FLORENCIA Rodríguez Vásquez | frodriguezv@mendoza-conicet.gob.ar

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-7037-8429
1. CONICET
   Mendoza, Argentina

Cecilia Raffa | craffa@mendoza-conicet.gob.ar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5109-2679
1. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (CONICET).
   Argentina

Recibido: 20 -06 -2020 | Aceptado: 31 -08 -2020

 

RESUMEN

Este artículo aborda el derrotero institucional de dos agencias nodales en el funcionamiento del Ministerio de Industrias y Obras Públicas de la provincia de Mendoza, entre 1932-1943. Como resultado se advirtió que, bajo la égida de políticas nacionales para paliar los efectos adversos de la crisis de 1929, la Dirección Provincial de Arquitectura y la Dirección de Fomento Industrial y Agrícola diseñaron e implementaron políticas orientadas a la obra pública, y a la vitivinicultura y diversificación agroindustrial, respectivamente. El abordaje complementario de ambas dependencias permite concluir que la primera encaró proyectos de largo plazo pero con efectos contundentes y duraderos; la otra de corto plazo pero con resultados inmediatos, con diversos grados de autonomía respecto de la Nación. En ambos casos, se tornó prioritaria la gestión de áreas claves para atender las demandas del incremento poblacional y de urbanización, así como para resolver los vaivenes económicos. Esta agenda de prioridades cristalizó en la incorporación de personal especializado y la reorganización de las dependencias con vistas atender demandas crecientes de un Estado provincial, que ampliaba sus injerencias de acción.

Palabras clave: Agencias estatales; políticas públicas; arquitectura pública; agroindustrias.

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ABSTRACT

This article deals with the institutional path of two nodal agencies in the operation of the Ministerio de Industrias y Obras Públicas of the province of Mendoza, between 1932-1943. As a result, it was noted that, under the aegis of national policies to alleviate the adverse effects of the 1929 crisis, the Dirección Provincial de Arquitectura and the Dirección de Fomento Industrial y Agrícola designed and implemented policies aimed at public works, and viticulture and agro-industrial diversification, respectively. The complementary approach of both agencies allows us to conclude that the former faced long-term projects but with strong and lasting effects; the other is short-term but with immediate results, with varying degrees of autonomy from the Nation. In both cases, the management of key areas became a priority to meet the demands of population growth and urbanization, as well as to resolve economic fluctuations. This agenda of priorities crystallized in the incorporation of specialized personnel and the reorganization of the dependencies with a view to meeting the growing demands of a provincial State, which expanded its scope of action.

Keywords: State agencies; public policies; public architecture; agroindustries.

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1. Introducción

A partir de la aplicación de políticas proteccionistas y de fomento agroindustrial, la llegada del ferrocarril (en 1883) y del aporte del contingente inmigratorio, hacia 1890 la provincia de Mendoza pasó a ser el núcleo productivo de la denominada región vitivinícola argentina, zona que desde entonces iba abastecer con vino las demandas de la inmigración radicada en el Litoral argentino (Girbal-Blacha 1983-1987; Richard-Jorba et al 2006). Junto con Tucumán conformó una de las economías regionales más dinámicas del interior del país (Balán 1978), con una marcada orientación mercadointernista. Como resultado, la provincia cuyana creció sostenidamente desde fines del siglo XIX. Por ejemplo, en términos demográficos a inicios de la década de 1930 sus habitantes eran más de cuatrocientos mil, y en 1940, quinientos mil (Economía y Finanzas de Mendoza 1940, 104). Gran parte de esa población asentada en zonas rurales de oasis, formó parte de las migraciones a áreas más urbanizadas, con mayor oferta de servicios sanitarios, de saneamiento y de viviendas, entre otros. Puede decirse que ese incremento poblacional demandó infraestructura para atender esas necesidades y fue precisamente en la década de 1930 cuando se convirtió en una política pública prioritaria.

Por su parte, ese despegue productivo no estuvo exento de crisis, motorizadas, principalmente, por la fuerte dependencia de la provincia a los vaivenes de la política económica, nacional y provincial. Ese devenir estimuló la atención de diversos abordajes sobre la actuación estatal sobre la principal industria provincial, tanto en coyunturas prósperas como adversas (Mateu y Stein, 2008).

Con base en esas consideraciones este artículo indaga sobre la acción estatal en dos áreas constitutivas de la gestión gubernamental durante la década de 1930: las obras públicas y la producción agroindustrial.

Para ello dialoga con los estudios que pusieron en discusión la concepción del Estado como una entelequia y evidenciaron la complejidad intrínseca de sus prácticas y de sus integrantes. Estos abordajes relativizaron la idea del Estado como un todo y prestaron atención a las dependencias que lo componían, los funcionarios que las integraban y el juego de posiciones en ese devenir (Bohoslavsky y Soprano 2010; Zimmermann y Plotkin 2011, Di Liscia y Soprano 2017). A su vez, echaron luz principalmente sobre las agencias de jurisdicción nacional, vinculadas con los Ministerios de Economía (Heredia y Gené 2009; Daniel 2011; Caravaca 2012; González Bollo 2014), Obras Públicas (Ballent 2016; Jáuregui 2012), de Agricultura (González Bollo 2011) y de Desarrollo Social (Perelman 2016), entre otros, y dieron cuenta de los perfiles de las burocracias especializadas y su injerencia en el diseño e implementación de políticas públicas en la primera mitad del siglo XX. Para ese mismo período, los estudios sobre las dependencias provinciales son más recientes (Di Liscia 2007; Casullo, Galluci y Perrén 2013; Ortiz Bergia 2015a y 2015b; Rodríguez Vázquez y Raffa 2016; Di Liscia y Soprano 2017; Fernández 2019; Raffa y Luis, 2020). No obstante su pluralidad metodológica y amplitud temática, tienen en común el señalamiento de las prácticas estatales en atención a aquellas demandas y problemáticas no resueltas o desatendidas por el “potente” Estado nacional, dadas las limitadas capacidades de este último para la implementación de determinadas políticas públicas como por ejemplo, las orientadas hacia espacios rurales y a la asistencia social (Ortiz Bergia 2015). El estudio de la escala provincial de gestión resulta de interés, entonces, no como réplica de un ámbito jurisdiccional mayor sino sobre todo para conocer sus atribuciones, los niveles de autonomía y el diseño e implementación de políticas públicas con base en las condiciones y problemas locales, además de sus oscilantes vinculaciones con el poder central.

