el lunes 29 de mayo la suspensión de la conversión de los billetes del Banco Nacional en Buenos Aires, quedando interrumpida su función de institución de emisión para esa provincia. Conjuntamente, al constatarse que el total de su deuda con el Banco era similar al valor de los billetes en circulación, el Gobierno aceptó garantizar la conversión de los billetes por su valor escrito y habilitó la posibilidad de recibirlos en todas las oficinas fiscales.
El referido decreto, sin embargo, salvaba una parte del problema, ya que aplazó la corrida en Buenos Aires –principal plaza comercial y financiera–, pero no modificó la situación en las demás provincias, donde las funciones de la institución debían continuar. Ciertamente, los volúmenes operados en las sucursales desde siempre fueron menores, pero, a partir de entonces, la operatoria usual de girar en oro en contra de la Casa Matriz resultó inaplicable puesto que, en acuerdo a las disposiciones del decreto, en Buenos Aires sí se le permitía responder a los giros, pero ya no en metálico sino solamente con billetes. A la escasez de oro en las arcas de sus filiales, ya bastante menguadas desde el año anterior, cuando se les solicitó parte de estas para reforzar Casa Central, se le sumó el descontento de parte de varios accionistas de provincia –que representaban cerca del 40% del paquete accionario de la institución–, y la renuncia de numerosos Consejos Consultivos (La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes, Gualeguaychú, entre otros). Esto indefectiblemente obligó al Directorio a buscar soluciones urgentes para salvaguardar la pervivencia de sus filiales. En tal sentido, se avanzó sobre el saneamiento de las carteras mediante el cobro a deudores, se autorizó a cubrir el faltante de oro de una sucursal con el erario de otra, e inclusive se llegó a considerar seriamente la utilización de la plata boliviana atesorada en cada una de las filiales para hacer frente a los pagos de depósitos y conversiones de billetes a metálico; es decir, se postuló abandonar temporalmente la política de cambiar billetes por oro (la única moneda de curso legal) y comenzar a entregar pesos bolivianos contra billetes, algo que, como vimos, fue combatido desde sus inicios por la institución.[30]
A este panorama sombrío se le adicionaron las disposiciones de parte del Ministerio de Hacienda y luego del Congreso Nacional, que contradijeron, en gran medida, lo decretado en mayo, como ser la colocación de un tope a la emisión del Banco Nacional, o también, rehusarse a garantir los billetes por su valor escrito, sino por el precio al que se negociara en plaza. Esto horadó aún más la confianza de la institución y provocó una pronunciada depreciación de sus billetes que, hasta antes de la inconversión, circulaban a la par del oro. Como señalara Agote (1881, 167) «este decreto que, como el análogo del Gobierno de la Provincia del 16 del mismo mes, fue el resultado fatal de los hechos, sacó al Banco Nacional de la crítica situación en que se hallaba; pero le trajo al mismo tiempo su completo descrédito. El billete y las acciones sufrieron un gran desmérito ».
Como única –e improbable– salida, el Directorio se abocó a instrumentar los medios necesarios para volver a establecer la conversión, por lo que le urgía recuperar los niveles de encaje metálico en un contexto de contracción del comercio y alta morosidad. Además de accionar legalmente contra los deudores (algo costoso y poco efectivo), se optó por solicitar a los accionistas, en un plazo perentorio, el pago de una nueva cuota en oro, algo que no fue bien recibido por gran parte de los socios. Como respuesta, se le solicitó al Directorio la inmediata convocatoria a una Asamblea para deliberar sobre la situación real del Banco, la cual ofició como arena donde confrontaron quienes buscaban sacar a flote a la institución y los que solicitaban la definitiva liquidación. La primera opinión se impuso, y se nombró una comisión compuesta por reputados miembros para analizar las posibles soluciones que armonizaran los intereses del Banco y los de los accionistas. Asimismo, se promovió seriamente la posibilidad de fusionar los bancos Nacional y Provincia de Buenos Aires bajo el nombre «Banco de la Unión » , como una medida extrema pero necesaria para superar la coyuntura de crisis con una institución fortalecida, a la par de la mutua conveniencia –según su parecer– que significaría eliminar una coexistencia a todas luces competitiva y perjudicial para ambas partes, mientras se mantuviera el doble curso forzoso, la crisis reinante en el comercio y las dificultades externas que mantenían en apuros al Gobierno Nacional, incapaz de saldar sus pagos pendientes.[31] Empero, mientras se avanzaba con estas negociaciones, la prensa porteña sacó a la luz un proyecto de acuerdo entre el Gobierno Nacional y el BPBA para que este último le concediera un empréstito de 10 millones $f, lo que generó un rotundo rechazo y el reclamo del Directorio del Banco Nacional (Agote 1881, 168-169).
Efectivamente, el decreto de mayo había representado un acuerdo de compromiso entre el PEN y el Banco Nacional, al autorizarle el primero la inconversión de sus billetes, teniendo en cuenta su deuda impaga que perjudicaba a la entidad financiera. Pero la crisis continuaba paralizando el comercio y las exportaciones, los capitales no ingresaban y la Tesorería precisaba de manera urgente fondos para afrontar gastos corrientes y servicios de deuda. Para agravar la situación, el presidente del Banco Nacional, días antes del decreto de inconversión, había dado órdenes de suspender los descuentos de letras de proveeduría del Gobierno Nacional, y había propuesto al Directorio interrumpir todo tipo de operaciones en vista de la falta de cumplimiento de sus compromisos (MHNBNA, ABN, AD, 16/05/1876). Así, el acuerdo pendía de un hilo, puesto que no se avizoraba una pronta recuperación de las finanzas estatales, y nada parecía indicar que el Directorio del Banco cambiaría su actitud para con las autoridades nacionales. Esto pudo ser un factor adicional que animó al Gobierno a iniciar, de forma paralela, negociaciones con el Directorio del BPBA. Sin entrar en pormenores, los términos del acuerdo, convertido en Ley el 25 de septiembre, a fin de cuentas, retrataron con acritud el poder de Buenos Aires y de su Banco para imponer sus propias condiciones a cambio de acceder a la operación de salvataje solicitada por la Nación, y aplicar duras restricciones al futuro desenvolvimiento del Banco Nacional, su potencial competidor (Cortés Conde 1989, 115-116; Szafowal Samowerskyj 2008, 302-303).[32]
Este empréstito trajo serias consecuencias para el Banco. Como primera medida, le prohibió la emisión de sus billetes en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y colocó un tope a su circulación, con el compromiso de retirarla una vez que el Gobierno Nacional saldara su deuda. Además, se le impedía establecer Caja para la conversión de sus billetes y lo despojaba del derecho de ser recibidos para el pago de contribuciones nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires.[33] Como corolario, ponía en serio riesgo la circulación de su emisión en las restantes provincias, ya que por este acuerdo se dictaba el curso forzoso a 22 millones $f en billetes sin respaldo –las notas metálicas– inconvertibles del BPBA (10 millones de dicho préstamo más 12 millones ya circulantes en Buenos Aires), que el Estado nacional garantizó y se obligó a recibir por su valor escrito, excluyendo los pagos de los derechos de Aduana que se debían realizar 50% en metálico. De esta manera, el papel moneda se convertía en su totalidad al régimen del curso legal, comprendiendo a la moneda corriente y las llamadas notas metálicas de la Provincia de Buenos Aires y también a los billetes del Banco Nacional (República Argentina 1890, 47-49; Pillado 1901, 41 y 46). Como derivación, se establecía una asimetría en las posibilidades de circulación entre los 22 millones de notas metálicas monetizadas emitidas por el BPBA y los poco más de 2.300.000 $f en billetes inconvertibles del Banco Nacional (Cortés Conde 1989, 115-116), aunque, debemos recordar que en las provincias del Interior no tenía buena acogida la moneda fiduciaria de Buenos Aires, prefiriéndose siempre el metálico o los billetes de entidades locales o regionales convertibles a la vista. Por lo demás, resulta lógico interrogarse sobre los motivos por los que el BPBA exigiera medidas tan leoninas en desmedro de esta entidad. Sin procurar un análisis exhaustivo, podemos mencionar algunos puntos que ayudan a comprender este conflicto.
Hasta la creación del Banco Nacional, el BPBA detentaba el señoreaje en su provincia; es decir, era la única institución capaz de emitir papel moneda aceptable en su territorio. (Cortés Conde 1989). A partir de 1873, los billetes del Nacional, si acaso no llegaron a representar una amenaza a la moneda corriente de Buenos Aires, podría percibirse en ello una futura competencia. Además, el Banco Nacional inició sus operaciones solo con 3 millones $f, pero su capital autorizado ascendía a 20 millones. Si consideramos que en esa fecha el BPBA operaba con alrededor de 15 millones $f, se podía pronosticar una futura pugna en un mercado financiero relativamente pequeño, con consecuencias impensadas para ambas instituciones. Más allá de los desafíos potenciales que podrían acarrear esta oposición, en la práctica, el BPBA ya había soportado algunos embates de su competidor. En momentos de reunir el capital para el Banco, en 1872, el Gobierno aportó 2,5 millones que la Ley fundacional lo comprometía, monto que fue retirado de las arcas del BPBA, donde los tenía depositados para ganar intereses. Además, la ley establecía que el nuevo banco se desempeñaría como agente del Estado nacional y obligaba a este último a colocar allí los depósitos judiciales u otros ordenados por las autoridades nacionales, sumas que anteriormente eran depositadas en el BPBA. Del mismo modo, los suscriptores del nuevo Banco, al momento de pagar sus cuotas en oro, realizaron la misma operatoria y varios clientes migraron con sus depósitos en oro hacia el novel Banco. Por último, cuando el BPBA, que también convertía sus billetes a oro en su Oficina de Cambios, redujo su circulación para reforzar su posición frente a la crisis, el Banco Nacional se apresuró a emitir sus billetes (que ya vimos, habían sido diseñados con los mismos tipos que los del BPBA) y ponerlos a circular en la Provincia, para compensar la retracción de su competidor. Si bien esto representó más una amenaza aparente que real –ya que este Banco tenía límites de emisión dispuestos por estatutos (hasta el doble de capital realizado con un mínimo del 25% de encaje en metálico), mientras que el BPBA no contaba con ninguna restricción–, no constituía una conjetura osada sugerir la intención de disputarle su área de influencia (Cortés Conde 1989, 124).
