Daniel Moyano | moyano79@gmail.com

1. Universidad Nacional de Tucumán
   Tucumán, Argentina
2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
   Tucumán, Argentina

Recibido: 14 -01-2019 | Aceptado: 13 -03-2019

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RESUMEN

En 1914, el impacto de la Gran Guerra en las finanzas y el comercio internacionales afectó fuertemente a la economía argentina. En ese contexto, y con el fin de amortiguar dicho impacto, el Banco de la Nación Argentina, que ocupaba un rol de liderazgo en el sistema bancario por la magnitud de sus depósitos y su amplia red de sucursales, fue llamado a desempeñar nuevas funciones. Una de ellas, estrechamente ligada con el sostenimiento del complejo agroexportador en tiempos tan inciertos, estuvo relacionada con la implementación de los créditos de prenda agraria. Autorizados por ley a fines de 1914, alcanzaron sus mayores guarismos, en la operatoria del Banco en 1915 y en 1918, para ser pronto superados por una nueva modalidad, la prenda ganadera. En este trabajo nos proponemos un examen de esa modalidad de créditos en los años indicados, y su distribución entre los pequeños productores y el comercio, así como en relación a los préstamos ganaderos, y la particular geografía en la que se concentró este tipo de operatoria. Para ello se ha utilizado información recabada de las memorias del Banco, los libros de actas del Directorio y, desde 1917, los libros auxiliares de actas, donde este tipo de operaciones eran inscriptas.

Palabras clave: Mercados e instituciones financieras; Gobierno, guerra, legislación y regulación; Agricultura, recursos naturales, medio natural e industrias extractivas.

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ABSTRACT

The outbreak of First World War in 1914 and its impact on international trade and finances strongly affects the Argentine economy. The Banco de la Nación Argentina, whose role in Argentine banking system was prominent due to the great extent of its deposits and its wide network of branches in the countryside, was called to exercise new functions. Some of these were closely linked to provide financial support to agricultural activities in so uncertain times. The new loans with agricultural collateral were one of the main tools in orden to achieve this goal. Authorized by law at the end of 1914, they reached a peak between 1915 and 1918 in the BNA credit performance. In this article we intend to study this type of loans until 1918, and its distribution between small rural producers and merchants, and across the main agricultural provinces. For this research we examined banking documentation The main sources for this research were the memories, board minutes and other material available in the same institution (BNA), besides official and financial publications of the period.

Keywords: Financial Markets and Institutions; Government, War, Law, International Relations, and Regulation; Agriculture, Natural Resources, Environment, and Extractive Industries.

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I. INTRODUCCIÓN

El papel de la banca, y particularmente de la banca pública, en el proceso de modernización y expansión económica que experimentó la Argentina a fines del siglo XIX y en los comienzos del XX ha sido un tema clásico en la historiografía económica. Sin embargo la mayor parte de los estudios han apuntado a explorar su relación con la agitada historia monetaria del período (Pillado 1901, Hansen 1916, Williams 1920, Prebisch 1921-22, Ford 1966, Cortés Conde 1989, Della Paolera y Taylor 2003, Gerchunoff, Rocchi y Rossi 2008). En mucha menor medida, se ha avanzado en explorar su desempeño en la provisión del crédito requerido por la expansión en curso. En este último sentido se pueden  destacar los trabajos pioneros de contemporáneos como Garrigós (1873) y Lamas (1886),  así como los más recientes de Sábato (1989) y Ferrari (1995), que dieron cuenta del papel de las entidades oficiales de la provincia de Buenos Aires en el desarrollo del crédito rural del último tercio del siglo XIX. En cuanto al siglo XX, el panorama en lo que concierne a las primeras décadas, y al crédito agrario en especial, es más incipiente y fragmentario.

Existe una interpretación clásica, enunciada primero por Scobie (1968), y proseguida en cierto modo por Tulchin (1978), y Gaignard (1989), que al destacar la precariedad de muchos de los pequeños productores agrícolas de la región pampeana, básicamente por su carácter de no propietarios y la inestabilidad de los arriendos, señalaba las dificultades que esa condición entrañaba para poder acceder para al financiamiento en el sistema bancario. 

Así se afirmaba la existencia de un dualismo crediticio en el mundo rural, que solo permitía el acceso al crédito bancario “formal” de los sectores vinculados al comercio y a  la gran propiedad y dejaba a los chacareros a merced de un segundo sistema “informal”, más limitado y costoso, controlado generalmente por el comercio local. La investigación de Adelman (1992), si bien coincidía en sus grandes trazos con este panorama, abría sin embargo una nueva perspectiva al visualizar la relación entre ambos sistemas (el formal y el informal) más en términos de articulación que de compartimentos estancos u opuestos.[1]

Los escasos estudios que han considerado el caso de la prenda agraria comparten esta visión crítica. En su texto citado, Tulchin destacaba la falta de implementación de un sistema de crédito oficial para los pequeños productores agrarios, a pesar de las copiosas declaraciones y proyectos en la época, y mostraba, a través de un análisis de los giros del Banco Nación (pero no de los créditos), cómo esta entidad ponía su estructura al servicio de las grandes empresas que controlaban el comercio de granos. Estudios posteriores efectuados sobre Córdoba (Moreyra de Alba 1992) y sobre Santa Fé (Chaullú 1996  y 1997), examinando en este último caso el crédito prendario de las sucursales locales del Banco Nación, apuntan -si bien con matices- en la misma dirección.[2]

La intención del presente trabajo aspira a retomar el análisis de estas cuestiones a partir de un análisis mas sistematizado de la acción crediticia de la principal entidad bancaria de la época, el Banco de la Nación Argentina, y examinar, a partir de relevamiento de los registros de créditos de prenda agraria que se conservan en la entidad, las características que tuvo esta acción, tomando como caso un año específico, 1918, en el que esa línea adquirió especial intensidad.

El BNA y el sistema bancario argentino en los comienzos del siglo XX

El Banco de la Nación Argentina fue constituido en octubre de 1891 en reemplazo del viejo Banco Nacional, clausurado unos meses antes bajo el impacto de la crisis financiera, conocida internacionalmente como la “crisis de Baring” (Eichengreen 1999, Ferns 1993).[3] La entidad fue parte de un nuevo orden monetario y financiero que se fue organizando en esos años y que habría de afrontar su primer gran desafío más de dos décadas después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En dicho ordenamiento, las facultades de emisión, hasta entonces dispersas en una pluralidad de entidades bancarias, fueron centralizadas en un nuevo organismo, la Caja de Conversión, en tanto, las operaciones de crédito quedaron en manos de los bancos, públicos y privados, sobre la base de los recursos provenientes de su capital integrado y de los depósitos del público. Este nuevo orden se terminó de consolidar con el retorno en 1899 a la conversión (instaurada efímeramente en 1881-84), pero ya no a la par sino a la tasa de 2,27 pesos papel por peso oro.[4] Al mismo tiempo, y en respaldo de la emisión preexistente (hasta entonces inconvertible), se constituyó un Fondo de Conversión, en metálico, que pasó a ser administrado por el Banco de la Nación con el fin de morigerar las fluctuaciones cambiarias.