En este artículo nos detendremos en dos dependencias nodales en el funcionamiento del Ministerio de Industrias y Obras Públicas de la provincia de Mendoza: las Direcciones de Arquitectura e Industrias. El recorte temático y temporal, delimitado por la etapa que a nivel nacional se abrió con la llegada a la presidencia de la Nación de Agustín P. Justo en 1932 y cerró con la revolución de 1943 que expulsó a Ramón Castillo de la presidencia y, que en Mendoza, incluyó la sucesión de los gobiernos de Ricardo Videla-Gilberto Suárez Lago (1932-1935), Guillermo Cano-Cruz Vera (1935-1938), Rodolfo Corominas Segura-Armando Guevara Civit (1938-1941) y Adolfo Vicchi-José María Gutiérrez (1941- 1943) responde a múltiples elementos. Por un lado, la sucesión de administraciones ideológicamente cohesionadas por la pertenencia a una elite dirigente tradicional (Lacoste 1991; Caroglio 2017) e institucionalmente más compactas pusieron fin a una convulsionada década previa, afectada por cuatro intervenciones federales que interrumpieron toda posibilidad de continuidad en la implementación de las políticas públicas diseñadas por el radicalismo-lencinista. A partir de entonces, el partido conservador provincial articularía una continuidad política e institucional con el gobierno nacional, distanciándose, así, de la ruptura entre ambas jurisdicciones que había caracterizado a la gestión anterior. Por otro lado, se sabe que la década de 1930 significó un período crítico para las economías nacional, y provincial, que obligó a un corrimiento de las políticas económicas de corte liberal y la implementación de planes de emergencia de mayor regulación e intervención sobre producciones regionales deprimidas (azúcar, yerba, vino) y sobre el mercado, así como también, de fomento industrial con base en el procesamiento de las materias primas nacionales (Berrotarán 2003; Jáuregui 2005; Belini y Korol 2012; Caravaca 2011; Belini 2017; Rougier y Odisio 2017) y de incentivo de la obra pública, con vistas a generar mano de obra (Ballent y Gorelik 2001; Raffa 2018). Otro elemento que caracterizó al período analizado es la severa y larga crisis que afectó a la vitivinicultura, principal agroindustria regional, y que generó dos respuestas estatales: una mayor regulación para controlar la oferta crónicamente excedente (Ferro 2008; Mateu 2005, Olguín 2012; Ospital y Cerdá 2016) e iniciativas para diversificar la matriz productiva (Martín 1992; Barrio y Rodríguez Vázquez 2018; Rodríguez Vázquez 2019).

En ese contexto político y económico, estas Direcciones asumieron entonces el devenir de áreas claves, y desde allí protagonizaron múltiples transformaciones (la ampliación y/o alteración de sus funciones y ámbitos de injerencia, la multiplicación de sus integrantes con grado diverso de especialización) que cristalizaron en la reorganización institucional de una de las dependencias nucleares del Ejecutivo provincial, esto es el mencionado Ministerio de Industrias y Obras Públicas, que lejos de configurarse como una estructura homogénea puede ser caracterizado por como un ámbito heterogéneo, atendiendo a las particularidades de cada Dirección, “en el cual coexisten diferentes principios de jerarquización formal e informal y la presencia de zonas de prácticas no formalizadas” (Perelmiter 2016, 29). En ese proceso, reunieron actores fundamentales para la formulación de diversas políticas públicas (empresarios, técnicos) y la legitimación de la autoridad estatal a través del saber técnico y de las obras emprendidas[5]. Se buscaba, así, responder a problemáticas locales, pero acoplándose en distintas formas y grados a los programas diseñados desde la Nación. Si bien se sabe que las burocracias en este período conformaron “un cuerpo especializado y estable de funcionarios de carrera, con reglamento, relaciones jerárquicas y cierto estatus” (González Bollo 2014, 30), en los casos aquí analizados estos grupos tienen la particularidad de constituirse como un elenco de profesionales que habrían alternado su trayectoria estatal con el desempeño en el sector privado. En virtud de lo expuesto, en este artículo se revisará parte de la estructura de posiciones que ha definido al Ministerio durante el periodo analizado.

Esta propuesta analítica encuentra antecedentes en trabajos que analizan al Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Ballent y Silvestri 2004; Ballent 2008; Jáuregui 2012), que tenía a su cargo el estudio y realización obras referidas a vías de comunicación, construcciones hidráulicas y de algunas tipologías arquitectónicas. Sin embargo, en el caso provincial, la función ministerial refleja una ampliación respecto de su par nacional dada la sumatoria de atribuciones puesto que asumió, como su denominación lo indica, también el control y regulación de las industrias locales. Decisión que no resultó ingenua puesto que implicaba el control de la principal fuente de recursos impositivos para el Estado provincial: la vitivinicultura (Barrio 2007).

Esa ampliación de incumbencias abre interrogantes sobre el vínculo entre conocimiento y gobierno, a partir de la reconstrucción de los modos en que los grupos disciplinarios –en este caso especialmente arquitectos y enólogos, pero también ingenieros, civiles y agrónomos- intervinieron en la discusión, adopción y aplicación de saberes en el Estado y el modo en que los requerimientos de especialización de las dependencias constituyeron y definieron a esas comunidades (Neiburg y Plotkin 2004). Asimismo, cabe analizar si para nuestro caso de estudio hubo disciplinas que colonizaron las jefaturas del Ministerio y de sus dependencias.

Con base en propuestas metodológicas y literatura especializada que coincide en la necesidad de atender los pormenores de los derroteros institucionales del Estado, en este artículo buscamos aportar un inicial balance sobre dos áreas particularmente sensibles para el devenir socioeconómico provincial: el control y regulación de las agroindustrias y el diseño y ejecución de obras públicas[6]. La reconstrucción de las políticas sobre ambos ejes y de las dependencias que les dieron forma, además, mostrará de qué modo esas iniciativas implicaron o generaron modificaciones organizacionales y atribución de funciones en el marco de un creciente proceso de regulación e intervención estatal como estrategia para sortear los efectos adversos de la crisis de 1930, e impulsaron la progresiva incorporación de personal calificado y/o equipos técnicos para su planificación y construcción. En este sentido, es importante anticipar que en 1938 el Ministerio de Industrias y Obras Públicas fue denominado Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, y con ello, amplió aún más sus atribuciones.

Por último, la reconstrucción se nutre de fuentes oficiales, editas e inéditas, correspondientes a memorias de gobierno, que funcionaron como dispositivos de difusión sistemática de los programas y resultados de los gobiernos demócratas[7], discursos de apertura de sesiones legislativas, boletines y documentación interna, elaborada por las reparticiones aquí analizadas. A su vez, la prensa local aportó elementos para reconstruir y comprender el contexto en que se desenvolvieron estas agencias. 