Una vez consumado el acuerdo y neutralizado cualquier desarrollo potencial del Banco Nacional, la liquidación parecía una opción más que viable, teniendo en cuenta el campo de acción francamente limitado que se le asignaba, despojado de la plaza comercial más importante del país y en desventaja respecto al circulante en las provincias por la primacía de las monedas extranjeras. Nuevamente se enfrentaron en el seno de la Asamblea posiciones en pro y en contra del cierre de la institución, y una vez más prevaleció el sector que consideró posible sostener su continuidad (por lo menos limitada) de las operaciones. Esta vez, la condición necesaria era llevar a cabo reformas drásticas en la organización y en los estatutos, algo que debía estar acompañadas por una Ley nacional que derogara la de 1872 y habilitara nuevas bases de funcionamiento. En consecuencia, una Comisión ad hoc presentó un proyecto de reforma y defendió la continuidad de la entidad bajo una nueva organización ante diferentes instancias parlamentarias. Producto de esas gestiones resultó la sanción de la Ley 835, del 24 de octubre de 1876. En noviembre de ese año, la Asamblea de Accionistas, tras sendas discusiones, finalmente aceptó –con fuertes reparos– la Ley de refundación, puesto que en su sanción no se tuvieron en cuenta varias de las modificaciones planteadas como fundamentales por la comisión. Una fracción interna, por el contrario, no se conformó con esta solución y pidió la liquidación de la entidad mediante demanda judicial, actitud que posteriormente fue depuesta. Una vez aprobados los nuevos estatutos el 31 de enero de 1877, y elegido un nuevo Directorio, el Banco Nacional pudo finalmente relanzar sus operaciones.
EL AVANCE SOBRE EL INTERIOR. Las provincias como campo de acción (1877-1882)
Luego de sancionada la Ley 802, del 25 de septiembre de 1876, los intereses de Buenos Aires (y principalmente de su Banco) se impusieron de manera contundente. Con la aprobación del empréstito, se logró mantener fuera de juego al Banco Nacional, inhibido para desarrollar sus funciones en el territorio provincial. Nada se dispuso, sin embargo, en relación con las demás provincias, ya que el objetivo principal era salvaguardar su influencia y señoreaje en la que representaba la provincia más rica y pujante de la República. De todas maneras, el Directorio decidió suspender las actividades de las filiales hasta tanto se alcanzara a establecer los destinos de la institución y, mientras los directores buscaban influir en las discusiones sobre la ley de reordenamiento –sancionada finalmente el 24 de octubre–, se designó una comisión interna para estudiar la situación económica de las provincias, el estado financiero de cada una de las sucursales, y el desempeño de sus autoridades. Los resultados recabados por los directores Salvador Gómez y Juan Drysdale vinieron a reforzar de manera contundente el ala dentro del Directorio que pujaba por relanzar cuanto antes las operaciones del Banco, aunque más no sea de forma limitada, procurando construir sólidas bases en todas las sucursales.
En efecto, si acaso el estado general de las finanzas de la institución indicaba un panorama sombrío, el informe mostraba un campo fértil para el desarrollo de la institución en las demás provincias si realmente existía el compromiso de dotarlas de recursos y de ciertas capacidades decisorias. A tal efecto, observaban que la sucesión de quiebras y reveses financieros que se habían experimentado en Buenos Aires no había tenido su correlato en el resto del país, puesto que habían confluido el cumplimiento de las directivas ortodoxas emanadas desde el Directorio, junto con la falta de difusión del crédito (o en todo caso, el no abuso del mismo – según sus palabras– girando sobre capitales reales). En este sentido, cuestionaron la premisa de que un préstamo en una provincia del Interior suponía un alto riesgo, mientras que en Buenos Aires representaba una operación segura y lucrativa, cuando los libros contables indicaban que se habían protestado el 30% de los préstamos concedidos en esta última, en tanto los otorgados en el resto de las sucursales apenas alcanzaron el 1%. Además, se señalaba que los embates de la crisis en las provincias no habían conllevado a la quiebra generalizada del comercio, aunque no estuvieron exentas de sus efectos, cuya consecuencia más notoria fue una sentida carestía de medio circulante. Por ese motivo, se señalaba la oportunidad que ofrecía esta nueva etapa en la relación con las provincias y la necesidad de reorganizar las sucursales atentas a las demandas de cada región, para otorgarles una importancia que antes se les había negado. (Banco Nacional, Informe del 25/11/76).[34]
Esta nueva etapa se iniciaba, como primera medida, con una drástica reducción del capital autorizado en 8 millones $f, divididos en 80.000 acciones de 100 $f cada una. El Gobierno Nacional debía suscribir 18.000 acciones (22,5% del paquete accionario), mientras que las 62.000 acciones restantes se distribuirían en el sector privado. Por su parte, el Directorio fue completamente reconfigurado. La propuesta de reorganización presentada por la Comisión del Banco solicitaba reducirlo a cinco miembros, cuatro designados por los accionistas y solamente uno por el Gobierno. Sin embargo, en el Congreso se decidió que estuviera compuesto por seis directores: cuatro elegidos por los accionistas, dos por el PEN exclusivamente, y el presidente del Directorio lo sería mediante la postulación del Ejecutivo con acuerdo en el Senado (República Argentina 1890, 50-54). Las autoridades nacionales eran conscientes de que la continuidad del Banco dependía de la aprobación de una ley, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de incrementar su capacidad de decisión en el seno de la entidad bancaria.
Con respecto a las sucursales, si bien se mantuvo la administración de cada una en manos de un Gerente y un Consejo Consultivo, las novedades que trajo aparejadas la ley de octubre (y luego los nuevos estatutos) fueron importantes, ya que pasaban a ser los pilares del desenvolvimiento del Banco. Circunscribiendo nuestro análisis a las reformas más destacadas, en primer lugar, se mantuvo el principio equitativo de mantener por lo menos una sucursal en cada provincia, la cual estaría habilitada, además de la emisión de billetes, para desempeñarse como Caja de ahorro, depósito y descuento. En segundo lugar, se derogó el art 20 de la Ley de 1872 que obligaba a sostener una tasa de interés uniforme en todo el país. A partir de entonces, el Directorio central le adjudicó a cada sucursal una tasa, la que podía diferir entre ellas, e inclusive, variar en el tiempo en una misma filial, acompañando el clima de los negocios imperante en cada jurisdicción. Para fijar dichos intereses, se tendrían en cuenta los informes de los Consejo Consultivos, que además de asistir al Gerente, trimestralmente debían dirigir al Directorio sus observaciones sobre la marcha de la sucursal, la tasa de interés aconsejada, y una clasificación de la cartera, previa inspección de los libros de las filiales. En tercer lugar, se autorizó a cada sucursal a tener una reserva metálica (en oro o plata de curso legal) nunca inferior al 25% de la emisión puesta en circulación, para atender a la conversión de sus nuevos billetes a la par y a la vista, diferenciados de los inconvertibles de la antigua emisión. Incluso, se autorizó la conversión de los billetes en cualquier sucursal, con el afán de otorgarle mayor impulso a su circulación. En caso de que la demanda de metálico superara las reservas propias, se podría apelar al metálico de otras sucursales o bien al de la Casa Matriz, la cual, impedida de funcionar como Caja de conversión, disponía de 1/3 del total de metálico de la institución, mientras que los 2/3 restantes eran distribuidos en las diferentes filiales para habilitar sus operaciones. Dicha base monetaria, estimaba el Directorio, se incrementaría cuando existieran sobradas muestras de la reactivación de las funciones del Banco y la seguridad de la conversión de sus billetes, no ya en Buenos Aires, sino en los mismos centros comerciales de las provincias.
Por último, no por ello menos importante, el art 22 de esta nueva ley dispuso que «ningún Banco podrá hacer emisiones á moneda extranjera, sino únicamente á moneda nacional conforme al tipo establecido por la Ley Monetaria vigente. Los Bancos existentes se sujetarán á esta disposición, cambiando la emisión que tuviesen á moneda extranjera dentro del término de un año » [Ley de reorganización del Banco Nacional, 24/10/1876] (República Argentina 1890, 50-54; Banco Nacional, Estatutos aprobados el 31/01/1877)
Los juicios y propuestas vertidos por la comisión Gómez-Drysdale parecieron calar hondo en el nuevo Directorio o, en todo caso, reflejaron un posicionamiento de las autoridades sobre las tareas que le esperaban al Banco en este nuevo período de existencia. En un plazo de diez meses (pues había asumido en febrero de 1877), se buscó, por un lado, ordenar las cuentas recibidas y sanear la cartera de manera apremiante. Por otro, luego de casi un año de inactividad, a partir de abril de 1877 se ordenaron las reinauguraciones de las sucursales, primero en Rosario y Tucumán, y luego, de forma paulatina, en el resto de las provincias, completando las 13 sucursales creadas en el período anterior.[35] Además, se abrió una más en Gualeguay, y se aprobó ese mismo año la apertura de otras dos –en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay–, contabilizando la provincia de Entre Ríos nada menos que cuatro sucursales. Pero ¿por qué Entre Ríos y no otra provincia económicamente pujante? Más allá del dinamismo que mostraba el sector productivo y comercial de esa provincia, se señalaba como explicación fundamental el hecho de no tener en su jurisdicción curso forzoso, carecer de bancos que emitieran en boliviano (más allá de una suma correspondiente al «Banco del Litoral » ), y la circulación de chirolas o melgarejos se registraban en mínimas expresiones. Además, esa provincia había saldado la deuda del período previo a 1877 y había sido la única en cumplir la ley del 24/10/1876, prohibiendo la nueva emisión de billetes de bancos a pesos boliviano.