El BNA, diseñado en principio como un banco de gestión privada, pero de facto convertido en estatal ante la falta de interés inicial por la suscripción de sus acciones, recién fue convalidado como banco de estado con la reforma de sus estatutos de 1904. Aunque provisto inicialmente de un exiguo capital,[5] organizó de inmediato un interesante despliegue territorial, dejando instaladas al cabo de su primer año nada menos que 61 oficinas en todo el país, algunas de ellas transferidas por el viejo Banco Nacional, pero en casi dos tercios, nuevas creaciones.  Ellas apuntaban, por un lado, a cubrir el vacío dejado por la caída del Banco de la Provincia de Buenos Aires en dicha jurisdicción, y por el otro, a ampliar en número las que su antecesor había desplegado en el resto de las provincias argentinas. Así, mientras 19 sucursales se hallaban en la ciudad y provincia de Buenos Aires, otras 25 correspondían a las tres provincias del antiguo litoral (Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe), y 17 a las del «interior» (incluyendo 3 en Córdoba).

Luego de algunos años de desempeño mediocre y muchas restricciones en su capacidad prestable, comenzó a beneficiarse, en la segunda mitad de la década de 1890, de la expansión rural en curso y de una menor rigidez en su operatoria, y para 1900, con el 24% de los depósitos totales, ya era el banco más importante del sistema. De todos modos, la situación general del crédito era sumamente restrictiva y por sus condiciones de intereses, plazos y garantías, se hallaba mejor adaptado para el sector comercial y aquellos actores más pudientes del ámbito rural (una estadística de préstamos del Banco Nación en 1894 ubicaba en primer término al comercio con el 56%, seguido por la ganadería con un 20%).[6]

A comienzos del siglo XX la economía argentina entró en una nueva etapa de crecimiento acelerado, basado en la fuerte expansión de su sector agropecuario y los nuevos flujos de capitales externos, que posibilitaron saldos positivos crecientes en la balanza de pagos, y se reflejaron en el ingreso de metálico y las consecuentes emisiones de la Caja de Conversión, que permitieron triplicar el stock del circulante (de 295 millones en 1902 llegó casi 900 millones de pesos a mediados de 1913). Los créditos bancarios crecieron aún más, cerca del 400 %, y lo mismo ocurrió con los del Banco Nación, ayudado no solo por la reforma de estatutos, sino por la duplicación de su capital, en 1909, que le permitió redoblar la creación de nuevas sucursales.[7] En 1912 éstas llegaban a un total de 142 y más de la mitad se hallaba en las cuatro provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), que junto al territorio nacional de La Pampa constituían el escenario más dinámico de la expansión agraria en curso (Díaz Alejandro 1975).

El impacto de la Primera Guerra Mundial y el nuevo rol del BNA en el sistema bancario y en las finanzas públicas

El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 implicó una ruptura del orden económico y financiero vigente, al tiempo que acarreó una serie de cambios, sobre todo en lo que respecta a la intervención del Estado en los asuntos económicos, llamados a perdurar. (Aldcroft 1985, Albert 1988, Weinmann 1994, Roberts 2013). En el caso de la Argentina, impactó sobre una economía ya afectada por una crisis financiera desde 1913, produciendo una verdadera debacle. Es que la merma en las entradas de capital en el segundo semestre de 1913, y el fracaso de las cosechas en el primero de 1914, habían generado un déficit en el balance de pagos que debió saldarse con el envío de oro. Ello había entrañado una baja en las reservas de la Caja de Conversión, y consecuentemente, en la base monetaria, del orden del 8%. Otra baja similar ocurrió en julio de 1914, cuando los acontecimientos europeos llevaron al cierre de la Caja.

La situación estuvo en la base de una fuerte retracción de los depósitos y los créditos bancarios.  El descenso de los precios de la propiedad raíz, dejó en completa insolvencia a muchos deudores, que habían tomado sus créditos en la fase ascendente sobre la base de esos activos (Ford 1966, Prebisch 1921-22). Al desencadenarse la guerra estos fenómenos se agudizaron, y consecuentemente se asistió a un crecimiento geométrico de las quiebras como no habría de conocerse hasta la crisis de 1929-32.  Los pasivos totales involucrados en quebrantos comerciales, que hacia 1912 se situaban cerca de los 100 millones de pesos anuales, se duplicaron en 1913 y llegaron en 1914 a los 440 millones de pesos, por encima de la cifra máxima de los años de la gran crisis (REA 1928 y 1934, passim).

Por otra parte, la brusca interrupción de los flujos financieros externos que entrañó la guerra, trajo como consecuencia una crisis de la construcción urbana y del grueso de las obras públicas, lo cual coadyuvó a un panorama social signado por una elevada desocupación.[8] La situación se completó con una caída de los ingresos fiscales, que llevó al Estado a buscar financiación sobre el mercado local, primero con el simple diferimiento de los pagos y luego con un complejo diseño que requeriría el concurso conjunto del sistema bancario. De acuerdo con las distintas estimaciones, el impacto de todos estos factores llevó a una caída del producto bruto interno del orden del 10 al 13% en el PBI, a lo que se sumó una nueva caída de otro 10% en 1917, por la pérdida de las cosechas, superando lo estimado para los peores años de la depresión, 1930-1932 (CEPAL 1958, Cortés Conde 1997).

En ese contexto el Banco de la Nación Argentina, que venía asumiendo cada vez mayor protagonismo por la creciente masa de recursos que movilizaba y su amplio despliegue territorial, fue llamado a desempeñar nuevas funciones. Un primer ámbito en el que ello ocurrió fue el del propio sistema bancario. Allí la situación venía deteriorándose desde 1913 por la declinación de los depósitos en casi todos los bancos, así como de los préstamos.  La excepción la constituía el propio Banco Nación, que siguió incrementando sus depósitos hasta superar, en junio de 1914, el monto reunido por todos los otros bancos nacionales, cuando ocho años antes equivalía a la mitad (véase cuadro 1).[9] 

A fines de julio, con la declaración formal de guerra entre las principales potencias europeas, se agudizó la corrida sobre los depósitos bancarios y el gobierno debió disponer la clausura preventiva de la Caja de Conversión y una semana de feriado bancario (La Argentina, 2 de agosto de 1914), luego extendido a 10 días por el fallecimiento del presidente Sáenz Peña.

Entre tanto, y tras una ronda de consultas con los principales intereses de la plaza local, se enviaron al Congreso y se hicieron sancionar en la primera semana de agosto, una serie de leyes «de emergencia» que buscaron mantener la situación bajo control. Entre ellas cabe mencionar la moratoria en los vencimientos comerciales (ley 9478), y en los pagos internacionales (ley 9507), la suspensión de las extracciones de oro de la Caja de Conversión (9481), y la prohibición de la exportación de oro, tanto por bancos como particulares (ley 9483).

En relación con el Banco de la Nación se sancionó la ley 9479 que lo autorizaba a efectuar redescuentos a otras entidades, utilizando en principio los recursos del Fondo de Conversión (30 millones de pesos oro), y permitiéndole recurrir en caso necesario a la Caja de Conversión.