2. El Ministerio y sus dependencias: notas para entender su funcionamiento

El antecedente inmediato del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, creado durante la segunda gobernación de Emilio Civit, fue el Ministerio de Fomento (1897). Entró en funciones mediante la sanción de la ley 71 durante la primera y corta gestión de aquél mandatario[8].

Este primer Ministerio vinculado a las industrias y la obra pública, absorbió parte de las funciones que hasta ese momento habían centralizado las carteras de Gobierno y Hacienda. Comenzó a gestionar todo lo concerniente al trazado de vías de comunicación de diferente escala, la construcción de puentes, de los edificios para el servicio y funcionamiento del Estado, cuestiones topográficas y de catastro; también adquirió incumbencias en lo relativo a industrias en general y especialmente a minería; a irrigación y obras hidráulicas, y a beneficencia pública, entre otras atribuciones. El ministro a cargo de la repartición fue Enrique Day (1897-1898) (Giamportone 1998, 9 y ss.), médico perteneciente a una tradicional familia de la elite económica y política.

Con la salida del gobierno provincial de Emilio Civit, para asumir el cargo de ministro de la Nación, el gobernador Jacinto Álvarez ordenó en 1898 el cese de actividades del nuevo Ministerio, aduciendo razones económicas. Así Mendoza volvió a quedar bajo la gestión de dos Ministerios.

Con Civit nuevamente a cargo de la gobernación de la provincia en 1907, se dispuso la creación del Ministerio de Industrias y Obras Públicas que asumiría la función de ejecutar obras públicas, vialidad, irrigación, industria, ganadería, agricultura, salubridad e higiene. El primer encargado de esta nueva agencia fue el abogado Silvestre Peña y Lillo.

Dada la amplia competencia de la nueva repartición, Civit mediante un decreto-acuerdo dispuso la creación de la Dirección General de Industrias (25/3/1907). Desde entonces, esa dependencia se organizó técnicamente para satisfacer las demandas del sector productivo en etapa de modernización y expansión. Funcionó como un organismo de aplicación de la Ley Nacional de Vinos (1904), complementó la labor de las oficinas químicas nacionales e implementó un férreo control de la actividad para erradicar uno de los problemas que ponía en jaque la expansión de una industria sobre bases sólidas: la adulteración del vino (Barrio 2010). De modo que la gestión estatal de las industrias tuvo que ver principalmente con la vitivinicultura, solo a partir de la década de 1920 y con más énfasis a partir de 1932 esta noción de industria se amplió a otras esferas productivas, como la fabricación de conservas de frutas, extractos de tomate y aceite de oliva, así las fábricas y talleres que abastecían las demandas de aquellas (aserraderos para cajones, hojalaterías para envases de conservas) y la explotación hidrocarburífera.

También en 1907, se incorporó en el organigrama institucional la Dirección General de Obras Públicas, constituida por las secciones de Geodesia y Topografía; Arquitectura; Puentes y Caminos e Hidráulica. A estas dos dependencias se sumó la Dirección General de Asistencia Pública[9].

En 1916, con la sanción de la nueva Constitución provincial, quedó determinada la reglamentación para los tres Ministerios (Gobierno, Hacienda e Industrias y Obras Públicas) como parte del Poder Ejecutivo, así como las atribuciones y aspectos administrativos[10] (cfr. Esquema 1). Entre 1932 y 1936 las Subsecretarías y las Direcciones Generales fueron eliminadas del organigrama, para sumar más Direcciones dependiente directamente del ministro: Vialidad (1933)[11], Turismo (1936) y Arquitectura (1936), por ejemplo. Esta reorganización institucional evidencia el progresivo grado de especialización de las dependencias para atender problemáticas particulares que formaban parte de los intereses prioritarios de la gestión del gobierno provincial pero que, a su vez, encontraban correlación con las políticas de cuño nacional.

La antigua Sección de Arquitectura devenida en Dirección mantuvo esa denominación hasta 1954, cuando fue absorbida por la Dirección de Planificación, de la Secretaría Técnica de la Gobernación. Desde 1932, comenzó a perfilarse la más importante característica que distinguirá a los años conservadores: la homogeneidad en la planificación de obra pública. La construcción de equipamiento e infraestructura comienza a ser leída como una política de largo alcance en las filas partidarias provinciales (Raffa 2016b).

De manera que, desde su creación, el Ministerio de Industrias y Obras Públicas amplió paulatinamente sus injerencias y dependencias, e incorporó en su organigrama de funcionamiento direcciones, institutos y secciones, con diversos niveles de vinculación y complementariedad entre sí pero con el claro objetivo de avanzar en una marcada especialización de las nuevas dependencias. Finalmente, y como corolario de este proceso de transformación institucional, en 1938 durante el gobierno de Rodolfo Corominas Segura, se reglamentó la Ley Orgánica de Ministerios. A partir de esa sanción, la agencia pasó a denominarse Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, designación que registra la influencia del peso de las políticas económicas en el desempeño institucional de esos años.

Luego de esa disposición los temas de Asistencia Social pasaron a ser atendidos por el Ministerio de Gobierno y Asistencia Social. Mientras que el novel Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego comenzó a nuclear además de las Direcciones de Industrias y Fomento Agrícola; de Arquitectura; de Turismo; Vialidad; Desagües[12] y Obras Hidráulicas; Parques, Calles y Paseos; al Departamento General de Irrigación (Ortega 2019); a una serie de Comisiones vinculadas a la vivienda, el riego y el abastecimiento, y al Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción[13] (cfr. Esquema 2). Desde entonces, el Ministerio estuvo dotado de una pluralidad de competencias: proyección y ejecución de obras públicas, regulación y fiscalización de las industrias, atención de los servicios para la población –agua, saneamiento y electricidad[14]- y organización otros aspectos vinculados con el crecimiento urbano[15].

3. Profesionales, aficionados, expertos y técnicos en el Estado

Una vez conformadas las agencias o bien durante su proceso de institucionalización, es posible contemplar distintos tipos de incorporaciones a sus filas.

La noción de expertos ha destacado los específicos saberes y prácticas académicas y profesionales que detentan los sujetos (Neiburg y Plotkin 2004); también es cierto que no resulta apropiado aplicarla taxativamente en contextos históricos en los que las esferas sociales y, por ende, los actores sociales insertos en ellas, difícilmente revelen ser expresivos de unos procesos de racionalización técnico-legal o burocrático al uso del tipo ideal que presupone o sustenta esa categoría (Soprano 2014; Jáuregui 2008). A partir de ello, es posible contemplar el alistamiento de aficionados y académicos a las dependencias estatales, o bien, de profesionales liberales que en el ejercicio de su profesión alcanzaron cierto grado de competencia sobre otras áreas de la economía, la agricultura o la industria, tal el caso de los abogados que se desempeñaron como directores de industria en Mendoza, a partir de su grado de solvencia sobre aspectos de la vitivinicultura local.