Esto permitió firmar un acuerdo entre la provincia y el Directorio, mediante el cual las autoridades se comprometían a depositar todas sus entradas en las sucursales del Banco, a retirar y amortizar los billetes de tesorería (única emisión vigente) y todas las oficinas de la provincia aceptarían los billetes del Banco. A cambio, se le otorgaba una línea de crédito que permitiría al billete del banco circular sin impedimentos (Banco Nacional, Memoria 1878, 8-9).
Es más, se proyectó otra sucursal en Paraná y varias agencias en Nogoyá, Victoria y demás poblados, por lo que no fue casual que esta provincia produjera 1/3 de las utilidades de todas las sucursales en el año 1878 y permaneciera como la provincia con más provechos generados hasta el final de nuestro marco temporal. Similar característica reconocía la provincia de Corrientes, por lo que se autorizó el funcionamiento de tres agencias en Goya, Mercedes y Bella Vista como apoyo de la sucursal en la capital provincial. (Banco Nacional, Memoria 1878, 9). Además, en enero de ese año, se llevó adelante la reapertura de la casa matriz, en Buenos Aires, siempre con las funciones limitadas que le permitía la ley.
EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES. Entre evidentes progresos e invariables obstáculos
A través del análisis de los ejercicios contables del Banco Nacional se puede observar, en líneas generales, cómo fueron creciendo paulatinamente las utilidades de las sucursales, pasando de representar poco más del 10% del total de sus ganancias en 1877, a más del 56% en solo tres ejercicios. Por otra parte, del casi medio millón de $f en billetes inconvertibles que circulaban al 31 de diciembre de 1876, se logró retirar más del 70% en el plazo de un año. La tendencia a la baja continuó en los tres ejercicios posteriores, hasta reducirse en más del 90%, mientras que crecía de manera constante la colocación de billetes de la nueva emisión, convertibles y a la vista (en 1880, la relación entre billetes inconvertibles y convertibles llegó a 3% - 97%). (Cuadro 4). En lo que respecta a la captación de capitales en cada plaza (en depósitos de diferentes tipos y premios), con ciertos altibajos, se observa un franco incremento de los correspondientes a las sucursales, representando sus depósitos, desde el tercer ejercicio, más de la mitad de los que contaba la entidad. Por su parte, las letras al cierre de periodo mantuvieron una tendencia a la baja, y las protestadas se sostuvieron en porcentajes menores (salvo un leve sobresalto causado por las perturbaciones derivadas de la «Cuestión Capital», en 1880), lo que refleja a las claras la política de saneamiento de las carteras y una cierta actitud conservadora de la institución (Cuadros 4 y 5). Como resultado de estas gestiones, y de la recuperación económica general de la economía, las acciones del banco, que se llegaron a negociar a un 40% de su valor nominal a principios de 1877, se recuperaron a finales de ese año, cotizándose al 70% e incrementando su valor de forma paulatina en los ejercicios siguientes.
En este incremento de la participación de las sucursales en el total de las operaciones y en la generación de utilidades, sin duda tuvieron incidencia las reformas introducidas con la ley del 24/10/1876 y los estatutos de enero siguiente, como también la nueva relación entablada con el Directorio, la cual se puede rastrear tras un análisis de sus Actas. Un punto de quiebre respecto a la nueva dirección de la entidad en relación con las filiales, se dio inmediatamente tras la reactivación de sus funciones, cuando se les solicitó a todos los Gerentes «Estudiar las operaciones bancarias que más tiendan a favorecer el desenvolvimiento de la riqueza pública de la Provincia en que funciona y el uso legítimo del crédito en todas las ramificaciones con provecho para la Sucursal» (MHNBNA, ABN, AD, 05/04/1877). A partir de entonces, la Casa Central, por necesidad o por decisión, se mostró más receptiva a los consejos y/o requerimientos de las filiales, permitiendo una cierta descentralización de las decisiones (sin perder de vista su fiscalización), y acordando o emitiendo contrapropuestas a un abanico de solicitudes, que incluían rebajas de los intereses en cuenta corriente con el fin de favorecer los negocios locales; modificaciones en el tipo de cambio en relación al boliviano en plazas particulares para hacerlo más acorde a los negocios; giros en descubierto en oro o plata sobre casa matriz a una suma superior a la autorizada; ampliación del descubierto y/o de los adelantos a algunas firmas bien referenciadas por las sucursales y abrir créditos recíprocos entre las mismas filiales o solicitar aumentos del capital asignado para acompañar el ritmo de los negocios en cada plaza.[37]
Es un contexto diferente, voces internas como externas, ya no coincidían en críticas sagaces a la organización y operatoria de las sucursales (ver supra páginas 6 y 9), sino en la buena performance que presentaba este nuevo período. Así, el antaño crítico diario vespertino tucumano, luego de hacer referencia a los cambios que se habían introducido en la organización de las sucursales, y expresar su conformidad y conveniencia, señalaba con satisfacción: «Los que ayer creían que la institución no podría restablecer sus fuerzas y ser útil a los intereses del crédito privado en la nación, se están convenciendo de lo contrario, en presencia de la nueva organización del Banco y sus elementos consolidados, por una dirección prudente y acertada » (La Razón, Tucumán, 14/11/1877). Un año y medio después, un informe interno del Banco señalaba en concordancia «el estado actual del Banco es satisfactorio, y que las mejoras que en él vienen realizándose desde el principio del año 1877 han producido los resultados que eran de esperarse […] Cree la Comisión que la tarea laboriosa de la reorganización del Banco Nacional puede considerarse como terminada […] » (Banco Nacional, Informe 1879, 4)
Más allá de estos resultados auspiciosos, el panorama no era completamente alentador. Una de las principales misiones conferidas al Banco era el de oficiar como intermediario del comercio entre las provincias (en grandes líneas, entre el Interior y el litoral pampeano), y facilitar sus cambios y sus transacciones. Empero, aun no se había resuelto uno de los problemas nodales para la integración comercial y financiera del país: la circulación de diferentes monedas, algunas con curso forzoso y con valores distintos en cada provincia. Dicha temática fue expuesta en todas las memorias e informes de la institución, desde la etapa fundacional y con mayor ahínco desde 1877. Esto obedecía a que, a partir de entonces, el Interior era el único campo de acción del Banco, en el cual debía lidiar con una anarquía monetaria e instrumentar estrategias eficientes para imponer sus billetes. Pero además del trabajo que implicaba la aceptación y el prestigio de su circulante en regiones acostumbradas a transar con moneda extranjera, feble, además de los billetes de bancos privados y provinciales que emitían en boliviano, se encontraba ante otro inconveniente: los billetes del Banco Nacional comenzaron a desempeñarse desde temprano como letra de cambio.
En efecto, Buenos Aires permanecía vedada para la conversión de billetes por la imposibilidad de operar como Caja de conversión. Sin embargo, por representar la urbe comercial y financiera más importante del país, se mantenía como acreedora del comercio del Interior o bien, representaba una plaza atractiva para los negocios. En estas condiciones, Rosario pasaba a desempeñar el punto más próximo a la Capital y la región litoral pampeana, como así también el segundo enclave comercial del país, por lo que los billetes emitidos en cualquier sucursal afluían allí para ser convertidos y satisfacer las necesidades de dinero evitando el recargo de las letras. El billete del Banco era el único convertible a la vista y a la par que mantenía su valor en cualquier punto del país, a diferencia de las letras, que pagaban transporte, cambio y premio. Por la superioridad en sus condiciones de conversión y por el tipo monetario al que era emitido, se aplicaban los principios de la Ley de Gresham: una vez puesto el billete a disposición del público por cada sucursal, era desalojado de la circulación y llevado a Rosario para convertirlo –inclusive negociado hasta con un premio de 2 al 5%–, mientras que continuaba circulando la moneda feble o los billetes emitidos a boliviano. Por su parte, las reservas metálicas de las sucursales permanecían casi ociosas puesto que no se cambiaban los billetes en el mismo ámbito de la emisión, y la Casa Central debía reforzar la reserva metálica de la sucursal Rosario por la afluencia constante de billetes del Banco desde las provincias del Interior. (Banco Nacional, Memorias 1877-1879). Una de las soluciones implementadas fue imponer una restricción para el cambio de billetes en otra sucursal, colocándole un sello de cada filial y, posteriormente, se le asignó una prima a la conversión. Esto, si bien atentaba contra la uniformidad del valor del circulante del Banco, se lo aceptó como un remedio transitorio para desmontar la operatoria de usar los billetes como letras y evitar que se los sacara de cada provincia. No obstante, el origen residía en el incumplimiento de la ley de octubre de 1876, que prohibía la emisión de billetes en otra moneda que no fuera la de curso legal, junto con la obligación de retirar las emisiones en boliviano; y, además, en la inacción de las autoridades nacionales para dictar una ley definitiva que fijara el valor de las monedas extranjeras.[38]
EL PRÉSTAMO COMO INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN (E IMPOSICIÓN). Ensayos para resolver un problema persistente
A partir de la aprobación de los nuevos estatutos en enero de 1877, el Directorio no dejó de ocuparse de la diversidad monetaria, por los serios perjuicios que traía aparejados a la institución. Mientras mantuvo un reclamo permanente ante las autoridades para que se legislara en la materia, puso especial atención al cumplimiento de las prescripciones de la ley del 24 octubre 1876 sobre moneda extranjera. Así, una vez cumplido el plazo de un año para cesar con la emisión en boliviano en las provincias, el 29 de octubre de 1877 se les ordenó a los gerentes de las sucursales que informaran semanalmente al Directorio si los bancos que operaban en cada una de las provincias (fueran públicos o privados) cumplían o no con la Ley.
Además, comenzó a utilizar hábilmente las constantes solicitudes de préstamos de los gobiernos para conseguir sus propósitos.