Esta podría emitir billetes contra los documentos comerciales que se le llevaran, hasta tanto sus reservas metálicas no bajaran del 40% del circulante (Cuccorese 1966, 97-99).[10] Este mecanismo, inspirado en el que regía en diversos bancos centrales europeos, aunque opuesto al modelo adoptado en la Argentina (que ligaba la emisión a la entrega de oro), fue adoptado luego de tensas reuniones con los banqueros porteños, algunos de los cuales reclamaban una emisión de emergencia. En la práctica, el Banco Nación recurrió solamente al Fondo de Conversión, y no a la Caja, «para evitar que nuevas emisiones aumentaran el circulante» (BNA 1914).

El primero en obtener los redescuentos fue el Banco Español, el más grande de los bancos privados nacionales, cuyos depósitos representaban un tercio de los de todo ese sector, y que perdió, a partir de julio, casi 70 millones de pesos, el 35% de sus tenencias (IEB 1937). Hacia fines de agosto obtuvo un primer redescuento, al que le seguirían otros que totalizarían 35 millones, hasta diciembre de 1914. También los bancos alemanes, particularmente el Germánico, afrontaron fuertes extracciones y debieron contar con el apoyo del BNA, al igual que la casa Tornquist, en este caso como parte de un paquete de ayuda para todas las firmas de su grupo.  En octubre sería auxiliado el Banco Francés, ahora intervenido por el BNA por orden judicial, y a partir de noviembre otros bancos, como el Provincia de Buenos Aires, y el de Italia y Río de la Plata.[11] En todos los casos la tasa aplicada fue del 7%, la habitual para descuentos de primera clase, sobre papeles elegibles por la gerencia del BNA hasta por 180 días.

Al finalizar 1914, los saldos aplicados por el BNA al redescuento sumaban algo más de 43 millones de pesos, y representaban la contrapartida de 20 millones de pesos oro del Fondo de Conversión (sobre un total de 30), que habían sido convertidos a papel (Regalsky 2015). Un año más tarde se habían reducido a poco más de 13 millones de pesos, y habrían de mantenerse en ese nivel por varios años. Para diciembre de 1915 los depósitos del sistema bancario habían vuelto a su nivel de 1913, y aun el segmento más castigado, el de los otros bancos nacionales, había recuperado buena parte de sus pérdidas. No ocurrió lo mismo con los préstamos, cuya recuperación fue más lenta. Recién a fines de 1917 se superaron los niveles de preguerra, y aún el BNA, que los acreció durante 1914, los fue reduciendo en los años siguientes, para subirlos fuertemente, al igual que los demás bancos, recién a partir de 1918 (ver gráficos 1 y 2).[12]

Una parte sustantiva de la recuperación de los depósitos bancarios puede ser explicada por la evolución favorable del comercio exterior y del balance de pagos. Pese a los temores, la demanda de productos de la Argentina se mantuvo firme en 1915, y la abundante cosecha se pudo colocar a buenos precios. Más aún, por la contracción obligada en el nivel de importaciones, debido al desabastecimiento externo, quedaron en ese año y en los sucesivos, holgados saldos a favor del país. Otra parte de explicación debe ser buscada en las nuevas condiciones de funcionamiento de la Caja de Conversión, que operó con un mecanismo de convertibilidad a medias, que le permitían monetizar los aumentos de reservas generados por los superávits (que afluyeron bajo la forma de oro depositado en las legaciones argentinas), sin tener que hacer lo opuesto al cambiar de signo el sector externo. Así el circulante iría aumentando hasta ubicarse en 1918 un 40% por arriba del nivel de 1914, y al mismo tiempo el monto de las quiebras comerciales comenzaría a bajar con la misma rapidez con que había subido: en 1915, a menos de la mitad que en 1914, y así sucesivamente hasta volver en 1918 a los niveles de 1910.[13]

Un segundo ámbito en el que el BNA, y junto a él buena parte del sistema bancario, desempeñó un rol decisivo fue el del financiamiento del sector público.  A pesar de algunos cambios en la estructura tributaria después de la crisis de 1890, los recursos fiscales provenían principalmente del comercio exterior, y, ante todo, de los impuestos a las importaciones.  A raíz de las restricciones generadas por la guerra, el valor importado entre 1915 y 1917 bajó a poco más de la mitad de los niveles de preguerra, y consecuentemente se redujo la recaudación fiscal.[14] Por la magnitud de la caída, al Estado le fue imposible equipararla con un ajuste correlativo de los gastos, generándose un cuantioso déficit.  Dada la situación que hacía imposible la emisión de empréstitos de largo plazo, como había sido habitual en la preguerra, se fue acumulando una voluminosa deuda flotante.

En 1915 el gobierno obtuvo un importante crédito de mediano plazo sobre Londres y Nueva York (Regalsky (2010b). Mientras tanto, el Banco Nación comenzó a acumular una importante liquidez, lo que llevaría a idear un mecanismo para utilizar esos fondos en apoyo de las finanzas públicas, sin entrar en conflicto con sus disposiciones estatutarias, que imponían un límite muy estricto a los préstamos al Estado.  A tal efecto convocó a una larga nómina de bancos para ofrecerles adelantos con caución de letras, que previamente ellos debían tomar al descuento de la Tesorería. Desde ya que el BNA les descontaba a los bancos un interés mucho menor que el que éstos habían cobrado al gobierno para el descuento original. En la memoria de 1917 se informaba que se cobraba en estas operaciones «…un interés mínimo de 4 ¾ %», mientras el fisco abonaba a los bancos particulares el 6% (BNA 1917, 19). Se estima que en 1915 se canalizaron más de 50 millones de pesos bajo esta modalidad, financiando no menos del 50% del total de letras emitidas por la Tesorería.

En 1916 el gobierno obtuvo una amplia oferta de crédito de corto plazo con diversos bancos de Nueva York que hizo innecesario recurrir a la plaza local.[15] Sin embargo en 1917, con la entrada de los Estados Unidos en la guerra y la situación cambiaria más favorable para la Argentina (el peso comenzó a cotizarse con premio tanto sobre la libra como sobre el dólar), los créditos norteamericanos no fueron renovados y el gobierno debió recurrir al mercado interno. Así es como se triplicó el monto de las cauciones, o créditos «indirectos», que pasaron a representar casi el 25% de los créditos totales del Banco (Jascalevich 1919, BNA 1917). Por este y otros mecanismos el BNA canalizó hacia el Estado más del 40% de sus préstamos y colocaciones (incluyendo la compra de títulos públicos).

En 1918 este involucramiento fue llevado a su máxima expresión al participar el BNA como agente del gobierno en el préstamo a Gran Bretaña y Francia para la compra de cereales en la Argentina, por 200 millones de pesos oro (equivalentes a unos 454 millones de pesos papel).[16]

La operación fue acordada en enero de 1918, en un contexto de creciente control, por parte de los gobiernos aliados, del comercio internacional de granos. Al 31 de diciembre de ese año la suma utilizada equivalía a casi 340 millones de pesos. La operación, que traía un alivio para los agobios cambiarios y financieros de los aliados, tendía también a mitigar la apreciación del peso, para beneficio de los sectores exportadores, y a limitar la expansión monetaria que hubiera resultado del ingreso de esas divisas, la que de todos modos fue considerable. En cualquier caso, los fondos se destinaban a cubrir los pagos que los aliados debían hacer a productores y comercializadores locales de cereales y en tal sentido, se canalizaban íntegramente hacia el mercado local. Sumados a los otros préstamos al sector público, ascendían a unos 600 millones, lo que representaba más del 60% del total de créditos otorgados por el Banco (ver cuadro 2).