El funcionariado del Ministerio y sus dependencias corrobora que en esta variable, la agencia no se desempeñó como un compartimento homogéneo, sino que las jefaturas estuvieron sujetas a cuestiones técnicas tanto como a vinculaciones sociales y pertenencia partidaria.

El Ministerio, por ejemplo, estuvo presidido durante todo el período por ingenieros. Ellos fueron Emilio López Frugoni (ingeniero civil) en la gestión de Videla (1932-1935); Frank Romero Day (agrónomo titulado en Montpellier, Francia), funcionario de Guillermo Cano (1935-1938) y Adolfo Vicchi (1941-1943), y José María Alurralde (también ingeniero civil), quien se desempeñó en la cartera durante el mandato de Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) (Raffa 2016b). Esta plantilla corrobora que empresarios/políticos como el agrónomo y ex asesor técnico del Ferrocarril BAP Ricardo Videla, el empresario vitivinícola Frank Romero Day y el abogado Guillermo Cano, retornaron a las filas estatales. Estos hombres tuvieron activa participación en la intervención federal entre 1929 y 1932, y desde ese espacio –en el que fortalecieron lazos con la dirigencia nacional- diseñaron un programa de gobierno que presentó propuestas para resolver la crisis vitivinícola y expandir y/o fortalecer nuevos sectores agroindustriales e hidrocarburíferos, con niveles progresivos de implementación durante la década siguiente. Pero también se verifica la participación de técnicos sin tradición política, tal el caso de López Frugoni quien se dedicaba a la construcción civil. Que los ministros fueran ingenieros muestra los movimientos al interior del campo técnico general y su relación con ámbitos burocráticos: la ingeniería es una de las profesiones, junto a la abogacía y la medicina, que mayor cantidad de funcionarios aportó a las gestiones públicas nacionales y provinciales desde el proceso de constitución de la Nación. (Plotkin y Zimmermann 2012: 10 y ss.; Cirvini 2004).  Resulta todavía posible advertir en los años ´30, la subordinación de unas profesiones respecto de otras (la Arquitectura y la Enología respecto de las Ingenierías, en este caso), dentro de los procesos de consolidación disciplinares. Esto debido al peso que la Ingeniería como saber todavía tenía en áreas técnicas y en el posicionamiento privilegiado de sus practicantes respecto de sus vínculos con instituciones (las Universidades y las Asociaciones profesionales por ejemplo) como con la burocracia estatal, pero también a un proceso de constitución disciplinar más reciente en nuestro país, de los campos de la Arquitectura y Enología.[16]

A su vez, las orientaciones en la gestión del Ministerio iban a estar selladas por el doble intento de responder a los problemas que imponía la coyuntura local y de plegarse a las políticas económicas nacionales de estímulo a la obra pública, promoción de la industria y sustitución de importaciones para abastecer al mercado nacional.

Las Direcciones, por su parte, tuvieron en común la recepción de profesiones liberales, como los ingenieros agrónomos, químicos y civiles formados en universidades públicas nacionales y, eventualmente, extranjeras, de técnicos calculistas y dibujantes (a veces sin diplomas) pero también, de otras disciplinas más específicas que se desprendieron de las primeras a partir de las demandas industriales, económicas y constructivas. Nos referimos a los arquitectos y enólogos. Aunque su campo profesional estaba en disputa con aquellas profesiones socialmente más reconocidas, su participación en el Estado estimuló un proceso de reconocimiento social, la ampliación de injerencias y en algunos casos, la inserción profesional en el sector privado, en forma alternada y/o simultánea. (cfr. Tabla 1)

En la Dirección Provincial de Arquitectura (en adelante, DPA) el vínculo inicial de los profesionales dedicados a la arquitectura, (ingenieros, paisajistas, arquitectos, etc.) con el Estado provincial fue a través de contratos de cargos jerárquicos para organizar y desarrollar la primera obra pública para reconstruir la ciudad capital luego del terremoto de 1861[17]. Inmersa en el largo proceso que supuso su reconstrucción material, la provincia (pero sobre todo la capital provincial) fue campo fértil para la creación y la implementación de modelos foráneos sobre las formas de habitar, en el amplio sentido[18].

Luego, el ingreso de arquitectos a la burocracia estatal provincial creció progresivamente en los primeros años del siglo XX. Pero fue hacia 1920, cuando la visión respecto de la actividad profesional dentro de la administración pública dio un giro importante, ante los nuevos problemas urbanísticos y arquitectónicos que había generado el mismo proceso modernizador. La búsqueda de soluciones a estos problemas promovió la formación de una burocracia técnica cada vez más compleja y eficiente para planificar y ejecutar obras en todos los niveles.[19] Pero fue durante el ciclo conservador, que la producción de arquitectura pública diseñada por la DPA dio un salto cualitativo y cuantitativo. El Estado comenzó a demandar este saber y desde la corporación de arquitectos se reconoció la importante posibilidad de influir (y decidir) sobre la arquitectura y la ciudad, lo que suponía participar en la burocracia estatal (Raffa 2016b)

En 1932 se incorporaron al Estado los arquitectos Manuel y Arturo Civit, formados en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Manuel a cargo de la repartición entre 1932 y 1939, fue secundado por su hermano. A partir de 1939 y hasta 1941, Arturo asumiría la dirección, acompañado en la subdirección por otro arquitecto: Luis Brishigelli. En enero de 1942, Ewald Weyland, graduado de la UBA, fue nombrado por decreto director de la repartición, la dupla se completó con Raúl Panelo Gelly quien, contemporáneamente, había ingresado a esa oficina técnica por concurso. Las trayectorias de estos profesionales indican que paralelamente a su trabajo en el Estado, todos practicaron la profesión a través de sus Estudios de Arquitectura, En todos los casos, estos arquitectos destacan por ser proyectistas de una gran cantidad de viviendas unifamiliares, en un contexto de desarrollo del campo profesional acotado: hacia 1940, no eran más de treinta los arquitectos que ejercían la profesión en Mendoza. (Raffa 2016b y 2017).

La estructura de proyectación de la Dirección estaba asentada en los arquitectos que dirigían la repartición y en un equipo técnico de respaldo a la gestión[20]. Dentro de ese grupo es particularmente destacable la labor de los “dibujantes proyectistas” Pedro Ribes y Luciano Pagotto que se ocupaban tanto de la confección de la documentación técnica, como del control de la construcción de las obras.