En efecto, la necesidad de financiamiento por parte de los gobiernos provinciales fue una constante en este período, fundamentalmente porque no todas las economías regionales pudieron «acoplarse» a la expansión agroexportadora que se cimentaba en esos momentos, con eje en la zona núcleo del litoral pampeano; y porque dependían de esquemas impositivos poco aceitados, con escasa recaudación en relación a la generación de riqueza, por lo que la magnitud del gasto público conllevaba la existencia de arcas provinciales generalmente exiguas. Los subsidios nacionales otorgados por la Constitución representaban un estimado paliativo, pero, a la vez, insuficiente, por lo que toda otra «ayuda extra » que procediera desde Buenos Aires resultaba siempre bienvenida. En consecuencia, el pedido de facilidades de crédito y líneas de financiamiento al Banco Nacional (y en algunos casos, a los demás bancos que operaban en su territorio y emitían en boliviano), se tornó una salida casi obvia a la crónica carestía presupuestaria. En esta etapa, el Directorio del Banco comenzó a utilizarla como una herramienta, como un condicionante, para alcanzar sus objetivos en materia monetaria.
Mencionamos al pasar el pedido realizado por el Gobierno de Entre Ríos en noviembre de 1877, en el que solicitó un crédito de 50.000 $f (cifra nada despreciable para la época) y la apertura de una nueva sucursal en Paraná. En este caso, el Directorio del Banco, luego de discutir los términos, accedió a la solicitud imponiendo ciertas condiciones: a) El Gobierno Nacional debía estar de acuerdo en saldar parte de la deuda con el Banco, para que ese dinero sirviera de crédito al Gobierno Provincial; b) el Gobierno de Entre Ríos se comprometería a realizar sus depósitos judiciales en cualquiera de las sucursales del Banco en esa provincia; c) como corolario, demandaba que las autoridades provinciales «hagan cesar las emisiones en boliviano en la provincia » . (MHNBNA, ABN, AD, 08/11/1877). El Gobierno accedió sin demasiadas objeciones, pues se aseguraba, en su territorio no tenía serios inconvenientes con la circulación de moneda extranjera (ver supra página 19)
Otro ensayo, esta vez con mayor ímpetu, tuvo lugar en una negociación con el Gobierno mendocino. En esta oportunidad, se le solicitó un préstamo para cubrir la deuda con el «Banco de Mendoza » (148.000 $b). Las condiciones impuestas fueron las siguientes: a) el préstamo debía hacerse en su equivalencia en billetes del banco, previo acuerdo con la Legislatura provincial; b) una vez saldada la deuda, el Gobierno de Mendoza debía ordenar al «Banco de Mendoza » que, en un plazo máximo de tres meses, cambiara su emisión a moneda extranjera por emisión a pesos fuertes convertibles a la vista, en acatamiento a la ley; c) de no registrarse su cumplimento, debería proceder a su liquidación; d) ningún Banco podría emitir billetes en moneda extranjera ni el Gobierno mendocino decretar su inconvertibilidad (al menos mientras durara el contrato); e) en garantía del acuerdo, se comprometerían impuestos provinciales, tierras, y todos los depósitos judiciales de la Provincia deberían depositarse en la sucursal del Banco en Mendoza. (MHNBNA, ABN, AD, 29/11/1877). Dicho proyecto de acuerdo contenía exigencias poco usuales, quedó en espera y posteriormente las autoridades mendocinas lo descartaron. Pero fue la primera vez que el Directorio no solo pidió garantías de pago, sino que condicionó al solicitante a hacer cumplir la ley en su territorio.
En el caso de los anticipos o las autorizaciones para girar en descubierto, se demandó una exigencia menor. Por otorgar dos ejemplos ilustrativos, el Gobierno de Catamarca solicitó un descubierto entre 10.000 $f o 20.000 $f. En contrapartida ofreció como garantías tierras, la entrega de las entradas de la Provincia y prometía «prestigiar » la circulación de la emisión del Banco en su jurisdicción. En el caso del Gobierno salteño, solicitó un anticipo en cuenta corriente por 10.000 $f garantido con la recaudación de impuestos hasta 40.000 $f. El Directorio accedió con las condiciones ofrecidas, además de que el Gobierno de Salta aceptara los billetes del Banco en todas sus oficinas públicas . (MHNBNA, ABN, AD, 24/12/1877, 02/05/1878 y 13/05/1878).
La vía del acuerdo y el consenso con las demás instituciones crediticias de provincias fue otra estrategia implementada por el Directorio. Así. emprendió un convenio entre diferentes bancos de Córdoba para hacer cumplir con la Ley 835. Negoció con el «Banco Provincial de Córdoba » , con el Banco «Otero y Cía. » , con el «Banco de Río Cuarto » , además de la sucursal de «Banco de Londres y Río de la Plata » , y, por último, con el Gobierno de la Provincia. Como resultado, las instituciones crediticias se comprometieron a no realizar ninguna nueva emisión de billetes (limitándose a los que ya poseían), y los existentes emitidos a boliviano debían ser convertidos a pesos fuertes desde que se refrendara el convenio. Por último, los firmantes se comprometerían a recibirse recíprocamente, y de parte del público, los billetes emitidos por su valor en fuertes o en bolivianos, mientras fueran convertibles a la vista y al portador. (MHNBNA, ABN, AD, 04/02/1878). En otra oportunidad, se proyectó un acuerdo entre el Banco Nacional sucursal Gualeguay y «Solanas y Cía. » para liquidar su propio Banco. Consistía en la entrega de un crédito por 30.000 $f para que la firma convirtiera sus billetes a pesos fuertes, los retirara de circulación y posteriormente los incinerara. Además, no se le permitió realizar ningún tipo de emisión mientras la sucursal del Banco Nacional siguiera funcionando en la ciudad de Gualeguay. (MHNBNA, ABN, AD, 04/09/1878)
Hasta aquí se pudo ver cómo el Directorio buscó la vía del convenio con los bancos privados o públicos que funcionaban en las provincias, para poner fin a la emisión de billetes respaldados en plata boliviana, mientras que, en simultáneo, mantenía la solicitud a las autoridades nacionales para que hiciera cumplir con la ley de 1876. Solo en un caso hemos detectado una demanda judicial. Sin embargo, transcurridos dos años desde la promulgación de la ley de refundación, y luego de transcurrir un año de vencido el plazo definitivo para cambiar las respectivas emisiones a la moneda oficial –de peso boliviano a peso fuerte–, el Directorio modificó su estrategia y tomó la resolución de utilizar los pedidos de créditos por parte de los gobiernos provinciales como un instrumento de coerción, con el fin de imponer sus condiciones ante las necesidades de dinero. Dicho de otro modo, les trasladaban la preocupación a las autoridades solicitantes para hacer cumplir con la ley, so pena de enfrentar una asfixia financiera.
Luego de un análisis de la documentación, pudimos identificar varios ejemplos de negociaciones con gobiernos provinciales a cambio de financiamiento, algunas frustradas y otras exitosas. En relación con las últimas, podemos destacar, a modo de ejemplos: a) se le otorgó al Gobierno de Salta un crédito, garantido con los impuestos provinciales, depósitos de sus entradas en la sucursal del Banco, la obligación de recibir sus billetes en todas las oficinas públicas, y el compromiso de «no permitir en la Provincia el establecimiento de Bancos con emisión en boliviano ». b ) el Gobierno de Corrientes tomó un préstamo bajo las condiciones similares a las de Salta, además del encargo de impedir la apertura de Bancos con emisión en pesos bolivianos; c) el Gobierno de San Luis recibió una línea de crédito con bases similares, además de estar obligado a depositar todas las entradas en la sucursal San Luis, la garantía del subsidio nacional, y el compromiso de no dejar abrir Bancos que emitieran en boliviano; d) el Gobierno de Santiago logró la apertura de una cuenta corriente bajo las siguientes bases: deposito de todas las entradas en al Banco Sucursal Santiago, garantía con la subvención del Gobierno Nacional, la obligación del Gobierno de recibir el billete del Banco en todas sus reparticiones y el compromiso de no permitir que ningún Banco emita en boliviano. En este caso se le adicionó un condicionante extra: la obligación del Ejecutivo provincial de dictar los decretos necesarios para sujetar la circulación de la moneda en esa provincia a las disposiciones de la Nación sobre la materia; e) El Gobierno de Entre Ríos fue beneficiado, a través de la sucursal de Concepción del Uruguay, con un préstamo garantido por rentas de papel sellado; además todos los fondos debían ser depositados en cualquiera de las cinco sucursales del Banco en la Provincia. Por último, el Gobierno debía obligar al «Banco del Litoral » a retirar su emisión a boliviano en un término de cuatro meses, pudiendo reemplazarla por emisión a fuertes, y no permitir la emisión a boliviano de otros Bancos. f) El Gobierno de Tucumán fue beneficiado con un crédito bajo similares características y exigencias que el otorgado a Santiago del Estero. MHNBNA, ABN, AD, 29/01/1879, 26/09/1879, 15/10/1879, 14/08/1880, 04/01/1881).
Sin bien las estrategias expuestas resultaron fructíferas, lejos estuvieron de representar un éxito concluyente. La decisión de encarar el problema de la moneda de manera particular, y, por medio de acuerdos y condicionantes buscar su erradicación, permitió posicionarse en algunas áreas del país, como Entre Ríos y Corrientes, donde consiguieron posicionar con relativo éxito los billetes del Banco. Sin embargo, en la mayoría de las provincias, pese a haber conseguido la cimentación de las sucursales e impuesto la utilización de sus billetes, el uso de la moneda feble y la emisión de bancos en boliviano no cesó. Una vez más se intentó, por medio de una legislación y con la participación activa del Directorio del Banco, unificar el signo monetario en la República y suprimir la circulación de las monedas extranjeras. Así, la Ley 974 de 1879 autorizaba al PEN y al Banco a acuñar por cuenta y riesgo de este último, unidades monetarias de plata y vellón, disponía un nuevo contenido metálico del peso plata, enviaba a retirar de circulación algunas monedas extranjeras y finalmente revaluaba los pesos chilenos, bolivianos y soles peruanos. Pero no fue promulgada ni vetada, por lo que nunca se vieron sus efectos (República Argentina 1890, 57-61; Olarra Jiménez 1969, 37). Más allá de los avances del banco en pos de la unificación monetaria, y de sus resultados positivos desde 1877, queda claro que su peso real sobre la economía del Interior estaba lejos de materializarse.