Una consecuencia de estas operaciones, por el hecho ser canalizadas exclusivamente por la Casa Central, fue que la participación de las sucursales en el crédito disminuyera en todos esos años. Mientras en 1910-12 absorbían un 55% de los préstamos, en 1918-20 su participación bajó a apenas el 20%. Al mismo tiempo, estaban proveyendo al Banco más del 60% de los recursos prestables. Alternativamente, si se considera solo la cartera comercial, la participación de las sucursales en el crédito bajó de modo más tenue, y se habría recuperado en 1918 a un 50% del total (cuadro 2). 

Sin embargo, y al mismo tiempo que se visualizaba este relativo declive, el BNA comenzó a implementar a través de sus sucursales una nueva serie de operaciones, tendientes al fomento de la producción primaria y también de algunos rubros agroindustriales, que implicaban nuevas modalidades alejadas del repertorio clásico de los préstamos comerciales. El lanzamiento de estas nuevas líneas, que tenía su fundamento en las excepcionales condiciones creadas en 1914, consolidaría una operatoria que estaría llamada a perdurar y constituiría por largos años una marca distintiva del BNA.

El Banco Nación como banca de fomento y el desarrollo del crédito agrario

La noción que se extendió entre los círculos dirigentes, en el sentido de que se estaba frente a una situación extraordinaria para la que había que procurar nuevas respuestas, se puede apreciar en las nuevas funciones que el Banco Nación fue desarrollando en relación con el sector agrario, cuando al cabo de unos meses se pudo apreciar que la Gran Guerra europea iba a extenderse por mucho más tiempo de lo que los conflictos convencionales venían durando.

Estas nuevas funciones estuvieron en relación con dos leyes sancionadas sobre el fin de las sesiones parlamentarias, y puestas en vigor en noviembre de 1914, de warrants y de prenda agraria, respectivamente (Soares 1922).  Estas leyes, diseñadas desde el Ministerio de Agricultura con el fin de sostener a los productores agropecuarios en tiempos de una «anormalidad» tan marcada, apuntaban a proveer las condiciones para que pudieran obtener financiamiento bancario «directo», procurando mitigar así su vulnerabilidad frente a los intermediarios, que la incertidumbre del mercado y de los transportes internacionales habían agudizado.

La ley 9643 de warrants disponía la emisión de unos certificados de validez oficial, para facilitar las operaciones de «crédito mobiliario» sobre «frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales», depositados en almacenes o depósitos autorizados por el Poder Ejecutivo, que controlaría sus condiciones de seguridad e higiene, la solvencia financiera y las «tarifas máximas que se cobrarán por depósito y demás operaciones anexas, como seguros, elevación de cereales, limpieza y desecación de granos».

Esta ley se utilizó masivamente para los créditos a la industria azucarera, pero queda claro del último renglón que también contemplaba al sector cerealero. Su aplicación en este último rubro fue de todos modos casi nula, como lamentaba un observador en los años 30:

La existencia de esta ley ni siquiera provocó la creación de los grandes almacenes de depósitos que sus autores creyeron iba a motivar... El día en que nuestro país cuente con una red completa de elevadores de granos, esta ley beneficiará con mayor abundancia al crédito agrario, complementando la acción de la ley de prenda agraria (Accose 1935, 110)

En cuanto a la ley 9644, de prenda agraria, se iba a poder constituirla sobre maquinaria, aperos y útiles de labranza, animales de cualquier especie y sus productos, y sobre «los frutos de cualquier naturaleza correspondientes al año agrícola en que el contrato se realice, sean pendientes, en pie o después de separados de la planta, así como las maderas, productos de la minería y de la industria nacional».  Su vigencia iba a durar dos años, y se especificaba que no afectaría el privilegio del propietario con arrendamiento vencido. Al mismo tiempo se especificaba que la posesión del certificado permitiría una acción ejecutiva «para hacer efectivo su privilegio» y que la acción ejecutiva y la venta de los bienes o su embargo sería «sumarísima, verbal y actuada…y no se suspenderá por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita del juez competente». De esta manera la ley promovía esta nueva vía de financiamiento sobre la base de mayores seguridades para el acreedor, aún a costa del deudor.

Una estadística oficial de los contratos de prenda mostraba la progresión de los montos colocados en ese tipo de préstamos, que firmándose el primer año (diciembre de 1914 a diciembre de 1915) por un total de 72 millones de pesos, aumentaron en un 45% al año siguiente, un 36% en 1917, y otro 31% en 1918, ascendiendo ese año a un total de 186 millones de pesos. Seguiría subiendo hasta 283 millones en 1921, para declinar fuertemente en los años siguientes. El promedio por operación osciló alrededor de 10.000 pesos en los primeros años, para pasar en 1920 a casi 20.000 pesos (reflejando el mayor peso que tomaron ese año las prendas ganaderas), e ir declinando paulatinamente hasta 1926-27, cuando el promedio volvería a ubicarse por debajo de 10.000. En el período que nos concierne, los menores montos y el mayor número de inscripciones se verificaron en 1918, un año de cosecha agrícola récord, con unos 8.000 pesos y más de 22 mil contratos (ver cuadros 3 y 5).

Respecto de la participación del Banco Nación, los datos oficiales (BNA 1941, 261) solo permiten seguir la secuencia desde 1922, el año en el que tuvo más fondos involucrados en esta operatoria, unos 75 millones de pesos. No obstante, a partir de referencias expuestas en las memorias pueden reconstruirse las cifras de 1915 y, con menor grado de certidumbre, las de 1918. Si bien ambas eran menores que las de 1922 en términos absolutos, evidenciaban una mayor participación del Banco en el mercado de las prendas. Mientras este último año los créditos del BNA, mayoritariamente ganaderos, representaban el 28% del total de prendas nacionales (y el 13% del total de descuentos del propio Banco), los de 1918 habrían llegado a casi el 40% y los de 1915, el año en el que se inauguró esta operatoria, cerca del 60%, mostrando el gran papel que tuvo el BNA para la puesta en marcha y difusión de estas nuevas prácticas (ver cuadro 3). 

El Banco emitió su primera circular, autorizando créditos prendarios para el levantamiento de la cosecha fina (trigo, lino, avena, centeno y cebada) en noviembre de 1914, apenas publicada la ley 9644. Ya en mayo de 1912 se había dispuesto una línea de créditos personales (sin garantía “real”) para la cosecha de maíz, después del pico de conflictividad agraria que implicó el «grito de Alcorta».[17] La misma fue renovada en 1913 (BNA 1941, 263; Chaullú 1997). Para entonces las autoridades del BNA lamentaban el escaso desarrollo de «las operaciones con garantía prendaria, tan usuales y comunes en todas las plazas…», y proponían una legislación como la que efectivamente se sancionó meses después, «que haría desaparecer los obstáculos y facilitaría el ejercicio del crédito en forma conveniente y segura, por la incorporación de los valores mobiliarios como garantía de los préstamos» (BNA 1913, 5).