 Durante algún tiempo se contrataron ingenieros especialistas en hormigón armado, hasta que se estableció alrededor de 1938, la figura de un asesor técnico en el organigrama del Ministerio, cargo ocupado por el ingeniero en construcciones Alvise Bevilacqua[21] que comenzó a participar en las comisiones de expertos que se formaban para obras arquitectónicas de envergadura (Raffa 2020a).

De este modo, los técnicos insertos en el aparato estatal provincial, adquirieron la expertise para llegar a diagnosticar los problemas sociales e idearon estrategias materiales para resolverlos. En ese proceso la Arquitectura, al tiempo que se consolidaba como campo disciplinar y profesional a través de mayores injerencias (Cirvini 2004, 341-342), se transformaba en saber del Estado, es decir “en un saber experto y operativo demandado por y a la vez constitutivo, del Estado moderno” (Plotkin y Zimmermann 2012, 10).

Ahora bien, en el caso de los directores de Industria y Fomento Agrícola (en adelante, DIyFA) la expertise técnica titulada estuvo supeditada a la afinidad política y no siempre era un requisito excluyente para el desempeño de esa jefatura. En efecto, después de la gestión del ingeniero chileno Enrique Taulis (1907-1910), sólo a partir de 1918 estuvo dirigida por un especialista en materia vitivinícola (el enólogo Mario Bidone). Luego, en 1922 la Dirección fue ocupada por un enólogo, el italiano Arminio Galanti (Barrio y Rodríguez Vázquez 2016). Pero también, fue posible detectar varios abogados (“hombres de confianza del partido”) que alcanzaron relevancia pública pero su grado de autonomía fue escaso. En la práctica, se dio un proceso de reclutamiento “puertas adentro” (Heredia y Gené 2009, 9) de profesionales que se limitaban a asegurar el cumplimiento de políticas diseñadas por el Ejecutivo, sobre todo en etapas críticas, para garantizar la recaudación impositiva y/o regular la oferta de vinos. Su función no tenía que ver tanto con el diseño de una política pública sino con la de ser un interlocutor con el sector productivo, de modo de legitimar políticas “poco amigables”. Tal el caso de los abogados Francisco J. Trianes Díaz, quien intervino la dependencia en 1919 (Abraham, 2019), y de Alfredo Guevara, perteneciente, además, a una tradicional familia mendocina.

Por el contrario, durante el período analizado la Dirección estuvo a cargo de personal titulado. Tal el caso del químico Santiago Mayorga (1932-1934), sucedido luego por Guevara (1935) y Francisco Croce (1935-1939)[22]. Esta última gestión fue particularmente activa y otorgó cohesión a la dependencia en diversos planos. La continuidad en el cargo junto con su formación en el extranjero iba a sellar las diversas acciones para fomento y regulación de la fruticultura (exposiciones, ferias, acuerdos de precio, reglamentaciones, registros de productores, plantas de empaque, entre otras) que se destacaron en el período. También estuvo integrada por agrónomos, químicos y enólogos,  es decir, profesiones con áreas de incumbencia laboral afines aún en la actualidad. Esos derroteros alternaron la participación estatal con su actividad privada, especialmente, como directores técnicos de bodega y la administración de empresas familiares.

4. Agencias y procesos de configuración estatal local

Ya mencionamos que ambas dependencias fueron medulares en el funcionamiento del Ministerio durante el período analizado. Una, en sintonía con la jurisdicción nacional, desplegó la política de obras públicas para generación de empleo e irrumpió materialmente en el territorio. A través de ese desempeño, aportó un velo de “saber hacer” sobre un gobierno caracterizado por el fraude electoral. La otra, asumió el desafío de gestionar la crisis vitivinícola, en forma complementaria a la acción de la Junta Reguladora de Vinos desde 1935. Para la consecución de esos objetivos, durante la década de 1930 estas agencias fueron objeto de modificaciones, no solo nominales sino también institucionales. Por un lado, la Sección Arquitectura fue elevada a Dirección, mientras la DIyFA amplió sus funciones. Ambas encarnaron las áreas de interés e intervención prioritarias dentro del programa económico del gobierno nacional de los ‘30. Detengámonos en reconstruir la cristalización de esas modificaciones.

4.1. La Dirección de Arquitectura: técnica para avanzar sobre el territorio

El cambio de jerarquía de Sección a Dirección de Arquitectura, al que hemos hecho referencia, impactó no sólo en el posicionamiento de la temática dentro de los programas de gobierno, sino también en el espacio social general: los planes sanitarios definieron mejoras en las instalaciones hospitalarias, los planes de alfabetización propiciaron la construcción de nuevas escuelas, se proyectaron o mejoraron aéreas de esparcimiento y hubo un interés manifiesto (aunque con escasa concreción) por comenzar a mejorar el acceso a la vivienda de los sectores medios-bajos. Se promovió el uso de la arquitectura tanto para sustentar un discurso relacionado al progreso, como para reforzar la identidad nacional a través de la ocupación del territorio en ámbitos urbanos, suburbanos y rurales, y de la utilización de determinadas estéticas. A partir de los programas implementados, la obra pública entró en temas de acción social que originalmente no formaban parte de sus competencias (Raffa 2018).

La obra pública fue, además, la manera en que el Estado en sus distintas escalas, pudo alimentar las representaciones vinculadas al orden y la capacidad ejecutiva, características de las cuales los gobiernos del ciclo se jactaban.

La DPA era la encargada del proyecto, dirección técnica y ejecución de todas las obras públicas correspondientes a edificios, monumentos conmemorativos, palcos para la Fiesta de la Vendimia y celebraciones patrióticas, así como también la reparación y modernización de los edificios fiscales existentes que le encargara el Poder Ejecutivo, o que estuvieran bajo la administración de reparticiones autónomas y autárquicas del Estado provincial. Con una marcada continuidad programática y con un equipo técnico que se mantuvo durante prácticamente todo el ciclo, aquel período se caracterizó por la permeabilidad que sobre el campo político tuvieron las propuestas técnicas, y los posicionamientos disciplinares de la Arquitectura. Esto se dio sobre la base de la estrecha relación que agentes de uno y otro campo tuvieron por afinidad política, pero también por su capital simbólico común (Raffa 2016b).

Manuel y Arturo Civit manejaron en su discurso los conceptos de higiene, industria constructiva, alojamiento de masas, vivienda moderna, científica y confortable y funcionalidad, sustento teórico para la resolución de problemas técnicos y sociales desde la DPA que fue esgrimido por la arquitectura y la planificación de los Estados Modernos (Alemania, Francia, Austria, Estados Unidos). Esos principios fueron apoyados por el grupo político que gobernaba la provincia, a través de la inversión en arquitectura pública, en ese sentido la gestión de Weyland al mando de la DPA, continuó varios de los programas arquitectónicos impulsados por sus antecesores (Raffa 2009 y 2016b).

