El estudio de la denominada “intervención del estado” por parte de la literatura ha abordado normalmente las políticas públicas mas que en los aparatos responsables de esas políticas. Si esto ha sido así en la esfera nacional, mucho más esta tendencia puede advertirse en la provincial, en la que los estudios muestran ahora una temprana consolidación de capacidades. Esto tiene mayor gravitación si lo pensamos desde la perspectiva de la configuración del federalismo argentino que con sus deficiencias permitió constituir aparatos públicos de significación.

Desentrañar la historia del estado argentino presupone el estudio del proceso de formación de sus órganos y la evolución de sus conductas especialmente de los estados provinciales. Decisores y decisiones se entrelazan con los imaginarios colectivos y con las burocracias de distintos niveles que buscaron, con resultados dispares, aplicar las recetas de las planificaciones compulsiva e indicativa.

El balance bibliográfico sugiere que el papel protagónico del centro decisor político ha dejado paso a sólidas investigaciones regionales[1]; o emerge una relación centro-periferia mediatizada por agencias especializadas u organismos de asistencia internacionales[2].

El estudio de la escala provincial de gestión resulta de interés, entonces, no como réplica de un ámbito jurisdiccional mayor sino sobre todo para conocer sus atribuciones, los niveles de autonomía y el diseño e implementación de políticas públicas con base en las condiciones y problemas locales, además de sus oscilantes vinculaciones con el poder central. Con relación a este punto Cecilia Raffa y Florencia Rodríguez Vazquez indagan sobre acción estatal en dos áreas constitutivas de la gestión gubernamental durante la década de 1930 en la Provincia de Mendoza, que se constituyó en un ejemplo temprano de un estado con capacidades propias: las obras públicas y la producción agroindustrial. Para ello, las autoras se abocan al estudio de dos dependencias nodales en el funcionamiento del Ministerio de Industrias y Obras Públicas: las Direcciones de Arquitectura e Industrias entre 1932 y 1943, una etapa decisiva de la expansión estatal. En el contexto de la situación institucional irregular de ese período, ambas reparticiones impulsaron un incremento del poder estatal en varias direcciones, multiplicando áreas de injerencia, incrementando su dotación de recursos humanos con creciente grado de especialización. Ellas contribuyeron a hacer del Ministerio de Industrias y Obras Públicas un organismo multiforme y heterogéneo se correspondía a las heterogeneidades que presentaba la realidad provincial.

Así la formulación de las políticas públicas que involucraban a actores privados, como empresarios, profesionales y trabajadores encontraron marcos regulatorios y estímulos diversos que legitimaban el conocimiento técnico para dar marcha a los distintos proyectos emprendidos. Las burocracias de este período – y esto excede a la provincia cuyana – se fueron conformando en elites que alternaban la experiencia estatal con la participación en la actividad privada. Dicho derrotero se habría de continuar en el tiempo, aunque con mudanzas significativas.

Esta experiencia de desarrollo local asumía otra dimensión en otra provincia caracterizada, más que Mendoza, por la penuria hídrica como es Santiago del Estero. Sin duda, la configuración del estado aquí sufrió un retraso significativo en su desarrollo. Dentro de una perspectiva regional, Santiago Ibáñez estudia un ejemplo sumamente interesante de promoción de la actividad agrícola por intermedio de la irrigación en la cuenca del Río Dulce. La Corporación Rio Dulce (CRD) fue una experiencia que buscó dotar a los pequeños campesinos de la zona de condiciones de producción y de comercialización adecuados con la que se intentó superar las condiciones de marginalidad. Sin embargo, el proyecto transitó desde su creación por diversos avatares que generaron un desempeño dispar, tanto por la irregularidad del financiamiento como por la inestabilidad de la política nacional. El objetivo propuesto consistía en la capitalización del pequeño productor generando condiciones de adecuadas por la colocación de su producción en un polo agroindustrial ubicado en las proximidades. El caso demuestra que la producción agrícola en la provincia no tenía posibilidades de desarrollo aun en las condiciones ecológicas santiagueñas.  El modelo propuesto implicaba la profundización del proyecto de desarrollo mercado internista por una parte y una profundización del crecimiento a través de los polos que surgieron en la década de 1960 y que no presentaba demasiados ejemplos en el noroeste argentino.

Finalmente, en el trabajo de Juan Martín Librandi se nos presenta un análisis original sobre el Sector Salud del Consejo Nacional de Desarrollo. De su estudio se desprende que la propuesta de planificación sanitaria en la década de 1960 había alcanzado un nivel significativo de precisión y calidad técnica, una política de verdadero welfare state. Para el Sector Salud del CONADE, el punto crítico no estaba tanto en el número de las prestaciones sino en su financiamiento, planificación y racionalización de recursos. Para ello se requería funcionalizar las estructuras existentes. Para esto se diseñó la puesta en marcha del seguro social que cubriera un amplio espectro de contingencias sanitarias y transfiriera parte del gasto a los usuarios a través de tres mecanismos: transferencias, elección de mercado y limitación del gasto en los beneficios. Este proyecto no llegó a ponerse en marcha dificultando el fortalecimiento de salud pública, llevando a la formulación posterior de los sistemas de obras sociales, prepagas sector público vigente.

Como se advierte, los resultados de las propuestas de los planificadores pueden mostrar déficits significativos. Al final siempre los resultados de la planificación indicativa y de sus presupuestos están siempre sujetos a dificultades radicalmente insuperables. Recordemos que en una fecha tan temprana para nuestro objeto como 1954, Albert Hirschman mostraba los obstáculos que tenían los organismos encargados en la denominada “planeación integrada y global del desarrollo”. Esto era así porque los agregados de valor que se hace sobre cada rubro del presupuesto no tendrían la capacidad de reproducirse en forma proporcional en el producto[3]. Los proyectos promisorios que no se pusieron en marcha y que fueron clausurados en la creciente volatilidad de las instituciones, generaron capacidades de gestión, recursos humanos y realidades que aparecieron de otras formas cuya incidencia es muy difícil de precisar y mucho más de cuantificar. Pero sabemos que quedaron subyacentes en la realidad.