Por otra parte, en septiembre de 1914 se había dispuesto que «se reuniese a los Gerentes de las Sucursales en determinados puntos de la República, en cada una de ellas presidida por un Director o Gerente de Casa Central, entendiéndose allí la situación real porque atraviesan los distintos gremios de la campaña, y las verdaderas necesidades de cada región con el propósito de que el Banco propenda eficazmente en esta época anormal a salvar las dificultades del crédito, facilitando el desenvolvimiento del comercio y las industrias locales, principalmente la agrícola y la ganadera… Los gerentes de sucursales… serán además acompañados por representantes del comercio y las industrias… y se les hará… la promesa de que el Banco de la Nación seguirá prestando a los gremios el concurso que siempre encontraron en esta institución» (BNA-LAD 145, 1914)

Diversas disposiciones pronto fueron extendiendo el crédito prendario a otras actividades, como la ganadería de la región pampeana y de todo el país (febrero y abril de 1915), y a productores de otras economías regionales como los obrajeros del nordeste (diciembre de 1914) y a viticultores y bodegueros cuyanos (mayo de 1915).[18] En todos casos los montos máximos eran superiores a los fijados para la agricultura (30.000 a los obrajeros, pronto elevados a 50.000, y nada menos que 100.000 a los ganaderos), en atención a responder a unos actores por lo general de mayor porte. Igualmente, a lo largo de esos años diversas circulares establecieron modalidades específicas para financiar las diversas operaciones del ciclo agrícola (siembra, cosecha, trilla o desgrane, embolsado y depósito), así como a ramas especiales de la ganadería (por caso, el desarrollo de rodeos de aptitud lechera) e incluso a la pequeña industria (a través de las agencias en los barrios de la Capital).[19]

En la memoria de 1914 se daba cuenta de poco más de 8 millones de pesos «destinados al exclusivo objeto del levantamiento de la cosecha», así como el otorgamiento de «los préstamos agrícolas… no sólo… a los propietarios, que siembran áreas más o menos considerables sino… hasta el colono, en forma de pequeños préstamos, garantidos por firmas abonadas, en unos casos, y con garantía de la propia cosecha en otros…»(BNA 1914, 11).

Un año después el saldo arrojaba 18 millones, en el que se incluían, además de los préstamos para levantar la cosecha, los «que tienen por objeto evitar su ruinosa realización, sea por escasez de fletes, por obra de la especulación o por otras causas contingentes».  En ese año, de abundante cosecha, «con motivo de la baja producida a mediados del año [1915] en el precio del maíz… a causa de la escasez de barcos…», se habían acordado prórrogas a las obligaciones vencidas (cuyo plazo corriente era el de la campaña de recolección, no más de 90 días), así como «préstamos con garantía prendaria sobre cereales depositados en galpones fiscales o particulares».  Sin embargo, los mayores montos correspondían a los préstamos prendarios a la ganadería, que «debidamente autorizados por el P.E.» a comienzos del año, y con un plazo de dos años para su amortización, habían superado los 23 millones de pesos, repartidos en 842 firmas, con un promedio de más de 27 mil pesos por préstamo(BNA 1915, 11).
También se destacaba «… que la acción del Banco, ganando cada día en extensión y eficiencia, ha servido en todo el país como un poderoso regulador del crédito y aún de los negocios …»(BNA 1915, 4). Como parte de esta acción siguió incrementándose en esos años el número de filiales, que pasó de 153 en 1914, a 176 en 1916 y a 184 en 1918, entre sucursales y agencias, en un contexto en el que todos los demás bancos habían suspendido sus planes de expansión. Una parte de ellas fueron las nuevas «agencias rurales», cuya creación en número de 24 se decidió en 1915, luego de una gira por las regiones agrícolas de algunos de los miembros del Directorio, y se ubicaron en su mayor parte en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.  En 1916 se encomendaba a los gerentes de las sucursales

«que sirvan  zonas agrícola ganaderas, a realizar giras en sus radios respectivos, con el objeto de que…conozcan personalmente el estado de los cultivos, campos y haciendas, formen criterio sobre las garantías que ofrecen y estén habilitados para resolver con toda conciencia los pedidos nuevos o renovaciones de los existentes» [así como para]… «levantar un censo de la producción agrícola calculada de la presente cosecha… [consignando] las existencias… de la cosecha anterior que haya actualmente sin venderse», todo eso dentro de un espíritu «tutelar de los intereses de esas dos industrias madres, acordando a ganaderos y agricultores todas las facilidades necesarias» (BNA 1916, 6-7).

Cabe recordar, sin embargo, que este desarrollo de los créditos agrícolas, y prendarios en particular, se daba en un contexto de reducción de la cartera comercial del banco, cuyos montos totales en 1917-18 se mantenían un 20% por debajo de los registrados en 1913. Esta reducción afectaba sobre todo a las operaciones de Casa Central, y especialmente al comercio, que bajó sus valores absolutos a la mitad, pero también recayó sobre las sucursales, y sobre la agricultura que tomaba en ellas la casi totalidad de sus préstamos (los que descendieron en más de un 30% en 1916-17, para recuperarse y quedar solo 15 puntos abajo en 1918). En similar medida, aunque mas continua, se redujeron los préstamos a la ganadería (totalizando alrededor de un 20% hasta 1918), lo que no le obstó para erigirse en el primer receptor de créditos del ámbito privado, por encima del comercio (véase cuadro 4). Esa contracción se conjugaba con el vuelco al financiamiento del sector público señalado en la sección anterior, al tiempo que mostraba los reflejos de un criterio ortodoxo en política bancaria (reforzar disponibilidades ante un desmejoramiento de la coyuntura) que chocaban con la predica de fomento que se expresaba en las memorias.[20]

Volviendo a los créditos prendarios, desde 1915 habían comenzado a diferenciarse los préstamos para levantamiento de cosechas (que se otorgaban a partir de noviembre, para la cosecha fina, y en marzo para la de maíz), con máximos de 3000 pesos para la recolección, y 5000 para la trilla y embolso, de los destinados a financiar el almacenamiento del grano, que podían alcanzar mayores sumas. 

En 1916 se asignaba un máximo de 10.000 pesos para el maíz desgranado y embolsado, «destinados a garantir al productor contra la especulación», amortizables en pagos escalonados hasta los 180 días, y una suma menor si se trataba de maíz en troje. En cuanto a los de recolección para la siguiente cosecha fina, otorgados a razón de 7 a 9 pesos por hectárea hasta colocar el cereal en parva, sus plazos eran hasta el 31 de marzo (unos cuatro meses), al igual que los de trilla y embolse, con los cuales se completaba un total que no debía superar los 23 pesos por hectárea. Considerando un máximo de 8.000 pesos por préstamo, esto debía procurar una cobertura plena a las explotaciones de hasta 350 hectáreas.  También se insistía en que debían entregarse «en manos propias del colono» y, cuando se tratara de arrendatarios «al tanto por ciento», debían contar con la firma adicional del propietario.