En varias ocasiones, y a lo largo del período, tanto para escuelas como para centros de salud se utilizaron prototipos (mismo edificio para ubicaciones diferentes), aun cuando fueran distintas gestiones de gobierno. Esto supone una continuidad de políticas, que se puede leer en el desinterés por diferenciarse en términos materiales, y en el orden técnico, un reconocimiento al capital cultural por parte de los sucesivos gobiernos, con todo lo que supone, del equipo de la DPA. En los discursos de varios de los gobernadores se destaca el aporte de los equipos técnicos estatales, a través de la obra pública, principal baluarte político del período.

Durante la gestión de Ricardo Videla se construyeron numerosos edificios escolares y comenzó a trabajarse sobre los aspectos turísticos de Mendoza con la creación de la Comisión Provincial de Turismo y la construcción del Arco Desaguadero, puerta de entrada a Mendoza sobre la Ruta Nacional 7. En materia asistencial se completaron las salas en distintos nosocomios de la provincia (Raffa, 2020a).

Guillermo Cano se hizo cargo de la provincia en 1935, probablemente su gestión junto a la de su sucesor Rodolfo Corominas Segura, fueron las más prolíferas en concreción de arquitectura pública.

Uno de los principales emprendimientos, que puede ilustrar la vinculación técnica-política durante su mandato, es el de las Casas Colectivas, primer y más importante ejemplo de vivienda bajo los cánones racionalistas (planta compacta, agrupamiento en bloques y aprovechamiento de suelo) que se construyó en Mendoza. El gobernador, apoyado en el conocimiento que sus viajes por Europa y el estudio de operatorias privadas, mixtas o estatales sobre el tema de la vivienda popular le habían proporcionado [23], entendía que el Estado Moderno debía cumplir la función social ineludible a favor de las clases menos afortunadas y decidir su intervención directa en la construcción de viviendas populares.

Ese apoyo a la gestión de la DPA, se mantuvo con el gobernador Corominas Segura, quien no sólo prosiguió con el proyecto de las Colectivas, sino también con otros de envergadura, entre tantos: el Hospital Central (1938- 1941); los Hogares para Menores de Agrelo (1941) y de San Rafael (1943), los Hoteles y Hosterías para el uso turístico (1940- 1941), muchos de los cuales extendieron su ejecución hasta la gobernación de Adolfo Vicchi (Raffa 2018).

El plan de la construcción de equipamiento durante el ciclo conservador fue múltiple y extenso y supuso para su consecución la emisión de títulos de deuda pública internada autorizada a partir de distintas leyes. Esta herramienta fue la que permitió una financiación directa en base al crédito de la provincia e independencia respecto de los aportes de la Nación para la realización de obras; aunque sí se recibía financiamiento para la puesta en marcha de programas específicos para las áreas de salud y educación, por ejemplo. La determinación de la centralización provincial en lo que respecta a la planeación y construcción de  arquitectura pública, implicó un monto de ejecución entre 1932 y 1939 que ascendió a un total de $10.037.220,23 (Raffa 2020a).

Así, para el levantamiento de las Casas Colectivas, se emitieron títulos en 1937 con un tipo de interés del 5% y una amortización anual acumulativa del 1% (Raffa 2006, 127-128). También se emitieron bonos para la construcción de escuelas, asilos y de hoteles y hosterías, estos últimos amparados en las leyes n° 1216/37 y n° 1298/38 y sus complementarias n° 1351/39 y n° 1401/41. De los hospitales y centros de salud ejecutados entre 1932 y 1943, la provincia recibió fondos de la Nación sólo para el hospital del departamento de Rivadavia, cuyo diseño fue realizado por la DPA. La construcción del Hospital Central, por su parte, supuso una inversión de alrededor de $ 7.451.000, de los cuales la Nación aportó $ 756.599,06, autorizados mediante el Decreto- acuerdo 496/44, de la Intervención Federal (Los Andes, 20/08/1945)[24].

En los once años del ciclo conservador, sólo hemos podido verificar una suspensión transitoria en la ejecución de los proyectos contenidos en la ley n° 1235/37, promulgada durante la gestión de Guillermo Cano. A mediados de 1938, el Ejecutivo encabezado por Corominas Segura, se vio obligado a realizar modificaciones al Plan General de Obras Públicas incluido en aquella ley que había determinado la inversión de $ 13.000.000 en títulos de deuda pública interna, dejando sin efectos una serie de expropiaciones que se habían dispuesto en relación a aquel plan.  La primera emisión de bonos prevista para costear la inversión económica, no tuvo el permiso de inscripción en la Bolsa de Comercio, lo que llevó al gobierno a tener que hacer frente a los certificados de las obras iniciadas con fondos provenientes de rentas generales. Finalmente, el presupuesto que se destinó durante 1938, ascendió a un poco más de $3.000.000 (MEOPyR 1941, 5 y ss.). Un año después Corominas Segura promulgó la ley n° 1351 con un plan orgánico, más amplio que el anterior, que adaptó las autorizaciones de esas leyes a las obras más urgentes y permitió la financiación de la obra pública mediante cuotas anuales que no impactaran sobre el presupuesto oficial. Esta nueva ley cubrió la insuficiencia de créditos del año anterior, permitió pagar las obras ejecutadas y terminar las iniciadas, además de concluir con una serie de estudios previstos (Raffa 2018,32-33)

Las fuentes disponibles no nos permiten detectar negociaciones/conflictos entre técnicos y políticos, en relación a la ejecución de obra pública en general. Sin embargo, resulta una constante durante el período conservador, la conformación de comisiones técnicas que acuerdan las formas de materializar los proyectos de envergadura (Colonias para Menores, Casas Colectivas, Hospital Central, entre otras). Una práctica que entendemos, funciona como estrategia para disminuir tensiones entre técnica y política (incluso con las líneas opositoras), y como forma de legitimar a través del saber de profesionales, los proyectos encarados ante la sociedad.

La conformación de la DPA se fue ampliando paulatinamente. Con la salida de Arturo Civit y contemporáneamente también de Pedro Ribes y Luis Brisighelli hacia fines de 1941, resultó necesario para el campo político consolidar esa franja especializada de la agencia. Además de Weyland y Panelo Gelly, como ya mencionamos, se fueron uniendo calculistas, especialistas en instalaciones e inspectores de obras, entre otros. La prosecución de proyectos después de la revolución de 1943, indica la continuidad de los cuerpos técnicos en sus cargos, situación común a otras reparticiones hasta la asunción del peronismo en 1945.