La definitiva unificación del país en 1880, con la constitución de la ciudad de Buenos Aires como Capital de la República, y la asunción de Julio Roca a la presidencia, insufló nuevos aires a la esperada unidad monetaria y entre las autoridades del Banco se generó cierta expectativa.
No era para menos: tras una leve corrida producto de los sucesos políticos-militares entre febrero y julio por la «Cuestión Capital » , las utilidades se recuperaron significativamente y en el siguiente año crecieron de manera exponencial las ganancias, los depósitos, los descuentos, mientras se incrementaba la emisión de billetes (Cuadros 4 y 5). Asimismo, Roca tenía en mente convertir a la institución en un verdadera Banco del Estado que comandara, mediante líneas de créditos barato, su expansionismo económico y político en las provincias (Gerchunoff, Rocchi, Rossi 2008, 44; Marichal y Barragán 2017, 161-162). Pero para lograrlo, el primer paso debía ponerle fin a la anarquía monetaria reinante en el país, pese a los variados intentos previos.[39] No significa que las disposiciones emanadas del PEN, la legislación dispuesta por el Congreso o los intentos de parte del Banco Nacional resultaron completamente infructuosos.
Pero su cumplimiento se fue dando de manera paulatina y solo a medias. Basta con observar el circulante de los diferentes bancos que operaban en el país en 1881 para asentir que las instituciones bancarias efectivamente aceptaron emitir en peso fuerte, pero no dejaron de sustentar su circulante en boliviano o en notas metálicas, y que la emisión de dinero no solo era desmesuradamente dispersa, sino que el Banco Nacional apenas representaba una pequeña porción (Cuadro 7).
La ley 1.130 sancionada en noviembre de 1881 intentó ser un parteaguas en el ordenamiento del sistema monetario argentino, en tanto buscó unificarlo a través del peso de oro y plata, dispuso la obligación a los bancos de renovar sus billetes, eliminando definitivamente sus emisiones en pesos fuertes, bolivianos o moneda corriente (República Argentina 1890, 62-66).
Por motivos diversos, la legislación no fue suficiente para establecer la unificación de la emisión en Argentina, ni pudo avanzar certeramente contra los usos y costumbres de las economía regionales que permanecieron utilizando las monedas extranjeras.[40] Siguiendo las tesis de Gerchunoff, Rocchi y Rossi (2008, 22-23), el orden político logrado en la década de 1880 no se correspondió necesariamente con la imposición de un orden económico para todo el territorio argentino (que implicaba el monopolio de la emisión de dinero, el control de las finanzas y la toma de deuda), por lo que la batalla monetaria no pudo dirimirse durante el primer mandato de Roca.[41] Con todo, la estrategia del roquismo contemplaba una arista complementaria, a saber, la reinstalación del Banco Nacional como el brazo financiero del Estado. Para ello, se lograron derogar las restricciones que lo mantenían atado desde 1876 mediante el pago de la deuda al BPBA, por lo que se reivindicaba el derecho a hacer circular sus billetes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se impulsó la ampliación del capital, el cual fue autorizado por ley el 12 de octubre de 1882 (República Argentina, 1890, 74-77). Para entonces, el Banco Nacional contaba con 17 sucursales, 12 agencias, depósitos y utilidades incrementadas, y una tasa de interés que, de a poco, había logrado emparejar en todas sus sucursales.[42] (Banco Nacional, Memoria 1881). Lógicamente, como bien observaron Gerchunoff, Rocchi y Rossi (2008, 48-49), la ampliación y reforma del Banco no solo buscaban el fortalecerlo, sino modificar la composición del Directorio en favor del PEN, y así controlar las directrices de una institución financiera que necesariamente debía acompañar las políticas económicas diagramadas por el Estado central.
En suma, la unificación definitiva del país otorgó un espaldarazo importante al Banco Nacional, y más allá de que la circulación de una moneda nacional de curso legal comenzó a efectivizarse –por primera vez en la historia respublicana– recién desde 1884, quedaban aún resquicios de circulante extranjero que mantuvieron su vigencia en algunas provincias hasta fines de la década. Estos elementos dejan en claro la complejidad de la situación monetaria del país en ese momento y explica, en parte, los obstáculos que tuvo que enfrentar la primera iniciativa concreta por imponer una institución bancaria a nivel nacional en los albores del mayor ciclo de crecimiento económico de la historia argentina.
A MODO DE BALANCE
El presente artículo constituye un estudio exploratorio sobre el desenvolvimiento del Banco Nacional en su primera década en funciones. Con todo, pueden resultar de utilidad esbozar algunas reflexiones, por lo menos parciales, sobre facetas centrales que abordamos a lo largo del escrito.
Pudimos dar cuenta sobre las dificultades y pormenores que signaron la instalación de la primera institución bancaria a nivel nacional. Si la intención de los mentores del proyecto era llevar a todas las regiones del país la modernización del comercio y la producción a través de los instrumentos delineados por las instituciones de crédito, los plazos establecidos, el capital humano y los medios disponibles para encarar tal empresa parecieron reflejar un cierto exceso de voluntarismo o la ausencia de herramientas concretas para sopesar los amplios obstáculos que proponía la compleja estructura monetaria. Se requirió ensayar rápidamente una ingeniería institucional que permitiera cubrir un amplio territorio de manera eficiente, lo que conllevó evidentes errores de organización e instrumentación, no solo por falta de medios e infraestructura adecuada, sino por la tendencia centralista en el manejo de las operaciones, que demoraron el arraigo en diferentes espacios regionales de una institución necesaria por la escasez de crédito, y, a la vez, ajena por no contemplar las realidades de cada región. Un papel moneda escasamente conocido, con un cambio a oro diferente a la plata utilizada consuetudinariamente, ciertas trabas para acceder a sus servicios, con una organización centralista en temas operativos, fueron elementos clave que entorpecieron el arraigo durante el primer periodo de actividades. Pero seamos justos; otros inconvenientes obedecieron a cuestiones exógenas (levantamientos armados, estados de sitio, crisis financieras), que entorpecieron la puesta en marcha de las sucursales, por lo que el clima político-económico no parecía propicio para un ensayo de esta índole. Asimismo, podría invertirse el prisma y pensar que estas iniciativas –antecedentes claros de la consolidación de un moderno sistema crediticio–, fueron fundamentales intentos de ensayo y error para sentar sus bases.
Conforme a lo analizado, el trabajo corrobora las dos fases de evolución por las que atravesó este Banco, ya propuesta por otros autores, con un claro punto de inflexión en el año 1876. El convenio entre Nación y el BPBA, y las medidas prohibitivas aplicadas a la institución cercenaron el proyecto original, comandado por un Directorio que, más allá de cumplimentar la creación de sucursales en las provincias, en la práctica buscaba penetrar y ganar un lugar en las áreas más lucrativas, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Tras su reorganización, ya fuera por necesidad o por una visión renovada del nuevo Directorio, se intentaron enmendar varios de los problemas organizacionales del primer período, promoviendo la descentralización de parte de las operaciones, y se les otorgó a las filiales cierta autonomía en las decisiones, lo que se reflejó paulatinamente en la adaptación de las sucursales a las particularidades locales.
El incremento de la participación de las sucursales en las utilidades, como en la absorción de depósitos y en las operaciones de descuento, son reflejo no solo de una recuperación económica post crisis, sino de un mejor adaptado mecanismo de trabajo en una empresa con filiales en provincias distantes. Así, en esta autonomía de las decisiones puede ubicarse ciertas pistas que permitieron dar agilidad a las operatorias de las sucursales, y aprovechar de manera más eficiente la recuperación de la economía.
La diversidad del medio circulante en las diferentes regiones del país, sin duda, fue el gran obstáculo para la expansión y consolidación de la institución. Por un lado, la ausencia de una legislación clara en materia monetaria, y, por otro, la esperada sanción de esas leyes, pero sin aplicación ni contralor suficiente por parte de las autoridades, impidió un desarrollo normal de las operaciones. No debe subestimarse en este punto la variable política, propia de los intereses por momentos contrapuestos entre los gobiernos provinciales y el poder central; ni tampoco la faceta cultural, que llevaba al rechazo sistemático por parte del público a los instrumentos monetarios propuestos por el Banco. Las estrategias de negociación –e imposición– llevadas adelante ante los gobiernos provinciales para desalojar (o por lo menos controlar) la vigencia de las monedas extranjeras, representan datos interesantes para conjeturar sobre los tipos de estrategias empresariales en firmas de formato mixto. Pero ciertamente fueron infructuosas en el largo plazo, en la medida que la mayoría de las instituciones con capacidad de emisión repudiaban las normativas vigentes o la cumplían solo a medias. Esto también permite reflexionar sobre el arduo proceso de conformación de un mercado unificado, con una unidad y paridad monetaria más allá de las legislaciones.
Por último, se pudo comprobar cómo desde su nacimiento como Sociedad Anónima mixta con participación estatal y preeminencia privada, las vicisitudes por las que atravesó llevaron a mutar gradualmente a una empresa mixta, pero ya controlada (o dirigida) por el PEN, a inicios de la década de 1880, para acompañar políticas públicas. Si embargo, poco quedaba de aquella institución endeble, con una dirección inexperta y centralista. Si bien estuvo lejos de representar la principal entidad bancaria, el gobierno de Roca encontró una empresa sólidamente implantada en las provincias, con conocimiento de su campo de operaciones y adaptada a las particularidades regionales, y con resultados en crecimiento. En este sentido, creemos haber ofrecido algunos avances significativos hacia líneas de trabajo futuras que pueden complementar investigaciones de otros autores, como por ejemplo observar «desde dentro » de la empresa el intento por proyectar una banca de desarrollo durante la década de 1880, realizar una contribución desde la documentación de esta entidad sobre el conflictivo proceso de unificación monetaria en las provincias del Interior del país, o contribuir al estudio comparativo con otras experiencias bancarias de carácter nacional en América Latina.