El énfasis en impulsar en mayor medida el crédito directo, sin intermediarios, se explicitaba aún más en una circular que en 1917 se envió a los gerentes de sucursales:

«En vista de que muchos agricultores de distintas zonas han hecho contratos de prendas a favor de comerciantes, los que a su vez han ocurrido al Banco solicitado su descuento, esta Dirección ha resuelto, como medida de carácter general … no hacer lugar a esta clase de pedidos, a fin de evitar la extorsión que el comerciante haría sentir sobre el productor si el Banco le proporcionara los elementos para ello…».

En cambio, sí se admitían los créditos a productores que ya tuvieran una primera prenda, puesto que se estipulaba que «la renuncia de los acreedores prendarios en primer grado, a efectos de dar prioridad al Banco, debe constar en el mismo contrato que el Banco celebre con el agricultor» (BNA (1917, 8).

El desarrollo de la prenda agraria tuvo su contraparte, como ya se dijo, en los créditos con prenda ganadera, cuyo volumen fue mayor desde un comienzo. Las condiciones otorgadas en materia de plazos eran asimismo más holgadas, ya que se otorgaban por 180 días renovables hasta completar los dos años, con una amortización del 25% recién al llegar a los 540 días. En 1916, en razón de la sequía, las cuotas de amortización se prorrogaron hasta 120 días.

Otro aspecto interesante fue la inclusión, en 1916, de las agencias de la Capital y sus aledaños en los préstamos de lenta amortización (10% trimestral), con el objeto de «fomentar el establecimiento y desarrollo de la pequeña industria», considerada «factor de importancia en el progreso de la producción y el trabajo nacionales, y base modesta pero segura del adelanto industrial que corresponde al país, y que debemos alcanzar para obtener nuestra independencia manufacturera respecto de los mercados extranjeros» (BNA (1916, 8).

Su conexión con la política agraria no estaba ausente ya que esta pequeña industria era «precursora de la grande, en la cual ha de transformase por evolución natural, si el crédito y el capital… le prestan liberal y oportuno auxilia, en una nación como la nuestra productora de las materias primas más nobles y valiosas» (Ibidem). Es significativo, en todo caso, que esa haya sido la única referencia específica al sector a lo largo de todo el período, ya que a posteriori, los parágrafos consagrados a la «industria» lo iban a ser para las agroindustrias de alcance regional.

Volviendo al crédito agrícola, y al prendario en particular, en 1917 se declaraban 5.548 préstamos, con un promedio de 1.300 pesos cada uno, totalizando poco más de siete millones de pesos, para el levantamiento de las cosechas, que ese año se vieron fuertemente afectadas, tanto la del trigo como la del maiz, por trastornos climáticos (ver cuadro 5). Como contrapartida, tomaron mucha importancia los créditos para compra de semillas, en acción conjunta con las compañías ferroviarias, debido a la falta de medios en que habían quedado muchos colonos por aquella situación. A esto se sumaron casi un millón de pesos con prenda de vino y unos tres millones de pesos en créditos sobre warrants de azúcar.

A diciembre de 1918, la memoria del BNA declaraba que los préstamos para levantamiento de cosecha habían totalizado algo más de 10 millones de pesos y que, sumados a los otros créditos directos y prendarios, totalizaban 36.5 millones. De ese monto, casi 30 millones correspondían al trigo (y en menor medida, avena, cebada y lino), 5 millones y medio al maíz, y el millón restante para los cañeros y viñateros de Tucumán y Cuyo). Por otro lado, se habían ampliado los límites máximos para las operaciones de recolección, trilla y embolse de la cosecha fina, de 8.000 a 10.000 por préstamo, visto la «falta absoluta de tonelaje» para el transporte marítimo y las deficiencias en la provisión de bolsas. Estos factores fueron invocados en marzo para la renovación por 90 días de dichos préstamos, al tiempo que daba comienzo la recolección de maíz con el tope habitual de 3.000 pesos, más 5.000 para su limpieza y embolse.

Se establecía que este cereal debía quedar guardado en depósitos cubiertos, para prevenir las fuertes pérdidas habidas en los últimos años, «debido en gran medida a la falta de previsión de los agricultores».  A partir de mayo las obligaciones se fueron prorrogando, prácticamente hasta fin de año, para ayudar a afrontar las «débiles condiciones de comercialización» que presentaba ese cultivo.

Respecto del trigo, se subieron los montos totales por hectárea de 23 a 24 pesos, atendiendo a los mayores gastos en bolsas que imponían las «formalidades» establecidas por la Royal Commission (BNA 1918, 8-9). No puede dejar de recordarse, en este apartado, los 340 millones de pesos que el BNA destinó ese año a los gobiernos aliados del Reino Unido y Francia. En la práctica se trataba de fondos que el Banco captaba en el mercado local (una parte de los cuales estaba inmovilizada desde hacía tres años como encaje), y que ponía a disposición de la mencionada Royal Commission para ser canalizados en pagos a los productores rurales. A cambio, quedaba constituida una reserva de divisas en Europa sobre la que el Banco iba a poder girar cuando, a fines de 1920, la situación cambiaria se volviera desfavorable para la Argentina.

Banca, comercio y crédito agrario: un estudio de caso

En este apartado nos proponemos ir un poco más allá de las estadísticas generales sobre el crédito agrario. En efecto, los datos de las memorias del BNA, si bien suministran datos globales de los créditos de diverso tipo, incluyendo los descuentos comerciales corrientes que se canalizaban hacia los distintos sectores, no permiten seguir avanzando en consideraciones más específicas acerca de la naturaleza de los préstamos y sus actores.  El punto es importante, ya que la problemática del crédito agrario ha sido y es materia de debate y análisis, en cuanto al grado de ayuda que significó para los productores rurales, tanto para paliar las situaciones coyunturales de crisis -pérdida de cosechas, aumento del costo de producción, baja en el precio de los cereales- como para afrontar otras derivadas de causas estructurales (subordinación de la agricultura a la ganadería, rol de los intermediarios comerciales y financieros, etc.).

En ese sentido, el rol subordinado de la agricultura en la política crediticia general del BNA parece reflejarse también en los datos ya consignados del cuadro 4, que muestran que los montos recibidos por la ganadería al menos triplicaban (y a veces cuadruplicaban) a los de la agricultura entre 1913 y 1918. Este último año ha sido elegido para este análisis más puntualizado, ya que es cuando los montos totales otorgados a la agricultura alcanzaron sus mayores niveles después de 1914 (siendo también muy altos los prendarios), y cuando recibe una mayor participación porcentual en relación a la ganadería. Si para el caso de la agricultura, la información de las memorias nos permite conocer algunos datos globales sobre el crédito prendario (que habría representado casi un 60% de su crédito total), no ocurre lo mismo con la ganadería. Tampoco se dispone de promedios por operación o por prestatario que permitan identificar perfiles. 

Para suplir este vacío hemos recurrido al análisis de los créditos prendarios registrados en los libros de actas del directorio, y en los libros auxiliares. Dicha documentación no es concluyente por cuanto una parte significativa, la de los préstamos para recolección de maíz y trigo, era reglada por circulares generales y podía ser decidida por los gerentes de sucursal sin autorización previa del directorio. Distinto era el caso al solicitarse renovaciones, que debían ser elevadas a este último, aunque en algunos casos se adoptaron disposiciones para permitir a las sucursales resolver también en este punto.