En Mendoza, la realización de obras abarcó además de núcleos consolidados, oasis productivos, zonas desérticas y montañosas, materializándose en los más remotos parajes de la provincia[25]. La articulación entre política y territorio supuso que todos los departamentos en los que se preveía obra pública, aún aquellos que no fueran representativos por su cantidad de población, recibieran el equipamiento básico.

Toda esta operación significó fundamentalmente, el descubrimiento político de la extensión territorial. Si bien esta variable registra antecedentes en las formas políticas precedentes, durante este período se profundizó en términos materiales[26] y procuró la atención de las demandas de las zonas urbanas consolidadas, pero también el acceso a servicios básicos en zonas de población dispersa en el resto de la provincia[27].

4.2. La Dirección de Industrias y Fomento Agrícola: ampliación de funciones para el destino productivo provincial

La DIyFA también expandió sus funciones como nunca antes desde su creación en 1907.

Entre 1933 y 1935 los gobernadores Videla y Cano sancionaron normativas que multiplicarían la funcionalidad de la dependencia. Para resolver la crisis vinícola, que a su entender era el problema industrial de la provincia, se profundizaron los controles a la elaboración y expendio del vino y se impulsó, la fabricación de vinagre vínico y otros derivados de la uva, pero tuvo escasa repercusión entre los productores. Luego, se diseñaron políticas para concretar el viejo anhelo de que “Mendoza reconstruyera su maquinaria económica bajo nuevas normas que reforzaran y pulieran los mecanismos hasta entonces existentes, para dejar de depender del vino… tratando de bastarnos a nosotros mismos en la medida de lo razonable, dando trabajo a nuestra propia población y evitando drenajes innecesarios de dinero que desangren nuestra economía” (Provincia de Mendoza 1933, 8). Esta discursividad da cuenta de la preocupación central en las administraciones de la década de 1930 acerca de diversificar la matriz agroproductiva provincial a través del fomento estatal a las agroindustrias (Informe 1936: 130), para impulsar aquellas que habían tenido un modesto desempeño, o bien, la radicación de nuevas fábricas.

La centralidad adjudicada a la dependencia fue ilustrada por el gobernador: “…es uno de los puntales básicos de nuestra administración y el organismo que más directamente tiene contacto con las actividades productoras de la provincia” (Informe 1936).

Concretamente, se sancionó un corpus normativo de exenciones impositivas y primas para la promoción de industrias –de base agrícola, minera y química- que procesaran materia prima local[28] (leyes 1008/33, 1069/33, 1139/34, 1168/35, 1337/38) (Provincia de Mendoza 1938). El fomento también alcanzaría a la industrialización de los subproductos de la vinificación (alcohol vínico, vinagre de vino, aceite de semillas de uva). Los numerosos dispositivos y requerimientos para la implementación de este programa, que tuvo vigencia durante toda la gestión conservadora, recayeron bajo la égida de la dependencia, así como también los equipos de control y mecanismos de fiscalización de las nuevas fábricas[29], de la vigilancia fitosanitaria y experimentación con nuevas variedades de plantas a través del vivero oficial (BOPM, Dto. 470, 25-8-1933).

Más tarde, en 1935, fue sancionada la ley provincial de fruticultura (N° 1165), un dispositivo para organizar y controlar el notorio incremento en la expedición de frutas hacia el mercado nacional[30]. Reglamentaciones posteriores avanzaron en el control sanitario de las partidas. De la mano de los excedentes anuales de frutas llegaron también las iniciativas para industrializarlas (conservas). Con vistas al control de higiene de esos procedimientos, se sancionó la ley 1118/34 sobre fábricas de conserva de frutas y hortalizas. Este conjunto normativo buscaba un efecto técnico a través de la imposición de acciones generalizadoras (formularios, certificaciones, registros de productores), que ampliaron el número de técnicos e inspectores para su implementación. Pero a su vez, tenía un marcado tono fiscalizador de esos nuevos sectores productivos. Hay que recordar que por entonces la principal fuente de recursos para el erario público atravesaba una fuerte depresión, lo que explica el interés estatal por avanzar en la fiscalización de ramas que iban abastecer el mercado nacional.

También, la dependencia tuvo a su cargo la implementación de las leyes 1215 y 1362 sobre erradicación de la filoxera, cuyos cargos técnicos eran designados por oposición de antecedentes[31]. En relación con esto es importante aclarar que hacia 1936 la vitivinicultura fue afectada por una de las plagas más graves, la filoxera. Mediante la ley n° 1215 de creación de la sección Antifiloxérica, se dotaron de recursos económicos y técnicos para el control y erradicación de la plaga. No obstante, en la práctica, fue la Dirección de Industrias la dependencia que organizó los recursos técnicos para la detección y erradicación de los viñedos afectados a través de la creación de la Sección Antifiloxérica y de estaciones experimentales[32]. Los avances en este tipo de instalaciones[33] significaron que la agencia interviniera sobre un área tradicionalmente asociada a la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación y/o a las empresas ferroviarias. Demuestra, asimismo, un significativo grado de plasticidad para intentar responder a las problemáticas y coyunturas que signaron al sector productivo provincial.

El incremento de estas funciones se tradujo en la ampliación de la planta de personal técnico y administrativo, permanente o temporal, en competencias y número. Este movimiento se hizo más vigoroso a partir de la gobernación de Guillermo Cano, por la puesta en marcha de las iniciativas formuladas durante la administración de su antecesor.

Además de la incorporación de técnicos especializados, cuyo ingreso estaba asegurado por la ley 744 (1919), detectamos, principalmente, el ingreso temporal de burócratas de la calle (Lipsky, 1983), es decir, aquellas organizaciones situadas en la línea de frente de la acción estatal que garantizaban el cumplimiento de la normativa y que ejemplifican otra forma de avance territorial del Estado desde los puestos de escritorio a otros que implicaban una mayor presencia en otros ámbitos. Este cuerpo de inspectores integraba una parte significativa de la plantilla direccional y estaba integrado por enólogos formados en la provincia y químicos, y eventualmente, agrónomos graduados de universidades nacionales. Su rol tuvo que ver con el diseño, implementación y control de dispositivos y reglamentaciones para el control de la producción, y finalmente, la autorización para comercializar las partidas. Si bien casi desde la creación del ministerio su función debía garantizar la circulación de vino genuino, de acuerdo con los parámetros de la Ley Nacional de Vinos (1903) y normativa provincial complementaria, la diversificación de la producción obligó a hacer extensivos estos controles a nuevas fábricas y procedimientos de elaboración (de conservas, de aceite, de especias, entre otros). En concreto, controlaban las explotaciones agrícolas –principalmente a través de asesoramiento técnico y distribución de semillas y plaguicidas[34], las fábricas y los despachos de productos vegetales, en las estaciones ferroviarias[35]. Otro ejemplo lo aporta la implementación de la ley 1165, por la cual se formaron comisiones de control (BOPM Dtos. 335 y 448/1937) y se contrató, anualmente, personal técnico, inspectores y auxiliares para la temporada de mayor comercialización, entre enero y marzo. Las diversas y crecientes demandas llevaron, incluso, a instalar una sede de la Dirección en el Sur provincial en el departamento de San Rafael (BOPM, Dto. 380, 27-6-1933) para agilizar los requerimientos técnicos (análisis de muestras, expedición de certificados para traslado de vino) de casi 250 bodegas que allí funcionaban, lo cual confirma la política de expansión territorial. Este proceso de especialización institucional incrementó ostensiblemente la plantilla de funcionarios[36], pero de modo algo caótico puesto que se detecta una superposición de funciones en la designación de cargos técnicos sin funciones delimitadas, por ejemplo, “inspector de frutas”, “inspectores y auxiliares de frutas”, y “comisión de control de frutas”, todo personal temporario designado en enero de 1937 (BOPM Dtos. 5, 335, 548, 815, 820, 1138).