CUADRO I. Préstamos de bancos oficiales entre 1871 y 1875, en pesos moneda corriente
Años |
Banco de la Provincia de Buenos Aires |
Banco Nacional |
Banco Hipotecario (BPBA) |
1871 |
929.869.538 |
*** |
*** |
1872 |
1.120.818.188 |
*** |
688.223.500 |
1873 |
1.617.434.120 |
*** |
253.443.700 |
1874 |
1.618.168.413 |
223.900.275 |
338.727.500 |
1875 |
1.711.125.222 |
162.330.800 |
403.482.500 |
Fuente: Chiaramonte (1971, 102). Nota: la equivalencia entre el peso moneda corriente y el peso fuerte, para este período, estaba fijada en 25 a 1 (25$m/c = 1$f)
Cuadro 2. Distribución de las acciones en cada provincia en el primer y segundo periodo
Suscripción |
1873 |
1876 |
1877 |
||||
Provincias |
Acciones |
Acciones |
Acciones |
||||
La Rioja |
|
336 |
|
336 |
|
92 |
|
Santiago |
|
541 |
|
443 |
|
135 |
|
San Luis |
|
878 |
|
878 |
|
116 |
|
Jujuy |
|
1.355 |
|
1.355 |
|
107 |
|
Corrientes |
Goya |
442 |
1.772 |
442 |
1.742 |
45 |
318 |
Corrientes |
1.330 |
1.300 |
273 |
||||
Catamarca |
|
1.974 |
|
1.574 |
|
261 |
|
Córdoba |
|
2.751 |
|
2.576 |
|
652 |
|
Mendoza |
|
3.693 |
|
3.738 |
|
608 |
|
San Juan |
|
2.976 |
|
3.121 |
|
859 |
|
Tucumán |
|
3.643 |
|
3.812 |
|
772 |
|
Salta |
|
5.185 |
|
4.455 |
|
919 |
|
Entre Ríos |
Uruguay |
807 |
7.092 |
722 |
5.981 |
65 |
596 |
Paraná |
1.010 |
876 |
245 |
||||
Gualeguay |
1.344 |
1.106 |
90 |
||||
Concordia |
1.849 |
1.395 |
154 |
||||
Gualeguaychú |
2.082 |
1.882 |
42 |
||||
Santa Fe |
Santa Fe |
1.844 |
9.737 |
1.215 |
8.088 |
1.278 |
1.413 |
Rosario |
7.893 |
6.873 |
135 |
||||
Buenos Aires |
Gob. Nac |
|
88.067 |
20.000 |
161.901 |
|
10.870 |
Accionistas |
|
141.901 |
|
||||
|
|
|
130.000 |
|
200.000 |
|
17.718 |
Fuente: elaboración propia a partir de (Banco Nacional, Memorias 1873-1877)
Gráfico 1. Evolución de la tasa activa y pasiva del Banco Nacional
(nov. 1873 - sept. 1876)
Fuente: elaboración propia a partir de (Banco Nacional, Memorias 1873-1876).
Cuadro 3. Encaje y emisión de la Oficina de Cambios del BPBA (1871-1876)
Años |
Encaje metálico |
Billetes en circulación de papel moneda corriente a $25 (papel por un peso fuerte de encaje) |
1871 |
10.527.595 |
263.139.895 |
1872 |
15.413.200 |
385.330.002 |
1873 |
10.157.653 |
253.941.325 |
1874 |
6.242.224 |
156.055.605 |
1875 |
2.823.989 |
70.599.725 |
1876 |
4.872.942 |
121.823.569 |
Fuente: (Banco de la Nación Argentina 1970, 116), citado en (Chiaramonte 1971, 102).
Cuadro 4. Resultados, circulación de billetes y depósitos de la Casa Matriz y Sucursales del Banco Nacional, 1876-1882 (en pesos fuertes)
|
1876 |
1877 |
1878 |
1879 |
1880 |
1881 |
1882 |
Ganancias sucursales |
*** |
47.699 |
97.587 |
172.232 |
145.271 |
323.585 |
416.126 |
Total ganancias BN |
*** |
461.673 |
416.532 |
423.672 |
259.079 |
639.175 |
826.620 |
Sucursales/total |
*** |
10,3% |
23,4% |
40,7% |
56,1% |
50,6% |
50,3% |
Circulación de billetes: |
|
246.724 |
402.910 |
980.219 |
1.428.591 |
2.410.808 |
3.821.294 |
inconvertibles |
497.026 |
133.997 |
72.497 |
53.218 |
46.195 |
|
|
convertibles |
|
112.727 |
330.414 |
927.004 |
1.382.396 |
|
|
% inconvertibles |
|
54% |
18% |
5% |
3% |
|
|
% convertibles |
|
46% |
82% |
95% |
97% |
|
|
Depósitos: |
|
|
|
|
|
|
|
de sucursales |
2.940.650 |
2.630.624 |
2.120.856 |
18.206.535 |
29.052.958 |
44.589.425 |
66.655.911 |
total Bco. Nacional |
s/d |
7.319.016 |
24.452.982 |
40.112.058 |
44.469.760 |
59.968.200 |
96.579.010 |
% sucursales/total |
|
36% |
9% |
45% |
65% |
74% |
69% |
Fuente: elaboración propia a partir de (Banco Nacional 1882). Años correspondientes.
Cuadro 5. Evolución de las Letras y Depósitos de las sucursales del Banco Nacional (1876-1882)
Sucursales del Banco Nacional |
1876 |
1877 |
1878 |
1879 |
1880 |
1881 |
1882 |
Letras descontadas (1876=100) |
100 |
108 |
143 |
157 |
174 |
227 |
331 |
Letras en cartera al cierre (%) |
38% |
24% |
22% |
24% |
21% |
26% |
27% |
Letras protestadas (%) |
0,35% |
0,73% |
0,67% |
0,77% |
3,14% |
1,96% |
0,42% |
Cuentas Corrientes (1876=100) |
100 |
84 |
s/d |
655 |
1.046 |
1.592 |
2.371 |
Depósito a Plazo Fijo (1876=100) |
100 |
142 |
787 |
235 |
396 |
761 |
1.224 |
Dep. Judiciales y Caja de Ahorro (1876=100) |
100 |
260 |
445 |
693 |
798 |
1.242 |
2.331 |
Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco Nacional 1882). Años correspondientes.
Cuadro 6. Medio circulante en las provincias argentinas antes de la Ley 1.130 del 5/11/1881
Buenos Aires |
Metálico |
Onzas y demás monedas extranjeras de curso legal |
Papel |
Billetes de la Oficina de Cambios y de antigua moneda corriente de Buenos Aires |
|
Notas metálicas del Banco Provincia, de curso legal en toda la República |
||
Billetes inconvertibles del Banco Nacional garantidos por la Nación |
||
Billetes convertibles del Banco Nacional garantidos con reserva metálica en cada sucursal emisora |
||
Santa Fe |
Metálico |
Plata de ley para Derechos Aduaneros |
Peso Boliviano para demás transacciones |
||
Papel |
Emisión a Peso boliviano de billetes inconvertibles del Bco. Provincial de Santa Fe |
|
Notas metálicas y moneda corriente de Buenos Aires y billetes del Banco Nacional |
||
Entre Ríos y Corrientes |
Metálico |
Onzas de oro y billetes del Banco Nacional |
Papel |
Billetes del Banco Nacional |
|
Tucumán |
Metálico |
Peso boliviano; peseta boliviana de 14 centavos fuertes |
Papel |
Billetes del Banco Nacional |
|
Mendoza |
Metálico |
Peso y moneda fraccionaria de plata chilena |
Papel |
Billetes a Peso boliviano del Banco de Mendoza |
|
Billetes del Banco Nacional |
||
Córdoba |
Metálico |
Peso boliviano |
Papel |
Emisión a Peso boliviano |
|
Billetes del Banco Nacional |
||
Demás provincias |
Metálico |
Circulante en plata boliviana o chilena |
Papel |
Billetes Banco Nacional |
|
Los melgarejos y cuatros bolivianos fueron proscriptos de la circulación legal por Decreto del 6/6/1876 y, sin embargo, circulaban abundantemente en las Provincias del Litoral y mediterráneas. |
||
Fuente: elaboración propia a partir de (Pillado 1901, 48).
Cuadro 7. Cifras generales de la circulación en la Argentina a fines de 1881
Emisión fiduciaria |
pesos fuertes ($f) |
% |
pesos bolivianos ($b) |
% |
|
Banco Nacional |
1.800.000 |
4,6 |
|
|
|
Banco de la Provincia Buenos Aires |
35.000.000 |
89,4 |
|
|
|
Banco de Córdoba |
1.000.000 |
2,6 |
1.355.084 |
41,8 |
|
Banco de Santa Fe |
1.060.000 |
2,7 |
1.454.000 |
44,9 |
|
Banco de Mendoza |
310.000 |
0,8 |
430.000 |
13,3 |
|
Total |
39.170.000 |
100,0 |
3.239.084 |
100,0 |
|
Emisión particular |
pesos fuertes ($f) |
% |
pesos bolivianos ($b) |
% |
|
Entre Ríos: |
Banco del Litoral |
11.000 |
1,4 |
15.000 |
1,5 |
|
Bco. de Londres y Río de la Plata |
255.000 |
32,1 |
350.000 |
35,9 |
Córdoba: |
Otero y Cía. |
320.000 |
40,3 |
440.000 |
45,1 |
|
Banco Río Cuarto |
128.000 |
16,1 |
170.000 |
17,4 |
San Juan: |
Banco de Cuyo |
80.000 |
10,1 |
|
|
Total |
794.000 |
100,0 |
975.000 |
100,0 |
|
Fuente: Elaboración propia a partir de (Agote 1881, 208-209).