Quedan sin embargo los créditos de prenda agraria «generales» sobre trigo, lino, maíz, etc., que de acuerdo a las estadísticas brindadas en las memorias de 1918  equiparaban en magnitud a los de recolección, trilla y embolse, y se destinaban a financiar el almacenamiento del cereal hasta su venta. También aquellos destinados a sufragar los gastos de recolección que escapaban a las normativas generales de las circulares.

En ese sentido, un primer análisis del período que comprende el ejercicio de 1918 aporta una serie de datos interesantes. Por una parte, que sobre un total de más de 22 millones de pesos en préstamos que pueden ser identificados por su destino (había otros en los que solo se anotaba, genéricamente, «prenda agraria» o «deuda prendaria»), un 67% iba para la agricultura  y solo un 31% para la ganadería.[21] Si bien los préstamos agrícolas tenían una fuerte concentración estacional (casi dos tercios se concedieron entre enero y abril, en plena temporada de cosechas), su monto era superior al de la ganadería en casi todos los demás meses (gráfico 3). Por otra parte el monto  medio de cada crédito también superaba (ligeramente) al de los créditos al sector ganadero, siendo respectivamente de 23.800 y 21.400 pesos.

La nómina de oficinas que otorgaron estos préstamos sumaba 115, incluyendo la Casa Central y una agencia de la Capital (si recordamos que el total de sucursales y agencias era de 184, es una proporción importante). Agrupadas por provincias, la primacía le correspondía, previsiblemente, a Buenos Aires, con poco más de cinco millones y medio de pesos, y 43 sucursales y agencias involucradas, pero secundada por Córdoba, con poco menos de cinco millones y medio también, y solo 14 sucursales, y bastante más atrás por Santa Fe, que a través de 18 sucursales y agencias recibía algo más de 4.5 millones (ver cuadro 6 y gráfico 4). Entre las tres absorbían el 72% del total nacional, que se repartió entre catorce distritos (las únicas provincias que no registran este tipo de créditos fueron las de Catamarca y La Rioja). Si sumamos a las anteriores Entre Ríos, La Pampa y Casa Central (esta última con solo 870.000 pesos), arribamos con esos seis distritos al 93,5% del total, lo que muestra la marcada concentración regional de esta clase de créditos. 

Los promedios por operación también son contrastantes, puesto que mientras en Córdoba y Santa Fe se ubicaban en un nivel algo mayor de 28.000 pesos, en Buenos Aires y La Pampa lo hacían en alrededor de 15.000 pesos, casi la mitad de las anteriores (gráfico 5). Algunas claves de esta diferencia se pueden encontrar en el desempeño de las sucursales, como se verá más abajo.

El análisis de la distribución de las operaciones por sucursales arroja también varios elementos de interés. Por una parte, la elevada concentración de los montos en un número relativamente pequeño de locales. En efecto, de las 115 oficinas a las que se habían autorizado estas operaciones, las primeras 12 daban cuenta de casi del 40% del monto total.  Ahí también estaba la clave del papel destacado de Córdoba, pues de sus 14 sucursales y agencias con este tipo de operaciones, 5 figuraban en ese grupo, y 4 en los primeros puestos: Bell Ville, que con más de 1,2 millones de pesos ocupaba el primer lugar, y Río Cuarto, Villa María y Cabrera, posicionadas en los puestos 2°, 4° y 7° del listado. También Santa Fe participaba en dicho grupo preferencial con 2 de las 18 sucursales y agencias involucradas en esta actividad, una de ellas, Venado Tuerto, en el 2° lugar con 927.000 pesos. Incluso el Territorio Nacional de la Pampa Central, con solo 5 sucursales, tenía a dos incluidas en ese grupo, una de ellas, General Pico, en el 4° puesto. Por contraste, la provincia de Buenos Aires apenas figuraba con una de sus 43 sucursales y agencias: Tres Arroyos, ubicada en el 10° lugar del listado, superada por Gualeguay, de Entre Ríos, ubicada en el 8° lugar (cuadro 6 y gráfico 6).

No es extraño encontrar, consecuentemente, que el monto promedio de las operaciones canalizadas por este grupo de 12 sucursales principales fuera superior al del conjunto de las 115 oficinas, 29.000 pesos frente a los 22.000 del conjunto, y a los 17.600 pesos que promediaban las 95 oficinas ubicadas en los últimos tramos del listado. Por supuesto que esto incluía contrastes muy amplios de una sucursal a otra, aun entre las 12 primeras. En la cima, podían visualizarse dos oficinas, Gualeguay y Casa Central, que alcanzaban promedios superiores a los 80.000 y 67.000 pesos por operación. Seguían el grueso de las demás sucursales principales, en un rango que iba de casi 21.000 pesos de promedio para Río Cuarto a 52.800 en Villa María. Finalmente se ubicaba Santa Rosa, que era la que detentaba el mayor número de operaciones (65), y cuyo promedio se ubicaba por debajo de los 10.000 pesos (7.221 por operación), nivel solo hallable en sucursales cuyos montos totales se ubicaban mucho más abajo en el listado: Pergamino (40°), San Nicolás (puesto 43°), Rojas (61°), San Pedro (63°) y Lobos (93°). Todas estas correspondían a la provincia de Buenos Aires, y en gran parte se ubicaban en el corredor norte maicero (y en un caso, el antiguo Sur) donde las explotaciones estaban más subdividas (ver cuadro 6 y gráfico 7).

La excepcionalidad del caso de Santa Rosa ha podido ser capturada por la importante presencia de pequeños tomadores con pedidos de renovación, que debían ser tratados por el Directorio (no así los préstamos iniciales), algo poco frecuente ya que los préstamos de recolección, trilla y embolse, que recibían ese nivel de guarismos, no eran generalmente renovados y cuando lo eran, se lo solía hacer por simple disposición de la gerencia de sucursal, con una autorización global del Directorio.  Este caso, que denota una accesibilidad al crédito renovable por un tipo de actores (los “colonos”) que habitualmente solo accedían a él una sola vez (para la recolección de la cosecha), y esto en plena zona triguera, ameritaría por sus características especiales una indagación particular.

Va de suyo que operaciones de 20.000 pesos en adelante, con destino agrícola, no respondían al perfil característico de los denominados «colonos», destinatarios de las circulares del Directorio dedicadas a la financiación de la recolección y la trilla, que como vimos, habían fijado un tope de 10.000 para una superficie máxima de 350 hectáreas. Parecen en cambio corresponder o bien, a grandes y medianos productores o, por las razones sociales que se encuentran citadas, a casas locales de comercio involucradas en la comercialización de la cosecha, y en muchos casos, al subarrendamiento de las tierras.