Este aspecto fue el objeto de principal crítica entre los empresarios agroindustriales, pero lo que no se advertía es que esa legislación, aún con parches, habilitaba la inserción de la producción local y regional en mercados internacionales y obligaba a una elaboración sobre bases higiénicas a fin de velar por el cuidado de la salud de los consumidores.

En forma simultánea, la DIyFA colaboró con la implementación del programa regulador aplicado por la Junta de Vinos. En relación con este punto es importante realizar algunas precisiones. Varias de las pautas de acción de la Junta habían sido previamente discutidas en la legislatura provincial, en un plan regulador de la industria, de autoría de Ricardo Videla, sin embargo no logró aval para su aprobación. Aun así, más tarde, varios aspectos para controlar el exceso de materia prima fueron implementados, tal la formación de zonas libres alcoholeras (para la elaboración de alcohol como insumo para otras industrias). También, en plantas fraccionadoras de vino en Córdoba y Santa Fe (1937), bajo la jefatura del enólogo Enrique Simois, graduado de la mencionada Escuela de Vitivinicultura.

Sin embargo, el poder de decisión de la dependencia sobre el área técnica y fiscal de la vitivinicultura se vio cercenado. Primero, por la organización de las Juntas Reguladoras de la producción, entre las cuales, la del Vino tuvo un rol preponderante para controlar una oferta que excedía la demanda. Si bien algunos de los miembros de la Junta integraban el gobierno provincial, puede decirse que la dependencia alteró la injerencia de la Dirección en la órbita de la producción vitivinícola y se generó la duplicación de funciones. Por ejemplo, en 1938 dos técnicos cumplían la misma labor de control, uno respondía a la Junta, y el otro, a la DIyFA. Lo curioso es que ambos fueron designados por el Estado provincial.

5. Conclusión

La reconstrucción presentada en este artículo permite demostrar y caracterizar el dinamismo del Ministerio de Industrias y Obras Públicas en el período abordado.

A través del análisis focalizado en dos áreas representativas, se verificó que las Direcciones de Arquitectura e Industrias y Fomento Agrícola desarrollaron una intensa actividad en la década de 1930. Bajo la égida de políticas nacionales para paliar los efectos adversos de la crisis de 1929, las administraciones provinciales diseñaron e implementaron una serie de iniciativas y políticas que se caracterizaron por su continuidad en el período 1932-1943, posibilitada por el marcado rasgo programático de las gobernaciones de los dos primeros gobiernos (1932-1935) y la continuidad con los siguientes. En los mismos se concretaron, progresivamente, las proyecciones iniciales a las que se sumaron nuevas, y se marcó, así, un contraste con la intermitencia institucional de la gestión gubernativa anterior.

En concreto, se fomentó y fortaleció la obra pública, específicamente la arquitectura pública en nuestro caso de estudio, no sólo como estrategia para combatir el desempleo sino además como un instrumento para materializar una política de estado que buscaba dotar de mejores condiciones de vida a las poblaciones urbanas y rurales. La arquitectura pública realizada en Mendoza se destacó del resto de las provincias tanto por su volumen como por las condiciones cualitativas de su ejecución. Estos aspectos estuvieron fuertemente apoyados en los vínculos positivos entre los gobiernos nacional y provincial –algunos de los cuales se originaron durante la intervención federal de José María Rosa sobre la provincia-, que permitían el financiamiento de programas para la salud, la educación y la asistencia social, principalmente,  y en la concepción compartida por las cuatro gestiones gubernativas locales, que consideraban, al igual que el Estado Nacional, la producción de la obra pública en general como una política de largo plazo y, como hemos señalado, en la continuidad de los equipos técnicos relacionados política y personalmente con la dirigencia en prácticamente todo el período de estudio.

En forma simultánea, para paliar los efectos adversos de la crisis económica y avanzar en la industrialización por sustitución de importaciones, se verifica la atención estatal denodada a equilibrar la oferta de vinos con una demanda alicaída, y en particular, la búsqueda de alternativas para encausar el sobre stock de vinos. Sin embargo, en este objetivo la injerencia de la DIyFA fue obnubilada por las acciones de la Junta Reguladora de Vino (1935) y quedó supeditada a colaborar con las decisiones de esta última. Poco después, la reglamentación de impuestos internos afectó la función recaudadora de la dependencia. No obstante ello no fue óbice para la ampliación de las funciones, con vistas a responder a una matriz productiva en el extendido proceso de diversificación. En ese marco, más que una concepción planificada de las políticas subyace una idea de prueba/error para resolver la crisis vitivinícola a través de la implementación de medidas de emergencia, luego el fomento de diversas agroindustrias y, finalmente, la reglamentación progresiva de las nuevas actividades.

El abordaje complementario de ambas dependencias permite concluir que una encaró proyectos de largo plazo pero con efectos contundentes y duraderos; la otra de corto plazo pero con resultados inmediatos. En ambos casos, las Direcciones asumieron la gestión de áreas claves que se proyectaron en la tecnificación y especialización de un Estado provincial, que ampliaba sus injerencias, con distintos grados de sujeción al poder central. En suma, de la reconstrucción presentada se colige que la progresiva especialización de las dependencias locales, institucionalizada en la mencionada ley de ministerios de 1938, significó el aumento de las incumbencias del Ministerio, así como el acceso a mayores recursos técnicos y el control de diversos aspectos del devenir socioeconómico de la provincia. En este marco, impulsaron acciones que gravitaron, desde 1932 hasta 1943, entre la regulación y la ejecución.

Esquema 1: Conformación del Ministerio de Industria y Obras Públicas (1916-1936 c).

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