Pies de página
[1] Resulta imposible resumir aquí las numerosas y valiosas contribuciones al estudio sobre el sector financiero y bancario de la época, tanto en la campaña bonaerense como en la ciudad de Buenos Aires. Por ello remitimos a los completos balances historiográficos de Regalsky (1999 y 2006), donde se podrá consultar los aportes sobre la banca privada en Argentina. También véase Cortés Conde, D’Amato y Ortiz Batalla (2014).
[2] Se pueden mencionar, como ejemplos, a Mendoza (Bragoni 2005), Santa Fe (Gallo 1972; Comisso 2012), Córdoba (Tognetti 1999/2000) o Tucumán (Beckmann 1998, Sánchez Román 2005).
[3] Actualmente se desarrolla una perspectiva de análisis que interpreta –mediante un análisis comparativo– la emergencia de instituciones bancarias con carácter nacional, en diferentes puntos de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, como ejemplos destacados de «innovaciones institucionales», estrechamente relacionadas con la consolidación de estructuras estatales, el desarrollo económico y la modernización política y administrativa. Para los casos de las bancas nacionales de Argentina, Brasil y Chile, véase (Marichal y Barragán 2017)
[4] El principal cuerpo documental se encuentra resguardado en el Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina (MHNBNA). Archivo del Banco Nacional (ABN). Actas del Directorio (AD).
[5] Una escueta muestra de la expansión de los préstamos entre 1871 y 1875, en el Cuadro 1.
[6] La Carta Magna, en el Cap. IV, art. 5. establecía como facultad del Congreso «establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes» (Constitución Nacional 2010, 40).
[7] Las principales opiniones a favor y en contra de una solución netamente privada o exclusivamente estatal, pueden consultarse en (Banco Nacional, Memoria 1874, 1-2).
[8] Los autores finales del proyecto fueron Emilio Castro, Juan Anchorena, Leonardo Pereyra, «Jaime Lavallol e hijos » , «Vicente Casares e hijos » , Julius Haase, «Francisco Chas e hijos » , Manuel Guerrico, Juan Frías, Ezequiel Ramos Mejía, Carlos Casares, Delfín Huergo, Miguel Esteves Saguí, Félix Bernal, Narciso Martínez de Hoz, Mariano y Carlos Saavedra, Antonino Cambaceres, Fermín y Manuel Basualdo, «Senillosa Hermanos » , Eduardo Carranza, Juan Cobo, José Acosta y «Alcorta y Cía » .
[9] Más del 60% de las acciones fueron suscriptas en Buenos Aires, aunque casi el 40% que les correspondió a las demás provincias refleja una buena respuesta de los accionistas del interior, teniendo en cuenta que, de antemano, se aceptaba que las decisiones se tomarían en el Directorio reunido en la Capital de la República. Es decir, no contarían con ningún tipo de influencia en la marcha de la institución. La proporción de las acciones suscriptas en Buenos Aires podría haber sido mayor, en desmedro de las provincias, excepto por una cláusula oportunamente dispuesta que obligó a prorratear y equilibrar, en parte, las inscripciones en favor de los suscriptores del interior. (El reparto de las acciones por cada provincia puede consultarse en el cuadro 2).
[10] A título de ejemplo, en el año de la fundación del Banco Nacional, su par, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, trabajaba con 12 sucursales ubicadas en los principales poblados del norte, oeste y sur del interior provincial, más de la mitad ya conectados por líneas de ferrocarril, que operaban, a la vez, con las demás filiales de los circunvecinos poblados adyacentes a las estaciones. También el Banco Argentino disponía de cinco sucursales (Rosario, Córdoba, Santa Fe, Concordia y Paraná); y el de Londres y Río de la Plata operaba con tres (Rosario, Córdoba y Montevideo). (Mulhall 1875: 77-78).
[11] Simultáneamente a la inauguración del Banco, a finales de la presidencia de Sarmiento, se concluyó el primer tendido telegráfico nacional que logró conectar a las capitales provinciales con Buenos Aires, labor asociada a la iniciativa de Vélez Sarsfield. Respecto a la vinculación por medio de los transportes, la situación era diametralmente opuesta. En esa fecha, las provincias del Litoral (Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) se conectaban entre sí y con Buenos Aires mediante una consolidada red fluvial de carga y pasajeros gracias al avance de las embarcaciones a vapor. Por medio del ferrocarril, en cambio, Buenos Aires contaba con tendidos que la vinculaban con algunos de sus principales centros comerciales y productivos de la campaña y, en el resto de las provincias, solamente se encontraba operativa la línea que unía Rosario con Córdoba. Restarían varios años para que las puntas de rieles se extendieran hacia el norte, alcanzando Tucumán (1876); o bien hacia el oeste, llegando a Mendoza y San Juan (1885). De manera progresiva, diferentes tendidos troncales y ramales terminaron por unir a las restantes capitales provinciales a finales de la centuria, lo que consolidó el sistema de transporte de carga, pasajeros y correos. Las consecuencias de estos y otros cambios estructurales en la actividad bancaria de Argentina y de otros países latinoamericanos, en (Marichal y Barragán 2017, 137-139; Jones 2018, 93-100).
[12] Dicha institución privada de crédito operó durante la década de 1870, con Casa Central en San Juan y filiales en Catamarca, Tucumán, e inclusive se planteó una más en Salta antes de su liquidación, en 1879 (Beckmann 1998, s/n; Sánchez Román 2005,144). Al respecto, la prensa tucumana destacaba: «La Sucursal en Tucumán del Banco San Juan es absolutamente independiente en la administración del principal; ella organiza su directorio sin intervención extraña. De aquí viene que las operaciones son siempre acertadas, porque el Directorio resuelve con presteza toda medida que demande urgencia, y con conocimiento del verdadero estado de los negocios del Banco y la plaza.» La Razón, Tucumán, 12/03/1876. Posiblemente, esta mentada independencia fuera más el fruto de una necesidad estructural, debido a las grandes distancias, la ardua conectividad y la consiguiente comunicación poco fluida con la casa matriz, distante a casi 800 km en carruaje.
[13] Estas propuestas y discusiones figuran en MHNBNA, ABN, AD, con fechas 26/04/1873, 27/05/1873, 20/01/1874, 13/07/1874, 14/07/1874 y 25/07/1874.
[14] La autorización para que el BPBA operara con sucursales en el interior de Buenos Aires le fue otorgada mediante ley provincial en 1863. Véase Garrigós (1873, XLVII-XLIX) y Casarino 1922 (120-123). También puede consultarse (De Paula y Girbal-Blacha 1997). Cabe recordar que Vélez Sarsfield contaba con una distinguida trayectoria en esta materia y conocía de cerca el funcionamiento del BPBA, ya que en 1854 había presidido la comisión que reorganizó la institución y formó parte de su Directorio en años posteriores. Véase (Garrigós 1873, 118-119)
[15] Clamor que culminaba señalando «…desde que esta fundación [de las sucursales] había de efectuarse en el primer año de vida del Banco; cuando su capital realizado era bien diminuto; cuando aún no acababa de salir de los trabajos que le había demandado la instalación del establecimiento y la organización de sus oficinas centrales, y cuando puede decirse, empezaba el ensayo de un sistema recién adoptado como útil y bueno, pero que, necesitaba del tiempo y del estudio para consolidarse y poder irradiar sus beneficios á otros establecimientos dependientes del central. » (Banco Nacional, Memoria 1874, 17-18)
[16] Mitre asumió el liderazgo de la revolución, apoyado principalmente por los generales José Arredondo e Ignacio Rivas, y el coronel de marina Erasmo Obligado. Tras impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de febrero de 1874, que eligió a Nicolás Avellaneda como sucesor de Sarmiento, se incitó a un levantamiento armado para impedir la asunción del nuevo mandatario. En este clima de agitaciones, Avellaneda ocupó la primera magistratura el 12 de octubre. Un mes después, tras derrotar a las fuerzas revolucionarias en las batallas de La Verde y Santa Rosa, se consiguió la pacificación del país. Posteriormente, el presidente abrió paso a la denominada «política de Conciliación», lo que permitió mitigar las asonadas militares, por lo menos hasta 1880, en el final de su mandato. Un abordaje reciente sobre esta coyuntura desde la historia política en (Míguez, 2011).
[17] En algunos casos, los gerentes lograron poner a salvo los caudales. En otros, cumplieron con la orden, destruyendo 75.000$f en la Rioja, 250.000$f en San Juan, y 400.000$f en Salta. (Banco Nacional, Informe 1875, 29)
[18] En la Memoria de 1875, se señalaba con preocupación: «Esta disposición ha hecho que sea imposible no solo completar, pero aun siquiera formar los consejos; pues se ha visto, como es muy natural y explicable, que en las Provincias nadie quiere, por seguir gratuitamente al Banco, privarse de las ventajas de su crédito personal en este Establecimiento […] es evidente que nadie se presentará voluntariamente a servir un Banco que da por toda remuneración de este servicio, una pena gravosa, cual es la privación del crédito en el Establecimiento al cual sirve. Esto, ha dado por consecuencia la disolución permanente de los Consejos consultivos de las Sucursales en las Provincias». (Banco Nacional, Memoria 1875, 19).
[19] Como respaldo de su argumentación, la Comisión Examinadora citaba el ejemplo del Banco de Francia, que operaba con 60 sucursales en los 86 departamentos, sin que el Gobierno lo obligara a completarlas, pues entendía que en los 26 restantes no existía una envergadura de negocios que demandara una filial. Inclusive citaba el caso del Banco de Inglaterra, el cual no tenía estipulada en su Carta una obligación semejante (Banco Nacional, Informe 1874, 20).