Muchos de estos personajes y firmas toman varios créditos en la temporada, y significativamente todos operan con una sola sucursal, la correspondiente a la jurisdicción en la que están radicados. En diversos casos, por otra parte, recibían créditos en fechas tempranas como noviembre y diciembre (o también comienzos de enero), destinados a sufragar los gastos de recolección, generalmente de los «colonos» que de ellos dependían, con la garantía de los sembradíos que se irían a cosechar. En otras ocasiones eran los que aportan la garantía para que el Banco prestase a los colonos, y en tal sentido se emitían numerosas disposiciones para delimitar cual era el cuantum de garantías que se les iban a admitir, de acuerdo con su giro y al límite de crédito personal que la sucursal les hubiera fijado. El peso de este sector queda de manifiesto en un relevamiento de las 673 operaciones de crédito agrícola identificadas en este período, en las que un grupo de 83 firmas y personas físicas, con 195 operaciones, da cuenta del 52% del monto total de créditos (unos 8.4 millones de pesos), con un promedio de 43.081 pesos por operación, frente a los 16.364 que promedian las restantes.

Estas firmas aparecían en casi todas las sucursales importantes, incluyendo también las de Chacabuco, Casilda, Lincoln, Paraná, Las Rosas, Colón, Firmat, Laboulaye, Rafaela, Oliva, San Nicolás, Nogoyá y Pergamino, y con la notable excepción de Santa Rosa.  Su desempeño amerita sin duda nuevas investigaciones, aunque algunas de las que se han realizado en los últimos años aportan a entender su papel y las funciones desempeñadas (Lluch 2004, 2006 y 2007. Lluch y Regalsky 2015).  En todo caso, y a la luz de la importancia creciente que el sector comercial iría tomando en el otorgamiento de este tipo de préstamos justamente a partir de 1918, es posible pensar que el régimen de la prenda agraria terminó por erigirse en una herramienta para asegurarse el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los colonos, mientras ellos se abastecían de los fondos a redistribuir a través de las líneas clásicas, y menos compulsivas, del crédito personal.

Consideraciones finales

Indudablemente, a partir de 1914, y con el cambio de contexto generado por la Guerra, el Estado desplegó un mayor grado de activismo en la regulación de distintos ámbitos del quehacer económica, destinada a preservarlos ante las hondas perturbaciones externas como así también a asegurarse el financiamiento en un momento en el que el acceso a las fuentes externas de largo plazo se veía clausurado. El instrumento en pos de estos diferentes objetivos fue el Banco de la Nación Argentina, que en tal sentido, pasó a operar como brazo ejecutor del Ministerio de Hacienda, por un lado, en todo lo referido al sistema bancario y al financiamiento público, y del de Agricultura (que lo era en verdad de la producción, puesto que comprendía también la ganadería, la industria y la minería) para el sostenimiento de lo que se consideraban las «industrias madres» de la economía argentina, la agricultura y la ganadería.

El propio crecimiento del BNA en el período previo al estallido de la Guerra, fruto de su imponente despliegue territorial, a través de su red de sucursales, pero también en parte beneficiado por el debilitamiento de las entidades hasta entonces más dinámicas, las de la banca privada nacional, brindó los recursos para que pudiera desempeñar estas nuevas funciones. El salvataje de los bancos con problemas de liquidez por el brusco retiro de depósitos producido al desencadenarse la Guerra, pero también afectados por la desaceleración, en los últimos años, de aquellas variables macroeconómicas en las que habían basado su expansión, fue sin duda la tarea más inmediata, y que pudo llevarse a cabo rápidamente y con relativa eficacia.  Esto no obvió la contracción generalizada del crédito, que siguió pesando por varios años en la plaza, porque se eludió la salida adoptada entonces por otros países (por caso, Brasil) de una emisión de emergencia, o bien la del redescuento en la Caja de Conversión, que recién se emplearía en 1931 (aunque al menos la suspensión de facto del patrón oro evitó perturbaciones mayores).

Esta retracción crediticia, del BNA y del sistema bancario en su conjunto, en un contexto en el que la base monetaria, y por ende los depósitos, volvía a retomar su crecimiento, por los inesperados superávits de la balanza de pagos, facilitó asimismo el otro rol que pasó a desempeñar el Banco, en el financiamiento del sector público. El mecanismo indirecto de las cauciones permitió derivar a ese destino fondos que venían engrosando los encajes bancarios por encima de las medias históricas, que, en el caso argentino, después de 1890, habían sido muy elevadas. En alguna medida sirvió para mantener la articulación del BNA con el sector del sistema bancario que lo habría de colocar en una posición cada vez más próxima a la de una banca central.  Un particular giro tomó este papel del Banco cuando le tocó tomar a su cargo el financiamiento que el propio Estado argentino había otorgado a los gobiernos aliados. El destino de los fondos, el pago a los actores locales de la parte de la cosecha que dichos gobiernos estaban comprando, implicó que esa operación se vertiera sobre el mercado argentino, y apuntalara una reactivación que permitía retomar los índices de preguerra.

Esto se articuló con el definido papel que el Banco empezó a asumir en el plano de la producción agraria, como instrumento ejecutor de un nuevo marco legal, el de la prenda agraria, que iba a permitir en principio el desarrollo del crédito «directo», desde el sistema financiero «formal» a los pequeños productores, que hasta entonces solo tenía acceso a los prestamistas e intermediarios locales.  La disponibilidad de una densa red de sucursales en los principales distritos agrícolas, que se fue incluso ampliando durante los años de la Guerra, brindó la infraestructura adecuada para esta acción crediticia.  En ese sentido, en este trabajo hemos podido verificar su acción pionera para el desarrollo del crédito prendario en los primeros años, mientras se iba difundiendo su uso entre los otros actores de la escena agraria, y las importantes sumas que destinó directamente a los «colonos» como «pequeños préstamos» para el levantamiento de las cosechas de maíz y trigo.

No obstante, el examen de acción crediticia, focalizado en el año 1918, el de mayor despliegue de los nuevos instrumentos, al menos con destino a la agricultura, nos ha permitido apreciar que las mismas se insertaron en un cuadro de relaciones comerciales y de crédito al que complementaron, sin nunca llegar a sustituir.  Por un lado estaban los créditos para el levantamiento de la cosecha, aproximadamente un cuarto de la suma total, que fueron directamente canalizados por las sucursales hacia los productores más pequeños. Por el otro, las sumas otorgadas con autorización del Directorio, cuyo monto medio más que duplicó las sumas máximas previstas para la recolección, y que permite inferir, junto a otras evidencias, la importancia que el comercio local y otros actores de similar porte, tuvieron en la recepción y canalización de dichos créditos prendarios, que paulatinamente irían convirtiendo en el eje de sus propias prácticas.

Algunas observaciones adicionales pueden hacerse sobre su distribución espacial. Su concentración en las cinco provincias que integraban la región pampeana, más la Capital Federal (a la que accedían algunos grandes tomadores) muestra la importancia asignada al apoyo a las actividades agropecuarias que aportaban al sector exportador. Al mismo tiempo, los disímiles promedios que mostraron las operaciones en las distintas oficinas, muestran que dentro del cuadro arriba delineado, quedó también un significativo espacio (principalmente en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa) para el acceso de actores más pequeños. En los años siguientes este papel pionero del BNA en la difusión del crédito prendario en el sector agrícola, iría perdiendo impulso. El  papel más destacado sería desempeñado por otros actores, del comercio y la intermediación, que tomarían en sus manos esta herramienta crediticia. Aun entonces, el BNA proseguiría con fuerza implementando esta modalidad crediticia pero en otro campo, el de la ganadería, donde tendría de ahí en más el mayor protagonismo.

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Pies de página

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