[20] Según apreciaciones de Emilio Hansen (1916, 383) «En Buenos Aires corría la ‘moneda corriente’ o bien papel moneda de su Banco, mientras en el resto de la República el medio circulante era alguna forma de moneda metálica, exceptuándose una corta cantidad de papel moneda de la provincia de Corrientes, con circulación estrictamente localizada en la misma. En esta provincia, como en la de Entre Ríos, la unidad más conocida era la onza de oro; en las provincias del interior, incluyendo a la de Santa Fe, la circulación ese entretenía con una corta cantidad de plata cordobesa, y una considerable masa de la mala plata boliviana. Prácticamente no circulaba papel moneda fuera de la provincia de Buenos Aires»
[21] Estos autores, además de sus contribuciones para el caso santafesino, rescatan estudios de importancia, como los de Cortés Conde (1989) y Gerchunoff, Rocchi, Rossi (2008).
[22] Como ejemplo, en las discusiones sobre la reorganización de sucursales de principios de 1875, el director Frías planteó la disyuntiva entre establecer filiales en provincias desconocidas y distantes, o bien, abrir agencias de conversión de los billetes del Banco Nacional en los principales centros de la campaña de Buenos Aires, a su entender, un negocio seguro o por lo menos más redituable. Sin embargo, el Directorio decidió aplazar esta iniciativa, teniendo como prioritaria la apertura de Sucursales en las Provincias del Interior y Litoral, y no confrontar abiertamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires (MHNBNA, ABN, AD, 16/01/1875).
[23] «…la conciencia pública recibía todo el papel del Banco [Provincia] como verdadera circulación fiduciaria […] fue penetrando gradualmente en las transacciones, echó raíces profundas en los hábitos de la población y acabó por apoderarse de tal modo de la opinión, que, en vez de depreciarlo, lo prefería al metálico» (Garrigós 1873, 153-154).
[24] Según afirmaba en Asamblea el director Machain (reputado comerciante rosarino, ampliamente conocedor de la realidad comercial del Interior), entre las monedas circulantes en la República se encontraban tres especies de cuño boliviano, a saber: la vieja moneda boliviana (21 ps. 2 rls. la onza de oro), que se componía en su mayor parte de «cuatros». El «melgarejo» (29 o 30 ps. la onza de oro), que constituía propiamente el «boliviano» depreciado en circulación en las provincias. Y el «boliviano de nuevo cuño», el cual se aproximaba al tipo chileno de 17 ps. 2 rls. la onza de oro que, junto con los soles peruanos y las monedas de cuño chileno del valor indicado, constituían la masa de la circulación metálica de las provincias. (MHNBNA, ABN, AD, 13/02/75).
[25] La cuestión vital para las Sucursales es la moneda boliviana, encarnada en las Provincias de una manera muy difícil de desarraigar; y es asunto muy complejo, por existir en esta moneda varios tipos de diferente ley, porque estos diferentes tipos han sido rebajados en su liga y falsificados en grandes cantidades y porque en las diversas Provincias se les ha dado distintos valores. Con semejantes elementos lucha el Banco Nacional, para poner en circulación su peso fuerte de oro, cuyo valor es bien poco conocido en la mayor parte de las Provincias» (Banco Nacional, Informe 1875, 30).
[26] Un ejemplo en este sentido ocurrió cuando el presidente, de manera provisoria y en acuerdo con el Directorio, fijó en las transacciones de las sucursales el tipo de 22,5 $b por onza de oro, tipo que desagradó sobremanera a los gerentes de Rosario y Córdoba, pero que había merecido la aceptación del gerente de Salta. (MHNBNA, ABN, AD,16/03/1875).
[27] Por citar el ejemplo de una de las provincias con menor desarrollo económico en términos comparativos, sobre el ámbito de la comercialización catamarqueña de la época, se señalaba: «El peso boliviano, tan general en la República, está produciendo considerables pérdidas en el comercio de Catamarca, por ser el peso fuerte el tipo de las plazas más mercantiles del país, tipo ante el que el boliviano es muy depreciado. Pero luego se restablecerá favorablemente este desequilibrio producido por la reforma benéfica» (Espeche y Carrillo 1875, 183). Es evidente las expectativas que generaba una ley que regulase el cambio de monedas.
[28] La Constitución Nacional, en su art 105 establecía: «Las provincias no ejercen el poder delegado a la Confederación. No pueden […] acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal » (Constitución Nacional 2010, 40). [El subrayado es nuestro ].
[29] «El Poder Ejecutivo fijará el valor de todas las monedas extranjeras que tengan circulación en la República, con arreglo a la unidad creada por esta ley [el peso fuerte], y teniendo únicamente en cuenta la cantidad de oro y plata fina que contengan dichas monedas». Ley N° 733 del 29/09/75 (República Argentina 1890, 44)
[30] MHNBNA, ABN, AD, 12/06/1876, 13/06/1876 y 17/06/1876. Asimismo, haciendo uso de una «contabilidad creativa», a sugerencia del gerente de Salta, se lo autorizó a comprar letras sobre Chile con la plata boliviana sellada depositada en su Caja, y recibir su valor en Valparaíso por medio de un agente, reduciéndolo allí a oro sellado o tomar letras sobre Londres, que abundaban en aquella plaza del Pacífico. MHNBNA, ABN, AD, 14/09/1876.
[31] Banco Nacional, Comisión nombrada por la Asamblea General el 10/7/76. Informe fechado el 26/9/76.
[32] Este autor realizó un exhaustivo y esclarecedor análisis sobre las pujas y las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el BPBA, y sobre las derivaciones del definitivo acuerdo. (Szafowal Samowerskyj 2008, 301-319).
[33] En apariencia, esta cláusula iba a contrapelo de la Ley de Fundación del Banco Nacional, donde se estipulaba que sus billetes serían la única moneda legal con carácter nacional, aceptable como pago en las oficinas nacionales. Sin embargo, los hacedores del acuerdo siguieron al pie de la letra el art 11 de dicha Ley, donde se estipulaba que los billetes serían recibidos «mientras sean convertibles á la vista» (República Argentina 1890, 27). Luego del decreto de inconversión, esta obligación perdía toda vigencia.
[34] «Hoy ya está comprobado, que ha sido errónea la idea que hasta aquí predominaba de que las Provincias del Interior, no ofrecían un campo ventajoso para las operaciones bancarias, al lado de Buenos Aires; y que los capitales prestados allá serían difíciles de recuperar, mientras que todo préstamo, era aquí [en Buenos Aires] útil y seguro. Ya tenemos una solución a esta doctrina por la experiencia del Banco mismo.» (Banco Nacional, Informe del 25/11/76, 20).
[35] Las reaperturas se concretaron en los siguientes plazos: Rosario (abril); Tucumán, San Juan y Mendoza (mayo); Concordia (junio); Córdoba (julio); San Luis, Santiago, Catamarca y Corriente (noviembre); Salta, Jujuy y La Rioja (diciembre). (Banco Nacional, Informe del Inspector de Sucursales, Máximo Rodríguez con fecha 8/1/78, 13)
[36] Así, en palabras del Directorio, se señalaba que «El banco se consolida, su crédito se aumenta, y es hoy un establecimiento inconmovible […] si el banco aplicase todas las utilidades anuales para repartirlas en dividendos, es evidente que las acciones del banco se cotizarían a la par. Debemos, sin embargo, ser previsores y prudentes. Las utilidades del Banco obtenidas desde 1877 deben pagar los errores cometidos y los desastres hasta 1876. El capital del Banco debe conservarse íntegro y sano, formándose un fondo de reserva respetable que dilate el crédito del Banco y que lleve a todos la convicción de que es una institución sólida y segura» (Banco Nacional, Memoria 1879, 5)
[37] Estas propuestas y discusiones figuran en MHNBNA, ABN, AD, con fechas 30/07/1877, 06/11/1877, 16/01/1878, 09/09/1878, 11/09/78, 09/12/78, 19/11/77 y 20/03/78.
[38] La Constitución Nacional, en el Cap. IV, art. 10. establecía como facultad del Congreso «Hacer sellar monedas, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Confederación» (Constitución Nacional 2010, 40)
[39] En el cuadro 6 se puede apreciar los diferentes circulantes en distintas provincias hasta 1881.
[40] Un análisis y juicio crítico sobre esta ley en (Olarra Jiménez 1969, 38-41).
[41] Según estos autores, si bien la década de 1880 sentó las bases de un poder político sólido y con alcance en todo el entonces territorio argentino, habría que esperar hasta después de la crisis de 1890 para poder hablar de un orden económico comandado por la Nación.
[42] «En las provincias el comercio se veía comprometido no solo por las grandes diferencias de cambio, procedente de la anarquía reinante, sino también por un interés alto de 11, 12 y 13%. El Banco removió este inconveniente, y hoy en Buenos Aires, como en Jujuy, la tasa del interés es igual, según la naturaleza de la operación, gozando las Provincias por primera vez de este beneficio que les proporciona dinero barato al 8% … » (Banco Nacional, Memoria 1881, 9) [el subrayado es nuestro]
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Índice del artículo
- I. INTRODUCCIÓN
- II. VICISITUDES EN LA CREACIÓN DE UN BANCO NACIONAL
- III. AVANCES Y REPLIEGUES EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS SUCURSALES (1873-1876)
- IV. UN SINUOSO COMIENZO. CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN Y A LA GESTIÓN
- V. EL PROBLEMA DE LA MONEDA EN BUENOS AIRES Y EN LAS PROVINCIAS
- VI. LOS SUCESOS DE 1876. CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN
- VII. EL AVANCE SOBRE EL INTERIOR. LAS PROVINCIAS COMO CAMPO DE ACCIÓN (1877-1882)
- VIII. EL DESEMPEÑO DE LAS SUCURSALES. ENTRE EVIDENTES PROGRESOS E INVARIABLES OBSTÁCULOS
- A MODO DE BALANCE